Ecuador: siguen las protestas contra la violencia de género, los femicidios y la xenofobia
Protestan contra la violencia de género
Mónica Andino, coordinadora nacional de la Coordinadora Política de la Mujer Ecuatoriana (CPME) en Zamora Chinchipe, da a conocer su punto de vista respecto a las movilizaciones que se realizan a nivel nacional en contra de la violencia de género y la xenofobia.
Andino manifiesta que Zamora Chinchipe también levantó su voz por todas las mujeres violentadas y asesinadas, esto mediante un plantón que se realizó el lunes último, en el redondel de Naya La Chapetona, de la ciudad de Zamora.
Indica que el pueblo ecuatoriano, y de manera particular las mujeres, se tomaron las calles y las plazas indignadas por los femicidios, las violaciones y los crímenes que evidencian “la verdadera esencia de una sociedad enferma y corrupta”.
“Nos movilizamos para expresar nuestro rechazo a un Gobierno inútil, sin autoridad para garantizar el cumplimiento de las leyes y la vigencia de los derechos de las mujeres”, enfatiza la activista.
Señala que la violación masiva a Martha y el asesinato a Diana han generado indignación y rechazo en todo el país, porque estos no son hechos aislados ya que cada tres días es asesinada una mujer.
Manifiesta que el país vive en la inseguridad, desmoronado por la corrupción, la inequidad y la injusticia; y con un incremento de delitos sexuales, aumento del narcotráfico y de otras formas de violencia.
Finalmente, indica que el 30 de este mes se movilizarán a la ciudad capital para participar en la marcha convocada por el Frente Unitario de Trabajadores y organizaciones sociales, en pos de la libertad, la justicia y vigencia plena de los derechos humanos. (WRSA)
TOME NOTA
Durante el plantón gritaron consignas contra la violencia, la xenofobia y los femicidios.
Radíografía de la violencia machista en Ecuador
A pesar de los últimos avances, la conquista de los derechos de las mujeres en Ecuador continúa siendo una asignatura pendiente. Lo saben muy bien Patricia Gálvez, Mónica Alemán y Cecilia Delgado, tres destacadas lideresas ecuatorianas con las que trabajamos desde Ayuda en Acción y que esta semana visitan España para dar a conocer la situación de las mujeres y las niñas en su país. Con ellas hablamos sobre los principales retos pendientes para erradicar la violencia machista en este país latinoamericano donde solo entre 2014 y 2018 fueron asesinadas más de 600 mujeres.
Acercar la ley a la calle
Uno de los principales logros en la lucha contra la violencia machista en Ecuador es la Ley Orgánica Integral para la Prevención y Erradicación de la Violencia Contra la Mujeres, en marcha desde finales de 2017. Frente a su antecesora, la nueva norma presta especial atención a la prevención, extiende el concepto de violencia de género más allá del ámbito familiar y pone el foco en la mujer como sujeto de derechos.
Sin embargo, para que la ley no se quede en papel mojado, insisten estas lideresas, la voluntad política y la sensibilización ciudadana resultan fundamentales. “Tenemos leyes muy buenas, pero son leyes escritas que no se conocen en la calle, sobre todo en las zonas rurales”, asegura Cecilia Delgado, defensora comunitaria de los derechos humanos de las mujeres en el país. También insiste en la importancia de destinar más recursos y simplificar el procedimiento para pedir ayuda y denunciar: “no es una atención ágil y efectiva. Algunas mujeres dejan a medias sus procesos y no llegan al final porque sienten una gran insatisfacción, les falta asesoría, acompañamiento…”.
Sensibilizar en igualdad de género
“Aunque pegue, aunque mate, marido es”. Mónica Alemán, presidenta del Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres, lamenta que este dicho popular aún represente la opinión de parte de la población ecuatoriana. Recuerda que tradicionalmente la violencia machista ha estado recluida al ámbito privado y ahora es muy importante apoyar a estas mujeres para que entiendan que “no tienen que esconderse”, conozcan sus derechos y exijan su cumplimiento. “Sus padres y madres les habían enseñado que los trapos sucios se la lavaban en casa y que todo quedaba dentro del hogar: el maltrato, la imposición, el abuso de poder…”, señala Cecilia, “ahora con las formaciones que impartimos en las comunidades estamos consiguiendo que cada vez más mujeres y hombres tomen conciencia de que estamos hablando de un delito”.
