Bachelet presentó su informe sobre Venezuela como alta comisionada de DDHH de la ONU
Bachelet: Sanciones de EE.UU. a Venezuela agravan su economía
La alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, manifestó su preocupación por las recientes medidas arbitrarias (sanciones) estadounidenses contra Venezuela, ya que podrían empeorar la situación económica del país.
«Me preocupa que las recientes sanciones, impuestas a las transferencias financieras relativas a la venta de petróleo venezolano a EE.UU., puedan contribuir a una agravación de la situación económica y repercutir en los derechos humanos y el bienestar del pueblo», expresó Bachelet.
Durante la 40ª sesión del Consejo de los Derechos Humanos que se realizó en Ginebra, ciudad de Suiza, la alta comisionada señaló que los problemas económicos y sociales en Venezuela comenzaron a agudizarse tras las imposición de sanciones económicas estadounidense.
La expresidenta de Chile reconoció también que, a pesar de las sanciones que enfrenta Venezuela, el Gobierno de Nicolás Maduro atiende los problemas de salud, alimentación y servicios básicos de la población.
Desde EE.UU. se ha emprendido una campaña mediática para irrumpir con la democracia y la paz del país suramericano, debido a que la Revolución Bolivariana no responde a los intereses imperialistas.
En 2015 comenzaron las sanciones por parte de EE.UU. y, desde entonces, Venezuela ha venido enfrentando un bloqueo financiero que le impide cumplir con sus compromisos económicos internacionales, situación que crea una profunda inestabilidad social y económica.
Bachelet: Autoridades venezolanas no reconocen la gravedad de crisis
Michelle Bachelet, alta comisionada de la Onu para los derechos humanos, destacó que las condiciones en Venezuela “han seguido deteriorándose desde 2018” y que grupos vulnerables como niños, mujeres embarazadas, ancianos y pueblos indígenas se han visto particularmente afectados.
La funcionaria, que se refirió a la visita de sus comisionados al país, expresó su preocupacón por la crisis de derechos humanos en la región. Destacó que en Venezuela existe una crisis de “gravedad” que alcanzó el área de salud, servicios básicos y alimentos.
“Esto no ha sido reconocido por las autoridades venezolanas y las medidas que han adoptado no han sido suficientes”, expresó.
Bachelet también habló sobre la reciente falla eléctrica registrada el 7 de marzo y aseguró que se desconoce el número de víctimas. “Este apagón encarna los desafíos de infraestructura que enfrenta Venezuela”, señaló.
La comisionada explicó que la escasez de agua, de gas, y la crisis en el transporte público afecta a gran parte de la población. “Junto con la hiperinflación, esto genera condiciones económicas extremas que han provocado miles de protestas sociales”, aseguró.
También destacó que el sector de salud “continúa deteriorándose” y que tiene un impacto significativo en mortalidad infantil y morbilidad materna. También denunció que en el país existe una propagación de enfermedades infecciosas que anteriormente permanecían erradicadas.
En materia de educación, la comisionada indicó que más de un millón de niños ya no asisten al colegio y que esto se debe a que, principalmente, los padres no cuentan con los recursos suficientes, al fracaso de los programas de alimentación escolar, la crisis de transporte y ausencia de docentes.
“Si bien esta crisis económica y social generalizada y devastadora comenzó antes de la imposición de las primeras sanciones económicas en 2017, me preocupa que las recientes sanciones puedan contribuir a agravar la crisis económica” manifestó Bachelet.
Expresó que se siente “profundamente preocupada” por las circunstancias políticas en Venezuela, las cuales considera con “reducción del espacio democrático”, y condenó las acciones de las Fuerzas Armadas de Nicolás Maduro en contra de las protestas pacíficas.
Bachelet aseguró que su equipo documentó el uso excesivo de la fuerza con homicidios, detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos bajo custodia, al igual que amenazas e intimidaciones.
Asimismo, destacó que permanecen en labores de investigación sobre ejecuciones extrajudiciales por las fuerzas de seguridad.
La comisión de la ONU, se encuentra en Venezuela desde el 11 de marzo. Luego de finalizar la visita, el 22 de marzo el equipo elaborará un informe que sirva de base para una posible visita de la Alta Comisionada, Michelle Bachelet, quien fue invitada por el gobierno venezolano.
Informe oral de actualización sobre la situación de derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela
Declaración de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet
40º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos
20 de marzo de 2019
Señor Presidente,
Miembros del Consejo de Derechos Humanos,
Excelencias:
La Resolución 39/1 pidió un informe oral de actualización sobre la situación en la República Bolivariana de Venezuela. Estoy sumamente preocupada por la magnitud y la gravedad de la repercusión de la crisis actual sobre los derechos humanos, que constituye además un inquietante factor de desestabilización regional.
Un equipo técnico de mi Oficina se encuentra actualmente en el país. Considero que esta es una primera medida positiva y confío en que conducirá a un acceso continuo de la Oficina en el futuro. Es esencial que el equipo tenga acceso total e irrestricto, y que no se den represalias contra ninguna persona que se haya entrevistado o haya tratado de entrevistarse con ellos.
Desde junio de 2018 -la última vez que publicamos un informe sobre Venezuela- el ejercicio de los derechos sociales y económicos ha seguido deteriorándose continuamente. Los grupos de población más vulnerables, tales como los niños, las mujeres embarazadas, los ancianos y los pueblos indígenas se han visto especialmente afectados. Por ejemplo, las arduas condiciones de vida obligaron a un número considerable de miembros de la etnia warao a cruzar la frontera con Brasil, en busca de alimentos, atención médica y otros servicios básicos.
