Denuncian más de 300 casos de ejecuciones extrajudiciales en la región Caribe
Hay más de 300 posibles víctimas de ejecuciones extrajudiciales en la región Caribe
La Jurisdicción Especial para la Paz dentro del caso 003: “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”, ha priorizado los departamentos del Cesar y La Guajira por ser algunos de los lugares donde más asesinatos de civiles presentados como «bajas en combate» ocurrieron. Sobre el Batallón de Artillería N° 2 La Popa, que opera en Valledupar, la JEP indaga 126 casos ocurridos entre 2002 y 2008, y varios de los soldados condenados por este delito han presentado sus versiones voluntarias en lo corrido de 2019.
Sin embargo, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) le pidieron a la JEP, a través del informe “Y volveremos a cantar con los aires de la paz y el anhelo de justicia”, que no se centren solamente en el Batallón La Popa, sino que también esclarezcan la responsabilidad de aquellos comandantes que integraron la I División del Ejército entre 2003 y 2008.
Durante más de un año, estas organizaciones documentaron la existencia de más de 300 víctimas de falsos positivos atribuidas a unidades militares de la II y X Brigada del Ejército Nacional, a la Fuerza de Reacción Divisionaria -FURED- y a los Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) de Magdalena, Cesar y Guajira, todas ellas pertenecientes a la I División.
Elaboraron este informe con datos recopilados por el Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, expedientes penales, decisiones del Consejo Superior de la Judicatura que dirimen los conflictos de competencia entre la jurisdicción penal militar y la jurisdicción ordinaria, Fiscalía, Procuraduría, informes de operaciones militares, entrevistas con las víctimas y prensa.
El documento fue presentado este sábado 22 de junio ante la Sala de Reconocimiento de la JEP en Valledupar, donde también asistieron organizaciones de víctimas y familiares, quienes denuncian que los procesos judiciales están detenidos en la justicia ordinaria. Por esta razón, esperan que la JEP establezca de quiénes provinieron las órdenes de asesinar a estos hombres y mujeres para mostrar mayores resultados en combates y obtener beneficios económicos o ascensos dentro de la institución.
Pero también les pidieron a los magistrados dos cosas muy puntuales. Lo primero, que valoren y juzguen caso a caso si los homicidios tuvieron que ver con el conflicto armado, si fue violencia política, si perseguían una finalidad económica o casos de “limpieza social”, para evaluar si deben seguir en la justicia ordinaria o en la transicional.
Lo segundo, como medida cautelar, que suspendan de sus cargos al actual comandante del Ejército, Nicacio de Jesús Martínez y al comandante del Comando de Transformación del Ejército del Futuro, Adolfo de León Hernández. El primero fue jefe de Estado Mayor de la X Brigada entre 2004 y 2006, lapso en el que según el informe se reportan 58 supuestas víctimas. El segundo comandó el Batallón La Popa entre 2007 y 2009. Según el informe “¿Qué futuro nos espera?”, presentado por estas mismas organizaciones y durante ese tiempo documentaron 39 posibles víctimas de homicidio bajo una posible práctica de ejecuciones extrajudiciales.
Del total de víctimas en la región Caribe, 118 fueron personas que vivían en situación de precariedad económica, 35 fueron indígenas de los pueblos wayú, kankuamo y wiwa; seis eran mujeres, seis sufrían de alguna discapacidad y ocho eran menores de edad (Ver infografía para más detalles). El informe también detalla que 131 víctimas no se han logrado identificar y en 13 casos, las familias fueron amenazadas tras poner la denuncia de la desaparición o asesinato.
Una de estas víctimas fue Juan Alexander López, quien murió asesinado el 20 de abril de 2007 a las 3 a.m. Tenía 26 años y trabajaba como comerciante y de hacer trayectos de Riohacha a Valledupar en moto. Dejó cuatro hijos que hoy cuida su mamá Piedad Ospina.
