Año electoral: con la economía a pique, el gobierno coloca a la “seguridad” como eje central
CORTINA DE HUMO
Por Werner Pertot
El Gobierno puso en marcha la campaña 2019 y el objetivo es claro: no hablar de la economía y dedicarse a la seguridad como eje central. Para esto, anunció una serie de medidas todas en la línea de la demagogia punitiva: la compra de tásers para que sean utilizadas por las fuerzas federales, la presentación de un proyecto que plantea la baja de edad de imputabilidad a los 15 años y el avance en expulsar a mil extranjeros del país. En todos los casos, el objetivo es electoral, dado que las cifras oficiales no acompañan la cruzada macrista. Lo que se busca es polarizar con el kirchnerismo, al que los funcionarios abiertamente acusan de “defender los derechos de los delincuentes”. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, viene cobrando relevancia en cada jugada y se convertirá en una figura central. La semana próxima acompañará a Macri a su encuentro con Jair Bolsonaro.
La retahíla de anuncios comenzó el viernes. La mayoría los hicieron a través del diario Clarín. El primero fue el de la compra de 300 pistolas eléctricas táser, que ya habían sido fruto de una extensa polémica cuando Mauricio Macri era jefe de Gobierno. Decididos a reeditarla –luego de que consiguieron fallos favorables del Tribunal Superior de Justicia porteño–, Bullrich se lanzó a hacer loas de las pistolas que transmiten descargas eléctricas y que han sido cuestionadas por Amnistía Internacional por causar muertes. Los antecedentes en la Argentina con el uso de la picana eléctrica por parte de las policías fueron considerados “ideológicos” por el oficialismo.
Le siguió un anuncio que suele hacer la derecha en cada campaña electoral: la presentación de un proyecto para bajar la edad de imputabilidad. La novedad es que no pretenden bajarla a 14 años, como decía el proyecto de 2017, sino a 15. Ahora buscarán avanzar con este tema en las sesiones extraordinarias de febrero.
Niños y niñas
El nuevo proyecto, según trascendió, plantea que los que tengan 15 solo serán imputables para delitos como violación, homicidio, secuestro extorsivo y robo con armas de fuego, mientras que los que tengan entre 16 y 18 lo serán para todos los delitos cuya pena sea mayor a tres años y cumplirán prisión efectiva cuando la pena iguale o supere los diez años. En todos los casos, se pone un plazo máximo de 15 años de pena. No podrán recibir prisión perpetua, como ya ha ocurrido en casos como los que registra la criminóloga Claudia Cesaroni en su libro La vida como castigo. Además, aplicará a todas las edades un régimen socioeducativo. “Un régimen de resarcimiento”, lo llamó Bullrich. “Tenemos la firme convicción de avanzar en este régimen penal juvenil. Es muy importante que cuando empieza, lamentablemente, una carrera delictiva un chico, no se lo puede dejar crecer en esa carrera delictiva hasta que mata a alguien”, sostuvo la ministra de Seguridad, que debió admitir que solo el 7 por ciento de los delitos fueron cometidos por menores de 16 años.
Las cifras oficiales, de hecho, no acompañan la nueva cruzada del Gobierno: el Instituto de Investigaciones del Consejo de la Magistratura nacional indica que en 2017 hubo 144 homicidios en la Ciudad: de los que 221 acusados por esos delitos apenas siete fueron menores. Es el 3,17 por ciento. Otro informe del Consejo de la Magistratura porteño establece que en 2015, sobre 175 homicidios, uno solo fue cometido por un menor de 16 años, mientras que otros diez tuvieron como victimarios a personas de entre 16 y 18 (3,8 por ciento del total). En la provincia de Buenos Aires, las investigaciones penales preparatorias de 2016 que involucran a menores de 18 son menos del cuatro por ciento.
Un relevamiento de Unicef hecho en 2015 indica, no obstante, que había 7.178 adolescentes y jóvenes adultos en conflicto con la ley penal, de los cuales 1.305 estaban detenidos. Ninguno de estos datos apoya el apuro oficialista por instalar este tema en un año electoral. La iniciativa se toma contra el consejo de una gran mayoría de especialistas en la materia que fueron convocados por el Ministerio de Justicia, como señaló la red No baja: de 40 organizaciones, solo tres apoyaron la baja.
