Organismos de inteligencia de EEUU y el escándalo de corrupción judicial argentino – Por Rubén Armendáriz

Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.Por Rubén Armendáriz *

El juez federal Alejo Ramos Padilla, tras el procesamiento del falso abogado Marcelo D’Alessio, dejó en claro la comunión entre servicios de inteligencia y justicia que atentan contra el sistema democrático utilizando extorsiones, coacciones, carpetazos, causas y abogados falsos para exigirle dinero a ciudadanos para armar y dirigir causas judiciales, con el apoyo de organismos estatales estadounidenses y quizá también israelíes.

El magistrado denunció una asociación ilícita “dedicada a realizar operaciones de inteligencia y acciones psicológicas sobre varias personas que luego eran extorsionadas o coaccionadas, se las hacía entrar en pánico para que finalmente declararan de un determinado modo, se transformaran en arrepentidos o entregaran dinero”.

El procedimiento es muy similar al puesto en escena en Brasil por el juez Sergio Moro (hoy recompensado con el Ministerio de Justicia) en el caso Lava Jato, de sobornos de la trasnacional Oderbrecht, con el fin de encarcelar al expresidente Lula da Silva e impedirle participar de las elecciones. En este caso lo que se buscaba era la prisión de la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner, para impedirle presentarse en la contienda electoral, adversando al actual presidente Mauricio Macri.

En esta caso todo este entramado está destinado a la meta final: llevar presa a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner e inhabitarla para las elecciones de octubre próximo. Esta semana, la Corte Suprema rechazó un recurso de la ex presidenta contra el procesamiento con prisión preventiva en el caso del memorando de entendimiento con Irán (que nunca se aplicó aunque fue aprobado por el Congreso en 2013), para establecer la verdad sobre el atentado contra la Asociación Mutual Israelita-Argentina (AMIA) perpetrado en julio de 1994.

Para la expresidenta, esta causa es parte de la persecución política iniciada por el suicidado fiscal Alberto Nisman y que lleva cabo el juez Claudio Bonadío (sindicado dd estar vinculado a los organisnmos de inteligencia de EEUU y citado en las investigaciones del juez Ramos Padilla) contra ella y otros funcionarios y líderes sociales, después que había sido desestimada la denuncia en una resolución por el juez Daniel Rafecas en 2015.

Esto fue utilizado por fiscales y jueces afines al gobierno actual, para pedir el juicio político contra la ex presidenta, responsabilizándola de la muerte de Nisman. El gobierno de Macri revivió artificialmente la causa.

«Ya van 15 indagatorias. Doce pedidas por Bonadío y 10 por Stornelli. Y algo inédito en la historia judicial argentina: la última vez me citaron a ocho indagatorias en un día. Sólo durante las dictaduras se expuso tan claramente un sistema donde los opositores al régimen no tienen ni derechos ni garantías constitucionales y los oficialistas gozan de toda la impunidad política, judicial y mediática», señaló Cristina Fernández.

Modus operandi mafioso y criminal

Extorsiones a empresarios, amenazas de muerte a abogados del fuero federal, filmaciones, fotografías, seguimientos de periodistas, opositores, informes de inteligencia y contrainteligencia, manipulación psicológica y mediática, intervención de agencias estadounidenses y el uso de agentes orgánicos e inorgánicos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), develó la investigación, que demuestran la corrupción en la justicia , que prácticamente han hecho desaparecer el estado de derecho, siguiendo -ahora- los lineamientos del gobierno de Mauricio Macri.

Las revelaciones que surgieron de la documentación incautada al agente de inteligencia y falso abogado Marcelo D’Alessio, en la que se advierte un accionar «mafioso» que «denigra a la justicia e involucra a funcionarios, jueces, fiscales y periodistas de medios (como Daniel Santoro) del Grupo Clarín», ligados al gobierno. Ramos Padilla, juez federal de Dolores, ratificó su competencia tras rechazar los planteos de su par capitalino Julián Ercolini, y fundó la presentación de 943 fojas lacradas y selladas ante la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia del Congreso de la Nación.

El 6 de marzo, el abogado José Manuel Ubeira (otra víctima del dúo D’Alessio y Stornelli) denunció en cinco carillas:“(…) Stornelli –viejo y querido amigo- puso en peligro a mi familia y a mi persona. Todo ello a la luz de las credenciales de organismos de inteligencia y represión de los Estados Unidos de Norteamérica, que fueron incautadas en el domicilio del imputado D’Alessio”.

En un cuaderno de D’Alessio, quien estuvo cuatro horas con Stornelli en el balneario Pinamar, fue escrita esta frase. “Operación Ubeira: a sangre fría”, quizá recordando el asesinato de una familia, que narró el escritor estadounidense Truman Capote.

Ramos Padilla dividió sus fundamentos en cuatro anexos documentales, que revelan un sistema perverso y anticonstitucional de operaciones de inteligencia, que supuestamente habría realizado D’Alessio junto a los imputados de asociación ilícita y extorsión, Aníbal Degastaldi y Ricardo Bogoliuk, ex comisarios de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, desafectados de esa fuerza por corrupción, a quienes D’Alessio los señaló como sus jefes dentro de la AFI.

