Aislado de la realidad – El Comercio, Perú

Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

El domingo, horas después de que se conociera su ingreso a la casa del embajador de Uruguay, adonde acudió para solicitar asilo a las autoridades de dicho país, se hizo pública la carta que el ex presidente Alan García remitió al mandatario uruguayo, Tabaré Vásquez. Una misiva que, a su modo de ver, contiene las razones por las que afirma ser víctima de una persecución.

Sin duda, como todo ciudadano, el líder aprista tiene el derecho de solicitar asilo en un país extranjero y de explicar los motivos de su decisión. En ese sentido, no podemos dejar de mencionar, como hicimos ayer, que existen cuestionamientos atendibles sobre los cargos penales que ha formulado la fiscalía contra algunos políticos, o sobre el uso inusitado que se viene realizando de una herramienta que, en teoría, debiera ser excepcional, como la prisión preventiva. Una situación que, en este último punto, no alcanza a García, pues contra él solo se ha dispuesto el impedimento de salida.

Sin embargo, utilizar esta circunstancia para establecer que existe una persecución en su contra implica un salto cualitativo que el ex mandatario trata de sustentar recurriendo a afirmaciones, por decir lo menos, imprecisas. Más allá de las inexactitudes que presenta su carta (dice, por ejemplo, que Pedro Pablo Kuczynski fue vacado en febrero por ‘cobrar’ cuatro millones de dólares de Odebrecht, cuando en realidad el señor Kuczynski renunció al cargo en marzo), el señor García plantea una serie de aseveraciones que no sustenta, como cuando habla de “fiscales comisionados por el régimen” sin aportar prueba alguna.

Sostiene García que el Ejecutivo se ha enzarzado en una batalla por “capturar la fiscalía de la Nación” que supuestamente se evidenciaría en los cuestionamientos que ha hecho el gobierno al fiscal Pedro Chávarry. No cuenta, sin embargo, que también congresistas de diversas bancadas, medios de comunicación y gran parte de la ciudadanía han manifestado su rechazo a la continuidad del titular del Ministerio Público por una serie de irregularidades; entre ellas, su inclusión en la investigación de Los Cuellos Blancos del Puerto, sus mentiras sobre su relación con el hoy prófugo César Hinostroza o sus amenazas contra algunos funcionarios de la institución que preside, como los fiscales José Domingo Pérez, Rocío Sánchez y Sandra Castro.

Similar acrobacia argumentativa ensaya el ex mandatario cuando denuncia, por ejemplo, que el trance legal que viene atravesando Fuerza Popular es una represalia del gobierno porque el Congreso no accedió al pedido de destituir a Chávarry; soslayando que las investigaciones contra el partido fujimorista por los aportes de campaña son anteriores al tiempo que lleva este en el cargo.

Recuerda, asimismo, que él ya estuvo asilado en Colombia en 1992 debido al golpe que dio Alberto Fujimori, y remarca que “hoy la situación es similar, como se irá conociendo paulatinamente”. Un símil que no parece tener correlato en la realidad, toda vez que la situación que vivía el Perú tras la ruptura del orden democrático efectuada por el fujimorismo (con la mayor parte de las instituciones disueltas o intervenidas) es sustancialmente distinta de la que existe hoy (con un presidente al que peyorativamente cataloga como “accesitario”, desdeñando que el señor Vizcarra, en tanto integrante de una plancha presidencial, fue elegido por el voto popular).

Alan García, además, utiliza las conclusiones del informe de la Comisión Lava Jato para remarcar que no existe ningún elemento en su contra, cuando un documento congresal –cuyos resultados, dicho sea de paso, no han estado exentos de críticas– no reemplaza ni sustituye en modo alguno a las decisiones del Poder Judicial. Y omite mencionar que a lo largo de su proceso por la línea 1 del metro de Lima (obra por la que la empresa Odebrecht reconoció haber pagado millonarios sobornos) no se le ha privado arbitrariamente de su libertad ni se han vulnerado sus derechos.

¿Cuáles son las supuestas acciones políticas, las opiniones o las proclamas que el ex presidente García y sus partidarios alegan han motivado su persecución? Pues en su carta no lo explica.

Así las cosas, por más que el señor García se empeñe en contar su versión de los hechos, no debería olvidar que la opinión pública también merece conocer la historia completa.

El Comercio