Continúa la violencia en Colombia: nuevo asesinato a desmovilizado de las FARC

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Asesinan a desmovilizado de las Farc en El Tambo, Cauca

En la tarde del pasado jueves fue asesinado Rafael Polindara, un hombre que se había desmovilizado de las Farc en el reciente Acuerdo de Paz con el Gobierno Nacional.

Los hechos se registraron pasadas las 5:00 de la tarde en la vereda La Laguna, zona rural del municipio de El Tambo, Cauca.

Según las primeras versiones, el hombre se encontraba limpiando la cuneta de una vivienda cuando desconocidos a bordo de una motocicleta se aproximaron y le dispararon en repetidas ocasiones.

“Autoridades de municipio de El Tambo informaron que, mientras se encontraba desarrollando actividades en la finca de su propiedad, fue asesinado el señor Polindara”, dijo Ricardo Cifuentes, secretario de Gobierno del Cauca.

“El hombre se encontraba dentro de los listados de las personas que se acogieron a todo el tema del Proceso de Paz y estaba en proceso de reincorporación”, agregó.

El funcionario agregó que aún no se tiene conocimiento de los móviles ni de los sicarios que acabaron con la vida del excombatiente.

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Sigue la violencia contra excombatientes de las Farc

A las cuatro de la tarde de este jueves 13 de junio fue asesinado Alexande Saya, un exguerrillero de las Farc, que hacía parte del proceso de reincorporación y que vivía en la vereda Puerto Rico del municipio de Tumaco, Cauca.

A la muerte de Saya se suma el posible asesinato de otro combatiente en el Tambo, Cauca, sobre el cual aún no hay información oficial. Según el relato de varios testigos, el mismo día habría sido asesinado Rafael Polindara, en la vereda La Laguna del mismo corregimiento. Según varios testigos, Polindara estaba limpiando su casa y varios desconocidos le dispararon con arma de fuego, causándole la muerte instantánea. Vivía con su familia en el Espacio Territorial de la región, pero contaba con permiso de salida. Con Polindara serían dos los excombatientes de las Farc en proceso de reincorporacion asesinados en el municipio del Tambo en los últimos quince días, ambos pertenecientes a la cooperativa Comcapaz.

En días pasados, un informe de relatores de Derechos Humanos de Naciones Unidas le pidió al gobierno no incitar la violencia contra los excombatientes de las Farc. Si bien es claro que una cosa es ‘incitar‘ y otra ‘prevenir‘, en su momento el Ejecutivo, en cabeza de Emilio Archila, consejero para el postconflicto, calificó de irresponsable el informe. Lo mismo hizo el senador Álvaro Uribe, quien en su cuenta de Twitter se fue lanza en ristre conntra la ONU. La carta de Naciones Unidas llegó después del asesinado de Dimar Torres, quien también era excombatiente, a manos de un cabo del Ejército Nacional en el Catatumbo.

En entrevista de Archila a SEMANA este año, el consejero aseguró que no había evidencia de que estos asesinatos a excombatientes de las Farc se hubieran dado en su condición de desmovilizados. «Ninguno ha sido asesinado por su condición de excombatiente. La absoluta mayoría han sido asesinados por otros grupos ilegales ELN, EPL, Los Pelufos, el Clan del Golfo, eso lo que nos dice es que muy posiblemente se trataba de personas que habían vuelto a la ilegalidad. Y el tercer elemento muy importante es que la unidad de la Fiscalía y los jueces especializados que se consagran a revisar los homicidios han esclarecido muchos casos con un nivel de celeridad que no aparece en el resto de los delitos que se cometen en el país. Inseguridad física tampoco existe», dijo.

Semana


«Firmaría algunos puntos»: Álvaro Uribe sobre referendo contra la JEP y las cortes

El expresidente y senador Álvaro Uribe se refirió este viernes al referendo que buscaría derogar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y revocar a los magistrados de las altas cortes. En entrevista con la W, Uribe expresó que si bien el Centro Democrático no es autor de la iniciativa, la firmaría, pero por puntos para decidir sobre cada una de las ideas del documento.

