Nicaragua: la CIDH manifiesta «preocupación por la continuación de la represión»
Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifiesta su preocupación por la continuación de la represión después de casi cinco meses de la instalación de la Mesa de Negociación en Nicaragua. Asimismo, la CIDH lamenta la falta de voluntad del Estado de Nicaragua para el restablecimiento de las libertades y derechos de toda la población, así como para superar la situación de impunidad respecto las graves violaciones de derechos humanos cometidas desde el 18 de abril de 2018.
Graves restricciones a las libertades públicas
A pesar del inicio de la Mesa de Negociación entre el Gobierno y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (Alianza Cívica), el 27 de febrero de 2018, la CIDH observa la persistencia del estado policial en Nicaragua caracterizado por la prohibición de las protestas sociales y afectaciones a otros derechos por actos de estigmatización, ataques y agresiones, asedio y la continuación de detenciones arbitrarias en todo el país.
La CIDH advierte que, durante el primer semestre de 2019, el Estado rechazó todas las solicitudes presentadas por la sociedad civil para la realización de manifestaciones públicas y, además, mantiene el despliegue desproporcionado de operativos policiales en los espacios públicos para evitar cualquier protesta social o forma de manifestación. Recientemente, el Estado negó a la Unidad Nacional Azul y Blanco autorización a la convocatoria para realizar una marcha, el 26 de mayo, con el fin exigir la liberación de los presos políticos.
Asimismo, en los meses de mayo y junio, el MESENI documentó un incremento de actos de hostigamiento y represión para contrarrestar e inhibir las formas de protesta social improvisadas por la población, entre otras, por medio de la toma de represalias contra los negocios que participaron en el paro nacional del 23 de mayo, el asedio permanente a plantones exprés, así como a cualquier acto en el que participan personas excarceladas o personas identificadas como opositoras el Gobierno, incluyendo celebraciones religiosas y misas.
De manera particular, el 15 de junio, la CIDH denunció que grupos afines al Gobierno agredieron a las personas que asistieron a la misa celebrada en la catedral de León en memoria de una de las víctimas fatales de las protestas. Dicho ataque habría sido perpetrado con la aquiescencia y tolerancia de la Policía Nacional. Al menos cinco personas habrían resultado heridas. Según la información recibida, el 16 de junio, agentes antimotines agredieron con balas de goma, bombas lacrimógenas y aturdidoras a personas que se manifestaban al interior de los parques que rodean la Catedral de Managua, después de una misa celebrada por la liberación de los presos políticos. El 30 de junio, agentes antimotines también habrían agredido a manifestantes que realizaron un plantón en el mismo lugar, luego de un servicio religioso. De acuerdo con información pública, al menos seis personas resultaron heridas. Estos hechos se enmarcan también en un contexto de amenazas contra la Iglesia y líderes religiosos a través de mensajes intimidatorios en redes sociales o pintas en las paredes de algunos templos. Ante las amenazas de muerte, un sacerdote de Estelí habría decidido salir del país. Asimismo, el 3 de julio, el sacerdote Edwin Román, beneficiario de medidas cautelares, habría sido víctima de amenazas por agentes de la Policía Nacional en Masaya.
La CIDH advierte que las restricciones impuestas a la protesta social y los actos para amedrentar cualquier tipo de reunión que pudiera derivar en manifestaciones sociales, incluidas las celebraciones religiosas, afectan los derechos a la libertad de expresión, de asociación y a la libertad de religión. Asimismo, en los casos en que ocurren plantones exprés u actos improvisados de protesta, la CIDH continúa observando la realización de detenciones arbitrarias, lo que deriva en afectaciones a los derechos a la integridad y libertad personal. En algunas ocasiones dichas detenciones serían temporales, o bien derivan en la apertura de acusaciones penales por narcotráfico y delitos contra la propiedad.
A un año de la publicación de su Informe final “Graves violaciones a los derechos humanos en el contexto de las protestas sociales en Nicaragua”, la Comisión reitera al Estado de Nicaragua el deber de dar cumplimiento a las recomendaciones 1 y 2 con el fin de “cesar de inmediato la represión a los manifestantes y la detención arbitraria de quienes participan de las protestas”, así como “respetar y garantizar el goce pleno del derecho a la protesta, a la libertad de expresión, a la reunión pacífica y a la participación política de la población”. Así como la recomendación 8, para que el Estado “desmantele los grupos parapoliciales y adoptar medidas para impedir que sigan operando grupos de terceros armados que atacan y hostiguen a la población civil”.
