Sindicatos inician un acampe en el Congreso «contra el presupuesto del FMI»
La resistencia al presupuesto de ajuste
El proyecto de Presupuesto 2019 –que duplica los fondos destinados al pago de la deuda mientras recorta los de educación, salud, así como los subsidios a los servicios públicos y al transporte– será puesto en cuestión esta semana con marchas y debates en la calle. Esta tarde, a las 17, la CTA Perón montará frente al Congreso un acampe que se extenderá durante cinco días. En el lugar y hasta el viernes se realizarán paneles para discutir la previsión del gasto enviada por del Poder Ejecutivo y difundir propuestas alternativas. A su vez, el jueves habrá una marcha en defensa de la salud pública desde el ministerio de Salud a la Plaza de Mayo. También las organizaciones que trabajan por los derechos de las personas con discapacidad llamaron a movilizarse contra el proyecto macrista de presupuesto 2019.
El acampe tendrá la consigna “Contra el presupuesto del FMI, por trabajo, producción y soberanía”. La agenda de actividades prevé mesas sobre Presupuesto, Empleo Público y género el martes, Seguridad y Defensa el miércoles, Salud, Trabajo y Producción el jueves, Educación, Ciencia y Tecnología el viernes.
Diputados y senadores de la oposición presentarán allí un documento crítico contra el presupuesto oficial. Por otra parte, habrá mesas en las que los trabajadores afectados por el ajuste –como los de Río Santiago o los de los ministerios transformados en secretarías– hablarán sobre su situación.
La marcha federal en defensa de la Salud está siendo motorizada por un colectivo de organizaciones políticas, sociales y gremiales. La convocatoria a la actividad, prevista para este jueves a las 13, señala que la eliminación del Ministerio “sintetiza el abandono del rol del Estado en la garantía del derecha a la salud”, cuestiona la reducción y subejecución del presupuesto del área y denuncia el vaciamiento y cierre de programas, la falta de medicamentos e insumos básicos como preservativos y otros métodos anticonceptivos para garantizar la salud sexual, reproductiva y no reproductiva y de recursos para garantizar el Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo.
Presupuesto 2019: solo el 0,13% está orientado a disminuir brechas de género
El 17 de septiembre, el ministro de Hacienda de la Nación, Nicolas Dujovne, presentó el borrador de Ley de Presupuesto 2019 (se puede leer completo al final de esta nota), que detalla, además de las variables macroeconómicas que espera la administración nacional para el año próximo, cómo tiene previsto financiarse y la manera en la que organizará el gasto.
La particularidad de este proyecto es que por primera vez se identificaron las partidas que tienen un impacto positivo en el cierre de las brechas de género.
Del total presupuestado (poco más de 4 billones de pesos), solo el 0,13% será destinado a programas de distintos Ministerios que buscan activamente disminuir las brechas de género que hay en la Argentina. Según detalló el Ministerio de Hacienda ante una consulta de El Cronista, el total destinado a este propósito el año próximo será de 5528 millones de pesos.
Los ministerios y dependencias que explicitaron partidas presupuestarias específicamente son Salud y Desarrollo Social ($ 4709 millones); Justicia y Derechos Humanos ($ 419 millones); Educación, cultura, ciencia y tecnología ($ 102,9 millones); Seguridad ($ 58,7 millones) y Producción y Trabajo ($ 11,5 millones). Además, el Indec indicó que destinará $ 2,9 millones a la construcción del Registro Único de Casos de Violencia de Género; y el Instituto Nacional de las Mujeres, el organismo rector de las políticas de género en el país, recibirá $ 234,3 millones el año próximo.
Este año, como parte de un «proceso de mejora del Sistema Presupuestario Nacional», la administración nacional comenzó a identificar, con una etiqueta especial (PPG: Presupuesto con Perspectiva de Género) aquellas partidas que tienen un impacto positivo en la disminución de las brechas entre varones y mujeres.
En el punto 6.3 del Anexo 6 del proyecto, el Ministerio de Hacienda detalló que el trabajo para el borrador de 2019 «implicó el compromiso de 10 organismos, arrojando como resultado la identificación de 23 actividades presupuestarias vinculadas al Presupuesto con Perspectiva de Género y de casi 40 mediciones físicas».
