Puerto Rico: el Senado presenta argumentos sobre ilegitimidad de Pierluisi como gobernador
Senado somete sus argumentos sobre ilegitimidad de Pierluisi
El Senado de Puerto Rico presentó su alegato legal sobre por qué se debe invalidar la juramentación de Pedro Pierluisi a la gobernación.
La Cámara Alta debía presentar los documentos ayer antes de mediodía, luego de que su propio presidente, Thomas Rivera Schatz, solicitó al Tribuanl Supremo declarar ilegítimo su ascenso al poder.
La delegación del Partido Popular Democrático del Senado presentó un documento amigos de la corte en apoyo a lo sometido por Rivera Schatz.
Mientras que un grupo de profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana también sometió un recurso de amigos de la corte para intervenir en el pleito.
El documento legal fue firmado por los profesores Jorge Farinacci Fernós, Yanira Reyes Gil, Manuel Fernós, Iris Camacho Mel´´ndez, Julio Fontanet Maldonado, Carlos Ramos y Dominique Gilormini de Gracia.
Pierluisi se desliga de su antecesor, Ricardo Rosselló
El juramentado gobernador Pedro Pierluisi se desligó de la administración de su antecesor, Ricardo Rosselló, y reconoció que tiene que hacer un gran esfuerzo para inspirarle confianza a muchos, pues admitió que la gente está cansada, frustrada, molesta y desilusionada.
“Yo soy el que viene después y (sé) que el pueblo causó esa renuncia, pero yo no estuve aquí salvo como cualquier otro constituyente, como cualquier otro ciudadano, yo estaba residiendo en Puerto Rico, pero yo no estaba en la gestión pública. Yo no era parte de la administración”, dijo.
En ese aspecto, manifestó que llegó para hacerle frente a esta crisis política porque “alguien lo tiene que hacer” y porque se siente preparado, capacitado y comprometido para hacerlo. “Gozo del apoyo de mi familia y de mucha gente querida que tienen experiencia viéndome en puestos de alto nivel, pero te tengo que admitir que yo jamás pensé que yo iba a ser gobernador de Puerto Rico en estas circunstancias”, reconoció.
“Hace años aspiré a dicha posición, pero yo había dejado eso atrás. Es que cuando veo este revolú —como decimos en la calle—, yo dije es que yo tengo que dar un paso al frente porque yo puedo controlar las situaciones en Washington, puedo ayudar, conozco acá el gobierno”, agregó.
Ante ello, pidió al pueblo que le permita estabilizar la gestión gubernamental “por el bien de nuestros niños, de nuestras madres, madres solteras, de nuestra gente pobre porque ellos no tienen la culpa de todo lo que ha pasao y tenemos que mantener este barco flotando, navegando, para que llegue a puerto seguro y tengan un poquito de paciencia”.
“El año que viene van a poder escoger a sus nuevos líderes como debe ser. El gobernador debe ser elegido directamente por el pueblo. Yo no tenía alternativa y el que fuera a coger este puesto iba a estar en las mismas circunstancias que yo”, concluyó.
A oscuras y antes de renunciar Rosselló firmó 66 leyes
A oscuras y en la víspera de su abrupta salida del gobierno, que ha dejado consigo una crisis constitucional en Puerto Rico, el exgobernador Ricardo Rosselló firmó el jueves dos leyes cuyo efecto neto es dificultar el acceso a la información pública, amenazando derechos constitucionales de toda persona a obtener acceso a información pública y a la libre expresión.
Previo a su salida, el saliente gobernador firmó un total de 66 leyes, 58 de estas el día antes que se hiciera efectiva su renuncia, sin hacerlo público.
Cecille Blondet, directora ejecutiva de Espacios Abiertos, una organización no gubernamental dedicada al reclamo de transparencia en los haberes públicos, informó que el pasado jueves, 1 de agosto, día antes de su salida de la gobernación, Rosselló estampó su firma en las leyes 122 y la 141, y al hacerlo redujo la obligación del Estado de hacer públicas sus acciones, limitando de facto los derechos constitucionales al acceso de información, a la libre expresión y el ejercicio de la libertad de prensa.
“Los legisladores que aprobaron esos proyectos también a cuartos oscuros y a sabiendas de lo que significa para la limitar del derecho ciudadano, son tan responsables de ese legado como el gobernador que firmó la ley y tendrán que rendir cuenta por su actos”, señaló la directora.
Según Blondet, la organización, al igual que otras organizaciones, había solicitado directamente al ex mandatario, con dos días de anticipación, que no convirtiera en ley los dos proyectos, decisión que llevó a cabo y que no informó al pueblo. «A esta hora, ni La Fortaleza ni el Departamento de Estado han dado a conocer este último acto de repudio contra la democracia por parte de Rosselló”, puntualizó.
En múltiples ocasiones, tanto Espacios Abiertos como otras organizaciones, incluidos los gremios periodísticos, denunciaron los proyectos de ley que Rosselló firmó por no cumplir con los principios de acceso a la información pública reconocidos local e internacionalmente.
“El derecho a la información pública es un derivado del derecho a la libertad de expresión consagrado en la Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico, así lo expresó el Tribunal Supremo de Puerto Rico cuando le otorgó el rango de derecho constitucional al acceso a la información pública en 1982. La firma de Rosselló de las leyes de transparencia y datos abiertos, puede presentar otra controversia que deberá resolver nuestro más alto Tribunal, puesto que son leyes que en efecto limitan derechos de estirpe constitucional”, indicó Blondet.