Situación de personas excarceladas
Desde el inicio de la Mesa de Negociación, la CIDH dio seguimiento a la excarcelación realizada por el Estado de las personas detenidas por hechos relacionados con la crisis en Nicaragua. En este sentido, según la información recibida, entre el 27 de febrero y el 11 de junio de 2019, el Estado de Nicaragua excarceló a 493 personas, de las cuales dos personas estaban detenidas por hechos fuera del contexto de la crisis. De este número, 387 fueron excarceladas a través de anuncios unilaterales del Estado y 104 personas habrían sido liberadas con motivo de la aprobación de la ley de amnistía. Si bien la CIDH saluda las excarcelaciones realizadas, también nota que, al 25 de junio de 2019, al menos 91 personas detenidas en el contexto de las protestas permanecían privadas de la libertad.
Al respecto, la CIDH observa la permanente negativa del Estado de Nicaragua a publicar información oficial sobre las personas detenidas y enjuiciadas en el contexto de la crisis, en conjunto con excarcelaciones realizadas fuera del marco de los acuerdos y la persistencia diaria de detenciones arbitrarias, constituyen factores que obstaculizan contar con cifras exactas sobre el número de personas privadas de libertad por hechos vinculados con la crisis, lo que dificulta el propio trabajo de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia en la Mesa de Negociación.
En días recientes, a través del MESENI, la CIDH recibió información sobre la emisión de resoluciones judiciales que ordenaron el archivo de diferentes causas penales con fundamento en la ley de amnistía. Pese lo anterior, la CIDH advierte que las personas excarceladas continúan en su mayoría sin información precisa sobre los fundamentos de su liberación y los derechos asociados a ella; además, siguen siendo citadas a audiencias y sus procesos judiciales continúan abiertos. De acuerdo con la información recibida, en muchos casos, la Policía Nacional no habría devuelto bienes y objetos personales como identificaciones, teléfonos celulares y equipos electrónicos a las personas excarceladas. Además, éstas son víctimas de asedio, vigilancia, hostigamiento y amenazas a través de redes sociales. Dichos actos son cometidos principalmente por simpatizantes del Gobierno y por la Policía Nacional.
“Mantener abiertos procesos penales injustificados tiene impactos negativos para los derechos de las personas recién liberadas derivadas de la propia incertidumbre de su situación jurídica”, señaló el Comisionado Joel Hernández, Relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad. “La sola posibilidad de que las causas penales sean reactivadas en cualquier momento genera un efecto disuasivo para el ejercicio de sus derechos”, añadió.
Por otra parte, la CIDH expresa su profunda preocupación por la información levantada a través de testimonios de personas excarceladas recibidos por el MESENI en la que se da cuenta de la perpetración de tratos crueles, inhumanos y degradantes, que en algunos casos podrían constituir tortura, mientras estuvieron privadas de su libertad. Desde el inicio de la represión, dichos actos han sido ampliamente denunciados por la propia CIDH y otros organismos internacionales y nacionales de derechos humanos.
En este contexto, la CIDH llama nuevamente al Estado a dar cumplimiento a la recomendación marcada con el numeral c) de su Informe final de la vista al país con el fin de: “c) Iniciar de oficio e inmediatamente una investigación efectiva que permita identificar, juzgar y sancionar a los responsables de malos tratos y tortura. Dicha investigación debe realizarse por todos los medios legales disponibles, estar orientada a la determinación de la verdad, y conducirse dentro de un plazo razonable. Asimismo, debe regirse por los principios de independencia, imparcialidad, competencia, diligencia y acuciosidad”.
Impunidad de las graves violaciones a derechos humanos
Desde inicios del 2019, la Comisión ha condenado la aprobación expedita –y en completa ausencia de procesos amplios de consulta- de un conjunto de leyes incompatibles con el derecho a la verdad, el acceso a la justicia y a una reparación integral para las víctimas de la represión iniciada el 18 de abril de 2018, entre ellas, la Ley para una Cultura de Diálogo, Reconciliación, Seguridad, Trabajo y Paz, aprobada el 24 de enero de 2019; la Ley de Atención Integral a Víctimas en Nicaragua, aprobada el 29 de mayo de 2019; y, la aprobación de la Ley de Amnistía, aprobada el 8 de junio de 2019.