Migrantes
Bullrich también confirmó que avanzarán en endurecer la ley migratoria y en crear una cámara que se ocupe específicamente de los extranjeros que buscan expulsar. Incluso, se evalúa la creación de una unidad especial para buscarlos y expulsaros, a cargo de Bullrich. La ministra aseguró que “en el último tiempo, y sobre todo en drogas, el aumento del delito en manos de extranjeros es importante, del 20 por ciento de la personas detenidas”. No obstante, una vez más, los datos no acompañan: si bien en el Gobierno aseguran que tienen un listado de mil migrantes a ser expulsados por antecedentes penales o por su ingreso ilegal, los números de expulsiones anuales son mucho menores, incluso con el crecimiento exponencial que hubo en la gestión Macri. En 2015, fueron expulsados cuatro migrantes, en 2016 pasaron a 33; en 2017 a 75, y hasta octubre de 2018, eran 150.
“Ya hay un listado de personas. Es una primera parte de un programa más extenso que será enviado al Congreso”, aseguró Bullrich sobre la posibilidad de endurecer las leyes migratorias, algo que vienen trabajando con el senador Miguel Pichetto. Macri ya intentó hacerlo por decreto, pero fue suspendido por un fallo del fuero contencioso administrativo federal. Actualmente esa causa está en manos de la Corte Suprema.
Todas las iniciativas le dan un nuevo protagonismo a Bullrich, que acompañará a Macri en su encuentro con Bolsonaro junto a buena parte del Gabinete. La funcionaria viene cobrando importancia en el oficialismo. La semana pasada implementó el Programa Restituir, para devolver al servicio a policías que fueron acusados de torturas o gatillo fácil y fueron sobreseídos. En su entorno, indican que todavía hay más iniciativas de este tipo que irán dando a conocer. La campaña recién comienza.
«La reforma no reducirá por sí misma la cantidad de delitos cometidos por adolescentes»
Desde la Asociación Argentina de Magistrados, Funcionarios y Profesionales de la Justicia de Niñez, Adolescencia y Familia (AJUNAF), rechazaron la intención del Poder Ejecutivo de la Nación de enviar -a sesiones extraordinarias del Congreso Nacional- el proyecto de ley sobre el sistema de responsabilidad penal juvenil, que contemplaría la baja de edad de punibilidad de 16 a 15 años.
En un comunicado firmado por César Raúl Jiménez (Presidente) y Gustavo Daniel Moreno (Secretario General) señalaron que «la Asociación ya se pronunció en contra en enero de 2017: “No pareciera razonable que en un año electoral, y que para dar respuesta estatal a hechos delictivos de trascendencia mediática, baste reducir la edad de punibilidad de los chicos y aumentar las penas para determinados delitos, sin garantizar el cumplimiento por parte del Estado Nacional, de las Provincias, de la Ciudad de Buenos Aires, y de los Municipios, del sistema de protección integral de derechos de la niñez, sobre todo en materia de derechos económicos, sociales y culturales (alimentación, salud, educación, vivienda, familia, entre otros)”.
Dijeron que «en aquella ocasión, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos difundió que el 26% de los delitos era cometido por adolescentes menores de 18 años, tomando como base las cifras del Sistema Nacional de Información Criminal. Recuérdese que dicho
Sistema registra solamente “denuncias”, en “sede policial”, con “posible” autor identificado, sin discriminar adolescentes punibles (16 y 17) de no punibles (menos de 16), y sin la apertura de causa judicial, por lo que no puede tenerse por comprobado fehacientemente el hecho y la autoría. De allí que las cifras carecían de certeza para elaborar una política legislativa, como lo expresó oportunamente esta Asociación».
Cabe destacar que mediante la Resolución 21/17 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación se creó la “Comisión de Trabajo para un Nuevo Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil”, y miembros de esta Asociación participaron en las distintas reuniones respecto de diferentes ejes temáticos.
