Colombia | El ministro de Defensa seguirá en el cargo: la moción de censura obtuvo 20 votos a favor y 121 en contra
Se cayó la moción de censura al ministro Guillermo Botero
Con una votación de 20 a favor y 121 en contra, la plenaria de la Cámara de Representantes negó la moción de censura contra el ministro de Defensa, Guillermo Botero, promovida por partidos de la oposición.
El Centro Democrático, Partido Conservador, Cambió Radical, partido de ‘la U’, liberales y Colombia Justa Libres votaron negativa la moción de censura, mientras que la Alianza Verde, Polo Democrático, Farc y demás partidos de oposición votaron a favor.
En el debate que se realizó esta misma semana, se escucharon las diferentes posiciones de los partidos políticos sobre la moción de censura contra el ministro Botero.
Agradezco el apoyo de la mayoría de la @CamaraColombia.
El rechazo a la moción de censura es el reconocimiento del trabajo realizado por soldados y policías en beneficio de Colombia.
Mantengo el firme compromiso de trabajar por el país, sin distracción.#ApoyoANuestrasFuerzas— Guillermo Botero (@GuillermoBotero) June 13, 2019
El Centro Democrático y el partido Conservador defendieron el trabajo que ha venido desempeñando Botero, resaltando sus resultados como el aumento de las hectáreas de coca erradicadas bajo su responsabilidad, que -de acuerdo con Botero- ascienden a 61 mil en nueve meses de gobierno.
El ministro Botero recibió críticas por parte de los sectores de oposición, ante la posibilidad de que revivan los falsos positivos por parte de las fuerzas militares y que ha sido objeto de polémica por las publicaciones realizadas en medios internacionales como el New York Times de EE.UU. y El País de España.
Ante las críticas, los partidos de Gobierno hicieron una férrea defensa a las actuaciones realizadas por los altos mandos militares. El Centro Democrático afirmó que las políticas y directrices sobre las afectaciones dentro del Ejército fueron malinterpretadas en la publicación de The New York Times y el reciente artículo del diario El País de España.
La Alianza Verde, partido que promovió la moción de censura contra Botero, sustenta sus denuncias a raíz de supuestas directrices de altos mandos militares que han generado varias violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, como el reciente caso del asesinato del excombatiente de Farc Dimar Torres, en Norte de Santander.
“Este debate no lo hacemos por cálculos políticos sino porque lo necesita el país, porque ese señor ha demostrado que no tiene las competencias y la personalidad necesaria para respetar los Derechos Humanos”, indicó en su momento el representante Inti Asprilla (Alianza Verde).
Durante su defensa en el debate, el ministro Guillermo Botero señaló que «no hay una política que exija muertes en combates» y que no se dejará distraer sobre la labor que viene adelantando en el Gobierno. Aseguró,.además, que tiene la tranquilidad para mantenerse en su cargo.
«Se demostró con cifras que se privilegian las presentaciones voluntarias y las capturas. También quedó demostrado que antes había un muerto cada 1,6 combates y ahora hay uno cada 3,3 combates”, indicó el ministro de Defensa.
Diferentes sectores políticos han intentado ‘tumbar’ a través de mociones de censura a dos ministros de despacho del presidente Iván Duque, en la Cámara de Representantes.
El primero fue el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, por los polémicos ‘bonos agua’ y, actualmente, al de Defensa Guillermo Botero por escándalos de falsos positivos. Al final, han tenido el respaldo de la mayoría de los partidos.
Comandante del Ejército le responde a El País de España por artículo de “falsos positivos”
Los lectores del periódico de mayor circulación en España, El País, se encontraron con una novedad este jueves: en la sección de opinión aparece una carta firmada por el comandante del Ejército colombiano, el general Nicacio Martínez Espinel. Bajo el título “No debió mencionarme” el general Martínez cuestiona el reciente artículo del diario europeo que publicó el corresponsal Francesco Manetto y que vinculan al alto oficial a batallones acusados en casos de “falsos positivos, la investigación de una masacre de indígenas y un caso de violencia sexual”.
El artículo de Manetto, publicado el pasado 5 de junio, dice que el general Martínez Espinel estuvo al mando de la Décima Brigada Blindada entre octubre de 2004 y enero de 2006, unidad militar “señalada por la Fiscalía por al menos 283 supuestas ejecuciones extrajudiciales en los departamentos caribeños de La Guajira y del Cesar”. Sin embargo, para el general,e impreciso este dato, pues como dice el artículo de El País unas líneas más adelante, Martínez tenía el cargo de “segundo comandante”. “Mi cargo en la unidad mencionada tenía funciones administrativas y no estaba relacionado con el desarrollo de operaciones militares”, asegura Martínez en la carta.
El País publicó el artículo criticado por el general horas antes de que se votara en el Senado el ascenso de Martínez Espinel, quien desde enero de este año está en el ojo del huracán por sus presuntos vínculos con violaciones de derechos humanos. Sin embargo, en la plenaria de ese día, el Congreso aprobó la promoción de Martínez a general de cuatro soles, ceremonia que se llevó a cabo el pasado 7 de junio.
egún el comandante del Ejército colombiano, el artículo de El País, titulado “El jefe del Ejército de Colombia dirigió una brigada acusada de matar a civiles”, “contiene una redacción acusativa y confusa que llevó a los lectores de su país, del mío y a nivel internacional a sacar conclusiones equívocas y por demás alejadas de la verdad”. Para Martínez Espinel, quien recientemente fue ascendido a general de cuatro soles, el artículo está lleno de“afirmaciones erradas, alejadas de la realidad” que “han afectado no solo mi reputación y la de mi familia a nivel nacional e internacional, sino también la de una institución bicentenaria con más de 250.000 hombres y mujeres”.
