La CIDH hizo justicia con el Paraguay – Diario ABC Color
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
Es una muy buena noticia que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) haya rechazado por unanimidad, como era de esperar, la absurda pretensión de que el Estado paraguayo indemnice a los prófugos Juan Arrom y Anuncio Martí con 123 millones de dólares. Es lo que terminaron reclamando, entre otros disparates, quienes el 16 de noviembre de 2001 habrían secuestrado a la señora María Edith Bordón de Debernardi –liberada el 19 de enero de 2002–, tras el pago de un rescate de un millón de dólares. Los desvergonzados demandantes alegaron que, desde el 17 hasta el 30 de enero de ese año, habían sufrido una desaparición forzada y torturas en manos de los excomisarios Antonio Gamarra y José Schémbori, así como del exdirector del Centro de Investigación Judicial, Javier Cazal. Estos agentes estatales fueron juzgados y sobreseídos en noviembre de 2003, a pedido del propio Ministerio Público, debido a evidentes inconsistencias en la acusación. La principal consistió en que Arrom había denunciado el 1 de noviembre de 2002, en la comisaría de Itá, que el 19 de enero había perdido su registro de conductor, es decir, un día en que, supuestamente, estaba en cautiverio. El fallo fue confirmado por el Tribunal de Apelación.
Estando en libertad en espera de su procesamiento, las supuestas víctimas escaparon al Brasil en agosto de 2003, para no responder ante la Justicia por el horrendo crimen que habrían perpetrado. Se presentaron en el país vecino como “perseguidos políticos” y en diciembre de ese año lograron el estatus de refugiados, pese a que el Paraguay no estaba sometido a una dictadura y a que no iban a ser procesados por sus ideas políticas. Tenían tanta libertad para difundir tales ideas que fundaron el Partido Patria Libre, cuya caducidad fue declarada por la Justicia Electoral recién en 2012, de acuerdo al art. 77, inc. b), de la Ley N° 834/96, por no haber presentado candidatos en los dos últimos comicios generales pluripersonales. Se hablaba de que el partido de marras tenía como brazo armado a la banda criminal Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), cuya aparición se remonta a la época del plagio referido.
Mal pueden afirmar estos caraduras que no podían confiar en la Justicia paraguaya. Las hermanas de Arrom plantearon en 2018 un habeas corpus genérico para que se declare la prescripción de la causa y se levante la orden de captura contra ambos. La solicitud fue rechazada por la Corte Suprema de Justicia, debido a la condición de prófugos de quienes iban a ser beneficiados por esas medidas. El hecho de que ahora la CIDH haya denegado otra descabellada pretensión es reconfortante no solo para la conciencia jurídica, sino también para el bolsillo de los contribuyentes, entre quienes figura la presunta víctima del atrevido dúo.
En el fallo de 46 páginas se lee, en síntesis, que la CIDH “no estableció la participación estatal en la alegada desaparición y tortura de Juan Arrom y Anuncio Martí, ni por una violación a los derechos a las garantías y protección judiciales”. Alegra tal conclusión, pero entristece que hoy no puedan enterarse de la contundente sentencia las víctimas del EPP ya fallecidas, como Cecilia Cubas, secuestrada y asesinada en 2004, y Luis Lindstron, secuestrado, liberado y más tarde asesinado. Otra de sus víctimas, el hoy senador Fidel Zavala (PPQ), que asistió a la audiencia pública realizada en San José de Costa Rica, afirmó con tino que si nuestro país perdiera el caso, se financiaría un nuevo secuestro, porque Arrom y Martí serían los responsables ideológicos de la referida banda criminal. Por su parte, la señora de Debernardi, quien también asistió a la audiencia pública, sostuvo que “ellos nunca fueron perseguidos políticos (…) son criminales, son secuestradores que no tienen piedad para matar”. Estas elocuentes palabras, que reflejan una bien justificada indignación, se escucharon en un acto público realizado en febrero de este año bajo el eslogan “Ni un dólar para el secuestro”. En efecto, esos 123 millones de dólares habrían servido para potenciar notablemente a la banda criminal, sin perjuicio de que los receptores se habrían podido dar algunos gustos onerosos.
Ha valido la pena que también el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y el canciller Luis Castiglioni hayan estado en la CIDH para demostrar con su presencia que las víctimas no están solas. También ha hecho bien el Gobierno nacional en pedir al brasileño la revocatoria del estatus del que ilegítimamente gozan Arrom y Martí. La cuestión está en manos de la Comisión Nacional de Refugiados (Conare) del vecino país, siendo de esperar que tenga muy en cuenta lo que acaba de resolver la CIDH. Esos dos impresentables deben sentarse en el banquillo de los acusados como cualquier ciudadano indiciado de la comisión de un crimen, de modo que mal haría la Conare en protegerlos para que escapen al juicio oral y público que les espera. Sería deplorable que sus mentiras, evidenciadas en tan alta instancia, aún les sirvan para evitar las consecuencias que deben asumir si se demuestra que han delinquido. Si quieren seguir “refugiados” en el exterior es porque seguramente saben que no sería difícil demostrar su participación en un repugnante secuestro, que inauguró una trágica serie que hasta hoy continúa.
A la vileza han sumado la cobardía. Temen enfrentarse no solo a los agentes fiscales, sino también a la señora de Debernardi, en un juicio en el que saldría a la luz toda su perversidad. Es de esperar que ese día llegue muy pronto. Entretanto, es bueno saber que el Gobierno paraguayo ha cumplido cabalmente con su deber de defender los intereses del país ante una demanda indignante, y que la CIDH tiene magistrados que no se dejan engañar por sinvergüenzas. El Paraguay está de parabienes.