Aborto, palabra tabú pero motor de aumentos presupuestarios
A pesar de que la interrupción voluntaria del embarazo fue el debate legislativo más importante del año y uno de los más importantes de la historia democrática del país, en las más de 4500 páginas del proyecto no aparece la palabra aborto.
Sin embargo, el Ejecutivo se vio forzado a incluir las demandas sociales en las partidas presupuestarias de 2019. En la comparación interanual, dos programas que responde a dos de los lemas de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito registraron un fuerte crecimiento.
En los pañuelos verdes, además de tener impreso la demanda de legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, se puede leer también «Educación sexual para decidir» y «Anticonceptivos para no abortar».
Para fortalecer la educación sexual integral en las escuelas, en el presupuesto 2019 el Estado asignó $ 102,9 millones, un salto de 370% respecto de 2018. Sin embargo, el aumento real (al tener en cuenta la inflación), el aumento será de 250%.
El programa que provee de anticonceptivos (Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable) tendrá en 2019 un monto de $ 553,3 millones, un 138% más que lo que le habían asignado este año. Con la inflación proyectada de 34,8% en promedio para el año que viene, el aumento real será, si se ejecuta toda la partida, de 76,72%.
Además, una partida que no estaba transparentada en 2018 apareció en el proyecto de 2019 con un monto específico: se trata del programa de «Prevención del embarazo adolescente», con un monto de 489 millones de pesos.
La diversidad sexual es prácticamente inexistente en el Presupuesto 2019. Solo se transparenta una sola partida de $3,1 millones de pesos en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Fuerte recorte al INAM y a la protección de víctimas de violencia
En la Argentina, cada 30 horas una mujer es asesinada producto de la violencia machista. Sin embargo, las partidas presupuestarias destinadas al organismo rector de las políticas de género en el país (el Instituto Nacional de las Mujeres) y aquellas que buscan proteger o patrocinar las víctimas de violencia sufrieron fuertes recortes.
En el caso del Instituto Nacional de las Mujeres, tal como informó El Cronista la semana pasada, recibió una asignación de 234,3 millones de pesos el año que viene, un 10,7% más en términos nominales que en 2018. Sin embargo, cuando se tiene en cuenta la inflación, ese aumento se convierte en un recorte real del 18% respecto de lo que el INAM tuvo asignado este año (211,5 millones).
El recorte global del presupuesto del organismo que conduce Fabiana Túñez se explica también por un tijeretazo de 20 millones de pesos al Plan Nacional de Acción para la Erradicación de la Violencia, que Mauricio Macri había anunciado en 2016 y que contemplaba que durante 2019 se asignarían 52 millones de pesos (y no 32 millones, como figura en el presupuesto enviado al Congreso).
Igual de impactante resulta revisar la partida destinada a la Protección de las Víctimas de Violencia, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, que sufrirá un recorte de 24,12% en términos reales en 2019. Del borrador surge que recibirá $ 301,8 millones, apenas un 2% más que en 2018 pero con un aumento de los precios proyectado en torno de 35%.
Para completar un panorama sombrío, teniendo en cuenta la urgencia en la que se encuentran las mujeres que son víctimas de violencia, el programa «Asistencia y Patrocinio Gratuito a las Víctimas de violencia de género» no recibirá ni un solo peso.
Dólar: máxima expectativa en el mercado por el debut de las bandas de flotación
Tras el acuerdo alcanzado la última semana entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI) por la ampliación del crédito stand by que recibió Argentina en junio pasado, el mercado se mantiene expectante respecto al esquema de flotación del dólar entre bandas ($ 34 – $ 44) que comenzará a aplicar el lunes el Banco Central bajo la conducción de Guido Slandleris, en el marco de la nueva política monetaria que rige desde el último viernes.
En la rueda previa al debut del nuevo sistema de bandas de flotación, el mercado cambiario se recalentó y el billete verde aceleró su tendencia alcista hasta terminar muy cerca de los $ 42 y alcanzar un nuevo récord histórico nominal en bancos y casas de cambio, según el promedio de ámbito.com.
Con un sesgo comprador durante todo el día, el billete trepó el viernes un 3,5% o $ 1,41, a $ 41,94 un precio inédito al cierre, después de superar los $ 42 durante una jornada, en la que el BCRA volvió a intervenir en los futuros del dólares. De hecho en algunos bancos, llamativamente como el Nación (suele tener los precios más bajos del mercado), la cotización finalizó por encima de los $ 42 ($ 42,10).
