Declaran la constitucionalidad de la reforma energética y anuncian plan de protestas
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión declaró constitucional la Reforma Energética a las 11:15 horas de este 18 de diciembre, tras alcanzar el aval de 26 congresos estatales.
Con ello, se modifican los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución y con ello se permitirán los contratos con particulares en la exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos que se encuentren en el subsuelo del país.
Con el cumplimiento del trámite legislativo de haber logrado el aval de la mitad más uno de los Congresos estatales, el presidente de la Mesa Directiva de esta soberanía, Ricardo Anaya Cortés, enumeró las entidades que apoyan a esta reforma y la remitió al Ejecutivo federal para su promulgación y entrada en vigor.
A partir de su promulgación, los legisladores tienen cuatro meses para aprobar las leyes secundarias por mayoría simple.
El viernes 13 de diciembre siete entidades aprobaron la minuta: Chiapas, Querétaro, Veracruz, Estado de México, Baja California Sur, Durango e Hidalgo.
El sábado 14, seis: Sonora, Campeche, Jalisco, Quintana Roo, Coahuila y Nayarit.
El domingo 15, tres: Yucatán, Tamaulipas y Puebla.
El lunes 16, seis: San Luis Potosí, Chihuahua, Aguascalientes, Zacatecas, Nuevo León y Baja California.
El martes 17, tres: Guanajuato, Oaxaca y Sinaloa.
Hoy, 18 de diciembre, se sumó Colima.
Desde el lunes, 16 de diciembre, el presidente de la Comisión de Energía del Senado, David Penchyna, había adelantado que hoy la Comisión Permanente del Congreso de la Unión realizaría la declaración de constitucionalidad de la Reforma Energética y de inmediato la turnaría al Ejecutivo federal para su promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación.
¿Qué contempla la Reforma?
Modifica los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución y con ello se permitirán los contratos con particulares en la exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos que se encuentren en el subsuelo del país.
Asimismo, abre la puerta para que el Gobierno mexicano pueda suscribir contratos con la inversión privada (IP) para la exploración y extracción de petróleo, y que las contraprestaciones para los particulares vayan desde dinero, utilidad compartida hasta la entrega de los hidrocarburos.
La propuesta, impulsada por el PRI y el PAN, planteaba reformas a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, y es una combinación de las iniciativas presentadas por el presidente Enrique Peña Nieto y el partido blanquiazul.
El documento descarta la entrega de concesiones a particulares, y se limita a diferentes modalidades de contratos o licencias para la explotación y exploración de los recursos energéticos.
A pesar de la apertura a la explotación del sector energético, la reforma plantea que “los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la Nación y así deberá afirmarse en las asignaciones o contratos”.
El artículo Transitorio Segundo plantea que los derechos de los trabajadores del sector energético estarán a salvo y en ningún momento se menciona al Sindicato de PEMEX.
Los párrafos clave de la reforma al artículo 27 de la Constitución, así fueron planteados:
“Corresponde exclusivamente a la Nación la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica; en estas actividades no se otorgarán concesiones, sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares en los términos que establezcan las leyes, mismas que determinarán la forma en que los particulares podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica”.
“Tratándose del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, en el subsuelo, la propiedad de la Nación es inalienable e imprescriptible y no se otorgarán concesiones. Con el propósito de obtener ingresos que contribuyan al desarrollo de largo plazo de la Nación, ésta llevará a cabo las actividades de exploración y extracción mediante asignaciones a empresas productivas del Estado o a través de contratos con éstas o con particulares, en los términos de la Ley Reglamentaria. Para cumplir con el objeto de dichas asignaciones o contratos las empresas productivas del Estado podrán contratar con particulares. En cualquier caso, los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la Nación y así deberá afirmarse en las asignaciones o contratos”.
Mientras que en la modificación del artículo 28, se establece la creación del Fondo:
“El Estado contará con un fideicomiso público denominado Fondo Mexicano del Petróleo, cuya Institución Fiduciaria será el banco central y tendrá por objeto, en los términos que establezca la ley, recibir, administrar y distribuir los ingresos derivados de las asignaciones y contratos a que se refiere el párrafo séptimo del artículo 27 de esta Constitución, con excepción de los impuestos”.
En los cambios al artículo 25 constitucional sólo se establecen normas secundarias para regular los contratos que celebren las paraestatales -PEMEX y CFE- con particulares, y el régimen de remuneraciones.
El artículo Transitorio Cuarto plantea los tipos de contratos y contraprestaciones que se podrán establecer con la IP. Las clasificaciones quedan así:
De servicios – Pago en efectivo.
De utilidad compartida – Un porcentaje de la utilidad.
De producción compartida – Un porcentaje de la producción obtenida.
De licencia – Transmisión onerosa de los hidrocarburos tras ser extraídos.
O cualquier combinación de las anteriores opciones.
Además, se impulsa la creación de una Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, la cuál se encargará de vigilar y regular la seguridad de las instalaciones energéticas.
También se propone crear un Fondo Mexicano del Petróleo, en donde se depositarán los recursos que el Gobierno mexicano obtenga por las alianzas con la inversión privada. El artículo Transitorio Décimo Cuarto plantea los porcentajes para el uso y ahorro de los recursos.
http://www.animalpolitico.com/2013/12/declaran-constitucional-la-reforma-energetica/#axzz2nokTVniR
Organizaciones civiles, sociales, fuerzas políticas, progresistas y democráticas, firmaron el Plan de Acción en Defensa del Petróleo, encabezados por el PRD, firmaron el Plan de Acción en Defensa del Petróleo.
Ante la inminente promulgación de la reforma energética del gobierno federal, el PRD anunció la realización de una “magna” movilización el 31 de enero de 2014, así como la intensificación de la campaña para recolectar firmas a favor de una consulta popular en torno a la legislación recién declarada constitucional.
