Congreso salvadoreño desconoce resolución de la CIDH y avanza con la ley de reconciliación
Norman Quijano, presidente de la Asamblea Legislativa, externó que este órgano de Estado continuará el estudio del anteproyecto de Ley Especial para la Justicia Transicional y Restaurativa para la Reconciliación Nacional, entrando así en desacato de la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ordenó al congreso suspender el proceso.
El diputado presidente, externó que el congreso no puede renunciar a su función constitucional de legislar en esta materia. Quijano, asimismo, expuso que continuarán el estudio respetando garantías, víctimas, procedimientos de técnica legislativa y la resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
“Mi respuesta en concreto es que vamos a seguir escuchando a las partes involucradas, tratando de que el producto de este amplio consenso rinda el mejor resultado, sabedores de que en esta materia es imposible pensar que dejaremos satisfechas a todas las partes”, dijo el parlamentario.
Quijano, afirmó que la resolución de la CIDH allana la soberanía nacional ya que si bien El Salvador es suscriptor de convenios y tratados internacionales en materia de Derechos Humanos, la Constitución prevalece sobre estos acuerdos.
Manuel Escalante, subdirector del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, dijo que: “la Corte lo hace como mecanismo de seguimiento de la sentencia, esperamos que los diputados respeten esta resolución judicial, el elemento central aquí es que la Comisión Política debe ser coherente, ya que si va a hacer consultas estas deben ser territoriales y con participación de las victimas”.
Respecto a la resolución de la CIDH el presidente de la Asamblea Legislativa, informó que el canciller de la República, envió a ese órgano de Estado una solicitud en la que requiere un relato pormenorizado del trabajo del congreso salvadoreño, respecto al anteproyecto de Ley de Justicia Transicional y Restaurativa para la Reconciliación Nacional.
La CIDH, además, solicitó al Estado salvadoreño, un informe de los impactos de esta legislación en el acceso a la justicia para las víctimas.
Organizaciones y activistas firman carta colectiva contra ley de reconciliación en la Asamblea
Defensores de los derechos humanos de 10 países firmaron un pronunciamiento conjunto para pedir que no se apruebe la versión de ley de reconciliación que ahora tienen los diputados y con la que se llevarían a juicio los crímenes y delitos de la guerra civil salvadoreña.
“Esta propuesta oficialista ha sido elaborada a puertas cerradas y a través de un procedimiento extraordinario”, reza la carta conjunta. El anteproyecto de ley de reconciliación lo formularon los diputados y cuando invitaron a las organizaciones que representan a las víctimas, era para opinar sobre el anteproyecto ya formulado.
El contenido de la versión de la ley que tienen los diputados ha sido cuestionado con amplitud desde que primero comenzó a discutirse. Las críticas apuntan a que dificulta su aplicabilidad, pone límites de tiempo a las investigaciones y no contempla sanciones ejemplares para los que sean encontrados culpables. Pero el énfasis de las voces en contra de este anteproyecto es la falta de consulta con los que representan a las víctimas.
En la carta conjunta, los firmantes denunciaron que con el anteproyecto “se intenta favorecer a autores intelectuales y altos mandos, concentrando responsabilidad penal en hechores directos” e incluso se limita la cantidad de casos a perseguir por la justicia.
“Si el mencionado Anteproyecto de Ley fuera aprobado en su versión actual, se estaría denegando el derecho a la justicia establecido por diversos instrumentos internacionales”, así como la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2012 por el masacre de El Mozote.
Las organizaciones y activistas abogaron por reconsiderar la propuesta que presentó la Mesa Contra la Impunidad, donde sí se contemplan sanciones y define un marco legal claro para encontrar responsables de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad. También detalla sanciones para estas personas.
También expresaron que es importante hacer una “plena consulta efectiva con las víctimas”.
Los firmantes vienen desde Canadá, Estados Unidos, El Salvador, México, Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela, Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, España, País Vasco, Países Bajos, Inglaterra, Irlanda del Norte.
