En telegrama a la ONU el gobierno de Bolsonaro insiste en negar el golpe de Estado de 1964
El gobierno de Bolsonaro niega a la ONU que en Brasil hubiera un golpe de Estado en 1964 y anuncia que revisará los libros de historia escolares
El gobierno de Jair Bolsonaro insistió en su postura de que en Brasil no existió una dictadura entre las décadas de los 60 y 80, esta vez frente a la Organización de Naciones Unidas.
El ejecutivo brasileño envió un telegrama a la ONU afirmando que «no hubo golpe de Estado» el 31 de marzo de 1964 y que los 21 años de gobiernos militares fueron necesarios «para apartar la creciente amenaza de una toma comunista de Brasil y garantizar la preservación de las instituciones nacionales, en el contexto de la Guerra Fría «.
La comunicación, a la que tuvo acceso BBC Brasil, reafirma una posición en la que el gobierno brasileño ha insistido en los últimos días entre una gran polémica.
Este miércoles, por ejemplo, el ministro de Educación brasileño adelantó que los libros de texto escolares del país serán revisados para transmitir una «idea verdadera y real» de lo sucedido, al defender también la idea de que no existió tal golpe.
El propio Bolsonaro desató la polémica hace unos días al proponer celebrar en los cuarteles militares el 55º aniversario de aquella fecha, lo que provocó la convocatoria de diversas marchas de protesta.
Naciones Unidas, sin embargo, recordó que entre 1964 y 1985 fueron asesinados 8.000 indígenas y al menos 434 disidentes políticos murieron o desaparecieron en Brasil, por lo que es «inmoral e inadmisible» conmemorar «un régimen que trajo tal sufrimiento a la población».
«Inmoral e inadmisible»
En su telegrama a la ONU, el gobierno de Brasil afirmó que «los años 1960-70 fueron un período de intensa movilización de organizaciones terroristas de izquierda en Brasil y en toda América Latina» y que el derrocamiento del entonces presidente João Goulart contó con el apoyo de la «mayoría de la población».
El mensaje fue enviado este miércoles a Fabián Salvioli, Relator Especial de la ONU sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, quien el pasado viernes señaló que el país debía «reconsiderar los planes» de conmemorar el aniversario del golpe de Estado de 1964.
«Los intentos de revisar la historia y justificar o perdonar las graves violaciones de los derechos humanos del pasado deben ser claramente rechazados por las autoridades y por la sociedad en su conjunto», señaló Salvioli en un comunicado.
El relator se pronunció así sobre la polémica abierta por el presidente Bolsonaro, quien la semana pasada aseguró que ni hubo un golpe de Estado en 1964 ni los sucesos de aquel día dieron lugar a una dictadura militar.
De hecho, Bolsonaro propuso al Ministerio de Defensa recordar el pasado fin de semana el 55º aniversario de dicho episodio.
Tras las críticas recibidas por buena parte de la población, el presidente matizó después su anuncio y señaló que se trataba de «rememorar» y no de «conmemorar».
Finalmente, y frente a la convocatoria de manifestaciones de protesta por la propuesta, el Ministerio de Defensa dijo que no haría actos públicos en el aniversario sino «programas internos y paneles para analizar los eventos» ocurridos en aquella época.
En su telegrama, el gobierno brasileño calificó las críticas del relator de la ONU como «sin fundamento», y señaló que Salvioli «debe respetar los procesos nacionales y procedimientos internos en sus deliberaciones».
«Idea verdadera y real» en los libros
El último capítulo de esta controversia lo protagonizó el ministro de Educación de Brasil, Ricardo Vélez, quien anunció que los libros de texto escolares serán revisados para que los niños aprendan «una versión más amplia de la historia».
En declaraciones este miércoles a la revista Valor Econômico, Vélez negó también que el derrocamiento militar del presidente Goular en 1964 fuera un golpe de Estado y describió los posteriores años de gobierno militar como «un régimen democrático por la fuerza que era necesario en ese momento».
Bajo esta idea, Vélez avanzó que los libros de texto escolares deberán «rescatar la visión» de los eventos de 1964 para que los niños puedan desarrollar una «idea verdadera y real» de lo que sucedió.
«La historia brasileña muestra que lo que ocurrió el 31 de marzo de 1964 fue una decisión soberana de la sociedad brasileña», afirmó.
El ministro dijo que el derrocamiento de Goulart fue «un cambio institucional, no un golpe de Estado contra la Constitución de la época».
Por ello, anunció que habrá un «cambio progresivo» en los libros de texto escolares para reflejar «una versión más amplia de la historia».
El presidente de la Asociación Brasileña de Libros de Texto, Cândido Grangeiro, criticó la iniciativa y dijo que cualquier cambio en el material didáctico se basaba, por regla general, en una amplia investigación académica.
Por ello, dijo que su organización se oponía a «cualquier tipo de revisionismo basado en opiniones».
Nazismo «de izquierda»
No es la primera vez que el gobierno de Bolsonaro es acusado de revisionismo.
Este martes, el presidente causó una gran polémica cuando se hizo eco de los comentarios de su ministro de Relaciones Exteriores, Ernesto Araújo, quien había descrito el nazismo como un movimiento de izquierda.
Cuando periodistas le preguntaron después de visitar el Museo del Holocausto Yad Vashem en Jerusalén si estaba de acuerdo con esas declaraciones, Bolsonaro respondió: «No hay duda, ¿cierto?»
Dijo que el nombre del partido nazi era Partido Nacionalsocialista Alemán, lo que implica que tenía una ideología socialista.
