Una Declaración que reconoce derechos de mil millones de campesinos

La suerte de una histórica declaración que reconoce los derechos de más de 1.000 millones de campesinos en el mundo se define en las próximas semanas en la Asamblea General de Naciones Unidas. Tras ser aprobada por el  Consejo de Derechos Humanos, el máximo órgano en la materia de la ONU.

La elaboración del texto definitivo demandó siete años de debate de un grupo de trabajo especializado que evidenció profundas diferencias entre naciones del Sur en desarrollo, favorables a la iniciativa, y las del Norte industrial, en este caso con la singular excepción de Suiza.

El documento amalgama reivindicaciones seculares de los campesinos, como el derecho sobre la tierra, con reclamos más actuales como el derecho a las semillas y, en particular, la eliminación de la discriminación contra las campesinas y otras mujeres que trabajan en las áreas rurales.

Esa masa de trabajadores, que sumada a sus familiares puede abarcar hasta un tercio de la población mundial, figura en todas las estadísticas como el sector más desprotegido del planeta.

La alta comisionada adjunta de Derechos Humanos, la australiana Kate Gilmore, observó que “aunque los pequeños agricultores suministran una elevada proporción de los alimentos consumidos a nivel local, hasta 80% en Asia y en África Subsahariana, 80% de la población mundial que padece hambre vive en zonas rurales”.

“Proteger los derechos de las personas que viven y trabajan en las zonas rurales es proteger la principal fuente de alimentación en todo el mundo. Significa proteger la biodiversidad de la que dependen los sistemas alimentarios, los empleos y medios de vida de millones de familias, promover la sostenibilidad ambiental, la resiliencia y adaptación al cambio climático y sobre todo proclamar la igualdad de derechos”, señaló el boliviano Ruddy Flores al proponer fornalmente la propuesta en Ginebra.

La Declaración exime a los campesinos de “toda clase de discriminación en el ejercicio de sus derechos, en los terrenos de raza, color, descendencia, sexo, idioma, cultura, estado marital, propiedad, discapacidad, nacionalidad, edad, opiniones incluidas las políticas, religión, nacimiento o situación económica, social o de otra clase”.

A las mujeres campesinas les reconoce “garantías particulares en los campos de la planificación para el desarrollo, de acceso a la salud, la seguridad social, la educación y a vivir libres de la violencia” y establece que los Estados deben reconocer a las mujeres campesinas –propietarias de menos del 2% de la tierra a nivel mundial- el acceso equitativo al uso y control de la tierra y de los recursos naturales, con independencia de su estado civil y marital.

El texto proclama que todos los campesinos y trabajadores rurales gozarán del derecho a las semillas. Durante 10.000 años, los campesinos han protegido, seleccionado, intercambiado y vendido semillas, como también las han usado y reusado para producir alimentos, señaló la Academia de Ginebra de Derecho Internacional Humanitario.

Ese derecho consuetudinario ha sido reconocido por la ley internacional desde 2001 en respuesta a los desafíos que planteaba la protección de los derechos de propiedad intelectual establecidos por la Organización Mundial de Comercio (OMC) y la Unión Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales.

Melik Ozden, director del Centro Europa-Tercer Mundo de Ginebra observó que “la globalización neoliberal de las últimas décadas ha favorecido el monopolio de compañías transnacionales en la cadena alimentaria” y, en consecuencia “los campesinos han sido despojados de sus recursos, tierras, semillas, agua, vivienda y otros. Los trabajadores rurales “ya no controlan los procesos, los instrumentos ni tampoco la comercialización de sus productos”..

Por esa razón, los campesinos “recalan en los asentamientos marginales urbanos o se transforman en migrantes ‘ilegales’ en terceros países, forzados a vender su fuerza de trabajo en condiciones degradantes”, añadió.

(Con información de Gustavo Capdevila, IPS, desde Ginebra y del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico, CLAE)