Desde la página web del mencionado Ministerio se publicó que, en la Mesa sobre «Definición de imputabilidad de los jóvenes menores de edad» se concluyó: “Con amplia mayoría, los participantes se pronunciaron por mantener la edad de imputabilidad en dieciséis años, por entender que una baja afecta el principio de mínima intervención y de última ratio, viola el principio de progresividad y no regresividad en materia de Derechos Humanos”.
«La reforma del sistema de responsabilidad penal juvenil no puede darse sin advertir la vulneración actual de los derechos económicos, sociales y culturales en que vive la infancia y la adolescencia de la República Argentina, donde el 48% de los niños, niñas y adolescentes en Argentina es pobre según un estudio de UNICEF que mide la pobreza multidimensional, una metodología que toma en cuenta diferentes dimensiones desde el acceso a una vivienda adecuada de los niños hasta la escolaridad», señalaron.
De ese 48%, 20 puntos porcentuales corresponden a privaciones “severas” como vivir en una zona inundable y cerca de un basural o no haber ido nunca a la escuela entre los 7 y los 17 años.
«La actividad estatal no puede reducirse solamente a lograr una reforma de legislación penal que tenga como eje central la baja de la edad de punibilidad, con la intención de dar una respuesta demagógica y punitiva al tema de la seguridad ciudadana», denunciaron.
Agregaron el detalle sobre que esto se realiza «sin atender centralmente, a los derechos sociales de la infancia, cuyo aseguramiento financiero estatal se ha visto recortado en educación, protección integral, y salud -entre otros derechos- a la luz del presupuesto nacional aprobado para el ejercicio 2019».
Afirmaron que «se advierte que un importante porcentaje de adolescentes infractores a la ley penal son pobres, varones en su mayoría, que el mayor porcentaje ha cometido delitos contra la propiedad, que cuentan con fuerte déficit en la escolarización, y que provienen de familias desintegradas, con adultos de baja calificación laboral».
«El Poder Ejecutivo no ha presentado su actual proyecto de ley ya que los anuncios mediáticos no condicen con lo publicado en página web ministerial, y desoye las conclusiones de las reuniones participativas en el marco de la Comisión de Trabajo ministerial», sentenciaron.
«No han brindado tampoco datos estadísticos serios que contradigan los publicados por los órganos administrativos y jurisdiccionales especializados. No ha indicado cuál será el costo para poner en funcionamiento la nueva estructura que impondrá la reforma (recursos humanos y materiales), con nuevos magistrados especializados en todo el país, y la adecuación de los organismos administrativos», en clara referencia a los últimos dichos de laministra de Seguridad, Patricia Bullrich..
Sentenciaron que «la reforma no reducirá por sí misma la cantidad de delitos cometidos por adolescentes, y menos los índices de la inseguridad».
La baja de la edad con duras críticas
Por Nicolás Romero
El proyecto de un nuevo Régimen Penal Juvenil que reemplace a la Ley 22.278, vigente desde 1980, ya había sido anunciado en el verano de 2017 por el ministro de Justicia, Germán Garavano, y rechazado por un amplio espectro de organizaciones. Un año después, el gobierno impulsaba la doctrina Chocobar, y ahora, tras una andanada de medidas de respaldo incondicional a las fuerzas de seguridad, vuelve a la carga con la baja de la edad de punibilidad, que especialistas, organizaciones sociales y de derechos humanos rechazan, como lo hicieron dos años atrás, por considerarla una medida electoralista “ineficaz para solucionar la inseguridad”, que además es “regresiva en materia de derechos” y que va contra de las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas.
Según precisó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el gobierno nacional presentará “para el período de sesiones extraordinarias” del Congreso el proyecto para bajar la edad de punibilidad a los 15 años. “Tenemos la firme convicción de avanzar en este régimen penal juvenil” que tendrá un doble eje: establecer “una imputabilidad penal a los 15 pero también una imputabilidad administrativa a cualquier edad”, a través de “un régimen socioeducativo”, señaló la funcionaria.
“En medio de un contexto de violencia generalizada, con las fuerzas de seguridad empoderadas en el uso de las armas de fuego, con la policía entrando en las escuelas y la gendarmería ingresando en los barrios y villas de emergencia, me parece sumamente peligroso bajar la edad de culpabilidad de los chicos”, advirtió a este diario Nora Schulman, titular del Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional de Derechos del Niño (Casacidn).
