Argentina: marchas y actos en todo el país a 43 años del golpe de Estado
Memoria y unidad
Una vez más la Plaza de Mayo y sus alrededores se convertirán este domingo en escenario para ejercitar la memoria cuando organismos de derechos humanos, sobrevivientes y familiares, agrupaciones políticas y sociales pero, sobre todo, madres, padres, hijos e hijas, grupos de amigos, hermanos y compañeros confluyan para recordar a las víctimas de la última dictadura cívico militar, a 43 años de su comienzo. La convocatoria de la mesa nacional de organismos de derechos humanos cita a todos y a todas a las 14 en las cercanías de la Plaza bajo la consigna “Con memoria y unidad luchemos por la patria que soñaron los y las 30 mil”; allí, en donde confluirán con la Asociación Madres de Plaza de Mayo, horas más tarde leerán un documento. La tarde continuará con la movilización hacia el mismo lugar del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia y agrupaciones de izquierda. La Cámpora llegará a la Plaza de Mayo desde la Esma.
“No hay forma de vencer la hipocresía de los Gobiernos que le dan la espalda al pueblo, no hay forma de llegar a construir la patria de justicia social y vida digna por la que lucharon nuestros hijos e hijas sin estar unidos”, reflexionó Nora Cortiñas, una de las Madres de Plaza de Mayo de la Línea Fundadora que ingresará a la Plaza de Mayo sosteniendo la bandera con las fotos de “todos nuestros desaparecidos”.
La mesa nacional de organismos de derechos humanos convoca a participar de la jornada por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia desde las 14. La bandera azul con las fotos de las víctimas, mítica cabecera de la marcha, se extenderá a lo largo de la Avenida de Mayo y avanzará a medida que la calle vaya llenándose de gente. “Memoria” y “Unidad” son las dos palabras que suenan con fuerza en la consigna convocante que eligieron para este año. Sobre el concepto de “Memoria”, Cortiñas coincidió con la presidenta de Abuelas, otro de los organismos convocantes, en que “la memoria no puede faltar”. “No está saldada la historia. Perder la memoria es permitir que las cosas se repitan”, advirtió Carlotto durante la mañana de ayer en declaraciones radiales.
Giselle Tepper, integrante de H.I.J.O.S., puso los dos conceptos en relación para explicar por qué, este año, son la parte fundante de la consigna de la conmemoración por el Día de la Memoria, más allá de su evocación directa a las elecciones presidenciales del próximo octubre. “La unidad es posible si hay memoria”, propuso. “La lucha que los organismos por memoria, verdad y justicia durante y después de la dictadura estuvo atravesada por la unidad, una gimnasia que retomamos con fuerza en los últimos años para tender lazos hacia afuera del movimiento de derechos humanos –aportó–. La fuerte embestida en contra de los derechos de todos y todas, el enorme retroceso que ha impuesto este gobierno en todos los frentes puso en alerta a amplios sectores que solo lograron juntarse con un pañuelo blanco de por medio.”
Para Sandra Maresco, integrante de Familiares, la bandera de los organismos “es la memoria porque sabemos que con ella podemos vencer al olvido y al silencio”. “Este año nos propusimos que esa memoria necesita la unidad de quienes amamos a nuestra patria y al pueblo; de quienes pensamos que una patria justa es posible. Los 30.000 lucharon por esa patria por eso reivindicamos sus sueños”.
La otra parte de la consigna con la que convocan a la manifestación es “libertad a los y las presos políticos”. Los casos de la dirigente social Milagro Sala y el referente mapuche Facundo Jones Huala son los emblemas de este reclamo. En ese sentido, Maresco sostuvo que “el debilitamiento que desde el poder se ejerce sobre nuestra democracia se expresa fuertemente con la persecución a los y las oponentes políticos. Queremos aportar todo lo que sea necesario para recuperar los derechos humanos en Argentina”. “Entendemos que una democracia no es tal si se construye en base a la persecución a quien piensa diferente. Reclamamos su libertad porque creemos en la democracia pero también porque muchos sobrevivientes lo fueron durante el terrorismo de Estado”.
Entre las 16.30 y las 17.30 colmarán la Plaza en donde se leerá el comunicado consensuado entre la decena de organismos que integran la mesa nacional. Las Madres que integran la Asociación Madres de Plaza de Mayo llegarán a bordo del camión con el que desde hace unos años recorren las calles desde su sede, en Hipólito Yrigoyen, hasta la Pirámide que rondan cada jueves. En su convocatoria, la asociación define a las Madres como “la consciencia viva del pueblo” e invita a la manifestación “contra los milicos de ayer y los vendepatria de hoy”. “Macri, su familia, son los mismos de antes. Son los que apoyaron la dictadura e hicieron mucha plata con la dictadura y ahora siguen haciendo plata”, explicó en diálogo con FM La Patriada. “Son gente sin alma, no les importa nada ni siquiera que los chicos se mueran de hambre”, añadió.