El juzgado, más allá de las 225 fotocopias que acompañaron el fallo, escaneó toda la documentación incautada en el domicilio de D´Alessio: legajos de inteligencia, de registros de llamadas telefónicas, informes remitidos desde fuente gubernamental de EEUU, informes de movimientos migratorios, anotaciones manuscritas en cuadernos sobre las operaciones llevadas a cabo, manuales de inteligencia, “observándose correspondencia entre la información manuscrita e impresa, en especial con los archivos digitales que se encontraban en sus computadoras y teléfonos”.

EEUU, Israel en la trama

El 1 marzo, el juez Ramos Padilla resumió los siguientes elementos de prueba: “Actividades de espionaje ilegal en nuestro país por parte de Marcelo Sebastián D’Alessio como posible agente de la Drug Enforcement Administration (DEA) o de otra agencia de inteligencia de los Estados Unidos en posible connivencia con agentes y/o ex agentes orgánicos o inorgánicos de la AFI”.

Tendría vinculación principalmente con operaciones de narcotráfico y terrorismo –como demuestran investigaciones judiciales de trascendencia tales como la “mafia de los contenedores”, el “doble crimen de Unicenter”, el “triple crimen de General Rodríguez”, entre otros”.

El juez señala que se ha hallado documentación interna de la AFI en poder de D´Alessio en formato digital, así como informes que aparecen con membretes de la AFI, de la Embajada de los Estados Unidos y del Ministry of Defense del Estado de Israel, entre otros., y material fílmico y fotográfico de las operaciones que habría realizado, así como documentación con datos sensibles y de la intimidad de las personas investigadas (objetivos), tales como listados de llamadas entrantes y salientes, informes migratorios, domicilios, historial laboral y financiero y recolección de datos personales diversos”.

En una conversación con el empresario extorsionado Pedro Etchebest (quien lo filmó, fotografió y grabó), DÁlessio admite haber trabajado para la agencia antinarcóticos estadounidense DEA. El juez señala que en sus declaraciones dijo que “debía comunicarse con Gustavo Arribas (jefe de la AFI) o la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich, y en el que refirió que poseía información cuya difusión podía resultar violatoria de la Ley Nacional de Inteligencia o poner en peligro la seguridad nacional –lo que ratificó en audiencia indagatoria”.

El juzgado recabó, asimismo, legajos e informes sobre operaciones de inteligencia y contrainteligencia obrantes en sus computadoras –. Operaciónes Jaitt, Traficante, Fantino, etc.-; informes remitidos a R.B. y Ricardo Bogoliuk (comisario coordindor general de la Policía bonaerense) sobre la ideología política de periodistas, entre otros; registros fílmicos y fotográficos, legajos de información identificatoria de objetivos –domicilios, teléfonos y datos personales-, casi todos de renombre público.

Ante el juez, DÁlessio confesó la maniobra con uso de cámara oculta para involucrar a José Manuel Ubeira en un posible hecho ilícito (en connivencia con el fiscal federal Carlos Stornelli), así como la posible coacción a Gonzalo Brusa Dovat para forzar su voluntad a denunciar presuntos hechos ilícitos cometidos en una empresa relacionada a la filial argentina de la estatal petrolera venezolana PDVSA.

En el legajo se encuentran también decenas de mensajes intercambiados con el diputado ultraderechista Alfredo Olmedo y una comunicación reservada de la embajada de EEUU que descree del éxito de la candidatura a presidente de Olmedo, cuyo vicepresidente fue hasta enero, el ex jefe del jefe del ex Servicio de Inteligencia del Estado (SIDE) durante el gobierno de Carlos Menem, Juan Bautista “Tata” Yofre.

Asimismo, se hallan múltiples mensajes intercambiados con la diputada de la macrista Coalición Cívica ARI, Paula Oliveto, y encuestas sobre “la credibilidad” de periodistas; una conversación con el fiscal Stornelli sobre un ciudadano peruano que buscaban por haber robado dinero de una causa a cargo del fiscal , una conversación con un supuesto venezolano antichavista donde D’Alessio habló de “extraer” a alguien o algo por medio de un avión, y fotos de DÁlessio con placas del FBI y ropa de la DEA.

En el sumario aparece una grabación que realizara el empresario Etchebest cuando D´Alessio lo extorsionaba, donde el falso abogado señaló que el periodista Santoro es el jefe de prensa de la diputada oficialista y manipuladora judicial Lilita Carrió, jefe de la sección judicial del diario Clarín “que ha volteado gobiernos”.

Carlos (Stornelli) es Macri puro, es Angelici (presidente del club Boca Juniors y manipulador judicial de Macri) puro”, señaló DÁlessio, quien habló también la participación del juez Carlos Bonadío (quien alquiló una suite en el hotel Four Seasons para las reuniones del grupo) y de sus trabajos para la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, con fuertes vínculos con el gobierno y la inteligencia israelí.

* Periodista y politólogo, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)