Puerto Rico: el Tribunal Supremo declara inconstitucional la juramentación de Pedro Pierluisi como gobernador
Supremo declara nula la juramentación de Pierluisi como gobernador
El Tribunal Supremo de Puerto Rico falló en contra de Pedro Pierluisi y declaró que la Ley 7 según enmendada en 2005 no justifica la juramentación que hizo como gobernador, por lo cual la misma es nula.
La decisión coloca a la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, como la nueva gobernadora del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, según dispone la línea de sucesión establecida en la Constitución.
Con su fallo, el alto foro acogió los argumentos del Senado, que reclamó que Pierluisi tenía que haber sido confirmado por ese cuerpo para el puesto de secretario de Estado, para entonces poder haber estado como primero en la línea de sucesión una vez se hiciera efectiva la renuncia de Ricardo Roselló, el pasado 2 de agosto.
«El tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una Opinión en el caso de Senado de Puerto Rico V. Hon. Pedro Pierluisi en la que determinó de forma unánime que es inconstitucional la cláusula que añadió la Ley 7-2005 al artículo 1 de la Ley Núm. 7 de 24 de julio de 1952», lee la decisión.
Ayer, Pedro Pierluisi realizó una conferencia de prensa en la que aseguró que hubiera renunciado al cargo de primer ejecutivo si los senadores votaban contra su nominación como secretario de Estado en la sesión extraordinaria “académica” que hubo el lunes en la Legislatura.
El Tribunal Supremo establece que la Ley 7 no justifica la juramentación de Pedro Pierluisi como gobernador
El Tribunal Supremo de Puerto Rico determinó de manera unánime que la Ley 7, enmendada en el 2005, no justifica la juramentación de Pedro Pierluisi como gobernador, tal como adelantó El Nuevo Día.
“El Hon. Pedro R Pierluisi Urritia no puede continuar en el cargo de gobernador a partir del momento en que esta Opinión y Sentencia sea efectiva”, lee la sentencia.
De este modo, el máximo tribunal acoge los argumentos del Senado que establecen que la juramentación de Pierluisi como primer ejecutivo, avalada por la Ley 7, debe declararse nula, ya que se violentaron las prerrogativas constitucionales de la Cámara alta al no permitirle evaluar el nombramiento del funcionario como secretario de Estado.
Fuentes de El Nuevo Día aseguran que la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, se mantenía atenta a la comunicación del Tribunal Supremo. Ella está preparada para asumir el cargo que por sucesión le corresponde y juramentar así como gobernadora.
La decisión del más alto foro judicial surgió tras el debate constitucional que provocó la juramentación al cargo de gobernador por parte de Pierluisi, el 2 de agosto cuando a las 5:00 p.m. se hizo efectiva la renuncia de Ricardo Rosselló.
Pero desde su nombramiento el 31 de agosto ya se vaticinaba la controversia legal en cuanto a quién debía ocupar el cargo una vez cobrara vigencia la dimisión de Rosselló. Por orden de sucesión, ante una vacante en La Fortaleza, el cargo recae sobre el secretario de Estado, y en segundo lugar, sobre la secretaría de Justicia.
Mientras expertos constitucionales y líderes políticos se sostenían en que el ex comisionado residente debía ser confirmado por la Cámara de Representantes y el Senado para ocupar el puesto de gobernador en propiedad, como establece la Constitución, Pierluisi se amparó en la Ley 7 de 2005 para argumentar que el ordenamiento jurídico establece que un secretario de Estado nombrado en receso puede asumir la gobernación de manera permanente sin ser confirmado por la Asamblea Legislativa.
Esta decisión se informó luego que Pierluisi consiguiera los 26 votos necesarios en la Cámara baja -mediante sesión extraordinaria- para confirmar su nombramiento, aunque todavía no contaba con el aval del Senado.
A tres días de haber juramentado Pierluisi como gobernador, la polémica llegó finalmente a manos del Supremo el lunes, 5 de agosto, cuando este foro judicial acogió un pleito radicado por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, quien reiteró en una sesión extraordinaria que Pierluisi no contaba con los votos en ese cuerpo legislativo para ser confirmado. Sin embargo, esa votación nunca se concretó.
El tribunal, entonces, dio un plazo hasta el 6 de agosto a mediodía para la radicación de alegatos.
El Senado y la Oficina del Procurador General presentaron sus argumentos a favor de la constitucionalidad de la Ley 7 de 2005, mientras el Senado presentó sus razones para remover del cargo de gobernador a Pierluisi.
Senadores del Partido Popular Democrático, el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, un grupo de profesores de Derecho de la Universidad Interamericana presentaron alegatos como amigos de la corte.
La Cámara alta solicitó al Supremo que Pierluisi abandone la gobernación de forma inmediata y que se declaren nulas las decisiones que haya tomado porque su juramentación como gobernador violentó derechos fundamentales constitucionales del Senado al no permitirle ofrecer su consejo y consentimiento al nombramiento como secretario de Estado.
Pierluisi, por su parte, sostuvo en su alegato que un secretario de Estado nombrado en receso ostenta las mismas facultades, deberes y obligaciones que un secretario de Estado nombrado en propiedad. Asimismo, alegó que la demanda del Senado no es el “vehículo procesal” correcto para cuestionar su legitimidad como gobernador y que, en su lugar, debió ser bajo un “quo warranto”, un recurso jurídico para cuestionar si un funcionario público ocupa su puesto de forma ilegal que solo puede presentar el secretario de Justicia.
“[N]uestro ordenamiento jurídico establece que un nombramiento en receso tiene todos los poderes, facultades, deberes y atribuciones de cargo, tal como si hubiese sido nombrado en propiedad”, argumentó, por su parte, la Oficina del Procurador General.