La Cámpora llegará a la Plaza de Mayo desde la Esma, punto de partida de la movilización que emprenderán desde las 9 bajo la consigna “por más memoria, verdad, justicia y democracia”. En tanto, las decenas de agrupaciones de derechos humanos, sociales, estudiantiles, sindicales y políticas que integran el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia convocan a reunirse desde las 15 en Rivadavia y Montevideo para caminar hacia la Plaza a medida que avance la tarde. Las consignas del espacio reivindican la lucha de los 30 mil desaparecidos y desaparecidas víctimas del terrorismo de Estado que atestó el país entre 1976 y 1983 y la definición de aquellos crímenes como “genocidio” así como repudian “la represión y la impunidad de ayer y hoy”, el ajuste “del FMI, (el presidente Mauricio) Macri y los gobernadores” y el avance de Estados Unidos sobre Venezuela y América Latina.
Vea también: Marcha del 24 de marzo: Madres y Abuelas convocan a la Plaza de Mayo
Memoria, verdad y mucha demora | El lento avance de los juicios de lesa humanidad
El 40 por ciento de las 611 once causas judiciales por delitos de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado están todavía en la etapa de instrucción y tienen prácticamente todo el recorrido procesal penal por delante. A 43 años del golpe de Estado que significó la aplicación masiva y sistemática de la metodología de secuestros, torturas y desapariciones aplicada por las fuerzas armadas y de seguridad, el dato implica que miles de imputados –cuyas edades promedian los 70 años– morirán inexorablemente antes de recibir su sentencia. La información surge de un exhaustivo informe estadístico de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, que también alerta sobre la reducción del número de represores apresados, la generalización del arresto domiciliario como forma de detención predominante y la demora en la confirmación de las sentencias. Aún en la hipótesis utópica de que este año se elevaran a los tribunales orales las 244 causas en instrucción, habría juicios hasta 2025.
A dos días de un nuevo aniversario del golpe de Videla, Massera y Agosti, la Procuraduría que encabeza la fiscal Ángeles Ramos difundió un nuevo dossier con estadísticas actualizadas sobre las causas por crímenes de lesa humanidad, que además de los datos a nivel nacional presenta información específica de cada una de las secciones judiciales del país.
El dato más alarmante para el movimiento de derechos humanos es el del estado procesal de las 611 causas registradas. Hasta el momento concluyeron 221 juicios (36 por ciento del total) y hay apenas 14 en curso (2 por ciento). Otras 101 investigaciones fueron elevadas a los tribunales orales pero esperan su turno, y el grupo mayoritario (244 causas, que representan el 40 por ciento del total) están en la etapa de instrucción, es decir en manos de un juez de primera instancia o de una cámara federal. Ese porcentaje es además “un número estable”, destaca la Procuraduría, que agrega otro dato preocupante: entre febrero y marzo de 2019 se pospuso al menos el inicio de tres juicios: el denominado “Lona II” en Salta, “Chavanne” en Capital Federal y “Mercedes Benz” en San Martín.
En el mismo sentido, las trayectorias temporales de las causas muestran que insume más de cinco años en promedio la tramitación que va desde la elevación al tribunal oral, pasando por el juicio en sí, hasta arribar a la confirmación definitiva de la sentencia. Ese promedio es todavía mayor en las causas en trámite (5,24 años) que en las que tienen sentencia firme (5,03 años). “Aun suponiendo que las 244 causas que hoy están en etapa de instrucción sean elevadas a juicio durante 2019, podría estimarse que continuarán en trámite al menos hasta 2025”, alerta la Procuraduría. El tiempo mayor de ese proceso (3,76 años) lo insume, después de la sentencia, la etapa de confirmaciones por parte de la Cámara Federal de Casación Penal y la Corte Suprema de Justicia.
Si se analizan las situaciones procesales por personas y no por causas, el estudio muestra que sobre 3161 militares, policías, civiles y religiosos que fueron acusados por algún fiscal, hay 901 condenados (28,4 por ciento) y 142 absueltos (4,5 por ciento). El universo de quienes no escucharon una sentencia lo componen 663 procesados (21 por ciento), 560 que sólo fueron imputados por fiscales (17,7 por ciento), 178 que se beneficiaron con faltas de mérito, 85 sobreseídos, 34 prófugos y 33 que fueron indagados. Los 565 represores fallecidos representan el 17,9 por ciento del total.
El último aspecto analizado se enfoca en las condiciones de libertad o arresto en que los imputados atraviesan los procesos. Casi un millar y medio de represores (1439) están libres: representan nada menos que el 46 por ciento del total. El número de detenido continúa reduciéndose (977, un 31 por ciento del total) y dentro de ese subgrupo “se consolidó el arresto domiciliario como forma de detención predominante”, destaca la Procuraduría: gozan del encierro hogareño 650 represores (en 2015 eran 439), en tanto en cárceles comunes hay apenas 252 (eran 28 tres años atrás). Otros 74 están en la unidad penal ad hoc en Campo de Mayo (ex sede del mayor centro de tortura y exterminio del país) y el restante en una dependencia de Gendarmería.
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