Argentina: paran gremios estatales en Córdoba y piden la renuncia de funcionarios
El día después del acuerdo entre el gobierno cordobés y los efectivos de la policía provincial autoacuartelados en reclamo de mejoras salariales volvió a complicar políticamente a José Manuel de la Sota. Un pedido de renuncia de los ministros de gobierno, Oscar González, y de Seguridad, Alejandra Monteoliva, formulado por la bancada del Frente Cívico (juecismo), y el lanzamiento de un plan de paros de los sindicatos de Empleados Públicos, Hospitales y Judiciales que reclaman el mismo trato que recibieron las fuerzas de Seguridad en la discusión salarial, configuraron un escenario de final incierto.
Luego del acuerdo que fijó un básico de 8000 pesos para los policías, los gremios estatales de Córdoba aprovecharon la situación y salieron al cruce del Ejecutivo para pedir que el acuerdo salarial alcanzado por la fuerza de seguridad se traslade en iguales números al bolsillo de los restantes empleados de la administración. De manera casi unánime, los sindicatos lanzaron un plan de medidas de fuerza que apunta a profundizar el reclamo por el bono navideño y por una mejora en los salarios. Es así que los trabajadores estatales y de hospitales públicos realizarán a partir de hoy un paro de 48 horas, con asistencia a los lugares de trabajo durante el fin de semana en el sector de la salud.
La medida fue anunciada por el secretario general del Sindicato de Empleados Públicos (SEP), José Pihen, aliado delasotista. «Resolver un paro por 48 horas que incluye los servicios que se realicen el domingo, con la realización de actos de protesta, es la medida que el gremio considera adecuada a la falta de respuesta del gobierno a su demanda», dijo el referente gremial. La negociación a la que aspiran los gremios adelantaría la discusión paritaria pactada para febrero del año próximo.
Desde el gremio de empleados judiciales (AGEPJ), su titular –Irina Santesteban– confirmó que llevarán a cabo hoy un paro de 24 horas, sin asistencia a los lugares de trabajo. Tras rechazar ayer la propuesta del 15% de aumento salarial que ofertó el Tribunal Superior de Justicia a partir del 1º de enero del 2014, los empleados judiciales tomaron por tercera vez en el año el edificio de Tribunales I, en reclamo de la implementación de una ley de porcentualidad que desde hace cinco meses paraliza el servicio de justicia en la provincia. «Hemos venido a Tribunales a manifestamos, ya que si hubo un arreglo con la policía es porque la provincia tiene fondos, y a nosotros nos niegan el incremento que venimos reclamando», indicó Santesteban a este diario.
En tanto, el gremio que nuclea a los docentes provinciales (UEPC) advirtió que de no haber respuestas al pedido del traslado del aumento de los efectivos policiales al sector docente, el ciclo lectivo podría terminar antes. Juan Monserrat, titular del gremio, sostuvo que el acuerdo de los uniformados «seguro tendrá incidencia» a la hora de fijar un piso para el reclamo por más salario. Además, el gremialista adelantó que este lunes el sindicato realizará una asamblea de delegados departamentales para iniciar el proceso de discusión de la pauta salarial puertas adentro.
Aunque se esperaba que Córdoba comenzara ayer a retomar su ritmo, los paros y reclamos gremiales convivieron con los operativos policiales en los que al menos 96 personas fueron detenidas, acusadas de participar en la violenta ola de saqueos que afectó a la capital provincial y otras localidades de la provincia. Varios de los detenidos fueron apresados tras publicar objetos robados en la red social Facebook, y en la mayoría de los casos recibieron como imputación la figura de «hurto calamitoso», delito que prevé penas de entre tres y seis años de prisión. Hubo también versiones de nuevos saqueos que la policía se encargó de desmentir.
RENUNCIAS. El bloque de legisladores del Frente Cívico presentó en la Unicameral un proyecto donde solicitó al Poder Ejecutivo «requiera la renuncia en carácter de urgente al cargo de ministro Jefe de Gabinete y de Ministra de Seguridad, que le fueran asignados al doctor Oscar González y a la licenciada Alejandra Monteoliva, respectivamente, por la manifiesta incapacidad de llevar adelante políticas públicas tendientes a abordar la profunda crisis de seguridad que atraviesa la provincia y la ineficaz actuación que desempeñaron en la resolución del conflicto con la Policía de la Provincia de Córdoba».
Si bien desde el Centro Cívico nada se dijo sobre este pedido y las distintas voces que por estas horas cuestionan duramente el papel cumplido por los funcionarios que estuvieron al frente del gobierno durante el martes y miércoles pasado, cuando la provincia padeció momentos de inusitada gravedad tras el acuartelamiento de las fuerzas policiales, la propia ministra Monteoliva afirmó a Canal 8 que «el cargo que ejerce siempre está a disposición del gobernador», aunque desechó alguna decisión al respecto.
Consultada por este diario, la legisladora Liliana Montero sostuvo que «el sentido de este pedido de renuncia tiene que ver con que debe claramente establecerse que la primera responsabilidad es del Estado provincial». También sostuvo que el gobierno no vio a tiempo este conflicto, «no lo pudo manejar, y así vivimos un momento de total indefensión; el primer mensaje que debió darse debió señalar los responsables propios, para devolver a la ciudadanía la confianza en la política». «
santa fe: denuncia de bonfatti
El gobierno de Santa Fe denuncio ayer penalmente a una organización de ex policías provinciales por «instigar a una sublevación» entre las fuerzas de seguridad, similar a la ocurrida en Córdoba. Así lo explicó el gobernador santafesino, Antonio Bonfatti, que realizó una presentación en los tribunales de Rosario en la que atribuyó cinco delitos a la Asociación Profesional Policial Santa Fe (APROPOL). Bonfatti sostuvo que este grupo de ex policías convocó a asambleas para alentar un «paro» entre los uniformados en actividad.
«Ayer hice una denuncia penal contra esta semi organización, APROPOL, que no está reconocida como gremio y está formada por gente que fue exonerada de la policía», detalló el mandatario provincial, luego de la reunión que mantuvo con el jefe de Gabinete de la Nación, Jorge Capitanich.
«Esto lo tienen que saber los santafesinos. No vamos a permitir que se convoque a una apología del delito», subrayó Bonfatti.