“Es un tema que surge cada vez que hay elecciones. Si se va a las estadísticas, el Consejo de la Magistratura dijo hace pocos días que sólo dos chicos menores de 18 años habían cometido delitos gravísimos. Queda claro que lo que hay que discutir es otra cosa. Hay que pensar la problemática de los adolescentes en relación a las políticas públicas, y lo que se ve es que esas políticas están ausentes o pretenden cerrar las escuelas, las nocturnas, que apunta a ese sector. Hay que pensar más en garantizar derechos y menos en punitivismo”, remarcó.
El texto de la iniciativa –que aún no está terminado– fue elaborado, de acuerdo a la ministra, con “la colaboración y el consenso” de organizaciones y especialistas que participaron de una larga serie de debates sobre el tema.
Sin embargo, los consultados por este diario dijeron desconocer a quienes se refiere la funcionaria, ya que las rondas de consultas que se hicieron en 2017 y por la que desfilaron más de 400 especialistas fueron contrarias a la baja de punibilidad.
En ese sentido, la abogada y coordinadora del Area Derechos de Niñez y Adolescencia de Andhes (Abogados y Abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales), Florencia Vallino, dijo que esas declaraciones de la ministra le llaman “mucho la atención”, y recordó que “cuando se convocó a la ronda de discusión, la mesa 8, que abordaba específicamente el tema de la edad, fue rotunda en que no debería bajarse: 36 de 38 especialistas convocados a ese espacio dijeron que ese no era el camino, y lo hicieron con argumentos de distintas líneas teóricas”.
Por otra parte, la abogada señaló que “tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como el Comité de los Derechos del Niño de la ONU cuando analizó el caso del Estado argentino en 2018, pusieron énfasis en que el país debe reformar su régimen penal juvenil adecuándolo a los estándares internacionales de derechos humanos. En ese sentido, el Comité de los Derechos viene señalando a los estados miembros de la Convención la no regresividad en materia de derechos y que la edad de punibilidad debe ser aumentada a 18 años”. “La reforma es necesaria para que se puedan dar garantías procesales a los chicos y chicas, que dependen de la discrecionalidad del juez a cargo de su causa, bajo un sistema tutelar, pero hay que poder leer cómo se aplica en la práctica y en los territorios en particular, donde sabemos que la policía es la encargada de materializar cómo se gestiona la conflictividad social en los territorios, la misma que asesinó a Facundo Ferreira (de 12 años) y que necesita una reforma estructural. El sistema de protección integral de niños y adolescentes es el que tiene que garantizar derechos no el sistema penal”, subrayó.
Para el secretario de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), Roberto Cipriano García, es un anuncio “electoralista para cierta parte de la sociedad que reclama mano dura, pero el daño que ocasiona en el tejido social es muy grave y hay que tratar de que no avance”, y señaló que “tanto provincia como Nación desfinancian el sistema de Promoción y Protección de los Derechos de los Niños, un dispositivo para evitar que esos pibes lleguen a relacionarse con el delito”. Además, remarcó que “no hace falta bajar la edad porque el sistema encierra a menores de 16 años, hay 680 pibes detenidos en la provincia de Buenos Aires y de esos entre el 10 y 12 por ciento son menores de 16”.
La titular de Correpi (Coordinadora contra la represión policial e institucional) María del Carmen Verdú, afirmó que el anunció que llega después “de la doctrina Chocobar, el protocolo para el uso de armas para las fuerzas federales, ‘el que quiera estar armado, que ande armado’, de Bullrich, el Programa Restituir y la compra de pistolas Taser es demagógico y punitivista. Si hace 20 años hablamos del voto licuadora ahora tenemos que hablar del voto bala, el endurecimiento del sistema penal porque es el único recurso que les queda ante la catástrofe económico-social”.
También desde la Asociación Argentina de Magistrados, Funcionarios y Profesionales de la Justicia de Niñez, Adolescencia y Familia (AJUNAF) se manifestaron, a través de un documento, en contra de la iniciativa.
