Rosa Elena Sudario Manrique, feminista peruana: “Cada día cuatro adolescentes menores de 15 años quedan embarazadas en Perú”
Entrevista a Rosa Elena Sudario Manrique, integrante de “Católicas por el Derecho a Decidir – Perú”
Por Carla Perelló, de la redacción de NODAL
“Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, cada día cuatro adolescentes menores de 15 años quedan embarazadas en Perú”, asegura Rosa Elena Sudario Manrique. Ella es integrante de “Católicas por el Derecho a Decidir – Perú” organización que desde hace unas semanas enfrenta una denuncia por parte de un grupo fundamentalista por actuar de mala fe al llevar en su nombre la denominación “católicas”. Esta no es la primera vez que grupos vinculados al movimiento “Con Mis Hijos No Te Metas” llevan acciones de este tipo. A principio de este año lograron que la misma ministra de Educación, Flor Pablo Medina, debiera explicar ante el Congreso Nacional las razones para la implementación del enfoque de géneros en la educación, en un país donde según el Poder Judicial hay 120 mil mujeres en riesgo por casos de violencia. En diálogo con NODAL, Manrique hace un repaso sobre la situación de las mujeres y los derechos reproductivos en el país.
¿Cuál es la situación de las mujeres en el Perú en cuanto a derechos reproductivos?
Según el INEI, cada día cuatro adolescentes menores de 15 años quedan embarazadas. Este promedio sube a diez cuando las menores llegan a esa edad. La encuesta demográfica y de salud familiar realizada en 2017 revela que el 13,4 por ciento de adolescentes, de 15 a 19 años, fueron madres o quedaron embarazadas por primera vez en aquel año, lo que significó un alza del 0,7 por ciento con respecto a 2016. Otro dato de interés es que alrededor del 50 por ciento de embarazos en adolescentes no son deseados como consecuencia del bajo nivel de uso de métodos de planificación familiar y falta de información en prevención sexual.
En el Perú existe una alta ocurrencia de abortos y ello no depende de la existencia de una norma penal prohibitiva, sino de la falta de acceso a la educación sexual y a la baja provisión y uso de métodos anticonceptivos que impidan los embarazos no deseados, además del nivel de violencia sexual que desencadena embarazos impuestos.
Un estudio del año 2006 estimó que en el Perú se realizaban 371,420 abortos inseguros al año, es decir, más de 1000 abortos al día, cifra que sería superior si no fuera por la expansión del uso de la anticoncepción oral de emergencia que, desde su lanzamiento en el 2002 hasta diciembre de 2006, habría evitado, solo bajo su forma de Postinor2, alrededor de 32 mil abortos.
Producto de esta situación se ha identificado que entre el 2010 y el 2012 la tercera causa directa de mortalidad materna ha sido el aborto (17,5 por ciento), solo antecedida por las hemorragias (40,2 por ciento) e hipertensión inducida por el embarazo (32 por ciento). Asimismo, el Ministerio de Salud ha señalado que, en 2012, el aborto constituyó la segunda causa directa de muerte materna en adolescentes (29 por ciento), aunque es probable que su impacto sea significativamente mayor, ya que muchas de las muertes maternas registradas como “hemorragias” (8 por ciento) e “infecciones” (6 por ciento) se deberían a complicaciones por abortos incompletos y sepsis post aborto, resultantes del aborto ilegal. También se reconoce que en el año 2010 los embarazos terminados en aborto fueron el principal motivo de hospitalización en el país, alcanzando un 6,68 por ciento de todas las categorías a nivel nacional.
Los datos mencionados dan cuenta que la penalización del auto aborto y el aborto consentido tiene un impacto nulo en la prevención general del delito y por lo tanto en la protección del concebido, generando por el contrario consecuencias nocivas para las mujeres. Es preciso que, en los esfuerzos para proteger a los concebidos, en el marco del respeto a los derechos fundamentales de las mujeres, se orienten a implementar políticas de educación sexual y salud reproductiva que prevengan la existencia de embarazos no deseados, así como a políticas que garanticen un adecuado estado de salud de los niños y niñas, con el objetivo de evitar la mortalidad infantil.
