Mensaje acertado, mensajeros equivocados – El Comercio, Perú
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
Dos hechos vinculados a dos ex presidentes de la República han impactado severamente en la opinión pública durante la última semana. Por un lado, el suicidio de Alan García en circunstancias en las que estaba a punto de ser detenido preliminarmente; y por otro, la prisión preventiva por 36 meses dictada contra Pedro Pablo Kuczynski mientras se encontraba todavía en la unidad de cuidados intensivos de una clínica local a raíz de un cuadro de presión arterial alta.
Por distintas razones, los dos episodios han llamado la atención sobre la posibilidad de que tales instrumentos se hayan convertido en un recurso automático de los fiscales que investigan a personajes políticos, y que los jueces no dudan en validar.
El cuadro tiene antecedentes en los casos del también ex presidente Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, así como en el de Keiko Fujimori, que fueron a su turno privados de libertad bajo el mismo criterio legal (aunque, por el momento al menos, con desenlaces distintos). Y en todos esos trances, lo que se cuestionó es si se había cumplido con los requerimientos que el Código Procesal Penal establece para aprobar cualquiera de las dos formas de reclusión. Esto es, que existiesen elementos de convicción para estimar que la persona a ser sometida a la medida hubiese cometido un delito sancionable con una pena superior a los cuatro años de cárcel y que sus antecedentes o su situación pudiesen colegir un riesgo de fuga o de obstaculización de la investigación de la que era objeto.
La respuesta a esa interrogante ha tenido matices distintos en cada caso, pero lo innegable es que se ha establecido un patrón. Y desde este Diario hemos advertido sobre los peligros del facilismo en el que se está cayendo al hacer de lo excepcional una regla.
Por eso, en principio, no debería sorprender que, en las últimas 48 horas y a través de sendas entrevistas, tanto el presidente Martín Vizcarra como el jefe del Gabinete, Salvador del Solar, hayan hecho ‘reflexiones’ en el mismo sentido…
Pero solo en principio. Porque si bien en ambas ocasiones se insistió en que las observaciones se planteaban dentro del respeto a la independencia de poderes y la autonomía de las instancias involucradas, y –en lo que concierne específicamente al mandatario– que no estaba evaluando “individualmente el trabajo de un fiscal o un juez”, lo cierto es que el sabor que dejan las intervenciones de los máximos representantes del Ejecutivo es exactamente el opuesto.
Se trata, en efecto, de dos autoridades de un poder del Estado llamando la atención sobre el proceder de los representantes de otro, en medio de un contexto tan preciso que no deja margen de duda sobre los destinatarios específicos de la embozada crítica: los fiscales a cargo de las investigaciones relacionadas con Alan García y Pedro Pablo Kuczynski, y los jueces que aprobaron sus pedidos de detención preliminar o prisión preventiva.
Si lo mismo hubiese sido dicho por el secretario general de un hipotético partido oficialista o el vocero de una bancada parlamentaria de igual tendencia, no se habría producido conflicto alguno. Pero como quienes ostentan actualmente el poder carecen tanto de lo primero como de lo segundo, quienes terminan modulando el mensaje son el presidente y su primer ministro.
El mensaje es, pues, acertado, pero los encargados de transmitirlo, no. Y la razón concreta es que con ello dan pie a que, desde las trincheras de los sectores afectados por las investigaciones, se siga argumentando que en los casos que tienen relevancia política el Ministerio Público está actuando bajo instrucción del gobierno.
Una vez más, parecería, la vocación por sintonizar con un sentimiento mayoritario en la opinión pública empuja al Ejecutivo y sus representantes a hablar fuera de turno. Y las consecuencias, de seguro, no se harán esperar.
