Honduras: sigue el polémico juicio por el crimen de Berta Cáceres y familiares exigen justicia
Honduras: sigue el polémico juicio por el crimen de Berta Cáceres y familiares exigen justicia
Más de dos años y medio después del asesinato de la activista medioambiental hondureña Berta Cáceres, los presuntos autores materiales del crimen están por fin sentados en el banquillo de los acusados.
Pero los familiares de la líder indígena lenca han denunciado el proceso judicial como «una farsa» que tiene como objetivo garantizar la impunidad de los verdaderos responsables de su muerte.
Tres disparos de un sicario acabaron con la vida de Cáceres en la madrugada del 3 de marzo de 2016, un año después de que sus esfuerzos por evitar a la construcción de una represa en el noroeste del país la hiciera merecedora del prestigioso Premio Goldman, «el Nobel del medio ambiente».
Y, después de numerosos aplazamientos, el juicio oral en contra de los primeros ocho imputados por el caso finalmente empezó el pasado 20 de octubre, con la fiscalía iniciando la fase de «evacuación de los medios de prueba» esta semana.
Un vocero del Ministerio Público hondureño le dijo a BBC Mundo que la institución cuenta con la evidencia suficiente para demostrar la culpabilidad de los acusados, entre los que además del gatillero también figuran dos exmilitares y dos exempleados de DESA, la empresa detrás del proyecto hidroeléctrico al que se oponía Cáceres.
Pero aunque los familiares de la cofundadora del COPINH -el Consejo Cívico de Organización Populares e Indígenas de Honduras- también parecen convencidos de que el juicio terminará rápidamente y con un veredicto de culpabilidad para los indiciados, también advierten que eso no es garantía de justicia.
«Sin duda va a haber condenas, porque es de interés del Estado», le dijo a BBC Mundo Berta Zúñiga, una de las hijas de la mujer que se convirtió en el símbolo de los peligros a los que están expuestos los activistas ambientales y de derechos humanos en el país centroamericano.
«Pero van a ser condenas frágiles y el resultado de un proceso superficial que no va a arrojar luces sobre lo que verdaderamente pasó», agregó, desde Tegucigalpa.
Proceso cuestionado
Para Zúñiga el mayor riesgo no es sólo que las eventuales condenas puedan ser fácilmente revertidas en otras instancias, sino que la actuación judicial también puede comprometer la futura imputación de los verdaderos autores intelectuales del asesinato.
Y la reciente y polémica decisión judicial de retirar del proceso a los representantes legales de las víctimas -los familiares de Cáceres y el activista medioambiental mexicano Gustavo Castro, herido de bala durante el ataque- no ha hecho sino acentuar las sospechas de que a las autoridades no les interesa ir hasta el fondo del caso.
La disposición fue tomada por el propio Tribunal de Sentencia luego de que la acusación privada no se presentara al inicio del juicio oral, aduciendo que un recurso de amparo mantenía vigente su recusación de los magistrados que integran el mismo por «abuso de autoridad, encubrimiento, denegación y retardo de justicia y violaciones de los deberes de los funcionarios».
Y ese es sólo el último ejemplo de los numerosos choques entre las víctimas y las diferentes instancias del sistema de justicia de Honduras, un país con elevados niveles de impunidad rutinariamente denunciados por las organizaciones internacionales de defensa de derechos humanos.
Los imputados
- La fiscalía imputó en calidad de autores materiales del crimen a los hermanos Edilson y Emerson Duarte, a Óscar Arnaldo Tareas y a Elvin Heriberto Rápalo, el supuesto autor de los disparos.
- Como coautores del asesinato están imputados Sergio Ramón Rodríguez (gerente de DESA), Douglas Geovanny Bustillo (ex jefe de seguridad de DESA), Mariano Díaz (oficial del Ejército) y Henry Javier Hernández.
Los encontronazos empezaron desde que el mismo Tribunal de Sentencia no quiso admitir al COPINH -la organización liderada por Cáceres- como una de las víctimas de su asesinato, y se volvieron a manifestar cuando también negó la autorización para la transmisión en vivo del juicio.
Pero los choques más fuertes se han producido con el Ministerio Público, a quienes las víctimas han llegado a acusar, incluso criminalmente, de falta de diligencia y de tratar de obstaculizar a la justicia al rehusarse a compartir información a pesar de las órdenes expresas del tribunal (entre otras cosas).