Garantizar la independencia económica de las víctimas
Además de tomar conciencia de la gravedad de los hechos, la independencia económica es fundamental para que estas mujeres puedan denunciar y comenzar una nueva vida sin poner en riesgo la manutención y educación de sus hijos. Gracias a proyectos como el que desarrollamos con el Centro Ecuatoriano de Desarrollo y Estudios Alternativos (CEDEAL), facilitamos la autonomía económica de muchas mujeres en zonas rurales a través de iniciativas como pequeños emprendimientos o créditos blandos, entre otras.
Disminuir las diferencias territoriales
Para entender la radiografía de los derechos de las mujeres ecuatorianas es importante preguntarse, ¿cuántos Ecuadores existen? La razón es que la implantación de esta ley y su conocimiento dista mucho en función del territorio y las clases sociales. Como señala Patricia Gálvez, fundadora y directora de CEDEAL, “mientras que en los municipios de gran tamaño los avances son mayores, en las zonas rurales la debilidad institucional es evidente”. La mayor vulnerabilidad la sufren las mujeres y niñas indígenas de la Amazonía ecuatoriana, quienes se enfrentan a la triple barrera de ser mujeres, indígenas y pobres.
Unificar las cifras de la violencia machista
Los últimos datos oficiales sobre violencia cometida hacia las mujeres en Ecuador corresponden a 2011. Además de la necesaria actualización, denuncia Patricia, urge unificar la información y crear un único procedimiento para registrar los datos. Hasta que esto suceda, estas lideresas nos recuerdan que ya existen cifras alarmantes que obligan a actuar, como que 6 de cada 10 mujeres de Ecuador denuncia haber sufrido algún tipo de maltrato o que más de 600 mujeres fueron asesinadas en el país entre 2014 y 2018.
Ayuda en Acción trabaja en Ecuador desde 1985 mejorando las condiciones de vida de casi 100 mil personas en las zonas más vulnerables.
MORENO CREE QUE CONOCER PASADO JUDICIAL REDUCIRÁ FEMICIDIOS
El presidente de la República, Lenín Moreno, manifestó que conocer el pasado judicial de los venezolanos que ingresen al país ayudará a reducir los femicidios, en un debate sobre la actualidad latinoamericana en el Foro Económico Mundial, que derivó rápidamente hacia la grave crisis venezolana.
«El caso del asesinato de una mujer por parte de un ciudadano venezolano es un tema que, sin duda, por lo catastrófico que suele ser este tipo de actos, porque además fue filmado, asusta, estremece», comentó el mandatario al referirse al femicidio ocurrido el sábado en Ibarra, protagonizado por un venezolano.
Moreno insistió en que este tipo de casos de violencia machista «está dentro de las estadísticas» y «podemos mejorar bastante si apelamos a este recurso de solicitar el pasado judicial y exigir al Gobierno venezolano, como corresponde, para que proporcione el pasado judicial para acoger de la mejor manera a los hermanos venezolanos en nuestro territorio».
El domingo el presidente emitió un comunicado a través de la red social Twitter en el que aseguró que el país había «abierto las puertas (a los migrantes venezolanos), pero no sacrificaremos la seguridad de nadie».
Anunció asimismo que había dispuesto la conformación inmediata de «brigadas» para controlar la situación legal de los migrantes venezolanos en las calles, lugares de trabajo y en la frontera.
Ese pronunciamiento, al que siguió el lunes el anuncio del vicepresidente, Otto Sonnenholzner, de que Ecuador exigirá los antecedentes penales apostillados a los migrantes, ha desatado una oleada de críticas entre organizaciones de derechos humanos y del propio Gobierno de Venezuela.
Sobre esas «brigadas», Moreno precisó ayer que se refería a unas «interdisciplinarias y profesionales», integradas por funcionarios del Ministerio de Trabajo, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y de la Secretaría de Derechos Humanos.
Su objetivo explicó, será «verificar que se esté cumpliendo por parte de los empresarios con las contrataciones laborales y que no se esté precarizando el trabajo de los hermanos venezolanos».
El mandatario expresó también su preocupación de que estén ingresando al país migrantes venezolanos sin «ningún tipo de documentación».
Y aseguró que el Gobierno dispone de «una alerta» que indica que «personas que se encontraban encarceladas (en Venezuela) podrían haber sido liberadas y colocadas en frontera».
Argumentó que esa sería la razón por la que, «tienen tanto recelo de que nosotros acudamos a su pasado judicial, que no nos lo quiere proporcionar tampoco la República de Venezuela».
Moreno precisó que en la actualidad residen en el país 250.000 venezolanos y que al menos un millón habría ingresado en los últimos años en los recientes flujos migratorios masivos.
