Organizaciones de DDHH y de mujeres piden a la Corte colombiana no limitar el aborto
Exigen a la Corte Constitucional no limitar derecho al aborto
En 2006 mediante la Sentencia C-355, la Corte Constitucional despenalizó el aborto en tres circunstancias; cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la mujer. Cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida o cuando el embarazo sea el resultado de una violación sexual, inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas, o de incesto.
El día de hoy inicio en twitter la campaña #CorteNoLimiteElAborto. Organizaciones sociales, feministas y de derechos humanos le exigen a la Corte Constitucional no limitar los avances logrados con la sentencia C-355 de 2006.
La Ponencia de la Magistrada Cristina Pardo, busca limitar las semanas para que una mujer pueda acceder a la interrupción voluntaria del embarazo en Colombia. Organizaciones como Dejusticia, Profamilia, Católicas por el Derecho a Decidir, entre otras, temen que la Corte Constitucional al fallar esta ponencia de forma positiva, coloque en riesgo la vida de las mujeres, su salud y aumente las barreras existentes que impiden la garantía de este derecho.
Las organizaciones explican que “el peligro para la vida o salud de la mujer y la inviabilidad fetal —que son causales de aborto permitidas en Colombia— podrían diagnosticarse en semanas avanzadas del embarazo. Limitar el tiempo sería incompatible con estas causales. Por otro lado, este requisito adicional aumentaría las barreras que ya existen para las mujeres que necesitan acceder a este derecho”.
A esto se suma el drama que viven miles de mujeres en todo el país, muchas de las cuales abortan en la clandestinidad, a pesar de entrar en alguna de las tres causales permitidas por la Corte. El desconocimiento del marco legal, la aplicación insuficiente y limitada de las causales que llevan a la negación injustificada de los servicios, la solicitud de requisitos adicionales que no contempla la norma. Además la aplicación inadecuada de la objeción de conciencia, por parte de algunos médicos, a la realización de la interrupción voluntaria de embarazo. Todo esto contribuye a la vulneración del derecho de las mujeres.
Según la periodista y feminista Tatiana Duque, Aplicar la interrupción voluntaria del embarazo es limitado y lleno de trabas.
Cifras de Profamilia de 2017 señalan que en Colombia fueron practicados 10.517 abortos legales. Esta cifra contrasta con un aproximado de 400.000 abortos inducidos o clandestinos ocurridos en 2016, de los cuales solo 322 fueron interrupciones voluntarias de embarazo. Se estima que el 44% de los embarazos no planeados en Colombia terminan en aborto inducido.
Mónica Roa, reconocida estudiosa sobre temas de género explica:
Poner un límite de tiempo crea incentivos para meter trabas y demoras para que a la mujer se le pase el tiempo y al final puedan negarle el aborto. El foco debería estar en eliminar barreras para que se hagan lo más pronto posible. #CorteNoLimiteelAborto
— Monica Roa (@MonicaRoa) 9 de octubre de 2018
Natalia Moreno, Magister en Estudios de Género de la Universidad Nacional de Colombia explicó:
Penalizar el aborto empeorará un problema de salud pública que hoy tiene #Colombia
70 mujeres mueren/año, 4ta causa mortalidad materna
400 mil IVE/año, 99% fuera del sistema
Las + afectadas: mujeres rurales y de menos $Ver ?https://t.co/UpLCl1qAth#CorteNoLimiteElAborto pic.twitter.com/l9T9QEUeH7
— Natalia Moreno S (@NatiMorenoS) 9 de octubre de 2018
Para la organización feminista Las Siete Polas “Las tres causales de aborto permiten a las mujeres tener un aborto legal y seguro. La Corte debería estar trabajando para que en los centros de salud esto sea garantizado, no para limitarlo. #CorteNoLimiteElAborto”.