En relación con lo anterior la aprobación del Protocolo de Aborto Terapéutico, en 2014, ha sido un avance en el reconocimiento de los derechos de las mujeres, aunque en la práctica aún haya barreras culturales y estructurales que impiden su implementación.
Hace pocas semanas ustedes recibieron una denuncia por parte de una organización acusándolas de utilizar de “mala fe” el término católicas, ¿por qué entienden que estas organizaciones llevaron a cabo esta demanda?
Es importante señalar que la asociación demandante, el Centro de Estudios Jurídicos “Santo Tomás Moro”, según su página web, se ha constituido con el fin de “coadyuvar la defensa legal de la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana, su magisterio y doctrina”; así como de “ejercer la vigilancia ciudadana sobre las principales instituciones y las políticas públicas del Estado”, y es integrada por líderes de organizaciones fundamentalistas al interior de la Iglesia católica vinculadas a la campaña “Con Mis Hijos No Te Metas”. La demanda no nos sorprende frente a un contexto de avance de los grupos fundamentalistas, el lobby religioso y la persecución a las organizaciones defensoras de los derechos humanos, específicamente a aquellas que tienen en la agenda pública los derechos fundamentales de las mujeres. Es absolutamente falso que la utilización del nombre “Católicas por el Derecho a Decidir – Perú” se esté realizando de mala fe. La demandante no presenta ninguna evidencia de tal afirmación. El uso de la denominación “católica” solo expresa el ejercicio de nuestra libertad religiosa y de expresión en el marco de una sociedad democrática y plural. En realidad, no tienen argumentación objetiva lo que evidencia la razón principal de la demanda: disolver el estatus jurídico de la asociación, y con ello, impedir la libertad de expresión de nuestras ideas, creencias y apuestas políticas. Cabe señalar que esta demanda se hace sólo a una de las 420 asociaciones debidamente inscritas en los Registros Públicos que utilizan la denominación “católica” en su nombre jurídico.
Además, aclarar que, en un marco de institucionalidad y acorde a los requisitos que establece el Código Civil peruano, hace aproximadamente 10 años, “Católicas por el Derecho a Decidir-Perú” logró su inscripción en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos. Estamos inscriptas como una asociación autónoma sin fines de lucro, integrada por ciudadanas con identidad católica y feminista. Desde nuestro quehacer buscamos el respeto a la ciudadanía plena de las mujeres en nuestro país a partir del diálogo. Buscamos que se respete nuestra diversidad y derecho a decidir sobre nuestras vidas, esto implica también no vulnerar derechos que se encuentran relacionados al cuerpo y las sexualidades como espacio político de decisiones. Es importante precisar y aclarar que CDD-Perú no se encuentra inscrita civilmente como una asociación de fieles que se debe al mandato del Tratado entre el Vaticano y al Estado peruano, y, por lo tanto, no goza de la subvención estatal o de la exoneración o beneficios tributarios con el que cuentan las asociaciones, jurisdicciones y comunidades religiosas reconocidas por la Iglesia católica.
¿Puede explicar cómo se combina la fe en el catolicismo con la lucha feminista y la militancia por un estado laico?
Desde CDD-Perú apostamos por un Estado laico, por ser la garantía imprescindible para el ejercicio de las libertades ciudadanas, incluida la libertad religiosa y los derechos humanos, en el marco de la democracia.
¿Cuáles son los desafíos para la agenda feminista del país?
Creo que el principal desafío tiene relación con cómo hacemos frente a la avanzada fundamentalista con un movimiento feminista que pueda articular a todas las identidades de las mujeres. Para revertir los procesos de exclusión social es necesario también promover nuevos espacios para la acción colectiva.