Por su parte, en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), la divisa se disparó un 3,9% ($ 1,55) a $ 41,25, tocando un máximo de $ 41,50 en la sesión. Fue en ese nivel, donde apareció el BCRA con una nueva intervención en los mercados de futuros, lo que hizo moderar parcialmente el avance en el mercado de contado, cuyo monto operado ascendió 17% a u$s 429 millones. Según operadores del mercado, el Banco Nación había vendido u$s 50 millones de contado.
Cabe recordar que el BCRA anunció el miércoles pasado que a partir del primero de octubre implementará un nuevo esquema de política monetaria que permitirá bajar la inflación y recuperar un ancla nominal para la economía.
«La meta monetaria se complementa con la definición de zonas de intervención y no intervención cambiaria. La zona de no intervención se define inicialmente entre $34 y $44, se ajustará diariamente a una tasa de 3% mensual hasta fin de año y se recalibrará al comienzo del año próximo. El BCRA permitirá la libre flotación del peso dentro de esta zona, considerando que es un rango adecuado de paridad cambiaria», destacó el Central en su comunicado del miércoles.
En ese sentido, afirmó que en el caso de que el tipo de cambio se encuentre por encima de la zona de no intervención, el BCRA realizará ventas diarias de moneda extranjera por hasta $ 150 millones. Y agregó que en el caso de que el tipo de cambio se encuentre por debajo de la zona de no intervención, podrá comprar moneda extranjera.
El BCRA considera que este esquema de zonas de intervención y no intervención combina adecuadamente los beneficios de la flotación cambiaria con los beneficios de prevenir fluctuaciones excesivas del tipo de cambio, en una economía con un mercado financiero poco profundo en donde el valor de la paridad juega un rol destacado en la determinación de las expectativas de inflación.
Asimismo, la autoridad monetaria destacó en el comunicado que la meta monetaria será implementada mediante operaciones diarias de Letras de Liquidez (LELIQ) con los bancos. Señaló además que continuará con el cronograma de desarme de LEBAC.
En este marco, la tasa de las Letras de Liquidez, Leliq, alcanzó el viernes niveles del 65% anual en el mercado, desde el 60% previo, dijeron operadores. Y añadieron que la suba en la tasa de Leliq se produjo cuando la cotización del dólar rozó niveles mínimos históricos de $ 42. El Central informó en un comunicado que se comprometió a no permitir que la tasa de política diaria se ubique por debajo del 60% anual hasta diciembre de 2018.
Por último, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, dijo el último sábado que confía que con la nueva política monetaria que implementará el Banco Central va a «bajar la volatilidad cambiaria» y si bien admitió que hay una «pérdida del poder adquisitivo», afirmó que «se va a recomponer en los próximos meses a medida que vaya bajando la inflación».
«Es una política monetaria muy sana, consistente y fácil de entender. Con la base monetaria no crece por varios meses vamos a lograr bajar la volatilidad cambiaria», afirmó Dujovne.
En declaraciones a Radio Mitre, el funcionario señaló que «la solución de fondo aquí es sanear la macroeconomía, tener equilibrio en las cuentas públicas, ir bajando la inflación».
Dura advertencia de la ONU al gobierno nacional por el ajuste social
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) comenzó a evaluar la posición del Estado argentino en el cumplimiento de derechos económicos, sociales y culturales después de siete años. La mesa de examen abrió con un severo cuestionamiento preliminar sobre el impacto del ajuste impuesto en esas áreas por el gobierno de Cambiemos en sus casi tres años de gestión. Y sumó una advertencia formal sobre el potencial impacto negativo en los sectores más vulnerables que generará el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La recomendación de evitar nuevos recortes de derechos para cumplir las metas del organismo de crédito internacional quedó formalizada el viernes durante una audiencia del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC) de la ONU. DESC es el órgano integrado por 18 expertos internacionales e independientes que evalúa periódicamente el cumplimiento de las obligaciones de los 169 Estados adheridos. En la Argentina, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales tiene rango constitucional, lo que obliga al cumplimiento de las observaciones que realice el Comité. La comitiva oficial que participó de las audiencias en Ginebra estuvo encabezada por el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, y el dictamen final se conocerá a mediados de octubre.