«Falta de transparencia»
Mucha de esa información es evidencia potencial contenida en equipos incautados a los imputados que, a pesar del tiempo transcurrido, no han sido analizados por el Ministerio Público porque o bien «no estaban siendo usados en el momento del crimen» o «por falta de la tecnología necesaria», explicó un vocero de la institución.
«Y no todo se puede compartir, porque el artículo 5 de la ley del Ministerio Público prohíbe que se comparta información de un caso que todavía está siendo investigado, para no comprometer la integridad de la investigación», argumento el funcionario, Yuri Mora.
Las críticas a la falta de cooperación del Ministerio Público, sin embargo, son una de las raras coincidencias entre los abogados de las víctimas y los representantes legales de DESA.
Aunque para Robert Amsterdam, el abogado estadounidense contratado por la empresa hondureña, eso ha afectado más a la defensa.
«Las injusticias que han cometido con la defensa empequeñecen todo lo que ha estado pasando con las víctimas», le dijo a BBC Mundo el penalista estadounidense.
Y, al igual que estas, Amsterdam dice estar convencido de que el proceso judicial se ha visto condicionado por presiones políticas y que terminará con veredictos de culpabilidad, pero en su opinión injustas (al menos en lo que respecta a los exempleados de DESA).
«A Estados Unidos y las ONGs no les interesa la justicia, ellos simplemente quieren una cabeza», aseguró el abogado de la empresa, quien insiste en que no hay evidencias de que la muerte de Cáceres tuviera algo que ver con su oposición a la represa de Agua Zarca.
«Aquí ha habido una renuncia total por parte de la comunidad de defensores internacional de Derechos Humanos a realmente buscar la verdad», se quejó Amsterdam, quien asegura que hay muchas otras explicaciones posibles para la muerte de Cáceres.
Y Marcia Aguiluz, la directora para Centroamérica y México del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional, CEJIL, una de las numerosas organizaciones internacionales que ha estado siguiendo de cerca el caso- coincide en que el mayor riesgo es que efectivamente nunca se llegue a la verdad, pero para proteger a los inversionistas y accionistas de DESA.
«Habrá culpables, pero no habrá justicia ni verdad», dijo del proceso que inició el pasado 20 de octubre.
«Vamos a saber quiénes apretaron el gatillo y quiénes los encubrieron, pero no quiénes pagaron (para matar a Berta Cáceres)», le dijo a BBC Mundo.
Enfoque limitado
Víctor Fernández, el abogado de las hijas de Cáceres, coincide.
Y cree que es precisamente para garantizar eso que el Ministerio Público ha insistido en centrar la acusación únicamente en el día del asesinato de la líder indígena, rehusándose a considerar el contexto más amplio.
«Reducirlo todo al día del hecho es reducir la verdad y atentar contra el derecho a la justicia, porque la conspiración va más allá del 2 de marzo, hay que considerar todo lo anterior, las amenazas», argumenta Fernández.
«Es un enfoque que pone en riesgo la imputación de algunos de los verdaderos autores intelectuales, aumentando el riesgo de impunidad de algunos actores», le dijo a BBC Mundo.
Pero la fiscalía, sin embargo, insiste en que la investigación todavía no ha concluido y asegura que «si hay nuevas personas de interés, el Ministerio Público emitirá los respectivos requerimientos fiscales».
«Hay dos policías guardando prisión, porque son los que estaban realizando la investigación y el Ministerio Público comprobó que estaban falseando unos audios», destacó el vocero de la institución, Yuri Mora.
Y el portavoz también recordó el arresto, en marzo pasado, del presidente ejecutivo de DESA, Roberto David Castillo, quien eventualmente deberá enfrentar un juicio aparte como supuesto autor intelectual del asesinato de Cáceres.
Esto, sin embargo, no convence ni las víctimas ni a organizaciones como el CEJIL, que representó a Cáceres cuando esta consiguió que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenara medidas cautelares en favor de la activista medioambiental antes de su asesinato.
«Nosotros no nos sentimos representados por un Ministerio Público que nunca ha velado por nuestros intereses, al que hemos denunciado dos veces y ni siquiera nos dirige la palabra», le dijo Berta Zúñiga a BBC Mundo.
«Tampoco hay voluntad política de garantizar una justicia integral, lo que se ha expresado en una coordinación de todas las instancias del sistema judicial para apartarnos del proceso», denunció la hija de Berta Cáceres.
