El gobierno panameño presenta al Congreso un proyecto de reforma constitucional
José Gabriel Carrizo, vicepresidente de la República y ministro de la Presidencia, fue autorizado ayer por el Consejo de Gabinete para llevar a la Asamblea Nacional el documento que plantea reformas a la Constitución, elaborado por el Consejo de la Concertación Nacional para el Desarrollo.
“Consideramos que la discusión del tema debe darse en la Asamblea Nacional”, manifestó Carrizo, quien acudirá hoy miércoles, a las 4:00 p.m., al pleno legislativo.
Primero, la propuesta será discutida en la Comisión de Gobierno, que aún no se ha instalado, pero que ya tiene definidos a sus integrantes, entre los que se cuentan cuatro perredistas. Después pasará al pleno para segundo y tercer debates.
El vicepresidente y ministro de la Presidencia José Gabriel Carrizo fue autorizado por el Consejo de Gabinete para presentar el paquete de reformas constitucionales ante el pleno de la Asamblea Nacional.
El documento es el producto de los consensos logrados en las mesas de debate del Consejo de la Concertación Nacional para el Desarrollo. “Esta fue una promesa de campaña”, recordó Carrizo en rueda de prensa tras el tercer Consejo de Gabinete del gobierno de Laurentino Nito Cortizo.
La reunión de Cortizo y sus ministros se llevó a cabo en el gimnasio Orlando Winter, en San Miguelito. El documento con las reformas se presentará esta tarde ante el pleno de una Asamblea, donde el oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD) tiene 35 diputados, mientras que su aliado el Movimiento Liberal Republicano Nacionalista tiene cinco.
Carrizo aseguró que el proyecto que se presentará es idéntico al que recibieron de la Concertación el pasado lunes 15 de julio. “Consideramos que la discusión del tema debe darse en la Asamblea Nacional”, precisó.
El debate de la propuesta será responsabilidad, en primer debate, de la Comisión de Gobierno.
El documento es el producto de varias reuniones lideradas por Michelle Muschett, exministra de Desarrollo Social. Mientras que Enrique De Obarrio fungió como presidente de la mesa de Modernización del Estado, Justicia y Seguridad. En la discusión participaron representantes de los partidos políticos, miembros de organizaciones indígenas, de mujeres, de derechos humanos y líderes gremiales.
El documento tiene 40 artículos, y entre otras cosas propone la creación de un tribunal constitucional, que será el máximo ente del Órgano Judicial, con 5 magistrados que actuarán por un periodo de 15 años.
Más temas
Entre las otras propuestas aprobadas ayer por Consejo de Gabinete se incluyen varios proyectos para San Miguelito: el programa “Jóvenes con Oportunidades”, un proyecto de “movilidad social” que será impulsado por el Ministerio de Desarrollo Social; el Programa de Reordenamiento Integral de San Miguelito y Alrededores (Prisma), que estará a cargo del Ministerio de Obras Públicas, con la finalidad de atender necesidades en temas de infraestructura, seguridad, movilidad, cultura y agua.
Además, la creación de la primera zona franca digital de América, la cual tendrá un costo de $38 millones y se estima generará 3 mil empleos. Será gestionada por el Ministerio de Comercio e Industrias.
Por su parte, el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, rindió un informe de las finanzas públicas al Gabinete. Este evidencia que la deuda es “considerablemente más alta de lo previsto”, por lo cual tomarán “medidas” y harán “ajustes” para poder cumplir. Alexander reiteró la meta que tienen de cancelar todas las cuentas por pagar a proveedores hasta diciembre de 2018.
Migración
En conferencia de prensa Carrizo habló sobre el anteproyecto de ley que presentó su copartidaria y vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Zulay Rodríguez, que propone reformas migratorias. “Es un tema de política de Estado que debemos impulsar sin provocaciones de rechazo ni de odio… sin discriminar”, manifestó.
Agregó que recogerán “no solo esa iniciativa”, sino otras para asegurarse de adoptar una política de Estado que sea liderada por el Ministerio de Seguridad. Se hará “de cara a la ciudadanía”, aseguró. “Todos los países civilizados tienen políticas para controlar quién se queda y quién se va”, dijo. Concluyó que la meta es “defender los intereses nacionales”, pero que buscan hacerlo con “respeto y sin quebrar normas internacionales”.
