El gobierno colombiano pone en marcha plan para protección de líderes sociales
El presidente Iván Duque Márquez firmó en la tarde de este lunes el decreto que implementa el Plan de Acción Oportuna (PAO) para la protección de líderes sociales y defensores de derechos humanos, un documento de 35 páginas, que había sido conocido por El Espectador el pasado 14 de noviembre, que contiene los elementos principales con los que el Ejecutivo planea frenar los crímenes contra los dirigentes populares.
“Hoy le cumplimos al país algo que dijimos desde el mes de agosto: que frente a estos hechos habría acciones (…) Le demostramos a Colombia que el Estado reacciona como un todo: Gobierno, Fuerza Pública y organismos de control”, dijo el jefe de Estado.
El PAO creará una instancia de coordinación entre las entidades gubernamentales que tiene responsabilidad en la materia y contiene una estrategia para intervenir las zonas afectadas por los homicidios de líderes sociales en el país.
Este documento surge ante el aumento de las cifras de crímenes de líderes sociales, que entre enero de 2016 y la fecha ya superaba los 300, lo que había generado, incluso, el llamado por parte de la comunidad internacional. En ese sentido, el Gobierno Nacional se había comprometido, desde el Ministerio del Interior, a determinar acciones para proteger la vida de estas personas, que resultan mayormente afectadas en los territorios y municipios más apartados.
“Tal situación ha afectado principalmente a los defensores de derechos humanos y líderes sociales presentes en los departamentos de Nariño, Chocó, algunas zonas de Antioquia, Córdoba, Cauca y Norte de Santander, aunque no es un fenómeno exclusivo de estos territorios. Por el contrario, este se presenta, aunque con distinta magnitud, en municipios pertenecientes a 26 de los 32 departamentos del país, que tienen en común el encontrarse afectados por la presencia de actividades como la minería ilegal, los cultivos de coca, marihuana y amapola, y el desenvolvimiento de negocios vinculados con el narcotráfico”, señala el documento.
Esta nueva política de protección también creará la Comisión Intersectorial para el desarrollo del Plan de Acción Oportuna, una instancia que estará encabezada por el presidente de la República, el gabinete ministerial, consejeros presidenciales y directores de entidades relacionadas con la protección de los dirigentes sociales.
