Las claves del nuevo acuerdo del gobierno con el FMI
El Gobierno anunció un nuevo acuerdo con el Fondo al que todavía le falta una aprobación
«Se incrementan los montos en 7.100 millones de dólares», dijo Nicolás Dujovne desde Nueva York junto a la directora del FMI, Christiane Lagarde. Sin embargo, el acuerdo está sujeto al visto bueno del directorio del organismo.
El gobierno nacional y el Fondo Monetario anunciaron este miércoles un acuerdo común para modificar el stand by de junio que aunque cuenta con el visto bueno de las autoridades macristas, aún está sujeto a la aprobación del Directorio del FMI. Es decir, a pesar del tiempo transcurrido desde el video por Youtube del presidente Mauricio Macri, el 29 de agosto, donde se aseguraba que ya había un acuerdo, y la salida traumática de Luis Caputo de la presidencia del Banco Central, todavía queda una instancia de aprobación sin resolver.
El dato no es menor y quizá explica por qué se realizó un anuncio con la presencia de Christine Lagarde, directora del FMI, y el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, por un acuerdo técnico que cuando se aprobó el stand by original, en junio, no mereció más que un comunicado. Los dichos de Lagarde, en el sentido de que el Fondo respalda plenamente a la Argentina, tampoco pasaron desapercibidos en momentos en que son fuertes las versiones que indican que varios países de Europa están en contra de cambiar el stand by.
Un comunicado del FMI ubicó el acuerdo técnico de este miércoles dentro de la primera revisión del stand by de junio. El FMI ya había retenido un desembolso de alrededor de 2900 millones de dólares en nombre de esa revisión.
El FMI señaló que el acuerdo es sobre “un conjunto de políticas económicas reforzadas que apuntalarán el Acuerdo Stand-By a 36 meses aprobado el 20 de junio de 2018”.
Al respecto, Lagarde detalló los ejes de esa política:
-Alcanzar el equilibrio presupuestario para 2019, un año antes de lo previsto en el acuerdo original, y avanzar hacia un superávit primario del 1% en 2020. Para ello, la aprobación por parte del Congreso del presupuesto para 2019 es “un paso esencial”.
-Se elimina el régimen de metas de inflación y se lo reemplaza por una “meta de base monetaria” que equivale a decir que se restringirá la oferta de dinero y se “mantendrá las tasas de interés a corto plazo en sus niveles actualmente altos”.
El riesgo cierto de esta decisión es que se profundice la recesión. A las tasas altas en pesos se le sumará la falta de circulante.
-Respecto de la política cambiaria, Lagarde anunció que el Banco Central adoptará “un régimen de tipo de cambio flotante sin intervención”, salvo en los casos de “fluctuación extremadamente excesiva”. Ante ello, Lagarde aseguró que la autoridad monetaria podrá realizar “una intervención limitada en los mercados cambiarios para evitar condiciones desordenadas en el mercado”.
La revisión del stand by refuerza las finanzas del gobierno de Macri y desfinancia al gobierno que lo continúe, al bajarle los fondos desde los 19.000 millones de dólares previstos en el stand by original a 7000 millones.
El ministro Dujovne aclaró que “para lo que resta de 2018, los desembolsos previstos se elevan de 6000 millones a 13.400 millones de dólares, mientras que para 2019 pasan de 11.400 millones a 22.800 millones de dólares». Es decir, el gobierno de Macri recibe 18.800 millones de dólares más de los que tenía previsto en el stand by original.
El objetivo de toda esta masa de dólares es garantizar el pago de la deuda pública en dólares y evitar un default.
Con todo, dada la necesidad de dólares que precisa la economía argentina y el hecho de que el gobierno no modificará su política de liberalización del flujo de capitales, ya hay analistas que consideran que ese monto no será suficiente para cubrir la demanda del billete verde.
Desde el consulado argentino en Nueva York, el Gobierno anunció un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que supone un préstamo mayor al acordado en junio pasado. «Se incrementan los montos en 7.100 millones de dólares», dijo Nicolás Dujovne, el ministro de Haciendo, sentado junto a Christine Lagarde, la titular del FMI.
«El nuevo acuerdo comprende desembolsos totales por 57.100 millones de dolares, lo que representa un incremento de USD 7.100 millones con respecto al acuerdo previo», señala el comunicado difundido por presidencia. También remarcaron se acelerará el paso para llegar a «un equilibrio fiscal» al tiempo que buscarán reforzar «el compromiso del Banco Central con la reducción de la inflación».
«El monto total del acuerdo Stand By se incrementa de 50.000 a 57.100 millones de dólares, a la vez que se aumentan significativamente, en 19 mil millones de dólares, los desembolsos previstos para lo que resta del 2018 y para el 2019», resumió Dujovne.
Acampe contra el ajuste
La CTA que conduce Ricardo Peidró y la Asociación de Trabajadores del Estado anunciaron un acampe de cinco días frente al Congreso en rechazo a la ley de presupuesto. “Vamos a instalarnos el lunes y a quedarnos toda las semana para hacer, junto a diputados, senadores, universidades, organizaciones sociales y gremiales, un análisis crítico del presupuesto 2019. El objetivo es reclamar a los legisladores y a los gobernadores que no apoyen el proyecto del Poder Ejecutivo, porque es la convalidación del acuerdo con el FMI. Y vamos a hacer, además, nuestras propias propuestas”, anticipó el titular de ATE, Hugo Godoy.
