Colombia | Fuerte derrota de Duque: Diputados rechaza sus objeciones a los acuerdos de paz
Derrota política del Gobierno en la Cámara: negadas las objeciones
Con una aplastante mayoría de 110 votos a favor y 44 en contra, el bloque parlamentario a favor del Acuerdo de Paz le propinó el más contundente golpe al presidente en lo que va de su administración. Ni la presencia un momento del fiscal general en la plenaria logró convencer a los indecisos.
La derrota estaba cantada desde que Cambio Radical y los partidos de la U y Liberal se sumaron a la oposición para negar las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Con una contundente votación de 110 a favor y 44 en contra, la plenaria de la Cámara de Representantes acogió anoche la ponencia mayoritaria, en la que le advertía al presidente Iván Duque que sus reparos no eran el camino político para reformar el sistema de justicia transicional. En sus argumentos se afirmaba que las objeciones no eran por inconveniencia, sino por asuntos constitucionales, sobre los que la Corte Constitucional ya se había pronunciado.
“Viva la paz”, se oyó gritar en el Salón Elíptico en el momento en el que el secretario general de la Cámara, Jorge Humberto Mantilla, leía el resultado. “Dejamos claro que estas objeciones no proceden, que el Gobierno lo que hizo fue objetar una sentencia de la Corte Constitucional, que aprobarlas sería una violación a la división de poderes y que aquí hay una fuerza grande, amplia, diversa y lista para defender la construcción de la paz”, señaló la representante de la Alianza Verde Juanita Goebertus, quien asumió el liderazgo en la defensa de los textos de La Habana.
Desde la otra orilla, el representante del Centro Democrático Álvaro Hernán Prada, quien lideró la defensa del Gobierno a las objeciones, reiteró que los motivos del presidente Duque se enmarcaban en el ámbito político y que, en ningún momento, pretendían desconocer el fallo del alto tribunal. “Esta es una gran oportunidad para que no quede media Colombia por fuera, para que todos sintamos la obligación de buscar la manera de quitar esta polarización por la que atraviesa el país”, dijo el congresista del uribismo.
Fueron cuatro horas de sesión, donde más que debate, lo que hubo fue un fuerte pulso de mecánica legislativa en la que el Gobierno, a través del Centro Democrático, buscó la manera de dilatar la votación. Por eso, se arrancó por un bloque de impedimentos que fueron rechazados en su mayoría —excepto los de los cinco representantes del partido FARC—, y hubo un intento, liderado por el representante José Jaime Uscátegui, hijo del general condenado por la masacre de Mapiripán Jaime Humberto Uscátegui, para que quienes apoyaron la mesa de diálogos en Cuba se apartaran de la discusión.
Pero estos intentos por ganar tiempo y desacomodar las mayorías fueron inútiles. La conducción de la plenaria por parte del representante liberal Alejandro Carlos Chacón, presidente de la Cámara, no permitió mayores discusiones ni tampoco les dio rienda suelta a los conocidos discursos “veintejulieros”: las intervenciones fueron por tiempo limitado y en representación de las bancadas. El único incidente corrió por cuenta del representante uribista Edward Rodríguez, quien minutos antes de la votación solicitó la palabra para reconocer la derrota y pedir la renuncia de la ministra de Justicia, Gloria María Borrero.
“¿Error nuestro? Quizás (…) es tiempo de que reconozcamos que no hubo diálogo con Cambio Radical, que ustedes citaron a la ministra (de Justicia) y no fue. Debimos tener más diálogo con el Partido Conservador, con la U, los liberales y con ustedes, la oposición. Trabajemos en lo que nos une, en esa Colombia grande y pasemos la página. Ministra, hoy yo sí le digo: acá nos falta diálogo con el Congreso, transparencia con el Congreso, decirle las cosas por su nombre y, por eso, tenga ese gesto de grandeza y hable con el presidente Duque, a ver si pasamos la página y con su renuncia resolvemos este gran problema”, dijo.
