Colombia: la Fiscalía retiene al exjefe de las Farc Jesús Santrich tras ser dado de alta
Dan de alta a Jesús Santrich y lo trasladadan al búnker de la Fiscalía
El Hospital Universitario Mayor Méderi informó que Seuxis Paucias Hernández Solarte, conocido como ‘Jesús Santrich’, fue dado de alta al determinarse que su condición de salud se encuentra restablecida.
Tras mejorar su estado de salud, Santrich fue trasladado de manera inmediata en medio de un fuerte dispositivo de seguridad al Bunker de la Fiscalía donde deberá permanecer recluido de manera provisional a la espera de la audiencia de imputación y medida de aseguramiento en su contra programada para este lunes.
La formulación de imputación de cargos será adelantada ante el juzgado 16 de control de garantías por una fiscalía especializada que investiga a Santrich como supuesto autor de las conductas de concierto para delinquir con fines de narcotráfico y narcotráfico.
El pasado 17 de mayo, un grupo de expertos de Medicina Legal practicaron una valoración del estado de salud de Santrich y encontraron al exguerrillero con heridas suturadas a nivel de miembros superiores.
Adicionalmente, los peritos de Medicina Legal encontraron en su momento una alteración del estado de conciencia y signos neurológicos positivos, por lo cual se solicitó el traslado a un centro asistencial para que el exjefe guerrillero recibiera atención inmediata.
La captura de Santrich fue legalizada tras 12 horas de diligencia en la unidad de cuidados intensivos en la clínica Méderi, donde recibía asistencia especializada el exlider de las Farc
La defensa de Santrich señaló que la audiencia se realizó de manera ilegal ya que su defendido todo el tiempo estuvo inconsciente en ese centro asistencial.
El abogado Gustavo Gallardo insistió que la Fiscalía no cuenta con la competencia para conocer este caso e indicó que espera que este lunes también se defina si la justicia ordinaria esta o no facultada para seguir con dicha investigación.
Procuraduría asigna agente especial por dudas en captura de Santrich
La Procuraduría General aseguró que le ordenó a un agente especial de esa institución que se encargue de verificar las dudas que rodean el proceso de detención del exjefe guerrillero Jesús Santrich, recapturado el viernes justo cuando salía de la cárcel La Picota.
Esta madrugada un juez legalizó su detención considerando que se cumplieron todos los requisitos legales. Sin embargo, el procurador delegado en el proceso apeló la decisión del juez, al igual que los abogados de Santrich.
Los abogados han dicho que la captura no fue legal por al menos tres razones: consideran que aunque Santrich no se posesionó debido a su detención, sigue siendo un aforado constitucional que debería ser investigado por la Corte Suprema; también afirman que la legalización se hizo pese a que Santrich, según la defensa, no se encontraba en un estado óptimo de salud -ni era consciente- para atender la diligencia; en tercer lugar, los abogados alegan que cuando Santrich fue recapturado no estaba en libertad, es decir que, a su juicio, nunca se cumplió con el habeas corpus en el que se ordenaba su libertad inmediata, atendiendo la orden que dio el miércoles la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) al negar su extradición. Esto porque, dice la defensa, el exguerrillero nunca dejó de estar en manos de autoridades del Inpec.
La Procuraduría General le ordenó a un agente especial que verifique las dudas que el procurador judicial penal -que asistió a la audiencia de Santrich- manifestó en medio de la diligencia y por las que pidió que se decretara que la recaptura del exjefe de las Farc no fue legal. Se desconoce si las dudas del procurador coinciden o no con las que por ahora ha manifestado la defensa de Santrich.
La audiencia se llevó a cabo hasta las 4 y 30 de la mañana de este domingo en el hospital Méderi debido al estado de salud en el que se encontraba el exguerrillero, que fue dado de alta ayer en horas de la mañana. Santrich se encontraba en ese hospital debido a las heridas que tenía en sus muñecas, y a una alteración del estado de consciencia, decretado por Medicina Legal y por médicos privados.