Los miembros del Comité pidieron precisiones a los representantes del Estado argentino después de estudiar los datos aportados por diferentes organizaciones de la sociedad civil –los denominados informes «sombra»– que trazan un escenario desalentador en la situación de los grupos sociales más desprotegidos. Uno de esos trabajos reunió el diagnóstico de más de medio centenar de organizaciones sociales y sindicales, equipos de investigación, especialistas y organismos de Derechos Humanos y fue compilado y presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels).
El relevamiento denuncia una «situación crítica» en materia de derecho al trabajo, salud, seguridad social, tierra y vivienda, y advierte sobre un agravamiento de esas limitaciones estructurales a partir de medidas económicas y políticas adoptadas durante la gestión de Cambiemos. Según el informe que reúne siete trabajos por área, y al que tuvo acceso Tiempo, el modelo macrista produjo «una transferencia de ingresos hacia los sectores privilegiados, un proceso de reprimarización del sistema productivo y la aceleración del endeudamiento público».
Ante las consultas del Comité, la delegación argentina evitó las precisiones. El discurso de Avruj transitó el tono político-electoral que suele elegir el macrismo frente a preguntas incómodas y el ya gastado recurso de la «pesada herencia» recibida en diciembre de 2015. «Estamos viviendo un cambio de paradigma. Después de una década de populismo asumimos una política que enfrenta nuestros problemas de verdad», contestó Avruj durante el intercambio.
«Las advertencias que el organismo planteó en la audiencia de este viernes indican que el informe que se conocerá en unas semanas será severo», señaló el director ejecutivo del Cels, Gastón Chillier, a Tiempo. «El Comité observa que el acuerdo con el Fondo puede tener un alto costo social. Funciona como una contracara del FMI porque le dice al Estado argentino que ese pacto financiero no puede implicar recorte de derechos sociales», evaluó.
Cifras y alarma
La actualización estadística de los informes reunidos por el Cels señala que en la Argentina hay casi 2 millones de personas desocupadas, de las cuales el 39,2% lleva más de un año buscando trabajo. Según los datos del Indec del segundo trimestre de 2018, el desempleo golpea más fuerte entre las mujeres jóvenes (21,5 por ciento).
La aceleración del proceso inflacionario, puntualiza el trabajo, produjo una caída del salario real del 5,7% para los trabajadores formales del sector privado entre noviembre de 2015 y mayo de 2018. Para los empleados públicos ese tobogán descendente fue, en el mismo período, del 11,9 por ciento.
La desigualdad entre los sectores más ricos y más pobres de la sociedad argentina también tuvo un salto durante la gestión cambiemita. La brecha entre ambos universos aumentó un 5,2% entre el primer trimestre de 2017 y el mismo período de este año.
El impacto del tarifazo en los servicios públicos contempla un capítulo independiente. Los datos compilados señalan que, entre 2015 y 2017, el gasto público se mantuvo en valores similares al PBI. Sin embargo, el peso relativo de los intereses de deuda trepó el 0,9%, mientras que el subsidio a los servicios públicos disminuyó un 0,8 por ciento. Esa reducción implicó un aumento del 1000% en los servicios públicos en la Ciudad y el Conurbano desde 2016; y de entre el 200 y 500% para el resto del país.
La reforma «regresiva» del sistema jubilatorio y de seguridad social fue otro de los aspectos sobre los que tomó nota el Comité. El informe advierte sobre un 10% de reducción en el poder adquisitivo de los haberes y denuncia el recorte de pensiones por discapacidad que, incluso antes de la resolución de ajuste conocida días atrás, excluyó del beneficio a casi 60 mil personas.
El capítulo de vivienda e infraestructura tiene como punto de partida la deuda estructural de la Argentina: más del 10% de las viviendas no está conectado a la red de agua potable y más del 30 carece de servicios de cloacas. Sin embargo, la inversión pública en ese rubro cayó del 2% (como porcentaje del PBI), en 2015, al 0,3% en 2017.
El objetivo del gobierno de llegar a “déficit cero” en 2019 con la profundización del ajuste articula otro apartado del informe. Advierte que, según las estimaciones oficiales, a fines de 2018 la inflación podría alcanzar el 42 % y la actividad económica sufrir una caída del 2,4. «Este escenario, sumado al ajuste que se profundiza con el respaldo del FMI, afectará el goce de los derechos económicos, sociales y culturales, y agravará la pobreza con mayor impacto en las mujeres y en la población joven», concluye el trabajo.
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