La Fiscalía acusa a Correa por asociación ilícita y secuestro de un opositor
Turbulencia de presiones en el juicio del caso Balda
El tercer día de la audiencia por asociación ilícita y plagio en el caso Balda se alteró con una novedad.
La asambleísta correísta Sofía Espín y Yadira Cadena, colaboradora de Caupolicán Ochoa, defensor del expresidente Rafael Correa, visitaron el lunes en la cárcel a Diana Falcón.
Ella y el exagente de Inteligencia Raúl Chicaiza, son sospechosos del delito. En su testimonio anticipado presentado en junio dijeron que Correa estuvo al tanto de las acciones para el secuestro de Fernando Balda ocurrido en agosto de 2012, en Colombia.
La visita la denunció Felipe Rodríguez, defensor del activista durante su exposición ante la jueza Daniella Camacho, la mañana de ayer en la reinstalación de la audiencia preparatoria de juicio.
Diego Chimbo, defensor de Chicaiza y Balda reveló la intención: que su cliente se retracte de las acusaciones en contra del expresidente.
“No podemos permitir bajo ninguna circunstancia que una asambleísta en funciones vaya a la cárcel y solicite a una detenida que mienta”, señaló.
Se preguntó “cómo una asambleísta tiene la audacia de ofrecerle asilo en Bélgica a mi defendida, eso se llama jugar con la tranquilidad de una persona que se encuentra detenida”. Chimbo pedirá que la Fiscalía investigue delitos como tráfico de influencias o instigación al fraude procesal.
Hasta el mediodía Cadena estuvo sentada detrás de Ochoa y los abogados de Correa. Luego de la denuncia ya no volvió.
Ochoa no vio ninguna irregularidad en la actuación de su colaboradora con quien dijo no tiene relación de dependencia pero ofreció investigar.
En la Asamblea, Espín reconoció la visita pero dijo que no hubo ningún ofrecimiento. En su cuenta afirmó que el fiscal general se reunió seis horas en privado con el acusado principal y nadie lo objetó, ni hubo notas de prensa sobre el tema.
Según ella la visita se dio “por razones humanitarias y todo se escandaliza”. Reivindicó que la ley le faculta y es su deber fiscalizar.
No es la primera vez que se denuncian presiones en este caso. El defensor de Pablo Romero, exsecretario de la Senain, denunció que Santiago Cuesta, asesor del presidente Lenín Moreno, se reunió en Madrid con Romero. El funcionario habría ofrecido ayuda y beneficios a cambio de que acuse al exmandatario.
Pasadas las 14:00 la jueza reinstaló la audiencia declarando improcedentes los vicios de procedimiento, procedibilidad y nulidades presentadas por los abogados de Correa y Pablo Romero. Camacho desvirtuó los argumentos de los defensores indicando entre otras cosas que en Colombia no se procesó a ningún sospechoso del caso, no se necesitaba levantar la inmunidad de Correa porque él ya no es presidente y no se violó su debido proceso.
El fiscal Paúl Pérez presentó los elementos de convicción para acusar como autores del delito a los cuatro procesados y pidió su llamado a juicio. Solicitó que se ratifiquen las medidas cautelares, la prohibición de enajenar bienes e inmovilización de cuentas. Hasta el cierre de esta edición la audiencia continuaba en el octavo piso de la Corte Nacional.
Veedores
Nacionales
En la audiencia de ayer, al menos cinco personas ostentaron una credencial que decía ‘veedor’. En esta oportunidad ellos buscaban vigilar el proceso para Fernando Balda. Llegaron al auditorio y se sentaron entre el público. Antes se autodenominaron veedores los abogados internacionales de Rafael Correa.
Simpatizantes
Los simpatizantes correístas que hicieron plantón afuera de la Corte no llegaron a la veintena. Tampoco en la sala de audiencias hubo mayor presencia. Entre ellos destacaban Virgilio Hernández, exasambleísta e Isolde Morales, colaboradora de José Serrano en el Ministerio del Interior.
Caso Balda: Fiscal pide se llame a juicio a Rafael Correa, Pablo Romero, Raúl Chicaiza y Jessica Falcón
La audiencia en el Caso Balda por asociación ilícita y plagio fue suspendida esta noche. La jueza Daniella Camacho resolvió que la diligencia se volverá a instalar el próximo jueves a las 10:00. Ese día se escuchará a la defensa de los cuatro acusados: Rafael Correa, Pablo Romero, Jéssica Falcón y Raúl Chicaiza, una vez que esta noche intervinieron el Fiscal General Paúl Péres y el acusador particular Felipe Rodríguez.