Aun se espera la respuesta de la Corte Constitucional. Sin embargo, existen dudas sobre las decisiones de la misma desde la llegada de un gobierno como el de Iván Duque, el cual desde su campaña y ahora en el propio gobierno vienen impulsando una agenda patriarcal, excluyente con políticas en favor de las mujeres y con los temas de género.
Organizaciones de derechos humanos y de mujeres piden a la Corte Constitucional no poner más obstáculos al aborto en Colombia
La Corte Constitucional examina la posibilidad de limitar las semanas en las que las mujeres pueden interrumpir voluntariamente un embarazo en Colombia.
Cinco organizaciones que trabajan por los derechos sexuales y reproductivos consideran que, de prosperar esta propuesta, aumentarán los obstáculos para acceder a este derecho. Por esa razón, le piden a la Corte que decida a favor de los derechos de las mujeres.
En Colombia las mujeres abortan en edades gestacionales avanzadas debido a las múltiples barreras que persisten en el sistema de salud. Esto pone en riesgo su vida y el ejercicio de su derecho por el aborto legal.
En las próximas semanas la Sala Plena de la Corte Constitucional se reunirá para evaluar el caso de una mujer que enfrentó múltiples barreras para acceder a un aborto legal y que solo pudo obtener este procedimiento gracias a una tutela. La Mesa por la Salud y la Vida de las Mujeres, el Centro de Derechos Reproductivos, Profamilia, Católicas por el Derecho a Decidir Colombia, Women’s Link Worldwide y Dejusticia temen que este alto tribunal limite las semanas en las que una mujer puede acceder a la interrupción voluntaria del embarazo en Colombia, pues argumentan que esto pondría en riesgo sus vidas, su salud y aumentaría las barreras existentes que impiden la garantía de este derecho
Las organizaciones firmantes presentaron diferentes intervenciones ante la Corte Constitucional en las que mostraron la inconveniencia de restringir este derecho. Explicaron que, por un lado, el peligro para la vida o salud de la mujer y la inviabilidad fetal –que son causales de aborto permitidas en Colombia– podrían diagnosticarse en semanas avanzadas del embarazo y, por lo tanto, un límite de tiempo sería incompatible con estas causales. Por otro lado, este requisito adicional aumentaría las barreras que ya existen para las mujeres que necesitan acceder a este derecho.
Hoy en día, dentro del sistema de salud, existen múltiples barreras que alargan el tiempo de espera de las mujeres para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo e impiden que su decisión sea libre, consentida e informada. Es común que las EPS, los hospitales y profesionales no estén bien informados y desconozcan las causales despenalizadas. Es usual que les pidan a las mujeres requisitos adicionales a los exigidos legalmente. La falta de centros médicos que realizan este procedimiento es otro obstáculo que no permite a las mujeres –especialmente en las zonas rurales del país– acceder a un aborto legal, seguro y oportuno. A esto se suma, además, el reproche cultural que cae sobre las mujeres que tienen el derecho a abortar y voluntariamente quieren hacerlo.
Por estas razones, las organizaciones le piden a la Corte Constitucional que no limite las semanas en las que las mujeres pueden acceder a un aborto legal y seguro. Por el contrario, es necesario que la Corte contribuya a eliminar los obstáculos que enfrentan las mujeres para ejercer su derecho, especialmente las que habitan en áreas rurales, las más pobres y las que tienen menos acceso a información. Imponer más barreras al acceso a este derecho obligará a las mujeres a seguir acudiendo abortos clandestinos o a llevar a término embarazos que amenazan su salud y sus vidas. Esto último ha sido considerado por la Corte Constitucional como una carga desproporcionada para las mujeres y, por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, como una violación al derecho a estar libre de tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Cabe recordar que, desde hace 12 años, el aborto en Colombia es legal en tres circunstancias: cuando la salud o la vida de la mujer están en riesgo, cuando se presente una incompatibilidad del feto con la vida fuera del útero y cuando el embarazo sea resultado de una violación o incesto.
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