“El 19 de abril dijo que iba a traer a dos personas en moto, y que además iba a Valledupar porque le habían ofrecido un trabajo como supervisor. Salió a la seis de la tarde y de ahí nunca volvimos a saber más nada de él”, cuenta Piedad, una de las personas que acompañó la entrega del informe a la JEP.
Un año y cinco meses después, la llamó un hombre desconocido y le dijo que fuera al CTI de Valledupar porque había un cuerpo con las características de su hijo. “Y sí, era mi hijo”, dice ella. Lo asesinaron un día después de su desaparición junto a Luis Ángel Fernández, un muchacho que según Piedad no se conocía con su hijo.
“Viví dos velorios. El primero fue la desaparición. El segundo, el haber leído el informe del Batallón La Popa, donde decía que Juan y Luis habían extorsionado a unos ganaderos en Valledupar. Decía que ellos dispararon contra el Ejército y ahí murieron, pero sospechosamente ningún militar resultó herido”. No hay ninguna condena por estos homicidios, ninguna investigación que devele lo que realmente pasó.
“Tengo la satisfacción de que en la JEP se esclarezca quiénes lo asesinaron. Ojalá los militares hablen y digan realmente la verdad. Lo que queremos es que reconozcan que no eran guerrilleros, porque no lo eran, y haya una reparación para las familias”, exclama Piedad.
Vea a continuación los casos de falsos positivos por periodos de tiempo y los nombres de los comandantes a cargo.
Llegan a la JEP denuncias de ejecuciones extrajudiciales
Las ONG Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) y Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) presentaron este sábado un informe dirigido a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) donde se documentan 164 casos de ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas por integrantes del Ejército de Colombia entre 2002 y 2008 en la región Caribe al norte del país.
“Incluyen los casos documentados en informe presentado a la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad el pasado 7 de marzo”, mencionaron las organizaciones en el informe.
Las organizaciones detallan que, si bien en varios de los casos, conocidos en Colombia como ‘falsos positivos’, se ha establecido la responsabilidad penal de soldados, suboficiales y oficiales de baja graduación, persiste la impunidad respecto de los máximos responsables.
“Se solicita a la JEP llamar a responder a los integrantes de la plana mayor de la X Brigada y la I División del Ejército Nacional. Igualmente, se pedirá a la JEP adoptar acciones para garantizar la efectiva reparación de las víctimas”, detallan Cajar y CSPP en su informe.
El informe titulado ‘Y volveremos a cantar, con los aires de la paz y el anhelo de justicia’, describe que algunas de las ejecuciones extrajudiciales se habrían dado en periodos en los que uno de los comandantes de brigada era el general Nicacio de Jesús Martínez, quien a principios de este mes fue ascendido a general de cuatro soles y se desempeña como comandante del Ejército de Colombia.
Las ONG detallaron que las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales fueron tanto indígenas de los pueblos Wiwa, Wayúu y Kankuamo, como campesinos y pobladores de cascos urbanos en estado de vulnerabilidad como habitantes de calle, población recicladora y personas con algún tipo de adicción.
“Su objetivo es que la JEP contribuya al propósito de reconocer que las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, no eran delincuentes y que sus muertes no fueron legítimas”, mencionaron las ONG.
Cajar y CSPP indicaron que esperan que la información sirva como medio de contrastación de las versiones voluntarias de los exintegrantes del Ejército que han comparecido para aportar a la verdad ante el sistema de justicia.
Habla el comandante del Ejército sobre los cuestionamientos de las últimas semanas
El general Nicacio Martínez contestó a SEMANA un cuestionario con su versión sobre las recientes denuncias en contra suya y de algunos integrantes de la institución.
SEMANA: ¿La orden de retirar los formatos publicados por The New York Times, en los que se pedía duplicar los resultados, es un reconocimiento de que se trató de una orden equivocada que podía terminar siendo la semilla de lo que se conoció en el pasado como los falsos positivos?
General Nicacio Martínez: En primer lugar quiero aclarar que no se trata de ninguna directiva, sino que correspondió a un documento firmado por los comandantes de las Unidades que basados en el análisis del ambiente operacional diferencial de cada una de sus regiones y de acuerdo a sus capacidades efectuaron una proyección de los resultados operacionales para el año 2019, no solamente respecto de aquellos resultados que son tangibles sino intangibles, además también correspondía a cómo iba a disminuir la afectación de las propias tropas.
