Caso Curuguaty: la defensa de los campesinos acusados evidencia irregularidades en el proceso
La defensa de los campesinos acusados en el caso Curuguaty prosiguió hoy con la presentación de los incidentes contra la acusación fiscal, solicitando la anulación del proceso y el sobreseimiento definitivo de todos los acusados.
Recordemos que en la jornada de ayer empezaron los alegatos de la defensa que cuestionaron en primer lugar el inicio de la audiencia sin haberse resuelto aún el incidente de prejudicialidad. También se denunció la injerencia de otros poderes al haber el presidente Federico Franco condenado públicamente a uno de los acusados cuando aún no existía siquiera una imputación, y por haber el mismo fiscal Jalil Rachid prejuzgado sobre la culpabilidad de los acusados cuando aún no estaba concluida la etapa investigativa.
En prosecución de lo realizado hasta ayer, la Dra. María del Carmen Morales presentó el incidente sobre el acta de imputación y la acusación. Los puntos objetados se refieren a irregularidades verificadas, entra las que citó dobles imputaciones realizadas el mismo día por los mismos fiscales.
Así también se cuestionó el hecho de que la imputación se realizó a base de conjeturas y generalidades sin identificar ni aportar elementos que sostengan una sospecha fundada sobre qué hizo o a quién mató específicamente cada uno de los acusados. En esta línea Morales sostuvo que las meras suposiciones sobre que la presencia de mujeres y niños se hizo para generar un ambiente de confianza y tomar desprevenidos a los policías no es elemento suficiente para acusar a nadie. Esto con referencia Lucia Agüero, Fani Olmedo y Dolores López, quienes están acusadas de invasión de inmueble, asociación criminal y cómplices de homicidio doloso.
Con respecto a los cargos de invasión de inmueble y asociación criminal que pesan sobre Juan Carlos Tillería y Alcides Ramón Ramírez Paniagua, la abogada dijo que en el relato y relación de los hechos no se menciona qué funciones se le atribuyen a los acusados más que supuestamente haber estado bajo las órdenes de Rubén Villalba, sin citar a qué órdenes se refiere la fiscalía ni cómo fueron cumplidas.
También se volvió a cuestionar que la principal prueba arrimada por la fiscalía para dictar la imputación y posterior acusación fue un cuaderno en el que aparecen los nombres de solicitantes de tierras. Sin embargo, la defensa nunca tuvo acceso a esa prueba ya que, luego de que la fiscalía procediera a consultar y tomar nota de los nombres, supuestamente el papel se mojó y quedó destruido. La defensa enfatizó que la elaboración del censo es un requisito administrativo del Indert en caso de solicitud de tierras y que la formación de una comisión vecinal no implica una organización para delinquir, tal como sostiene la fiscalía.
Posteriormente el abogado Guillermo Ferreiro presentó el incidente de exclusión probatoria pidiendo la anulación de las pruebas presentadas por la fiscalía, ya que la defensa no tuvo acceso a ellas así como tampoco tuvo participación en el momento de realizarse algunas pericias. Respecto a este punto mencionó específicamente un estudio en terreno hecho para determinar la trayectoria y la distancia de los impactos de las armas de fuego.
En este punto las irregularidades del proceso llegan a niveles groseros dándose el caso, por ejemplo, de que una de las pericias se realizó el 12 de octubre y la defensa fue notificada recién el 16 de octubre, una vez que las diligencias fueron realizadas. Así también Ferreiro citó unas cajas identificadas con letras y números como M 32, M80, etc., sin que hasta el momento la defensa tenga conocimiento del contenido ni tenido la oportunidad de recurrir a otros peritos para contrastar la autenticidad de los elementos arrimados.
Esto, según alegaron los abogados, deja en estado de indefensión a los acusados y constituye una grave violación al derecho a la defensa al intentar llevar a juicio a ciudadanos a fuerza de pruebas secretas.
Al darse por terminada la jornada en un ambiente en que todo parecía apuntar a que la jueza Janine Ríos debe declarar la nulidad del proceso y sobreseer a todos los acusados, Ferreiro se mostró cauto diciendo que “no queremos hacer pronósticos con la justicia paraguaya
