El Senado mexicano aprobó la reforma energética que allana el camino a la privatización
El Senado de la República aprobó este martes la reforma energética en lo general con 95 votos en favor, 28 en contra y sin abstenciones, la primera desde hace siete décadas que modifica la Constitución en este tema y que abre el sector de los hidrocarburos y la electricidad al sector privado.
Al filo de la medianoche y después de un debate de más de nueve horas, que continuaría en la discusión en lo particular, se avaló la reforma que contempla eliminar la participación del sindicato petrolero en el Consejo de Administración de Pemex y crear un nuevo modelo laboral para sus trabajadores y los de la Comisión Federal de Electricidad (CFE)
En medio de una larga sesión, con una breve toma de tribuna y severas críticas de la izquierda e incluso de los senadores del Partido Acción Nacional (PAN), Javier Corral y Ernesto Ruffo, que votaron en contra, se avalaron los cambios a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, así como a 21 transitorios.
Entre los principales aspectos de la reforma figuran la llamada despetrolización de las finanzas públicas, al establecer que Petróleos Mexicanos (Pemex) transferirá de sus ganancias sólo hasta 4.7 por ciento al Presupuesto de Egresos de la Federación.
Asimismo, los representantes del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), dejarán de formar parte del Consejo de Administración de dicha paraestatal. Estableciéndose en el Artículo 20 transitorio que dicho Consejo se conforme por cinco consejeros del gobierno federal, incluyendo el secretario de Energía, quien lo presidirá y tendrá voto de calidad, así como cinco consejeros independientes.
Al fijar la postura del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el senador David Penchyna defendió el dictamen y expuso en tribuna que Pemex y la CFE, convertidas en empresas productivas del Estado, se mantendrán en propiedad del Estado mexicano ciento por ciento mexicanas, públicas e insignias del desarrollo mexicano, del pasado, del presente y del futuro.
“Planteamos una reforma integral del sector energético, con un nuevo modelo que conjugue seguridad energética, autodeterminación y el ejercicio real, tangible, de la soberanía nacional”, apuntó.
El priista aseguró que se mantiene la prohibición de concesiones, “que quiero puntualizar, no es sinónimo de un contrato de licencia, la nación mantiene el monopolio sobre la exploración y explotación de los hidrocarburos, así como sobre la planeación y el control del sistema eléctrico nacional”.
Alejandro Encinas Rodríguez, senador perredista, exhortó al senador del PRI y líder del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps, a pronunciarse sobre la reforma, que dijo “es una trampa” para este gremio que tendrá afectaciones a sus derechos laborales y al proceso de contratación y salarios.
Ernesto Ruffo Appel, senador del PAN, fundamentó su voto en contra y apuntó: “quiero hacer distinguir a manera de reclamo en contra de la partidocracia para alertar, para convocar a la ciudadanía a que se convierta en supervisora del gobierno”. “Llevo ya casi 30 años buscando el cambio y éste no llegó con la alternancia en el poder. Los partidos políticos y sus camarillas no manejan ideales, sino intereses. Sólo mediante la férrea supervisión ciudadana podemos lograr que el gobierno funcione para los mexicanos”, dijo quien fue el primer gobernador oposición en México.
El senador panista Jorge Luis Lavalle Maury afirmó que la enmienda establece un modelo que transforma al sector energético al construir instituciones fuertes, con mayor competencia, eficiencia y buscando siempre la sustentabilidad, “dejando muy claro que el petróleo es y será de todos los mexicanos y no de contratistas o partidos”. Refirió que la reforma está basada en ejes fundamentales como la maximización de beneficios de los hidrocarburos para todos los mexicanos, la creación de una empresa pública productiva del Estado.
Además, el establecimiento de organismos reguladores fuertes, la sustentabilidad y medio ambiente y un Fondo Mexicano de Petróleo para la estabilización del desarrollo. Con ello, dijo, se establecen modelos contractuales adecuados, que generarán confianza y permitirán al Estado mexicano mejorar la eficiencia del servicio y reduciendo los costos en el sector eléctrico.
“Es el dictamen más soberano de todos, porque busca aprovechar el potencial energético del país para beneficio de los mexicanos, generando empleo y crecimiento económico, seguridad energética y el cuidado del medio ambiente”, finalizó. En tanto, el senador perredista Rabindranath Salazar Solorio expresó que la historia de las privatizaciones en México es de “frustraciones, reveses e infortunios que estallan en el ánimo y en la conciencia colectiva” y que se repite con una reforma energética que se puede equiparar con “un producto milagro”.
Refirió la insistencia de que con esta propuesta “tendríamos 500 mil empleos, seguridad energética para las próximas generaciones, una empresa a nivel de las mejores del mundo y que México crecerá”. Sin embargo, consideró que la redacción del artículo transitorio segundo evidencia la vulnerabilidad en la que quedarían más de 100 mil trabajadores, que de forma gradual y con la intervención de empresas extranjeras podrían ser despedidos. Además, representa “la entrega de la industria energética nacional y la pérdida definitiva de parte importante de la soberanía nacional”.
Pareciera, agregó, que a los gobiernos les funciona el “círculo vicioso” de crear empresas del Estado con el dinero de los mexicanos, “exprimirlas, saquearlas, reformar la legislación y luego venderlas al capital extranjero, pero al final los mexicanos seguimos pagando las mismas cargas impositivas aunque se tenga que invertir cada vez menos en empresas públicas”.