“Nos comprometemos a luchar hasta revertir y echar abajo la reforma energética. Lo haremos por los medios constitucionales y a través de distintas formas de acción, resistencia y desobediencia civil en los diversos terrenos: en lo político, en lo legal, en lo ideológico y en lo social. Rechazamos cualquier acción provocadora y represiva del gobierno al intensificar la campaña de recolección de firmas”, establece el plan firmado hoy por personajes como el fundador del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzan, el actual líder nacional, Jesús Zambrano Grijalva.
En el marco de la firma del plan en defensa de los hidrocarburos, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano convocó a la ciudadanía a sumarse a esta campaña. “De aquí al primer domingo de julio de 2015 estaremos en campaña para llamar al voto que eche atrás estas contrarreformas, ya cumplimos con el requisito de más de un millón de 600 mil firmas para la realización de una consulta popular”.
Cárdenas Solórzano insistió en que “ante la adversidad, después de las derrotas, el pueblo mexicano ha sabido rescatar a la nación; la historia nos enseña que el pueblo ha triunfado cuando ha sabido organizarse en torno a un objetivo fundamental, y hoy es revertir las reformas entreguistas en el campo de la energía”.
Por su parte, Zambrano Grijalva, expresó: “tenemos la plena certeza de que estamos en lo correcto y que la consulta puede y debe hacerse sobre las reformas que el día de hoy se quieren declarar como válidas en el Constituyente Permanente tras el atropello de la aprobación en los congresos locales.
Aquí el Plan de Acción en Defensa del Petróleo:
CONSIDERANDO:
1.- Que la reforma energética aprobada recientemente por las Cámaras de Senadores y de Diputados representa una regresión a la época que antecedió a la expropiación petrolera decretada por el general Lázaro Cárdenas. Significa un despojo al país y al pueblo por el gobierno y los legisladores que votaron a favor, porque se entregan las riquezas y los recursos, patrimonio de todos los mexicanos, al lucro de empresas privadas, en vez de destinarse al bienestar y al desarrollo libre y soberano de la nación.
Sus consecuencias serán tan graves o más a la pérdida de Texas y de la mitad del territorio en el Siglo XIX. Nos convierte en un país aún más dependiente de los intereses de las corporaciones extranjeras y de sus gobiernos. Se consuma un nuevo colonialismo con pérdida de la soberanía nacional.
2.- Que esta reforma es inmoral, ilegítima e inconstitucional. Atenta y rompe el pacto social surgido de la revolución mexicana; desecha los principios que dieron sustento a la Constitución; niega el espíritu del constituyente de 1917 y cancela los beneficios que trajeron las expropiaciones para el pueblo de México, aún a pesar de la enorme corrupción de la clase política gobernante.
Sólo un nuevo constituyente elegido para ello podría hacer una modificación de tal magnitud y con previa consulta plebiscitaria a la ciudadanía.
3.- Que el titular del Ejecutivo federal y los legisladores que aprobaron los cambios a la constitución para privatizar nuestros recursos energéticos están cometiendo el grave delito de “lesa patria” al hipotecar el futuro de la nación y rematar los bienes y riquezas del país. Ello agrava el proceso de descomposición y deterioro de las instituciones de Estado y profundiza la corrupción. Estanos ante la quiebra moral y un acto más de traición nacional por la clase gobernante.
4.- Que al asumir el imperativo ético de actuar ante tal agravio, nosotros, mexicanas y mexicanos conscientes de nuestro deber en la defensa de la soberanía y de los recursos energéticos, hemos decidido firmar el siguiente:
Plan por la unidad y la defensa de la patria.
1.- Rechazamos de manera tajante la reforma energética recién aprobada por legisladores federales por ser entreguista, anti patriota y por violar el espíritu de la carta magna al comprometer el desarrollo independiente, justo, sustentable y soberano del país.
2.- Nos comprometemos a luchar hasta revertir y echar abajo la reforma energética. Lo haremos por los medios constitucionales y a través de distintas formas de acción, resistencia y desobediencia civil en los diversos terrenos: en lo político, en lo legal, en lo ideológico y en lo social. Rechazamos cualquier acción provocadora y represiva del gobierno.
3.- Convocamos a las mexicanas y a los mexicanos, amantes de nuestra patria, a que sin distinción de ideologías, o de creencias, diferencias sociales o filiación política, se incorpore en esta noble y gran tarea que es la defensa de la soberanía y de los recursos energéticos, a rechazar la reforma privatizadora y a participar activamente para revertirla. Estamos convencidos de que la mayoría ciudadana se opone a la privatización.
4.- Estamos convencido que para revertir a privatización es indispensable una gran participación el pueblo y que para ello es necesario la más amplia unidad de todas las fuerzas patrióticas, civiles, ciudadanas, sociales y políticas. Los firmantes del plan promoveremos la unidad en un marco de absoluto respeto a las diferencias, a la autonomía de las organizaciones y a las formas particulares de manifestación y expresión.
5.- Nos comprometemos a impulsar, de manera coordinada, acciones unitarias y campañas permanentes de información para explicar al pueblo el significado y las consecuencias de la privatización energética para el país y para el bienestar de la población. En ese contexto, intensificaremos la campaña de firmas en demanda de que la reforma energética sea sometida a consulta ciudadana.
6- De la misma manera impulsaremos diversos tipos de movilizaciones de manera que, el 31 de enero de 2014, todas ella converjan en una magna marcha nacional y jornada de lucha.
7. Estamos convencidos de que tenemos la razón, y en esta lucha por rescatar para la nación, la soberanía y sus recursos energéticos, no daremos ni un paso atrás.
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