Su declaración contradecía la información expuesta precisamente en el museo que acababa de visitar, que dice que el nazismo surgió entre grupos radicales de derecha en Alemania enfurecidos por el auge del comunismo.
A finales de marzo, su visita a Chile causó gran tensión tras hacerse públicas unas declaraciones sobre Pinochet que el mandatario brasileño había realizado años atrás.
«Pinochet hizo lo que tenía que hacer… Tenía que actuar de forma violenta para recuperar a su país», aseguró en un programa de televisión en 2015.
Semanas antes, también recibió críticas al describir como «un gran estadista y un hombre de visión» al gobernante de facto paraguayo Alfredo Stroessner, quien lideró el país sudamericano con mano de hierro durante casi 35 años.
«Va mi homenaje para el general Alfredo Stroessner», dijo Bolsonaro durante un acto en la frontera entre Brasil y Paraguay.
Brasil diz à ONU que não houve golpe em 64 e que governos militares afastaram ameaça comunista e terrorista
O texto é uma resposta a críticas feitas pelo relator especial da ONU Fabian Salvioli na última sexta-feira acerca dos planos do governo Bolsonaro de celebração do 31 de março, então classificadas como «imorais e inadmissíveis».
O governo de Jair Bolsonaro enviou telegrama à ONU (Organização das Nações Unidas) afirmando que «não houve golpe de Estado» em 31 de março de 1964 e que os 21 anos de governos militares foram necessários «para afastar a crescente ameaça de uma tomada comunista do Brasil e garantir a preservação das instituições nacionais, no contexto da Guerra Fria».
O governo afirma que «os anos 1960-70 foram um período de intensa mobilização de organizações terroristas de esquerda no Brasil e em toda a América Latina» e que a derrubada do então presidente João Goulart contou com o apoio da «maioria da população».
A BBC News Brasil teve acesso ao conteúdo integral do telegrama confidencial enviado pelo Itamaraty nesta quarta-feira a Fabian Salvioli, relator especial da ONU sobre Promoção da Verdade, Justiça, Reparação e Garantias de Não Repetição. O conteúdo do texto foi confirmado por membros do governo Bolsonaro e fontes que atuam dentro das Nações Unidas.
O texto é uma resposta a críticas feitas pelo relator Salvioli na última sexta-feira aos planos do governo de celebração do 31 de março, então classificadas como «imorais e inadmissíveis».
Na oportunidade, o argentino afirmou em comunicado que «tentativas de revisar a história e justificar ou relevar graves violações de direitos humanos do passado devem ser claramente rejeitadas por todas as autoridades e pela sociedade como um todo».
«Comemorar o aniversário de um regime que trouxe tamanho sofrimento à população brasileira é imoral e inadmissível em uma sociedade baseada no Estado de Direito. As autoridades têm a obrigação de garantir que tais crimes horrendos nunca sejam esquecidos, distorcidos ou deixados impunes», escreveu Salvioli.
Em sua resposta, o governo brasileiro subiu o tom e classificou as críticas como «sem fundamento». Também disse à autoridade das Nações Unidas que ele «deve respeitar os processos nacionais e procedimentos internos em suas deliberações».
Disputa judicial
Segundo o telegrama do Itamaraty, o «governo defende o direito à liberdade de expressão e de pensamento e saúda o debate público sobre os eventos ocorridos no período 1964-1985 no Brasil».
«Neste contexto, o presidente Bolsonaro está convencido da import’ncia de colocar em perspectiva a data de 31 de março de 1964», continua o texto.
«O presidente reafirmou em várias ocasiões que não houve um golpe de Estado, mas um movimento político legítimo que contou com o apoio do Congresso e do Judiciário, bem como a maioria da população. As principais agências de notícias nacionais da época pediram uma intervenção militar para enfrentar a ameaça crescente da agitação comunista no país.»
Segundo a gestão Bolsonaro, a decisão de instruir as Forças Armadas brasileiras a lembrar a data de 31 de março de 1964 «foi tomada com pleno respeito à lei nacional, incluindo a Constituição Federal».
O governo também destaca que a instrução para a comemoração do golpe foi confirmada pelo Poder Judiciário em 30 de março, «quando o Tribunal Regional Federal declarou que a decisão do presidente é compatível com as prerrogativas de seu alto cargo, respeita a legislação nacional e não viola as obrigações de direitos humanos, de acordo com o direito internacional».
Horas após o comunicado enviado pelo relator da ONU, no último dia 29, uma juíza federal de Brasília atendeu a um pedido da Defensoria Pública da União e proibiu que o governo realizasse eventos relacionados aos 55 anos do golpe militar.
Na decisão, a juíza Ivani Silva da Luz argumentava que a proibição pretendia «a não repetição de violações contra a integridade da humanidade, preservando a geração presente e as futuras do retrocesso a Estados de exceção».
No dia seguinte, um sábado, a desembargadora Maria do Carmo Cardoso, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1), revogou a liminar e liberou comemorações, argumentando que «tendo em vista que existem eventos agendados para amanhã e domingo, dado o tamanho do Brasil e capilaridade das Forças Armadas, algumas unidades estão devidamente preparadas para a realização das cerimônias, as decisões recorridas colocam em risco gravemente a organização da administração, devendo a suspensão das mesmas ser imediata».
No comunicado enviado nesta quarta à ONU, o governo brasileiro ressaltou seu «compromisso com a democracia, o estado de direito e a proteção dos direitos humanos e liberdades fundamentais» e ressaltou que «atos semelhantes (as comemorações do 31 de março neste ano) foram realizados por unidades militares em anos anteriores, sem qualquer efeito deletério ao corpo político brasileiro».
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