Carlos Rodríguez Mejía, abogado que denunció ante la CIDH la destitución del alcalde bogotano Gustavo Petro: «El Procurador está pisoteando la Constitución»

Tras una larga trayectoria en la defensa de los derechos humanos, Rodríguez considera que, en este caso, el procurador general no actuó bajo los principios de imparcialidad e independencia. Ordóñez, señala el abogado, utilizó su poder sancionatorio de forma excesiva al formular cargos con un contenido profundamente ideológico e inconstitucional.

Carlos Rodríguez: Antes que nada, nosotros no recibimos un solo centavo de la Alcaldía. Esta es una representación privada del ciudadano Gustavo Petro Urrego y lo hacemos porque queremos defender que sectores, que no son los tradicionalmente dominantes, tengan espacio para formular propuestas políticas. Llevamos el caso a Washington para que el sistema interamericano, en este caso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, reestablezca el orden jurídico en Colombia y evite que el procurador general siga invadiendo fueros que la Constitución le prohíbe.

C. R.: En un Estado de derecho, los derechos fundamentales sólo pueden ser afectados por los jueces y siguiendo un riguroso debido proceso. El procurador general viola de manera flagrante el Estado de Derecho al suspenderle al alcalde de Bogotá el ejercicio del derecho político, a través del fallo que lo inhabilita por 15 años para ejercer cargos públicos. Este es un derecho consagrado como intocable por la Convención Americana de Derechos Humanos. El procurador está pisoteando la Constitución, está afectando derechos fundamentales sin tener la facultad constitucional para hacerlo.

C. R.: Estamos pidiendo medidas cautelares para prevenir daños irreparables en la persona de Gustavo Petro Urrego. Que se le ordene a Colombia, en el desarrollo de sus obligaciones internacionales, que modifique su legislación y no le otorgue al procurador facultades que la Convención de Derechos Humanos le prohíbe, como es la de suspender derechos políticos. Si esa suspensión queda en firme para Gustavo Petro, y por supuesto que no queremos que eso pase, el proceso puede tardar varios años y mientras tanto el daño para él es irreparable porque no va a poder desempeñar cargos públicos. Eso es grave para cualquier ciudadano, pero aún más para uno que se dedica a la política.

C. R.: Dados la gravedad y el desarrollo de los acontecimientos, vamos a solicitar que se considere este caso como prioritario. En la Comisión Interamericana los asuntos se van tramitando por orden de llegada y puede demorar hasta dos años para comenzar el trámite, mientras hace la fila. Pero hay unos casos que, según el reglamento, pueden pasar adelante, como cuando hay un derecho que para la Comisión es muy importante. Nosotros pensamos que aquí está en juego un derecho que es fundamental, que es un componente esencial para la democracia, como lo son los derechos políticos. Creemos que este caso tiene prelación y puede ser considerado lo antes posible para no afectar la estabilidad democrática en Colombia.

C. R.: Queremos viajar la próxima semana y nuestro deseo es poder ir con el alcalde Petro porque él es el protagonista del asunto. En lo jurídico, queremos demostrar ante la Secretaría ejecutiva y el presidente –que es el relator sobre Colombia- de la Comisión Interamericana, la magnitud y la gravedad de lo que está ocurriendo. La idea es sensibilizar a la Comisión para que sea acogida la medida cautelar y el caso sea tomado como prioritario. Es una actuación jurídica que se va a hacer de manera transparente ya que el gobierno colombiano va a estar enterado.

C. R.: En materia política, el alcalde podría reunirse con mucha gente: congresistas demócratas interesados en conocer de cerca el proceso de la alcaldía de Petro; asesores de congresistas republicanos; seguramente funcionarios del Departamento de Estado y ONG muy importantes como Human Rights Watch, Wola, Latin America Working Group que asocia organizaciones de base como afrodescendientes, población LGTBI entre otras. También valdría la pena reunirse con la academia.

C. R.: Nos han dicho que un fallo a favor puede beneficiar a parapolíticos, por ejemplo. Pero la ley no es para los buenos o para los malos, la ley es para todos los ciudadanos que estén en la misma situación y nosotros no estamos beneficiando a nadie. Estamos rescatando algo que es fundamental en un Estado de derecho. Si eso tiene un beneficio para alguien que ha cometido una falta o un delito, pues para eso están las sanciones penales. No se debe confundir lo disciplinario con lo penal.