De nada valieron las presiones del embajador de Estados Unidos, Kevin Whitaker, o las advertencias del propio fiscal general, Néstor Humberto Martínez, quien se vistió de jefe de debate de las objeciones y, de bancada en bancada, quiso convencer a los congresistas de respaldar los reparos del Gobierno. De hecho, en horas de la tarde, avanzada la discusión, Martínez se apareció en la plenaria de la Cámara y hay quienes aseguran que le pidió a Chacón que le concediera unos cuantos minutos para intervenir, pero este, por considerarlo inconveniente, no accedió. Sin embargo, el presidente de la Cámara aclaró que el fiscal, como cualquier miembro de los órganos de control, tiene libertad y derecho para hacer presencia en el Congreso. “Nunca le he pedido que se retire ni de este debate ni de cualquier otro”, enfatizó.
Tampoco convenció la presencia en el recinto de medio Gobierno Nacional. Hasta el Salón Elíptico llegaron el alto consejero para Asuntos Políticos, Jaime Amín; el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos; el alto consejero para los Derechos Humanos, Francisco Barbosa, y la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez. Pero ni esta última, siendo la jefa de la cartera política, ni los otros, alzaron en algún momento la mano para pedir la palabra y tratar de defender los argumentos del presidente Iván Duque.
Más allá de lo sucedido, es claro que el trámite de las objeciones a la ley estatutaria de la JEP va a mitad de camino y que ahora, en el paso siguiente y definitivo en el Senado, el Gobierno se medirá para saber si tiene o no el respaldo suficiente para liderar las reformas constitucionales que anunció el jefe de Estado el pasado 10 de marzo, para modificar el sistema de justicia transicional, además de otras iniciativas claves, como el mismo Plan Nacional de Desarrollo e incluso la ya prometida reforma pensional. La discusión en la Cámara alta solo se surtirá después de Semana Santa, cuando ya se haya realizado la audiencia pública en la que se escucharán las voces de las víctimas. Pero sea lo que sea, la ventaja la sigue teniendo el bloque de parlamentarios por la paz que hoy cuenta con las mayorías en el Capitolio.
Resurreción o muerte: el camino que sigue para las objeciones de la JEP
Entre el Congreso y la Corte Constitucional se tardaron 2 años para sacar adelante los 159 artículos que constituyen una columna vertebral para el funcionamiento de la Justicia Especial para la Paz. Hubo momentos de tensión política, no obstante el verdadero suplicio comenzó en diciembre, cuando los magistrados le entregaron al Congreso un articulado modificado que no le gustó a quienes se oponen al proceso de paz.
Así comenzó el viacrucis: después de pasar 50 días engavetadas en el Congreso las normas fueron entregadas al presidente Iván Duque, quien en una alocución presidencial de domingo anunció que se oponía a seis puntos por considerarlos inconvenientes para el país. El trámite que debe tener las objeciones a una ley estatutaria no estaba escrito.
Este lunes, con una apabullante mayoría de 110 votos contra 44, los representantes a la Cámara crearon la primera parte de la historia. Durante cinco horas, los parlamentarios acompañados de dos ministros y el fiscal, debatieron los temas en cuestión hasta que al final le cantaron la derrota al gobierno.
Ahora, moribundos como quedan, estos puntos pasarán al Senado en donde tendrán un trámite igual de inexplorado que el anterior. Solo que con el anuncio de Cambio Radical de votar en contra las objeciones a la JEP se anticipa que no alcanzaran la mayoría y correrán la misma suerte que en Cámara. De ser así, el presidente Iván Duque tendría que sancionar de inmediato la ley estatutaria tal y como salió de la Corte Constitucional, olvidándose de sus seis reparos.
Aunque este es el camino más probable, desde todos los sectores se lanzaron a interpretar el artículo 200 de la ley 5, la cual abrió todo un debate que aún no cesa. Esta norma marca el horizonte en los casos en que una cámara declara fundadas las objeciones presentadas por el Gobierno a un proyecto de ley y la otra las encuentra infundadas: la ley concluye que se archiva el proyecto.