En el dictamen se establece que el Fondo Mexicano del Petróleo ahora se llamará Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, el cual recibirá todos los ingresos con excepción de los impuestos. Dicho fondo transferirá recursos de 10 por ciento al Sistema de Universal de Pensiones, de 30 por ciento para inversiones en infraestructura y hasta de 10 por ciento para la formación de capital humano en universidades y postgrados. Establece un plazo de dos años, a partir de la publicación de la reforma, para que Pemex y la CFE se conviertan en empresas productivas del Estado.
Propone cuatro modalidades de contratos que habrá, que serán “entre otros” de: servicios, de utilidad o producción compartida o de licencia para llevar a cabo por cuenta de la Nación las actividades de exploración y extracción del petróleo, incluyendo las que puedan realizar las empresas productivas del Estado con particulares.
Prevé que los particulares por cuenta propia lleven a cabo, entre otras tareas, la instalación, mantenimiento, gestión, operación y ampliación de la infraestructura necesaria para prestar el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica.
Obliga a que en la ley secundaria Pemex y CFE establezcan normas de administración, organización, funcionamiento, procedimientos de contratación, así como el régimen de remuneraciones de su personal para garantizar eficacia, honestidad, productividad, transparencia y rendición de cuentas. En la discusión en lo particular se establecieron 180 reservas al dictamen por senadores de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano, lo cual prevé que este debate se extienda por varias horas más y concluya la mañana o mediodía de este miércoles 11 de diciembre.
http://www.sinembargo.mx/11-12-2013/841470
Diputados aprueban en lo general Ley de Consulta Popular
La aprobación de la Ley Federal de Consulta Popular fue celebrada ayer por los diputados del PRD como un paso para concretar su estrategia contra una eventual Reforma Energética.
Con 431 votos a favor, 36 en contra y una abstención, el dictamen que el jueves experimentó cambios que permitirían hacer válidas las firmas reunidas por los perredistas para solicitar que, en 2015, se consulte a los ciudadanos sobre las modificaciones constitucionales que podrían modificar el régimen de Pemex.
El nuevo ordenamiento de carácter secundario responde a la reforma constitucional que dio paso a las modalidades de la democracia directa en 2012. Y se envió al Senado para discutirla.
Rechazada por los legisladores del PT y de MC, esta ley que regula la convocatoria, la organización, el desarrollo, el cómputo y la declaración de resultados de la consulta popular fue vista por la bancada perredista como un mecanismo que fortalecerá la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas.
“Este paso es fundamental para lo que viene, porque se podrá consultar a los mexicanos todo aquello que es trascendental para la nación”, evaluó el vicecoordinador del grupo parlamentario del PRD en San Lázaro, Miguel Alonso Raya.
El perredista afirmó que la consulta popular es una de las propuestas históricas de la izquierda en México. Y adelantó que en el marco de los comicios federales intermedios de 2015 su partido aplicará este nuevo ordenamiento.
“Una Reforma Energética como la que se está discutiendo sin lugar a dudas es de gran trascendencia para la vida nacional porque de ahí depende cuando menos una tercera parte de los recursos del país”, definió.
Alonso Raya se congratuló por el visto bueno que el pleno de la Cámara dio a esta ley reglamentaria y, posteriormente, a los términos en que habrá de difundirse, aspecto para el cual fue modificado el artículo 35 constitucional.
“Las modificaciones a la Constitución y la ley reglamentaria de la consulta popular son fundamentales, en el marco de la elección constitucional de 2015.”
La aprobación, sin embargo, se dio en medio de interpretaciones diversas respecto a la incompatibilidad de los propósitos del PRD y el nuevo marco jurídico. Las dudas fueron ventiladas por diputados del PT y Movimiento Ciudadano.
Las claves
Sin embargo, el jefe de la bancada del PRI, Manlio Fabio Beltrones, confirmó la perspectiva perredista, al ser interrogado sobre la viabilidad del nuevo ordenamiento para los propósitos de la consulta energética que Cuauhtémoc Cárdenas propone como vía para revertir cualquier cambio constitucional en la materia.
“Lo que prevé la Ley de Consulta Popular es que toda ley pueda ser consultada y pueda ser sujeta de la consulta pública. Reformas constitucionales no están previstas en la misma. No obstante, creo que las consultas populares tienen que hacerse alrededor de preguntas específicas, que no implican —el que nosotros digamos— que se modifique un artículo constitucional u otro”, respondió el político sonorense.
Frente a la reiterada duda de la prensa de si el ordenamiento daría sustento a la petición perredista, Beltrones dijo que la clave radicará en las preguntas que se incluyan en la consulta.
“Se podrán consultar todas las políticas públicas. No especificó artículos de la Constitución o la ley”, definió el líder parlamentario priista.
—¿Una Reforma Energética es una política pública?, se le inquirió.
—Sí. Entonces, habríamos de precisar cuál debe ser la pregunta, definió Beltrones.
Se le planteó al jefe de la bancada tricolor la interpretación de algunos de sus compañeros de partido en el Senado, en el sentido de que la reforma energética no podría ser sujeta a una consulta, en tanto debe considerarse como parte de una política de ingresos, aspecto que según la ley aprobada ayer no podrá ser objeto de referendo popular.
“Eso tendríamos que discutirlo, primero, al elaborar la pregunta, posteriormente al ser calificada por el Instituto Nacional de Elecciones y luego, ponerla a disposición de la Suprema Corte de Justicia, si cumple con todo el objeto de no ir en contra de la Constitución o la constitucionalidad de la pregunta”, planteó el coordinador del PRI en San Lázaro.
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2013/12/11/932977