En ningún momento se indicaba una prelación de las muertes en desarrollo de operaciones militares sobre cualquier otro resultado operacional, contrario a ello en la nota que contenía dicho documento se señalaba el privilegio de las presentaciones voluntarias sobre las capturas y estas sobre las muertes en desarrollo de operaciones militares.
La institución siempre prioriza la vida, somos un Ejército defensor de los derechos humanos, esta es una actividad que cumplimos diariamente en el terreno.
Atendiendo a la descontextualización tanto del contenido del documento como de su propósito que fue presentado en el artículo publicado por el diario internacional The New York Times tomé la decisión de que el documento en el que los comandantes establecían una proyección de esos resultados operacionales fuera retirado. Mantener vigente un documento que fue tergiversado pasa a segundo plano, cuando esta´ por encima mantener la credibilidad y respaldo de todo un país.
SEMANA: ¿Ordenó al general Quirós realizar el pasado 22 de mayo entrevistas y pruebas de polígrafo para determinar las fuentes militares que estaban entregando información a periodistas?
G. N. M.: Eso es totalmente falso. En su momento esto fue aclarado por el Comando de la Segunda División el 22 de mayo del año en curso en un comunicado de prensa el cual a su vez se encuentra incluso hoy disponible en la página oficial.
SEMANA: ¿Por qué ese comunicado de la Segunda División negó que en esas instalaciones se hubieran citado a un grupo de oficiales con el fin de realizar pruebas de polígrafo?
G.N.M.: Porque en ningún momento la reunión programada con antelación tuvo ese fin. El propósito de la misma era evaluar las distintas actividades que se desarrollan en la jurisdicción.
Estas reuniones se llevan a cabo de manera periódica en todas las unidades del país, no es un ejercicio extraño que realicen los comandantes en las unidades.
SEMANA: ¿Ordenó o esté enterado de la existencia de unidades de contrainteligencia que recibieron la misión de realizar una especie de “cacería” para determinar quiénes dentro de la institución hablan con periodistas?
G:N.M.: Esto es falso. No he ordenado adelantar ninguna actividad de inteligencia o contrainteligencia en relación al tema de su pregunta.
El Ejército cuenta con varias unidades de contrainteligencia ubicadas a nivel nacional que diariamente llevan a cabo labores de vigilancia para identificar y/o neutralizar cualquier acto cometido por algún integrante de la fuerza que vaya en contravía de la institución y la ley.
SEMANA: ¿Ordenó o está enterado que algunos de estos hombres han realizado amenazas y seguimientos a militares que son sospechosos de contar información a los medios sobre diferentes aspectos del Ejército?
G.N.M.: Reitero, no he emitido ninguna instrucción al respecto. Tampoco he recibido denuncia o información alguna en este sentido.
SEMANA: ¿Por qué ordenó recientemente el traslado de un gran número de oficiales y suboficiales, muchos de los cuales no tenían ni seis meses en su cargo? ¿Es lo que internamente denominan una cacería de brujas por parte suya?
G.N.M.: Contrario a lo afirmado, los traslados en el Ejército se llevan a cabo de manera semestral en los meses de junio y diciembre. Este es un proceso normal que se cumple atendiendo las necesidades del servicio y el perfil de los hombres y mujeres que integran la fuerza, quienes son destinados a diferentes unidades para el cumplimiento de la misión constitucional.
SEMANA: ¿Sabe o ha recibido reportes sobre la existencia de grupos de militares activos que están detrás de amenazas e intimidaciones contra los retirados que están declarando en la JEP, así como sus abogados y familias?