Entre otras cosas, la llamada Ley de Transparencia elimina la posibilidad de solicitar información pública de forma verbal, uso y costumbre en la mayoría de los casos cuando se trata de miembros de la prensa, y en el proceso legislativo de enmiendas al proyecto original eliminó sanciones administrativas que incluían una multa de $250 a quien obstruyera el flujo de información pública. Eliminó, a su vez, la garantía de que si la información pública es de fácil acceso se omita el trámite burocrático creado por la mima ley y se entregue la misma de inmediato. En el caso de la Ley de Datos Abiertos, se enumeran 12 excepciones a la debida divulgación de datos, ampliando incluso las contenidas en la Ley de Libertad de Información de Estados Unidos (FOIA). Por tanto, el efecto neto de estados dos leyes es el de dificultar el acceso a la información pública de manera rápida.
Rosselló firmó 58 leyes en un solo día
En la víspera de su salida, Rosselló firmó 58 leyes que se suman a otros ocho desde que comunicó su renuncia en la medianoche del 24 de julio, para un total de 66.
El alcance real de muchas de estas leyes se desconoce pues, hasta el momento, no han sido divulgadas por el Departamento de Estado, quien tampoco se ha dirigido al pueblo para hablar en torno a esta ráfaga que ha tomado por sorpresa al país. Esto ante la salida de Luis Rivera Marín a fines de julio en medio del escandaloso chat entre Rosselló, funcionarios públicos, asesores y cabilderos que terminó forzando al propio gobernante a dimitir.
Cabe destacar que el Código Político de Puerto Rico impone a quien ocupe la secretaría de Estado la obligación de promulgar todas las leyes decretadas por la Asamblea Legislativa y firmadas por el Gobernador de Puerto Rico. “Mediante la impresión y distribución de todas las leyes, el Departamento de Estado cumple a cabalidad con la obligación impuesta. No obstante, hemos querido dar un paso más en nuestro desempeño y permitirle a la ciudadanía acceder a la legislación aprobada a través de la Internet de forma gratuita”, lee el sitio web del Departamento de Estado, donde, sin embargo, todavía no están disponibles las leyes nuevas.
“Los últimos días de su gobernación, después de anunciada su renuncia, hubo aun menos transparencia de parte de Rosselló, fue aun peor porque no sabemos con quién se reunió, qué decisiones tomó aun cuando el pueblo estaba en las calles exigiendo respeto. No sabemos siquiera qué indultos concedió ni qué contratos firmó”, recalcó Blondet.
Al momento, se desconoce la dimensión de las implicaciones a futuro de todas las acciones que llevó a cabo Rosselló en los últimos nueve días de su gobernación.
Partido Independentista Puertoriqueño presenta propuesta para nueva Constitución
El Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), propuso una nueva Constitución y una nueva relación con los Estados Unidos tras el logro extraordinario alcanzado por el Pueblo de Puerto Rico a través de una unión de voluntades que catalogaron como “sin precedente”.
La iniciativa del PIP para una nueva Constitución, anunciada en conferencia de prensa por el liderato de la colectividad y su presidente, Rubén Berríos Martínez, consiste en que el pueblo, con anterioridad a las próximas elecciones, pueda aprobar unas “enmiendas de emergencia a la actual constitución para que entren en vigor para las elecciones del 2020”. Dichas enmiendas son, proveer para una elección especial abierta para elegir un nuevo Gobernador cuando ocurra una vacante permanente en el cargo, autorizar el referéndum revocatorio para que el pueblo pueda destituir a un gobernador y disponer para una segunda vuelta electoral entre los dos candidatos a gobernador con mayor número de votos cuando ninguno de los candidatos hubiere obtenido una mayoría absoluta.
“En el día de hoy, el PIP presenta estas propuestas no sólo para enfrentar la crisis inmediata, sino para encaminar la voluntad soberana de nuestro pueblo para construir un nuevo Puerto Rico. Pretende servir como punto de partida y, por lo tanto, está sujeta a enmiendas y modificaciones que otros tengan a bien hacer. El Pueblo de Puerto Rico ha alcanzado un logro extraordinario y, de cara al futuro, la pregunta que se impone es: ¿ahora qué? Los más diversos sectores ya han comenzado a presentar ideas e iniciativas meritorias y ante esa realidad, se debe establecer un procedimiento amplio, inclusivo y participativo, un canal que sirva para recoger esas y otras propuestas”, expresó Berríos Martínez.
En cuanto a la propuesta para una nueva relación con los Estados Unidos, el PIP propuso, mediante una votación directa del pueblo, ordenar la convocatoria de una Asamblea para un Nuevo Puerto Rico (ANPuR) “que garantice la participación de los más amplios sectores de la sociedad”.
La vice presidenta del PIP, María de Lourdes Santiago Negrón, precisó que dicha Asamblea tendrá dos encomiendas. La primera, redactar una nueva constitución para el Puerto Rico del futuro que emane del poder soberano del Pueblo y la segunda, elaborar alternativas no coloniales y no territoriales para una nueva relación entre Puerto Rico y Estados Unidos, para ser presentadas y negociadas ante el Congreso antes de someterlas a votación al pueblo de Puerto Rico.