El agente especial de la Procuraduría tendrá que revisar cuáles fueron los argumentos del procurador delegado para pedir que se tumbara la legalización de la detención. Así, dice la Procuraduría, tras evaluar esos argumentos el Ministerio Público deberá definir si desiste o no de su recurso en ese caso.
Tras estos hechos, la Procuraduría aseguró en un comunicado este domingo que respalda la competencia que tiene la Fiscalía General para iniciar una investigación contra Santrich por delitos de narcotráfico presuntamente cometidos después de la firma del acuerdo de paz, y solicitar su detención.
El Ministerio Público también dijo que a Santrich «se le garantizaron los derechos a contar con asistencia legal de sus abogados de confianza, a su protección con el traslado al búnker de la fiscalía, a ser examinado y valorado por médicos allegados, así como por un galeno del Instituto de Medicina Legal, y su remisión a una institución médica especializada en un plazo razonable».
Simultáneamente, la Procuraduría está trabajando en el recurso de apelación que presentará este lunes ante la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz de la JEP, con el fin de que se revoque la decisión que negó la extradición de Jesús Santrich y que había ordenado su libertad.
El Ministerio Público aseguró que insistirá en que el expediente sea trasladado a la Corte Suprema de Justicia para que sea esa corporación la que resuelva si extradita o no a Santrich, ya que para la Procuraduría está claro que los hechos por los que es requerido son posteriores a la firma del acuerdo de paz.
‘No toleraré violación de la Constitución y la ley en FF. MM.’: Duque
Por María Isabel RuedaRenuncian el Fiscal y la vicefiscal. ¿Cree realmente que la institucionalidad del país, como dicen algunos sectores, está en evidente fragilidad?
Estamos ante un momento en el que la institucionalidad debe salir fortalecida y no debilitada. Mi responsabilidad como Presidente de Colombia es la preservación de la solidez institucional del Estado social de derecho. Trabajamos permanentemente para que toda la institucionalidad responda a los enormes desafíos que enfrentamos.
¿El caso Santrich no se viene desarrollando de manera un poco caótica?
En el caso de Santrich tenemos dos retos: impedir que la extradición, uno de los instrumentos de cooperación judicial internacional, sea debilitado y ser implacables contra la reincidencia criminal. Con las pruebas que conoce la sociedad colombiana, como es el caso del indignante video en donde se pacta una operación de narcotráfico, y las que fueron anunciadas por la Fiscalía, no hay duda que debe proceder la extradición y una sanción contundente. No hacerlo afectaría la confianza del pueblo colombiano en sus instituciones.
¿El Fiscal se fue por el descuaderne de la JEP o porque él estaba amenazado de que lo iban a remover como fuera?
El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, y la vicefiscal Riveros explicaron clara y abiertamente a la opinión pública las razones de la renuncia a sus cargos. Lamento estas renuncias, ya que hemos trabajado juntos en la lucha contra la criminalidad y la corrupción.
La indignación que expresaron en sus renuncias la sentimos todos los colombianos, pero esperamos que esta turbulencia sirva para que todos nos unamos en la derrota del narcotráfico, la reincidencia criminal, la impunidad, y avancemos en el fortalecimiento de la extradición como herramienta.
Y sumémosle a eso la indigestión de EE. UU. ¿Tiene pensado qué hacemos si nos descertifican?
Antes de posesionarme alerté sobre ese riesgo, por lo que ocurrió en los últimos años. No obstante, Estados Unidos y Colombia somos aliados en la lucha contra el narcotráfico y la criminalidad transnacional. La cooperación binacional entre ambos países no es de hoy y se ha consolidado por un trabajo conjunto y sincronizado.
La plana mayor del gobierno de Estados Unidos ha visitado nuestro país para conocer de primera mano distintos aspectos de la agenda bilateral, como el combate contra el narcotráfico y el esfuerzo humanitario por los migrantes venezolanos. Todos han reconocido nuestros esfuerzos y logros.
