Con AMLO ¿incertidumbre o esperanza? Por Ernesto Villanueva
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.Por Ernesto Villanueva(*)
Nadie lo cree. Hay incertidumbre porque se juzga a partir de los descalabros y atrocidades de los regímenes anteriores. Lo cierto es que Andrés Manuel López Obrador inaugura un nuevo diseño institucional, con énfasis manifiesto en lo que habrán de ser los códigos de conducta del servicio público y con los ciudadanos como actores fundamentales del desarrollo nacional gubernamental.
Por lo anterior, es comprensible que haya dudas e incertidumbre, puesto que hay un cambio de paradigma, con énfasis primordial en el bienestar de la mayoría de la población; al menos eso plantea el nuevo discurso y las primeras acciones de Estado. En un hecho inusitado, AMLO empezó a cogobernar de facto desde el segundo día de su aplastante triunfo electoral. Sus detractores esperaban que este interregno fuera un espacio de tiempo para su desgaste político; incluso una cantidad apreciable de medios ha maximizado sus errores y minimizado sus aciertos.
Lo cierto es que, con todo, AMLO llega con un altísimo nivel de popularidad, lo que le confiere una legitimidad nunca vista en el México contemporáneo. Sería conveniente que ese apoyo popular se convirtiera en una red de protección en el tránsito de un gobierno al servicio del statu quo hacia uno que ponga en la sociedad su razón de ser. Es verdad que en estos meses ha habido errores por parte de quienes acaban de fundar el nuevo régimen; pero han sido, sobre todo, errores de formas, no de fondo. ¿Hacia dónde van los cambios?
Primero, ese proyecto dice apuntar al desmantelamiento de leyes e instituciones que habían convertido en norma jurídica la corrupción, las graves diferencias entre unos pocos que lo tienen todo y la mayoría que nada posee.
Este conjunto de acciones no se advierte hasta ahora como desviado del estado de derecho ni como indicador de autoritarismo; los primeros cambios se han realizado con la Constitución y las leyes en la mano. Por ejemplo, la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos es un acierto histórico que ajusta México a las formas y modos de los Estados democráticos de derecho. Lo reprobable en México es que el “servicio” público haya sido utilizado como un trampolín para acumular riqueza y no para servir.
Rechazo en forma tajante que la independencia judicial resida en mantener sueldos muy por encima de lo que muestra la experiencia comparada a escala internacional. La eliminación de los privilegios de los expresidentes y de sus familias, de estos parásitos del poder, es un mensaje de racionalidad y lógica democrática, más allá de lo que el hecho representa en beneficio del erario. Esos beneficios no eran menores ni accesorios; antes bien, eran escandalosos por su naturaleza, además de que nunca estuvieron soportados en ningún ordenamiento con validez jurídica.
Segundo. La mayor parte de los integrantes del régimen que inicia son ajenos a las élites del poder que tradicionalmente han estado al servicio de la inequidad. Vienen, sobre todo, de abajo. Senadores y diputados, en su gran mayoría, entraron por vez primera al ejercicio del poder con una tónica distinta a la habida. Se han cometido errores, sin duda. Y los seguirá habiendo. Pero hay que rescatar el hecho de que el semillero de quienes habían venido ejerciendo el poder ha mutado de sitio. Y eso preocupa mucho a quienes estaban acostumbrados a que el gobierno trabajara para su beneficio en lugar de hacerlo para todos. López Obrador les mintió con la verdad a esos beneficiarios de la miseria del pueblo. Y ahora están sorprendidos.
Tercero. Está en puerta una amplísima reforma constitucional o una nueva Constitución que sea fiel reflejo de la nueva correlación de fuerzas que vive el país. Hay tantas inequidades plasmadas en la llamada Carta Magna con el fin de perpetuar lo que hoy no se quiere: la corrupción y la desigualdad. Frente a una realidad nueva la Constitución, en sus actuales términos, refleja el pasado de oprobio que la inmensa mayoría ha padecido y donde se cerró la movilidad social, económica, cultural y de todo tipo.
En el país persiste tanto hartazgo social que la premura por desmontar constitucionalmente el sistema según el cual todos somos iguales pero unos más que otros ha generado acciones de botepronto, problemas conceptuales y falta de experiencia en el ejercicio del poder. No se puede defender lo indefendible. Pero es de esperarse que esa curva de aprendizaje sea rápida para acompasar las formas con el fondo.
Cuarto. Todo parece sugerir que en el nuevo régimen un número importante de organizaciones autoproclamadas como de la “sociedad civil”, que carecen de representatividad verdadera, no pondrán al nuevo régimen de rodillas o lo convertirán en rehén de sus intereses o de sus patrocinadores; es el caso del empresario Claudio X. González, quien con la reforma educativa puesta en marcha por el gobierno de Enrique Peña Nieto se alistaba para ser proveedor en grandes proporciones del gobierno federal.
Organizaciones de ese corte se han topado con un proyecto de nuevo régimen que se dice preparado para no dejarse chantajear ni extorsionar, como pasó con el sexenio que acaba de fenecer, en el que los poderes fácticos hicieron y deshicieron vendiendo servicios de todo tipo al gobierno, al que eran capaces de intimidar si no repartía el pastel a gusto de ellos, so pena de presentar a las autoridades como “antidemocráticas”.
Esos grupos ya tienen perfectamente claro que dejaron de gozar de esa patente, y menos aún para decidir quién es demócrata y quién no lo es. Por supuesto, nadie les va a quitar su legítimo derecho a participar en la vida pública, pero deberán hacerlo como todos: con su peso específico –que es marginal–, no como interlocutores del pueblo de México ante el poder público.
Quinto. El gobierno de AMLO se muestra muy dispuesto a enfrentar el grave problema de la inseguridad con toda la fuerza del Estado, y en esa iniciativa las Fuerzas Armadas juegan, por las circunstancias existentes, un rol especial. He defendido aquí con datos duros por qué el Plan de Paz se ajusta a las necesidades de replantear el funcionamiento de las fuerzas del orden para hacer lo que debe hacerse a fin de recuperar la paz perdida.
Es innegable que en el nuevo equipo de gobierno existen personas con una formación sólida y espíritu de servicio. Ante la estulta amenaza de que muchos “expertos” saldrán de la administración como consecuencia de la reducción salarial, no debe perderse de vista que hay miles de hombres y de mujeres con posgrados en las mejores universidades del mundo, muchos de ellos becados por el pueblo mexicano a través del Conacyt, que están puestos y dispuestos a llenar esos espacios con un afán de servicio al país. Esperemos por el bien de todos que al nuevo régimen le vaya de lo mejor.
(*) Escritor. Columnista (Proceso, Aristegui Noticias y SDP Noticias).