Tras el paro de las centrales obreras, los dirigentes buscan darle de esta manera continuidad al plan de lucha contra el ajuste, que se expresa en el proyecto de ley de presupuesto enviado por Cambiemos.
“El proyecto prevé para el pago de intereses de la deuda 700 mil millones de pesos, un 50 por ciento más que el año pasado. Recorta a las provincias 110 mil millones, lo que va a tener un impacto muy fuerte, mientras que a las 30 primeras empresas exportadoras, que tuvieron un salto en su rentabilidad de 400 mil millones por la devaluación, no las grava. Es decir que es mentira que este sea un ajuste para lograr el déficit cero: por un lado no se grava la renta extraordinaria y al mismo tiempo se ajusta a los sectores vulnerables”, señaló Peidró.
En la Central remarcan que la partida destinada al pago de deuda es 70 veces más que lo que se destina políticas sociales de generación de trabajo, 30 veces superior a la partida para agua potable y 26 veces lo destinado a vivienda y urbanización.
La carpa será instalada el lunes a la tarde, con una concentración en Callao y Rivadavia. El martes van a inaugurarse las actividades con la presentación de un análisis crítico del presupuesto, y el miércoles armarán paneles para tratar los temas trabajo, producción, obra pública y erradicación de la pobreza. Para el jueves hay en agenda un encuentro sobre salud y seguridad social, ya que uno de los puntos que más preocupan son los recortes al sistema jubilatorio y el avance contra el Fondo de Garantía de Sustentabilidad Social. El viernes será el turno de debatir los presupuestos de Educación, Ciencia y Tecnología, áreas muy afectadas en la previsión del gasto público del año próximo.
“Vamos a pedir audiencia con todos los bloques para plantear estas cuestiones y, dentro del acampe, a invitar a los que quieran expresarse, para que los sectores populares se expresen sobre cuál es su visión. Queremos que se nos escuche. Tenemos propuesta para cada uno de los puntos y los vamos a exponer”, agregó Peidró.
La CTA y ATE, junto a los movimientos Cayetanos (CTEP, Barrios de Pie y Corriente Clasista y Combativa) han presentado un paquete de 5 proyectos de ley al Congreso, que vertebran reclamos presupuestarios y volverán a ser puestos en agenda con el acampe. Ellos son la Urbanización de Barrios Populares e Infraestructura Social (con el objetivo de generar trabajo, propone destinar un porcentaje del presupuesto de obras públicas a cooperativas de la construcción), Agricultura Familiar, Ley de Adicciones y Emergencia Alimentaria.
La protesta callejera avanzará en simultáneo con el tratamiento del proyecto en la Cámara Baja. La intención original del gobierno era que la semana próxima los diputados emitiesen dictamen sobre el proyecto. El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne expuso la semana pasada ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados y ayer fue el turno del ministro del Interior, Obra Pública y Vivienda, Rogelio Frigerio. Los tiempos podrían estirarse en el caso de que sea citado Guido Sandleris, el reemplazante de Luis Caputo en el Banco Central.
En la ciudad de La Plata, adelantó el titular de ATE provincial, Oscar De Isasi, los trabajadores estatales también están organizándose para un paro provincial en reclamo de un presupuesto 2019 “que permita mejorar las condiciones de vida” de los bonaerenses.
El Gobierno aclaró que la salida de Caputo «no fue un condicionamiento del FMI»
A horas de conocerse los resultados de la renegociación del acuerdo de préstamo entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI), parte del Gabinete salió a aclarar que la salida de Nicolás Caputo del Banco Central «no fue un condicionamiento» de la entidad que conduce Christine Lagarde.
Los elegidos para hablar con la prensa luego de la reunión de Gabinete que encabezó el Presidente a su regreso del viaje por Estados Unidos, fueron el ministro de Producción, Dante Sica, y su par en Seguridad, Patricia Bullrich. «No hay ningún tipo de condicionamiento del FMI en la salida de Caputo», dijo el primero, al tiempo que agregó: «Ya desde que asumió se sabía que iba a ser una gestión corta».
El funcionario consideró además que el acuerdo que se anunciará esta tarde «dará señales claras a los mercados».
Consultados acerca del impacto que a su entender tuvo el paro nacional del martes, los ministros señalaron que «no tuvo la contundencia que tuvieron otros».
«Estuvimos charlando con distintos sectores, hablando con empresas. Fue muy heterogéneo, muy disímil. Tanto en comercio como industria fue muy bajo el nivel de ausentismo», sostuvo Sica.
En conferencia de prensa en la Residencia Presidencial de Olivos, el funcionario nacional señaló que «quizás se sintió mucho más» en el área metropolitana por la falta de transporte.
En ese sentido, indicó que en el sector privado se registró «entre el 40 y 70 por ciento del presentismo», aunque reconoció que «sí se notó muy fuerte en el sector público, que rondó entre el 70 y el 90 por ciento» de adhesión a la medida de fuerza convocada por la central obrera.
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