Castigo colectivo, nueva estrategia de EU: matar de hambre a la base social del chavismo – Por Álvaro Verzi Rangel
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.Por Álvaro Verzi Rangel(*)
La nueva estrategia de Estados Unidos en su desesperada presión para un cambio de gobierno en Venezuela -que incluye amenazas de invasión-, consiste en un castigo colectivo a la población civil, con el fin de que el malestar social intensificado por el incremento de las dificultades económicas produzca la caída del presidente constitucional Nicolás Maduro.
Para la fase 2 de la Operación Venezuela Freedom del Comando Sur de EU, la base social del chavismo es el obstáculo mayor para acceder al petróleo, la riqueza humana y natural de Venezuela y por eso Washington apura el uso del castigo colectivo contra la población más pobre y vulnerable en su retahíla de provocaciones.
Pero ya las provocaciones no son solo contra Venezuela y lanzó las acusaciones contra Moscú. La portavoz de la cancillería rusa, María Zajárova., señaló que «Las declaraciones sobre la supuesta responsabilidad rusa de la situación en Venezuela son absurdas».
El gobierno de EEUU en su plan de asfixiar la economía venezolana, ahora se ha propuesto atacar los Comité Locales de Alimentación y Producción, y prepara sanciones contra funcionarios del gobierno venezolano relacionados con las cajas de alimentos. El sistema de los CLAP ha resultado efectivo para combatir la reventa, especulación, acaparamiento y contrabando de rubros básicos.
El Comité de Relaciones Exteriores del Senado consideró al programa de alimentación y de distribución de las cajas del CLAP con las que el gobierno venezolano garantiza la alimentación de la población, como una amenaza inusual a la seguridad interna de EU, por lo que los senadores Marco Rubio y Bob Meléndez propusieron una Ley que sancione la distribución de las cajas del CLAP e impida que empresas en cualquier parte del mundo vendan, distribuyan por aire tierra o mar, bancos procesen pagos, de los alimentos.
Esta semana Washington también presionó a algunas grandes corredurías a suspender el comercio de combustible para aviones con Venezuela, bajo la amenaza de tener que enfrentar sanciones, elevando la presión para que el presidente Nicolás Maduro deje el poder. También exigió que los vuelos comerciales no hagan escala en Venezuela.
Varios fondos de inversión han solicitado que se levanten algunas sanciones a Venezuela, puesto que consideran que las emitidas que limitan las transacciones causan daño a las firmas y a los clientes. Mientras, la prohibición de compra de petróleo venezolano ha resultado perjudicial a la industria estadounidense, ya que provocó un incremento del precio del crudo pesado, y han tenido que recurrir a otros mercados para abastecerse, como el ruso, donde el costo del flete es mayor.
A las sanciones, embargos y pirateo de fondos y recursos venezolanos se suman otras medidas coercitivas unilaterales de ataque directo a la población venezolana, lo que marca el carácter indiscriminado e inhumano de mismas, tal como ocurre con las medicinas, equipos médicos y tecnológicos de todo tipo, repuestos automotrices, transacciones de comercio, reservas internacionales, que afectan a toda la población sin distingo de preferencia política, credo, raza o condición social.
A propuesta de Washington, la oposición (la que dirige Guaidó) anunció la contratación del veterano abogado Lee Buchheit para ayudar a reestructurar la deuda y garantizarle a la banca trasnacional su pago. De eso depende en buena parte el financiamiento de la oposición.
Diálogo en Noruega
Las conversaciones en Noruega la semana pasada con representantes del gobierno y la oposición buscaron construir una agenda pacífica en una iniciativa internacional de apoyo para lograr una solución a la crisis, y crearon expectativas positivas tanto en el interior de Venezuela como en las principales metrópolis del mundo, aun cuando el gobierno de EU no se dio por enterado, al menos oficialmente.
Mientras todo intento de negociación entre gobierno y oposición, parte de la necesidad de un llamado a elecciones, el presidente Nicolás Maduro propuso “Hagamos elecciones, vamos a legitimar la única institución que no se ha legitimado en los últimos cinco años”, refiriéndose a la Asamblea Nacional, en desacato, manejada por la oposición y presidida pór Juan Guaidó.
Desde la oposición, la respuesta inicial ha sido de rechazo a la propuesta de elecciones adelantadas (sólo) de la Asamblea Nacional. Y se plantea la salida de Maduro de la presidencia, antes de celebrar elecciones presidenciales, tema por demás difícil de negociar. Mientras, Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Constituyente, dijo que la misma decidió continuar en funciones «al menos» hasta el 31 de diciembre de 2020.
La semana entrante continuarán las conversaciones, esta vez con cuatro representantes del gobierno y cuatro de la oposición y posiblemente con observadotres de EEUU y Rusia. La exigencia de Washington –que repiten los delegados de la oposición- es que Maduro debe irse, mientras que los delegados oficialistas exigen que se creen las condiciones de paz para que se pueda ejercer el mandato.