“Firmaría el punto que la supresión de la JEP. Y también el de la existencia de una sola corte. Hace cinco años apoyamos a Paloma Valencia en esa propuesta y desde el año de 1991 vengo abogando por la proliferación burocrática de la justicia para tener un tribunal de la más alta respetabilidad. Aceptaría también el de la doble instancia para aforados con efecto retroactivo. Esto ya está, hay una decisión reciente de la Corte Constitucional que dio luces de que se puede tramitar por una ley ordinaria en la que estamos trabajando”, dijo el expresidente.

Sin embargo, expresó que no firmaría el punto que busca sacar a todos los magistrados de las altas cortes. “No lo firmo, pero advierto que no es por congraciarme con ellos. No propongo esto por rabia contra ellas. Me parece que esos procesos deben tener transiciones, respetos, y que busquen el mayor nivel de consenso por bien del país”, dijo.

Y manifestó que algunos de los apartados del referendo deben ser mirados en “una escala de grises”. Ese es el caso del punto que textualmente dice: “de forma retroactiva, las condenas ordinarias y transicionales deberán ser efectivas y proporcionales a los hechos cometidos. Los delitos de narcotráfico, reclutamiento de menores y violencia sexual no serán considerados delitos políticos bajo ninguna circunstancia y serán juzgados bajo la justicia ordinaria”.

Sobre ese asunto, que de ser apoyado y tramitado cambiaría lo pactado en el proceso de Paz, Uribe dijo que hay unas normas que efectivamente se están adelantando para que dichos crímenes no sean considerados delitos conexos. “Ese tema tendrá todas las discusiones y confío que lo que está haciendo el Congreso tengan buen tránsito. Pero me preocupa que si se aprueba y llega a la Corte Constitucional diga que eso ya está resuelto en la JEP”.

Cabe recordar que el referendo es una iniciativa del político Herbin Hoyos, con su movimiento ciudadano llamado Libertad y Orden, colectividad a la que la Registraduría le avaló el comité promotor para llevarla a cabo. Necesitan recoger 1’800.000 firmas en un plazo de seis meses. De lograrlo, el trámite sería presentar un proyecto de ley en el Congreso, que luego sería estudiado por la Corte Constitucional.

Sobre eso, el expresidente expresó que sabe que, así recolectaran dicha cantidad de firmantes, su partido no tiene mayorías en el Congreso para el posterior trámite legislativo. “Pienso que el país debe crear una sala especial en la Corte Suprema [para que la reemplace]. La JEP no es un organismo de justicia. De pronto el Congreso haga algunas reformas superficiales, pero no tenemos mayorías, no hay condiciones políticas para suprimir la JEP”, aclaró.

En ese sentido, pidió que se le dejara opinar sobre la rama judicial, así tenga varias investigaciones encima. «Colombia tiene 110 magistrados y hay un desorden total de jurisprudencia. Nosotros en el Centro Democrático hemos estado de acuerdo con que haya una sola corte, de personas mayores, con buena experiencia en la academia o en el ejercicio de la judicatura. Una corte que sea de doctrina, de jurisprudencia, de disciplina, de supervisión de la justicia. Creo que sería una reorientación constitucional tranquila. El país necesita una reorientación razonable», dijo. De esa forma, entró directamente en contra de la JEP pues, como expresó, le preocupa que » la justicia quede en vilo 20 años» por el blindaje que tiene ese sistema de justicia transicional de no ser tocado ni reformado en los próximos tres gobiernos.

Y, sobre las consideraciones frente a que estas propuestas no solo intentan reformar lo firmado en La Habana, sino también la composición misma del Estado de Derecho, Uribe aseguró que el Estado de Opinión no va en contra del Estado de Derecho, sino que es «su expresión superior». En tal sentido, dijo que pueden ir creando «unas condiciones de malestar en la opinión pública que de pronto se puede llegar allá», refiriéndose a reformar la JEP.

«El derecho dice que una nación debe tener organismos de control. Hoy en día eso lo cumplen hasta las autocracias. Entonces creo que lo que más caracteriza a un Estado de Derecho es una amplia participación de la opinión pública. Ahora, hay un ambiente de opinión sumamente caldeado. El daño que me han hecho es sumamente enorme y a muchos ciudadanos que están en desacuerdo con las decisiones de las cortes. Ese hecho social no se puede desconocer», explicó.

El Espectador


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