Pero el presidente Trump ha estado de manera directa culpando a este gobierno de las cifras de narcotráfico…
El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence; el secretario de Estado, Mike Pompeo; los secretarios de Energía y Trabajo así como otros altos funcionarios conocen, comparten y apoyan nuestras acciones en esos frentes. El propio secretario Pompeo expreso en Cúcuta la dificultad que heredó nuestro gobierno cuando, entre 2015 y 2018, se dio un preocupante crecimiento exponencial de los cultivos ilícitos y se limitaron las herramientas para enfrentar la amenaza.
No veo motivos que ameriten una descertificación por parte de Estados Unidos en la lucha contra las drogas, mucho menos cuando se ha enfrentado el problema con determinación. Pocos países en el mundo han asumido una lucha contra este flagelo como lo ha hecho Colombia. Esta es una tarea conjunta de corresponsabilidad y coordinación y seguiremos adelante.
¿Cree que EE. UU. nos descertificaría por las cantidades de coca sembradas en Colombia, que usted me dirá cuántas heredó, o por el caso Santrich?
Le repito. No encuentro motivos que ameriten que Estados Unidos descertifique a Colombia en la lucha contra el narcotráfico. Ya estamos enfrentando y superando graves aspectos de la mala herencia recibida, especialmente en materia de expansión de cultivos ilícitos. Mientras que en 2013 había 48 mil hectáreas sembradas de coca, en la medición extraordinaria que le pedí al Simci apenas comenzó el gobierno se registraron 206 mil.
Nuestro compromiso con la reducción de esta cifra es permanente. Hemos aumentado los grupos móviles de erradicación de 23 a casi 100 en estos 9 meses. Hasta el pasado 9 de mayo hemos erradicado 26 mil hectáreas de coca. En lo corrido de este año hemos destruido 2.550 laboratorios y cristalizaderos y aumentado en un 43 % la incautación de marihuana. Estamos seguros de que a 31 de mayo lograremos una erradicación superior a la registrada el año pasado entre el 1.º de enero y el 7 de agosto.
El expresidente Uribe dice que la sentencia de la JEP sobre la no extradición de Santrich es la prueba de que en La Habana se pactó un acuerdo de tolerancia con el narcotráfico. ¿Comparte esa tesis?
Coincidimos con el expresidente Uribe y con muchos colombianos en la gravedad de la amenaza del narcotráfico. Y no nos digamos mentiras, si no derrotamos el narcotráfico, está amenazada la construcción de una verdadera paz, es decir, una paz sin impunidad. El narcotráfico en Colombia representa una amenaza al orden público en distintas regiones del país.
Como lo dije esta semana, los asesinatos de líderes sociales, la influencia de carteles en regiones vulnerables, la expansión de los cultivos ilícitos y el debilitamiento de herramientas como la extradición son desafíos que vamos a enfrentar con todas las opciones que nos brinda la Constitución. Colombia no cohabitará con el narcotráfico. Por eso debemos ser implacables con el narcotráfico y la reincidencia criminal.
El expresidente Uribe opina que ante esta desinstitucionalización de la justicia se debe proponer una constituyente. ¿La tiene descartada o sería un plan B?
No creo que una constituyente sea la solución. Las circunstancias que hoy nos indignan requieren que no se debilite la extradición como uno de los mecanismos de lucha contra el narcotráfico, que se fortalezca la cooperación judicial internacional, que no seamos tolerantes con la reincidencia y que existan penas creíbles a los responsables de delitos de lesa humanidad. Reitero el llamado a los partidos políticos, con los cuales empezaré a reunirme desde hoy, para que adelantemos todas las reformas necesarias que nos permitan cerrarles las puertas al narcotráfico y a la impunidad.
¿Qué tan abierta está la brecha entre usted y el Centro Democrático?