Martínez Espinel también cuestiona que el Ejército le entregó a Manetto los certificados de que no está siendo investigado por ninguna entidad de la justicia colombiana, “y aun así dejó en entredicho mi nombre, cuando no debió ni siquiera mencionarme”. Según el general, el periodista “claramente podía constatar que por temas relacionados con derechos humanos no tengo investigación, sanción ni impedimento alguno por parte de Fiscalía, Procuraduría, Justicia Penal Militar, ni Justicia Especial para la Paz, instituciones que hacen parte de la rama judicial colombiana”.
Cabe agregar aquí que el procurador Fernando Carrillo ordenó la apertura de una indagación preliminar por las directrices internas que el general Nicacio Martínez implementó en el Ejército y que fueron cuestionadas en un artículo reciente de The New York Times. Según dijo la entidad en su momento se «decretó la práctica de pruebas con el fin de verificar la ocurrencia de conductas presuntamente irregulares, determinar si son constitutivas de falta disciplinaria, identificar e individualizar los supuestos autores, y esclarecer los motivos determinantes de tiempo, modo y lugar en las que se cometieron».
La primera alerta sobre este tema, vino de la organización Human Rights Watch (HRW). La ong aseguró que mientras el general fue comandante de la Décima Brigada Blindada, entre octubre de 2004 y enero de 2006, ocurrieron 23 ejecuciones extrajudiciales perpetradas por soldados de esa brigada. En ese contexto, la organización presentó un documento, firmado por Martínez Espinel, que certifica el pago de $1 millón a un informante que habría proporcionado información que supuestamente permitió lograr “excelentes resultados” en dos operaciones militares.
Luego vino la investigación del periodista de The New York Times, Nicholas Casey. El artículo señalaba que en las altas esferas del Ejército se habría pedido a los comandantes “duplicar las cifras” de resultados y operaciones. El periódico estadounidense, que revisó las órdenes y habló con tres altos rangos, aseguró que “las nuevas órdenes han generado incomodidad entre los militares”, por recordar el llamado “body-counting”, mecanismo que terminó desatando el escándalo de las ejecuciones extrajudiciales, también llamadas falsos positivos.
Los documentos que sustentaban la información del New York Times fueron firmados por el general Martínez, lo que revivió la polémica. Aunque al comienzo en las fuerzas militares negaron que existieran directrices como las que señalaba el artículo, posteriormente anunciaron que retirarían esas órdenes internas.
La Fuerza Pública ha reiterado su apoyo al general y en el discurso que dio en la ceremonia de ascenso, el presidente Iván Duque sentenció: “Son los buenos generales los que, cuando llegan los momentos difíciles, están al frente y no rehúyen ninguna adversidad. Eso significa ser general en Colombia”.
Los ‘falsos positivos’, un capítulo oscuro de la historia de Colombia – Por Francesco Manetto | Articulado publicado por El País el 4 de junio de 2019
Magistrada Cristina Lombana pide la baja del Ejército al parecer por caso Uribe
La mayor Cristina Lombana, la única mujer militar integrante de la Corte Suprema de Justicia, pidió la baja de las Fuerzas Militares, a través de una carta que radicó hace tres días en el Ministerio de Defensa.
Lombana había sido elegida para integrar la nueva Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia y era quien investigaba el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez, por una presunta fabricación de testimonios con aparentes falsos testigos en contra del senador Iván Cepeda.
En medio del proceso, se le recusó. El senador Cepeda aseguró que la magistrada debía separarse de todo lo relacionado con este caso, debido a su calidad de oficial de las Fuerzas Armadas y la subordinación que en su momento tuvo cuando Uribe fue presidente.
Las razones de su retiro, según fuentes oficiales, se debe a dicha recusación y -además- al deseo de continuar en la Corte, si es que se le diera el aval para seguir sin uniforme.
Cabe recordar que la magistrada evaluaba la presentación de un recurso ante el Consejo de Estado, con el cual buscaba en segunda instancia que se aceptara la tutela que presentó contra sus compañeros de sala, quienes aceptaron la recusación en su contra y la separaron del proceso contra el expresidente Álvaro Uribe y el congresista Álvaro Prada por presunta manipulación de testigos.
La magistrada consideró que separarla del conocimiento de los procesos penales contra los congresistas constituye una vía de hecho y viola sus derechos fundamentales a la igualdad, no discriminación, buen nombre, honra y debido proceso.
La recusación contra la magistrada fue presentada por la defensa del congresista Iván Cepeda, quien es víctima en el proceso penal, al considerar que la condición de militar activa de Lombana Velásquez “afectaba el régimen de incompatibilidades de los servidores judiciales”.
Una vez la magistrada fue elegida como integrante de la sala de primera instancia de la Corte Suprema de Justicia, fue criticada por su posible relación de dependencia y subordinación frente al entonces presidente Álvaro Uribe, debido a que se desempeñó como oficial de las Fuerzas Armadas.
Luego de unos meses en el cargo de magistrada y de que por reparto le correspondiera a su despacho conocer de la investigación por presunta manipulación de testigos contra el expresidente Uribe, el periodista Daniel Coronell reveló en una de sus columnas, la supuesta relación laboral que tendría la magistrada con la defensa del actual senador.
La columna se tituló “La Calladita”, en la que cuenta que Lombana laboró como abogada en la oficina que dirige Jaime Granados, y sin embargo no informó sobre ese cargo a la sala plena de la Corte en el momento de su postulación y elección.
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