En las últimas semanas, en el marco de la implementación de la Ley de Atención Integral a Víctimas en Nicaragua, la CIDH ha recibido información sobre la instalación de más de tres mil “Comisiones de Reconciliación, Justicia y Paz” en todo el país. Al respecto, la CIDH reitera su preocupación por la falta de consideración de las víctimas de la represión estatal y sus familiares en el Plan de Atención Integral a Víctimas adoptada por el Estado, así como el incumplimiento de los estándares internacionales en materia de una reparación adecuada e integral de las violaciones a los derechos humanos.
La CIDH reitera las recomendaciones formuladas al Estado de Nicaragua en el Informe Final de su visita, entre ellas, el deber de garantizar el derecho a conocer la verdad de víctimas y familiares; así como implementar un programa multidisciplinario con el fin de atender los impactos psicológicos de la población por estos sucesos, en particular de las víctimas de violaciones de derechos humanos y sus familiares, mediante acciones basadas en un enfoque de derechos humanos y formuladas desde una perspectiva de género.
La Comisionada Antonia Urrejola, Relatora para Nicaragua y sobre Memoria, Verdad y Justicia, señaló: “El restablecimiento de los derechos y la superación de la situación de la impunidad son condiciones indispensables tanto para evitar la repetición de las graves violaciones a los derechos humanos como para alcanzar una salida a la crisis compatible con los derechos humanos. Lamentablemente, desde la CIDH, observamos que la política de reconciliación del Gobierno y el conjunto de leyes aprobadas distan de cumplir con las obligaciones internacionales del Estado”.
Situación de las personas nicaragüenses que se han visto forzadas a huir de su país
La CIDH nota con preocupación que miles de nicaragüenses continúan huyendo del país debido a la persistencia de la represión. En días pasados, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) actualizó la cifra a 70,000 nicaragüenses que han solicitado asilo en países como Costa Rica, Panamá, México y Estados Unidos desde el inicio de la crisis y hasta mayo de 2019.
En este contexto, la CIDH viene dando seguimiento a la situación de las personas nicaragüenses que se han visto forzadas a huir hacia estos países a raíz de la crisis iniciada el 18 de abril de 2018 en Nicaragua. El 12 de junio de 2019, la CIDH denunció algunos de los obstáculos que enfrenta la población nicaragüense desplazada para gozar de sus derechos en Honduras y Costa Rica por la falta de acceso a un empleo y a la educación derivado de no contar con documentos de identidad o de acreditación de estudios. En la visita realizada a Miami el 17 y 18 de junio, la CIDH tomó conocimiento de los desafíos que enfrentan las personas que han sido forzadas huir de Nicaragua hacia Estados Unidos.
En este sentido, la CIDH lamenta profundamente que algunas personas que tuvieron de huir en el contexto de la represión en Nicaragua hayan perdido sus vidas en circunstancias aún no explicadas, como el asesinato de Edgar Montenegro Centeno (56) y su hijo Jalmar Zeledón Olivas (31) el pasado 27 de junio en el departamento de El Paraíso, Honduras, fronterizo con Nicaragua. De acuerdo con la información recibida, ambos habrían huido de Nicaragua desde noviembre de 2018 al ser señalados por la Policía Nacional como terroristas por su participación en los tranques de Wiwilí y el Cuá en Nicaragua.
Asimismo, a través del MESENI, la Comisión continúa recibiendo testimonios de jóvenes estudiantes exiliados y excarcelados víctimas de la represión. Muchos de ellos informaron que fueron expulsados de sus universidades y que su historial académico habría sido completamente borrado de los sistemas universitarios, por lo que encuentran muchas dificultades para proseguir con sus proyectos de vida en el exilio.
La Comisión reitera su llamado a los Estados de la región a implementar una estrategia basada en la responsabilidad compartida, en la protección internacional y en el abordaje desde un enfoque de derechos humanos ante la migración forzada de las personas nicaragüenses. Asimismo, la CIDH llama a tomar todas las medidas necesarias para garantizar el restablecimiento del proyecto de vida y los derechos de los estudiantes exiliados y expulsados de las universidades de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos. Para ello, a través del MESENI, la Comisión Interamericana reitera su disposición para prestar la asesoría y cooperación técnica necesaria en el marco de su propio mandato.
Persistencia del cierre de los espacios democráticos
Desde diciembre de 2018, la Comisión identificó una fase de represión en Nicaragua caracterizada por la adopción de medidas y decretos que, bajo la apariencia de legalidad y estricta formalidad, restringieron de manera ilegítima los derechos a la libertad de expresión, asociación y de reunión, esenciales para el efectivo funcionamiento de toda sociedad democrática. Todo ello apuntando a una tendencia del Estado que busca silenciar, intimidar y criminalizar a cualquier voz contraria a la postura del Gobierno.