Al respecto hay luz en sentencias de la Corte Constitucional que han dejado claras las reglas para los trámites de objeciones. Al referirse a si se archiva o no todo el proyecto de ley, los magistrados han dicho: «Esa hermenéutica es irrazonable, pues afecta desproporcionadamente la formación de la voluntad democrática. Ese razonamiento implicaría que si el Gobierno objeta 30 artículos de una extensa ley, y las cámaras insisten sobre 28 de ellos, pero discrepan sobre las dos objeciones restantes, entonces habría que archivar la totalidad del proyecto, lo cual es inaceptable, pues existe una clara voluntad democrática de las cámaras de aprobar todo el texto», dice la sentencia C-064 de 2002.
La corte dijo que este caso –en el que el Gobierno objetó por razones de inconstitucionalidad– que se autoriza el archivo parcial de los proyectos objetados, y establece entonces que deben entenderse archivadas únicamente aquellas disposiciones frente a las cuales el Gobierno presentó una objeción. Y tal interpretación no es ninguna innovación ya que lo mismo había dicho en un fallo de 1998.
Ante los medios de comunicación, el presidente del Senado Ernesto Macías aseguró que si no coinciden las cámaras se hundirían solamente las objeciones y no la ley completa. «No es justo que por seis objeciones se hunda toda una ley estatutaria, no veo lógica en esta interpretación», dijo. También el fiscal general Néstor Humberto Martínez señaló que de ninguna forma la ley completa quedaba en entredicho por cuenta de seis objeciones.
Si bien desde el comienzo hubo consenso frente a este escenario, no era claro qué ocurriría si el Congreso no lograba ponerse de acuerdo y no se pronunciaba frente al asunto, por ejemplo, por falta de quórum. ¿En esas circunstancias se archivaría todo el proyecto o solo los artículo objetados?
Para todos los interrogantes que surgieron, la Corte Constitucional emitió un pronunciamiento el pasado 3 de marzo en donde reafirmó su papel supremo. En cualquier escenario, incluyendo el archivo total o parcial de los artículos, la Corte Constitucional será el tribunal de cierre. En el único caso en que no intervendrían los magistrados es si la ley queda tal cual salió de la Corte Constitucional.
Hay quienes creen que en Semana Santa pueden ocurrir milagros y que el Senado podría resucitar los seis puntos que Duque le quiere reformar a la justicia especial, después del golpe de la Cámara. Pero en todo caso la última palabra vendrá de la Corte Constitucional. Llegado ese escenario la corte incluso estudiaría si las objeciones presentadas son –como han dicho los críticos del gobierno– realmente objeciones de inconstitucionalidad disfrazadas de objeciones de inconveniencia y bajo ese criterio reversar las modificaciones hechas por el Congreso.
¿La corte podría llegar a revivir artículos archivados? Es una pregunta frente a la que no hay claridad o respuesta definitiva. De un lado están quienes aseguran que sería absurdo porque la misión de la corte es revisar, artículo por artículo, que ninguno riña con la Constitución y frente al escenario de un no artículo (por su archivo) sería imposible un pronunciamiento. Pero, de otra parte, hay opiones que consideran que justamente de eso se trata esa salvaguarda de la corte: los magistrados se reservaron la última palabra y su facultad se activa si la norma sufre algún cambio. Bajo esa lógica, el archivo de uno o seis artículos es un cambio que activaría la competencia de revisión que tiene la corte como instancia de cierre.
Ese estadio es lo que los analistas han señalado como un duro choque de trenes pues la división de poderes entre el Ejecutivo y el poder judicial (encarnado en la corte) se desdibujaría. Sin embargo, las proyecciones que anticipaba una severa derrota del gobierno en la Cámara también anuncian la misma suerte en el Senado. De ocurrir ello, el choque de trenes no se daría pues el texto tendría que ir al escritorio del presidente quien no tendría opción distinta que promulgar la ley estatutaria sin los reparos que pretendía.
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