La CIDH concluye que el fallo contra migrantes es discriminatorio y viola DDHH
Tras considerar que la sentencia del Tribunal Constitucional 168-13 sobre la nacionalidad tiene un carácter violatorio y discriminatorio que priva retroactivamente del derecho a la nacionalidad a decenas de miles personas, la delegación de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) recomendó a las autoridades dominicanas adoptar medidas urgentes, hasta tanto se implemente una solución a largo plazo.
En su informe preliminar sobre su visita «in loco» para analizar la situación de los derechos humanos en República Dominicana en lo relativo a la nacionalidad, la identidad, la igualdad, la no discriminación, así como otros derechos y problemáticas relacionadas, la delegación del organismo regional estableció que se le debe buscar una salida, cuyos mecanismos sean accesibles en términos económicos.
«No se puede exigir que las personas con derecho a la nacionalidad, como aquellas desnacionalizadas bajo la sentencia 168-13, se registren como extranjeros como requisito para el reconocimiento de sus derechos», aduce el levantamiento preliminar que fue dado a conocer por el presidente de la misión de la CIDH, el mexicano José de Jesús Orozco.
Se prevé que para junio próximo se podría tener un informe con sus conclusiones y recomendaciones, el cual sería entregado al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA).
En sus observaciones preliminares, la delegación de la CIDH señala que se debe garantizar el derecho a la nacionalidad de las personas que ya tenían ese derecho bajo el régimen interno vigente entre 1929 y 2010. Indica que en el levantamiento realizado desde el pasado lunes se recibieron testimonios, peticiones y comunicaciones de 3,994 afectados, muchos de ellos muy preocupantes sobre graves vulneraciones al derecho de la nacionalidad.
Refiere, además, que las violaciones al derecho a la nacionalidad observadas por la CIDH en su última visita en 1997, continúan, y la situación se ha agravado con la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional.
«Estas personas han visto violado su derecho a la personalidad jurídica, y viven sumidas en una situación de extrema vulnerabilidad. Esta situación afecta en forma desproporcionada a las personas de ascendencia haitiana, constituyendo una violación al derecho a la igualdad y a la no discriminación», dice.
Asimismo, precisa que la citada sentencia afecta a personas sujetas a múltiples formas de discriminación, en particular con base a la raza y a la pobreza.
Manifiesta que de acuerdo con los testimonios, muchos de los afectados no pueden conseguir empleos ante la falta de una cédula de identidad y electoral. Tampoco elevar acciones judiciales, ni accesar a servicios públicos, como salud y educación.
Los comisionados de la CIDH manifiestan que la Junta Central Electoral (JCE), al negarle documentaciones a los descendientes de haitianos, crea obstáculos para su libre circulación, ya que los deja sin prueba de su nacionalidad dominicana.
Destacan que recibieron informaciones de que numerosos funcionarios de la JCE niegan la documentación a descendientes de haitianos nacidos en el país, inclusive a pesar de que varios tribunales hayan ordenado su expedición, en abierto desacato.
En rueda de prensa, la delegación en pleno de la CIDH aclaró que las observaciones planteadas por ese organismo no tienen efectos ni consecuencias para que el país sea llevado ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.
«Es en función de monitoreo que se visita a la República Dominicana, y en su oportunidad se rendirá informe, y como no se trata de un sistema de peticiones y casos individuales, en este momento no va a ser objeto de análisis», enfatizó Orozco.
Dijo que comunicó al presidente Danilo Medina las observaciones preliminares, y que éste le manifestó que están tras la búsqueda de una solución del caso.
Periodistas y defensores
La delegación de la CIDH resaltó el hecho de que defensores y comunicadores han sido estigmatizados, y han recibido amenazas por el ejercicio de su labor. Citaron entre ellos, a los periodistas Huchi Lora, Juan Bolívar Díaz, Fausto Rosario Adames, Ramón Emilio Colombo, Javier Cabreja y la activista del Movimiento Reconoci.do., Ana María Belique, entre otros.
Atribuyeron a un acto de intolerancia e incitación a la violencia el que se actúe con agresividad contra quienes critiquen la sentencia.
De igual modo, cuestionaron el hecho de que se habría producido una campaña de rechazo contra países y organizaciones regionales e internacionales que expresaron su desacuerdo con la sentencia constitucional.
«Altos funcionarios gubernamentales habrían emitido declaraciones, cuestionando el papel de entidades como el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) o la Organización de los Estados Americanos (OEA)», apunta el informe preliminar.
Al ser cuestionado sobre el Plan de Regularización de Extranjeros, Orozco expresó que podría no estar acorde con el derecho internacional de los derechos humanos, ya que implica que los nacidos en el país se declaren extranjeros.
Llamada a audiencia
En marzo del próximo año, la República Dominicana podría ser llamada a una audiencia para dar seguimiento al tema, y recibir nuevas informaciones, reveló Emilio Álvarez Icaza, secretario de la CIDH. Las audiencias se hacen dos veces al año, en marzo y en octubre-noviembre.
Miembros de grupos de la sociedad civil, de ONGs que trabajan a favor de los derechos de descendientes haitianos, así como de entidades de los derechos humanos acudieron a la rueda de prensa celebrada en el hotel Crowne Plaza, a fin de conocer de primera mano el informe preliminar de la CIDH. Una vez concluida la lectura del documento, las pasiones se desbordaron, y los aplausos y abrazos no se hicieron esperar entre los presentes, quienes mostraron su satisfacción. La situación llegó a tales extremos, que el presidente de la delegación de la CIDH, José De Jesús Orozco, tuvo que intervenir, y recordar que se trataba de una rueda de prensa.