El Centro Democrático es mi partido y un pilar fundamental de la coalición de gobierno que nos acompaña y apoya desde el Congreso y en las regiones. Pero yo soy el Presidente de todos los colombianos y busco atender los retos del país pensando siempre por encima de consideraciones partidistas. Eso lo entienden el Centro Democrático y todos los partidos que me han acompañado. Yo gobierno con la plataforma que le propuse a Colombia como candidato de una amplia coalición. No hay ninguna brecha entre el partido Centro Democrático y los partidos de la coalición con nuestro gobierno.
También se habló mucho este fin de semana de un decreto de conmoción interior. ¿Aún lo puede considerar, o está descartado?
La conmoción interior es una herramienta que siempre tiene el Presidente para enfrentar circunstancias claramente definidas en la Constitución.
Se sabe que adelanta contactos políticos con diversos partidos para negociar gobernabilidad y posibles cambios por consenso con la JEP. ¿Eso tiene algún futuro?
Convoqué los partidos políticos para reflexionar y adelantar las reformas necesarias para fortalecer la extradición y cerrarles las puertas al narcotráfico y la impunidad. Colombia requiere que esos intereses superiores se atiendan. Soy optimista por la voluntad que han expresado muchos líderes de los partidos frente a este llamado.
Usted anunció cero tolerancia frente a los avances del asesinato de los líderes sociales y en consecuencia se ha anunciado vincular a un coronel del ejército por el encubrimiento de Dimar Duque, un excombatiente de las Farc. ¿Por qué mataron a Dimar?
Desde el primer día de gobierno expresé que habría cero tolerancia con cualquier violación a los derechos humanos por parte de miembros de la Fuerza Pública. Las investigaciones sobre este caso avanzan con resultados positivos gracias a la rápida cooperación de la Fuerza Pública con la Fiscalía. Los entes de investigación van en la dirección correcta para el total esclarecimiento de esos hechos, y espero que se llegue hasta las últimas consecuencias.
Aprovecho para enviar un mensaje a todos aquellos que han genuinamente abandonado el camino de la violencia: que no haya duda que recibirán el apoyo y las garantías del Estado.
Algunos opinan sobre su gestión, y a juzgar por las encuestas, que le falta pulso. Que unas fueron sus promesas de campaña, y otras, el tono pausado que le ha puesto a su gobierno. ¿Se va a endurecer, o va a conservar su tono reconciliatorio?
Estoy gobernando con el programa que presenté al país. Soy una persona serena y firme a la vez. Hemos sido contundentes para liberar las regiones de criminales como Guacho y Rodrigo Cadete, entre otros; hemos desarticulado redes de narcotráfico, hemos enfrentado la dosis mínima en las calles para liberar espacios escolares y parques en defensa de niñez y la familia colombiana, hemos terminado con Unasur y promovido Prosur con otros gobiernos, hemos promovido la denuncia contra el dictador Maduro por parte de otros jefes de Estado ante la Corte Penal Internacional.
También hemos promovido el cerco diplomático a la dictadura en Venezuela, hemos firmado decenas de extradiciones y al mismo tiempo hemos iniciado un camino de reactivación económica de la mano con claras señales de equidad como el mayor aumento real del salario mínimo en 25 años o brindándoles educación universitaria gratuita a miles de jóvenes vulnerables, entre otros.
No me gusta que la Presidencia sea un púlpito polarizador, creo en gobernar cumpliendo con el programa de gobierno. El tono mío es firme e institucional, y el gobierno avanza conforme a lo que queremos lograr en legalidad, emprendimiento y oportunidades de equidad.
Según un informe del fin de semana del periódico ‘New York Times’, los militares en Colombia están bajo inmensa presión otra vez, y el patrón de muertes sospechosas y encubrimiento ha reaparecido este año. Dice que el general Nicacio Martínez convocó a sus altos oficiales a firmar un formulario en el cual se comprometían a duplicar sus resultados en materia de rendiciones, capturas y muertes. ¿Usted conoció ese formulario?