Lo cierto es que no hay unanimidad en la oposición, ya que mientras el sector de VP (de Leopoldo López y Guaidó) exigen elecciones generales, iniciando por las presidenciales, los partidos Acción Democrática, UNT y Primero Justicia no secundan la propuesta, y AP, Copei, MAS, Cambiemos y Soluciones se han abstenido de opinar..
El dialogo propuesto por Noruega es necesario para llegar a un acuerdo de reconocimiento político que permita devolver la tranquilidad. No se debería tratar de un dialogo entre dos grupos, que solo piensen en sus intereses, sino que busque una solución al conflicto político, con el acompañamiento internacional necesario, pero sin que otros países decidan el destino de Venezuela como Nación.
Cuadro de situación
El cuadro de situación marca que ante los sucesivos fracasos de Washington en su búsqueda de cómplices para una invasión a Venezuela (en la que perdió el apoyo del Grupo de Lima y de la Unión Europea), el Comando Sur estadounidense se replegó en sus amenazas, y Washington decidió dar prioridad a las sanciones económicas y los acreedores –en su mayor parte fondos buitre- se mueven para el pago de la deuda.
En la última semana se realizó una reunión, en el Departamento de Estado de EEUU, de Carlos Vecchio (representante de Juan Guaidó) con Elliott Abrams y Sergio de la Peña, subsecretario de Defensa para el Hemisferio Occidental de EU, quien se desempeñó como agregado militar de EEUU en Venezuela, y ha desarrollado proyectos de simulación de conflictos de baja intensidad.
Pero la promocionada reunión de Vecchio con el vicealmirante Craig Faller, jefe del Comando Sur, para pedirle en nombre del autoproclamado Guaidó una urgente invasión a Venezuela, fue suspendida. Las agencias internacionales cambiaron su libreto y ahora señalan que Washington prefiere ejercer una presión económica y diplomática continua para expulsar a Maduro, postergando –al menos- el uso de la fuerza militar, aunque no las amenazas.
Mientras, en Washington fue tomada la sede diplomática de Venezuela por fuerzas policiales estadounidenses, en contravención a lo establecido por la convención de Viena. Caben resaltar las palabras del reverendo Jesse Jackson ante esta agresión: «La gente debe protestar porque si pueden violar esta ley internacional pueden violar otra».
También continúa la confrontación por medido del embargo financiero que siguen vigente y limita las transacciones bancarias para importaciones. Para circundar las sanciones, Venezuela intenta “utilizar el rublo ruso en acuerdos comerciales mutuos y abandonar las transacciones en dólares”, según, Jorge Valero, representante de Venezuela ante ONU en Ginebra.
Cabe recordar que estas propuestas y decisiones tienen lugar en el marco de los primeros pasos de las negociaciones, que se han comenzado a desarrollar por mediación del gobierno de Noruega.
Las sanciones redujeron la ingesta calórica de la población, aumentaron las enfermedades y la mortalidad (tanto para adultos como para menores) y desplazaron a millones de venezolanos que salieron del país como producto del empeoramiento de la depresión económica y la hiperinflación. O sea, agudizaron la crisis económica e hicieron casi imposible estabilizar la economía,.
Más severas y destructivas que las amplias sanciones económicas de agosto 2017 fueron las sanciones impuestas por una orden ejecutiva (de Donald Trump) del 28 de enero de 2019 y las posteriores de este año; junto con el reconocimiento de un gobierno paralelo que creó un nuevo conjunto de sanciones que son incluso más asfixiantes que las propias órdenes ejecutivas, señala el analista mexicano John Saxe-Fernández.
Las sanciones infligieron daños muy graves a la vida y la salud humanas, incluidas más de 40 mil muertes entre 2017 y 2018, lo que las incluye en la definición de castigo colectivo de la población civil, tal como se describe en las convenciones internacionales de Ginebra y La Haya, de las cuales EU es signatario. Estas sanciones también son ilegales según el derecho internacional y los tratados que ha firmado EU. Pero eso poco le importa a Trump, sus aliados/cómplices y a la oposición radical venezolana.
Honda repercusión tuvo en Venezuela la carta renuncia de Isaías Rodríguez, el embajador venezolano en Italia, acosado por problemas de salud y una deuda de nueve millones de euros que mantiene la representación diplomática con particulares y empresas italianas. “Renuncio, Presidente, a mis dosis de insomnio, estrés, aflicción y a las víboras con cabeza triangular que desde hace mucho tiempo lo acompañan”, señala en la carta, sin identificar a las víboras.
Rodríguez, además miembro de la actual Asamblea Nacional Constituyente, es un dirigente muy querido por la ciudadanía, por su coraje, lealtad y humildad. Fue constituyente en 1999, Vicepresidente ejecutivo y Fiscal General de la República.
(*) Sociólogo venezolano, Codirector del Observatorio en Comunicación y Democracia y del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