G.N.M.: No tengo conocimiento de la existencia de grupos de militares activos que estén detrás de amenazas e intimidaciones contra los integrantes activos o en retiro del Ejército Nacional que están rindiendo su versión voluntaria a la JEP. El Comando del Ejército Nacional respeta, atiende y coopera con la Jurisdicción Especial para la Paz, por lo que ha dispuesto el apoyo necesario para contribuir a hacer efectivo el derecho de acceso a la justicia de todos los colombianos.
SEMANA: ¿Tiene conocimientos de la existencia de otros casos, con características similares de las de Dimar Torres, en los que estén involucrados miembros del Ejército?
G.N.M.: Lo ocurrido con el exintegrante de las Farc Dimar Torres es un hecho que lamentamos profundamente y en el cual adoptamos de carácter inmediato las acciones administrativas que estaban en la competencia del comandante del Ejército. A la fecha, no tengo conocimiento de otros hechos relacionados con exintegrantes de las Farc en los que se encuentre involucrado personal militar.
SEMANA: ¿Hay informes dentro del Ejército en los que se estén investigando posibles llamadas ejecuciones extrajudiciales o acciones como las conocidas como falsos positivos?
G.N.M.: Es pertinente aclarar que nuestro Código Penal Colombiano, no contempla dentro de sus delitos penales alguno denominado como ejecución extrajudicial o falso positivo. Asimismo, los resultados operacionales que reportan las unidades militares siempre tienen un control de legalidad.
En el caso específico de las muertes en desarrollo de operaciones militares, los actos urgentes son realizados con personal de la Fiscalía General de la Nación o personal de la Policía Nacional con funciones de Policía Judicial. La investigación penal es adelantada por la Fiscalía o por la Justicia Penal Militar, mientras que la investigación disciplinaria puede ser llevada a cabo por el comandante de la Unidad con competencia para ello o por la Procuraduría General de la Nación.
SEMANA: ¿Qué responde a las denuncias del director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, que lo vinculan a usted con el tema de los falsos positivos?
G.N.M.: Como cualquier colombiano pero específicamente en mi condición de servidor público me declaro absolutamente respetuoso de la labor ejercida por quienes propugnan por la defensa de los derechos humanos.
En este sentido he aclarado a los diferentes medios de comunicación que han hecho eco de las denuncias realizadas por el señor Vivanco que mi responsabilidad en la Décima Brigada Blindada fue de carácter administrativo en razón al cargo que ocupaba.
SEMANA: ¿Puede garantizarle al país que no existen órdenes, incentivos o algún otro tipo de directrices que lleven al Ejército a las épocas de los falsos positivos?
G.N.M.: Uno de los pilares de mi filosofía de mando es el respeto absoluto por los derechos humanos y la aplicación del Derecho Internacional Humanitario. Puedo garantizarle al país que nunca he emitido ni emitiré ninguna instrucción que sea contraria a la Constitución y a la ley y que cualquier acto irregular que llegare a conocer lo informaré de inmediato a las autoridades competentes y adelantaré las acciones que me correspondan.
Los estímulos que se otorgan a los hombres y mujeres que integran el Ejército Nacional son aquellos reconocidos por la ley en nuestro régimen disciplinario de las Fuerzas Militares y tienen como propósito exaltar el cumplimiento del deber.
Hoy nuestro país cuenta con un Ejército altamente preparado, profesional y comprometido con la protección de la vida, honra y bienes de todos los habitantes del territorio colombiano.El soldado Bicentenario es el principal defensor de los derechos humanos, de eso no puede quedar la menor duda.
SEMANA: ¿Adelantan actualmente investigaciones internas contra generales involucrados con temas de corrupción y/o narcotráfico?
G.N.M.: Las investigaciones internas que se adelanten en el Ejército se llevan a cabo en el marco de la Ley 1862 de 2017 que es el régimen disciplinario para las Fuerzas Militares y establece quiénes tienen competencia disciplinaria.
En lo que corresponde a los casos que debo conocer por competencia de mi cargo, a la fecha no adelanto ninguna investigación en contra de algún señor general en la que se haya establecido concretamente una falta disciplinaria por estos temas. Sin embargo, si´ están en curso procesos en los que se investigan presuntas irregularidades administrativas.
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