Y para Marcia Aguiluz, del CEJIL, un encubrimiento de los máximos responsables puede tener consecuencias que van más allá de este caso puntual, en un país conocido como uno de los más letales para los activistas medioambientales.
«Los sicarios son reemplazables», le dijo a BBC Mundo. «Pero si los autores intelectuales no asumen su responsabilidad, este tipo de situaciones se va a seguir repitiendo».
Familia de Berta Cáceres sigue exigiendo justicia
La familia de la lideresa ambientalista del pueblo lenca, Berta Cáceres Flores sigue exigiendo justicia por su asesinato ocurrido el 3 de marzo de 2016.
En un comunicado la familia señala que la muerte de su pariente es aun dolorosa para ellos y ellas y más aún cuando su asesinato fue obra de cerebros y manos crueles a quienes no les importa la vida y el sufrimiento y son capaces de cualquier acto atroz, con tal de obtener dinero.
Exigen al Estado de Honduras que garantice todo el empeño y esfuerzo para hacer llegar al juicio todas las pruebas existentes, con la finalidad de impedir que este acto cruel e inhumano quede en la impunidad.
A la vez denuncian la falta de transparencia en el proceso que ha derivado en múltiples peticiones de los acusadores para acceder a información, las que han sido desatendidas e ignoradas y que han provocado demoras e indefensión en el proceso.
También condenan que se esté desarrollando un juicio sin la presencia de los acusadores representantes de las víctimas, dando preeminencia a cuestiones de procedimiento y no al derecho a la justicia.
Comunicado
Exigimos justicia para todos los autores del asesinato de nuestra querida e inolvidable Berta Isabel Cáceres, aniquilada por el afán del dinero.
- Nosotros, la madre y hermanos de nuestra querida Berta Isabel Cáceres Flores, aun no superamos la ausencia física de nuestra hija, hermana y luchadora incansable Berta Isabel. Su muerte es aún más dolorosa al saber que su asesinato fue obra de cerebros y manos crueles a quienes no les importa la vida y el sufrimiento y son capaces de cualquier acto atroz, con tal de obtener dinero.
- Así mismo, considerando que el juicio oral de los primeros imputados se encuentra en una fase clave y determinante, exigimos al Estado de Honduras que garantice todo el empeño y esfuerzo para hacer llegar al juicio todas las pruebas existentes, con la finalidad de impedir que este acto cruel e inhumano quede en la impunidad. Así mismo demandamos toda la diligencia a fin de que el juicio se desarrolle de manera que impida todo riesgo de libertad de los imputados, especialmente a quienes se les vence próximamente la prisión preventiva.
- Que denunciamos la falta de transparencia en el proceso que ha derivado en múltiples peticiones de los acusadores para acceder a información, las que han sido desatendidas e ignoradas y que han provocado demoras e indefensión en el proceso.
- Que condenamos que se esté desarrollando un juicio sin la presencia de los acusadores representantes de las víctimas, dando preeminencia a cuestiones de procedimiento y no al derecho a la justicia.
- Aclaramos, que la condena de los actuales imputados no exime al Estado de su responsabilidad de aplicar la ley a los autores intelectuales, quienes se amparan bajo el escudo del dinero y de campañas de desinformación y manipulación de la opinión pública.
- Denunciamos, la campaña de desinformación que la Empresa DESA desarrolla con el afán de limpiarse las manos de tan horroroso crimen y con el que procuran sus directivos eludir y burlarse de la justicia.
- Solicitamos a los países amigos y a la cooperación internacional promover acciones para la búsqueda de la verdad en cuanto a los autores intelectuales y la corrupción vinculada a este caso, lo que ocasionó la agresión al Pueblo Lenca mediante licencias otorgadas de manera irregular, ilegal y sin consulta previa de las comunidades afectadas.
Finalmente pedimos:
- Que no se detengan las líneas de investigación y se haga justicia llevando a los tribunales a todos los autores materiales e intelectuales.
- Que se les dé la justa participación a los familiares en el proceso penal, incluyendo el acceso a la información derivada de las investigaciones, para sustentar sus posiciones ante el sistema de justicia. Esta exigencia incluye que se permita la reincorporación de los acusadores privados de los familiares en el proceso penal en curso.
- Que se fortalezca la solidaridad por la justicia de Berta Cáceres, incluyendo acciones de apoyo a las líneas de investigación de la ATIC y de la MACCIH, relacionadas con los autores intelectuales y corrupción vinculada en este caso.
