Consulta popular rechaza explotación minera en municipio colombiano
Se realizó el pasado domingo la Consulta Popular que decidía sobre si hacer o no explotación petrolera en el piedemonte llanero. El resultado de esta consulta, que se legitimó con la participación de 4.610 personas, fue el triunfo del no a la explotación petrolera con 4.426 votos, más del 96% del total; 151 sufragantes votaron por el sí y 0.5% votos se contabilizaron entre no marcados o nulos.
Según William Eslava, afiliado a la Unión Sindical Obrera (USO) e integrante del Comité por la Defensa del Agua de Tauramena, la decisión por el no va repercutir en los otros municipios impactados por la actividad petrolera en esta región del oriente colombiano, especialmente en Chámeza, Recetor, Aguazul, Monterrey y Nunchía.
Los resultados de esta consulta están muy relacionados con lo que la senadora Maritza Martínez señaló al referirse a la aprobación de la consulta en Tauramena: “es una muestra de la inconformidad de sus habitantes por la afectación ambiental y la intimidación que sienten por parte de las empresas que realizan múltiples labores de exploración sísmica y explotación petrolera”.
La actividad petrolera en la región tiene origen en los comienzos de 1990, con el descubrimiento de los pozos Cusiana en Tauramena y Cupiagua en Aguazul. La mayor accionista de la alianza de explotación petrolera quien manejaba el porcentaje más grande de inversión y de ganancias en la sociedad con Ecopetrol fue la British Petroleum Corporation (BP), de origen británico.
Esta empresa es de ingrata recordación por todo el daño que hizo al ambiente y a la población del Casanare. En su contra existen múltiples denuncias de organizaciones sociales y de personas defensoras de derechos humanos, incluidas la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. El Observatorio de Multinacionales en América Latina (Omal) publicó un informe sobre las actividades de BP, donde señalaba “Persecución a líderes sociales. En el año 1996 varios periodistas británicos cubrieron graves hechos por los cuales la empresa tenía vínculos directos con el Ejército Colombiano, al financiar la implantación de la brigada XVI en Yopal por cerca de 7 millones de libras esterlinas, facilitando el entrenamiento de oficiales de la policía por parte de militares británicos especialmente en lucha contraguerrillera, y en el facilitamiento de información de inteligencia, especialmente sobre líderes sociales que se han opuesto a las políticas de la BP”.
Como resultado de esas políticas, fueron asesinados muchos campesinos de la región, entre ellos: Carlos Mesías Arregí Cerquera, presidente de la Asociación Departamental de Usuarios Campesinos del Casanare el 13 de abril de 1995, en la ciudad de Yopal. Arrigí estaba en compañía de Gabriel Federico Ascencio, otro dirigente campesino de la vereda el Morro, quien también perdió la vida.
Tauramena también fue sacudida por esa violencia. El 15 de junio de 1992 es asesinado Pablo Antonio Buitrago, presidente de la Asociación de Usuarios Campesinos del municipio y en julio del mismo año, es asesinado en la vereda Visinaca, Pablo Barrera, fiscal de la misma organización campesina.
Estas violaciones de los derechos humanos, están debidamente documentadas en el informe que se estregó en el Tribunal Penal de los Pueblos, audiencia petrolera en la cual fueron “acusadas las transnacionales Occidental Petroleum Corporation (OXI), Repsol, British Petroleum Corporation (BP) y el Estado colombiano por haber promovido y facilitado la entrega de los recursos naturales a costa del sufrimiento, la tragedia y la miseria de todo un pueblo”. Esta tribuna se adelantó en Colombia en agosto del año 2007.
Otro informe que profundiza el tema de los crímenes de la BP en el Casanare, es el que aparece en la “Acusación contra las petroleras British Petroleum y Repsol YPF por graves afectaciones humanas y ambientales en Colombia”, presentado por el Colectivo de Colombianos/as Refugiados en Asturias “Luciano Romero Molina”. En este documento se afirma que “en el departamento del Casanare, en las áreas donde trabaja la BP se han documentado 2.653 casos de desaparición forzada y 9.000 casos de asesinatos desde que comenzaron los trabajos de las petroleras hace 20 años”.
En la parte final de esta acusación, se refiere la forma en la que la BP ha afectado la parte ambiental. Señala que la empresa ha producido “Desastres medioambientales asociados a los derrames de crudo y al uso desmedido de recursos naturales limitados como el agua que es devuelta contaminada a los ríos; el secamiento de los ríos Charte, Unete, Cravo Sur y Cusiana. La destrucción de la laguna de El Lipa, ubicada en un santuario natural de 750 mil hectáreas, sitio sagrado del pueblo Guahíbo que fue desplazado y llevado al borde del exterminio. Contaminación de cuerpos de aguas que van a los ríos Arauca y Orinoco”.
Estas realidades permiten comprender la afirmación hecha por Jorge Prieto, el ex gobernador del Casanare (1 de enero de 1998 a 31 de diciembre de 2000), quien “expresó su total decepción por los saldos que dejó la industria petrolera en el departamento y aseguró que en las regiones productoras de crudo la renta petrolera se evaporó dejando tan solo pobreza, corrupción, violencia, contaminación ambiental y descomposición social” (declaraciones publicadas por Confidencial Colombia en el artículo “El petróleo: ¿una maldición para el Casanare?”, de agosto 13 de 2013).
De esta forma, se comprenden los resultados de la consulta popular ganada por el NO a la ampliación de la explotación petrolera en el piedemonte llanero. Sin embargo, es sencillamente “un paso más que se gana en esta lucha que continúa por recuperar nuestra región y salvar lo bueno que queda de ella”, comentó al terminar la jornada William Eslava.