Durante el primer semestre de 2019, la CIDH advierte que este contexto de cierre de los espacios democráticos en el país persiste. En concreto, las personas defensoras de derechos humanos en Nicaragua continúan trabajando bajo un escenario de riesgo para sus derechos en el país por la intensificación de una campaña de estigmatización y desprestigio en su contra, actos de hostigamiento y vigilancia, y la amenaza permanente del cierre forzado de otras organizaciones de la sociedad civil por parte de la Asamblea Nacional.
Por otra parte, si bien la CIDH saludó la liberación de los periodistas que permanecían privados de libertad, entre ellos, Miguel Mora y Lucina Pineda del canal 100% Noticias, se ha constatado que el contexto de para el ejercicio de la libertad de expresión no ha mejorado. Más de 70 periodistas permanecen exiliados. Además, el Estado no ha asegurado la devolución inmediata de bienes a medios de comunicación afectados por retenciones, requisas u ocupación de instalaciones.
Finalmente, el MESENI continúa recibiendo testimonios y documentación sobre el agravamiento de la represión contra integrantes del Movimiento Campesino y campesinos en general que viven en el interior del país; así como contra integrantes de pueblos indígenas y afrodescendientes del Caribe Norte. El 26 de junio, la CIDH recibió información sobre la agresión a la defensora Marcela Foster, integrante de la comunidad de Kamla territorio Twi Yahbra, y dos comunitarios más, por simpatizantes del Gobierno. La CIDH observa que algunas dificultades como la falta de accesibilidad geográfica y, en ocasiones, la falta de recursos económicos, colocan a estos grupos en una situación de especial vulnerabilidad para denunciar la continuación de la violencia, amenazas y detenciones arbitrarias en los diferentes departamentos, así como para contar con una defensa legal adecuada.
Cese de la represión y apertura al escrutinio internacional
El 28 de junio de 2019, la Asamblea General de la OEA aprobó la Resolución «La Situación en Nicaragua«, en la cual “reitera la preocupación de la comunidad interamericana por el deterioro de las instituciones democráticas y los derechos humanos en Nicaragua y su apoyo a una solución pacífica a la crisis política que afecta a este país desde hace más de un año” e insiste “en la necesidad de que el Gobierno de Nicaragua permita el ingreso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y sus mecanismos, así como de otros mecanismos internacionales de derechos humanos”. Al respecto, la CIDH reitera su total e inmediata disposición a colaborar y prestar la asistencia técnica necesaria para contribuir a restablecer la plena vigencia de los derechos humanos en el país, inclusive mediante el retorno al país.
En el Informe sobre la situación de Nicaragua presentado por la Alta Comisionada Adjunta de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos durante la 41ª. Sesión del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, el 10 de julio de 2019, la OACNUDH enfatizó que es crucial garantizar la rendición de cuentas sin ninguna excepción por las violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto de las protestas de 2018 y garantizar el derecho de las víctimas a la verdad y la reparación.
Asimismo, la CIDH reitera al Estado de Nicaragua su llamado para cesar la represión, desactivar el ambiente de intimidación que permanece en todo el país y, en particular, garantizar de manera prioritaria: la restitución inmediata de personerías jurídicas a organizaciones de la sociedad civil; la apertura al escrutinio internacional con presencia del MESENI de la CIDH y la OACNUDH; la devolución inmediata de bienes a medios de comunicación afectados por retenciones, requisas u ocupación de instalaciones; la garantía de un retorno seguro para todas las personas desplazadas en el contexto de la crisis; la garantía de investigaciones imparciales y diligentes a las violaciones a los derechos humanos. Esto incluye la creación de órganos que aseguren imparcialidad en la administración de justicia; reparación integral para las víctimas de conformidad con los estándares internacionales y garantías de no repetición a través de reformas institucionales apropiadas; y, el desmantelamiento de grupos parapoliciales y terceros armados que continúan hostigando a la población civil.
“La CIDH reconoce que la consolidación de cualquier proceso de diálogo y las expectativas de alcanzar una reconciliación duradera requiere fundarse en el disfrute efectivo de los derechos humanos, así como enfocarse en las expectativas y necesidades de las víctimas”, destacó la Comisionada Esmeralda Arosemena, Presidenta de la CIDH.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
No. 172/19
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