Las autoridades se han negado a reconocer las dimensiones y la gravedad de la crisis en materia de cuidados médicos, alimentación y servicios básicos, por lo que las medidas que han adoptado no han sido suficientes.
La reciente interrupción del abastecimiento de fluido eléctrico que afectó a todo el país ha agravado esta situación, al reducir aún más el acceso de la población a los alimentos, el agua y los medicamentos, y también ha afectado gravemente a los hospitales. Todavía no se conoce todo el alcance de los daños ni el número de víctimas directas, pero este prolongado apagón simboliza los problemas de infraestructura que afronta el país. La escasez de agua y de gas natural y el colapso del transporte público también siguen afectando a muchas personas; esta situación, combinada con la hiperinflación, genera atroces condiciones económicas que han desencadenado miles de protestas sociales.
El sistema de atención sanitaria sigue deteriorándose, lo que repercute considerablemente en la mortalidad y morbilidad materna, la mortalidad infantil. La propagación de enfermedades infecciosas, que habían estado previamente bajo control, es el foco de la reciente campaña de vacunación implementada por el Gobierno con la ayuda de la Organización Panamericana de la Salud.
Según una encuesta reciente, más de un millón de niños han dejado de asistir a la escuela, la mayoría porque sus padres no pueden proporcionarles el desayuno, porque los programas de almuerzo escolar han colapsado, por la escasez de transporte público a precios asequibles, o por la falta de docentes y personal escolar, muchos de los cuales han abandonado el país.
Aunque esta devastadora crisis social y económica comenzó antes de la imposición de las primeras sanciones económicas en 2017, me preocupa que las recientes sanciones sobre las transferencias financieras derivadas de la venta de petróleo venezolano en los Estados Unidos puedan contribuir a agravar la situación económica, con posibles repercusiones sobre los derechos básicos y el bienestar de la población.
Asimismo, me preocupa profundamente la reducción del espacio democrático, en particular la continua criminalización de la protesta y la disidencia pacíficas. En el contexto del auge de las protestas antigubernamentales ocurridas en todo el país en los dos primeros meses de este año, mi Oficina documentó numerosas violaciones y abusos de derechos humanos perpetrados por las fuerzas de seguridad y los colectivos armados progubernamentales, incluyendo el uso excesivo de la fuerza, asesinatos, detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos en condiciones de detención, así como actos de amenaza e intimidación. Sobre muchas de estas preocupaciones hemos hecho hincapié en nuestros comunicados de prensa, y en el informe que presentaremos al Consejo durante el periodo de sesiones de junio ofreceremos información detallada al respecto.
La Oficina del Alto Comisionado ha seguido investigando las denuncias de posibles ejecuciones extrajudiciales realizadas por las fuerzas de seguridad. En 2018, se informó de al menos 205 muertes atribuidas a las FAES. Otras 37 personas fueron presuntamente asesinadas en enero de 2019 en Caracas. Al parecer, algunos de estos asesinatos se han producido según un patrón similar: ocurren durante allanamientos ilegales de domicilio realizados por las FAES, y posteriormente estos órganos notifican el fallecimiento como resultado de una confrontación armada, aunque los testigos declaran que las víctimas no portaban armamento alguno. En determinados casos, los parientes de las víctimas denunciaron que la Oficina del Fiscal General se había negado explícitamente a iniciar investigaciones contra miembros de las FAES. La mayoría de las víctimas vivía en barrios pobres y había participado en protestas antigubernamentales. Me preocupan particularmente los informes que indican que las operaciones de este tipo se utilizan como una forma de represalia e intimidación.
También me inquieta el aumento de las restricciones a la libertad de expresión y de prensa en Venezuela y las alegaciones de que las autoridades han usado arbitrariamente la ley contra el odio, aprobada en noviembre de 2017, para imputar a periodistas, dirigentes de la oposición y a cualquiera que exprese opiniones disidentes, lo cual termina por generar autocensura. Este contexto tiene una importante repercusión sobre el derecho de las personas a la información.
Un resultado directo de esta vasta crisis humanitaria es que más de 3 millones de personas han huido de Venezuela, en busca de comida, atención médica, empleo y protección. Muchas de ellas han partido en precarias condiciones de salud y con poco dinero, a veces sin ninguno; y sus dificultades se multiplican por las prácticas habituales de extorsión y confiscación empleadas por algunos agentes de fronteras. Asimismo, los venezolanos se enfrentan a enormes obstáculos para conseguir la documentación que les permita facilitar la migración ordenada y el acceso a la educación y el empleo en otros países.
Los países de la región se han visto confrontados a la llegada masiva de personas que a menudo presentan necesidades humanitarias urgentes y cuyos derechos humanos requieren protección. Esas personas necesitan que se realicen esfuerzos considerables y coordinados de regularización y reunificación familiar, y a veces necesitan también acceso urgente a la atención médica, comida y vivienda, así como al empleo o la educación. Aplaudo los esfuerzos que han realizado los países receptores de la región para abordar las necesidades de los refugiados y migrantes venezolanos y les aliento a que continúen el combate contra la xenofobia y la discriminación, y mantengan el acceso a su territorio.
Excelencias:
La polarización está agravando una situación ya de por si crítica. Es preciso que se alcance un acuerdo sobre una solución política para todos los interesados, con medidas para mejorar una amplia gama de problemas urgentes de derechos humanos. Exhorto a las autoridades a que adopten esas medidas para demostrar su compromiso real con la resolución de los numerosos desafíos presentes en todo el país. Y quiero insistir en el compromiso permanente de mi Oficina de trabajar con todos los interesados pertinentes en los esfuerzos que realizan para mejorar la situación de derechos humanos en Venezuela.
Muchas gracias, señor Presidente.
Oficina del Alto Comisionado de DDHH de la ONU