Las órdenes operacionales que emite un comandante de fuerza a sus subalternos no son del conocimiento previo del Presidente de la República como comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Mi obligación con los colombianos es que todas las políticas, directrices, órdenes y acciones de la Fuerza Pública estén apegadas a la Constitución y a la ley y en sintonía con la directriz de cero tolerancia a la violación de derechos humanos que impartí desde mi primer día de gobierno.
Dice también el ‘NYT’ que un general ordenó a sus comandantes hacer “lo que sea” para aumentar sus resultados, aun si les implica aliarse con grupos armados criminales para obtener información sobre objetivos, en una estrategia de dividir y conquistar… ¿Esa directriz existe?
Me cuesta trabajo creer que la escena que usted describe se hubiera presentado hoy en día dentro de nuestras fuerzas militares porque esas fuerzas son leales al honor militar, a la Constitución y la ley. No admitiré nunca que miembros de la Fuerza Pública hagan alianzas con bandidos, y la Fuerza Pública es la primera en rechazar esas conductas y sancionar a quien opte por ese camino.
Esto iría en contra no solo de la política de cero tolerancia a las violaciones de derechos humanos sino también de los 115 mil uniformados que han sido capacitados en derechos humanos este año.
Dice el ‘NYT’ que se les están devolviendo incentivos a los soldados que incrementen las muertes en combate, como vacaciones extras, en un patrón que se parece a los ‘falsos positivos’ del año 2000…
El caso de Dimar Torres es un ejemplo de cómo la institucionalidad opera eficiente y armónicamente para esclarecer los hechos en este tipo de casos. Las acciones del Estado hablan por sí solas: no se presentó ningún encubrimiento y las investigaciones avanzan con resultados tangibles. Tanto así que apenas la Fiscalía vinculó a un coronel con este caso en particular, las Fuerzas Militares lo llamaron a calificar servicios. He pedido que se llegue hasta las últimas consecuencias.
Denuncia el ‘NYT’ que se hacen operativos militares con solo un 60 a 70 por ciento de credibilidad o exactitud, cuando en el pasado era de 80 por ciento, dejando espacio para que se produzcan cuestionables bajas…
El general Nicacio Martínez ha explicado públicamente en qué consiste esa orden operacional. Le he pedido al ministro de Defensa que explique en detalle todo el desempeño operacional de la Fuerza Pública y además exponga cómo se ha desarrollado la instrucción de cero tolerancia con violaciones de derechos humanos, que es de la esencia de la política de seguridad nacional que lanzó nuestro gobierno.
Se rumora que algunos congresistas norteamericanos irían a pedirle la semana entrante a usted, Presidente, que llame a calificar servicios al general Nicacio Martínez, comandante del Ejército, basados en informaciones de Humans Rights Watch. ¿Atenderá ese pedido?
Me reúno con congresistas y altos funcionarios de Estados Unidos frecuentemente porque quieren apoyar a Colombia. La semana pasada nos encontramos con el senador Rick Scott y con dos miembros del gabinete estadounidense. El general Nicacio Martínez fue designado como comandante del Ejército sin que existiera en su contra ninguna investigación y con una carrera de amplio reconocimiento, como fue mi instrucción frente a todos los integrantes de la cúpula.
¿Y acaso el general Nicacio Martínez no venía con una carrera militar en ascenso desde el gobierno Santos, o fue que se reencauchó bajo este gobierno?
Durante el gobierno pasado, el general Nicacio fue director de Inteligencia del Ejército, comandante de la Cuarta Brigada, comandante de la Quinta División, comandante de la Escuela Superior de Guerra, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, y fue nombrado inspector general del Ejército con la idea de ser el garante del cumplimiento de los estándares militares, incluida la protección de los derechos humanos.
Me es extrañó por qué esos señalamientos aparecen en nuestro gobierno. No obstante, mi instrucción es clarísima y ha sido clarísima siempre: no tolero y no toleraré por parte de ningún miembro de las fuerzas militares ninguna conducta violatoria de la Constitución y la ley.