Este martes, el fiscal general (e) Paúl Pérez pidió a la jueza Daniella Camacho que llame a juicio a los exagentes Raúl Chicaiza y Jessica Falcón, al expresidente de Ecuador, Rafael Correa, y al exsecretario de Inteligencia, Pablo Romero, como autores de los delitos de asociación ilícita y plagio (secuestro) contra Fernando Balda.
Además, Pérez Reina pidió que se ratifiquen todas las medidas cautelares que existen contra los cuatro procesados y que se ordene la prohibición de enajenar bienes y la inmovilización de cuentas. En su exposición ha mostrado pruebas documentales, periciales y testimoniales que usará en la etapa siguiente, si la jueza Camacho acepta que sean enjuiciados.
Posteriormente, la acusación particular deberá entregar sus 201 elementos de convicción para acusar a los cuatro procesados. El abogado Felipe Rodríguez deberá hacer saber las pruebas que usará en la etapa de juicio. Un proceso similar ocurrirá en el turno de los defensores de los acusados.
Rechazo a vicios de nulidad
Más temprano, al reiniciar la audiencia estar tarde, la jueza Camacho declaró válido todo lo actuado en el proceso y dio paso a la acusación fiscal en el caso de secuestro del político Fernando Balda. Esa fue su respuesta tras analizar el planteamiento de las defensas del expresidente Rafael Correa y del exsecretario Nacional de Inteligencia (Senain), Pablo Romero, sobre vicios de nulidad en el caso.
Eso dio paso al fiscal Pérez Reina quien comenzó de inmediato a presentar los elementos de convicción en contra de los procesados por los delitos de asociación ilícita y plagio a Rafael Correa, Pablo Romero, Raúl Chicaiza y Jessica Falcón.
Para los defensores de Fernando Balda no han existido vicios de procedimiento, procedibilidad o de competencia que pudieran afectar la validez de lo actuado hasta el momento. Entre los reparos planteados como respuesta es que el delito que se investiga no ha sido sancionado en Colombia ni tampoco en este caso se investiga hechos ya juzgados.
Correa reaccionó a la decisión judicial y en su cuenta de Twitter calificó al proceso de «farsa». El exmandatario publicó: «Todo esto es una farsa, y todos lo saben. Para empezar, ¿dónde está el nombramiento del fiscal ‘encargado’, cargo que ni siquiera existe en la Ley?».
Todo esto es una farsa, y todos lo saben.
Para empezar, ¿dónde está el nombramiento del fiscal “encargado”, cargo que ni siquiera existe en la Ley?
Hoy podrán cometer todos los abusos, con la complicidad de la prensa, pero todo es cuestión de tiempo. Nuestro pueblo despertará. https://t.co/e333NHwxst— Rafael Correa (@MashiRafael) 25 de septiembre de 2018
Este mismo martes se conoció que la asambleísta correísta Sofía Espín y la abogada Yadira Cadena, quien tendría relación con el estudio jurídico de Caupolicán Ochoa, defensa del expresidente Correa, visitaron en la cárcel 4 a Jéssica Falcón, una de las exagentes de la Secretaría de Inteligencia. Según Felipe Rodríguez, defensor de Fernando Balda, bajo amenazas, ambas le habrían propuesto a Falcón que se retracte en su versión dada en el caso y que a cambio le ofrecían protección de las Naciones Unidas.
Antecedentes del caso
Correa está siendo procesado judicialmente en la Corte Nacional por el secuestro de Balda, antiguo asambleísta que fustigaba duramente al mandatario durante su gestión entre 2007 y 2017.
Balda acusaba al exgobernante de corrupción, mientras que el mandatario lo señalaba como autor de una presunta trama para derrocarlo.
Cuando las tensiones crecieron, Balda se refugió en Colombia, donde desconocidos intentaron secuestrarlo, pero se salvó a última hora por la intervención de un grupo de taxistas que alertaron a la policía y neutralizaron al vehículo al cual habían subido al político ecuatoriano.
Las investigaciones judiciales en Colombia determinaron que tres agentes de inteligencia de la policía ecuatoriana habían contratado a delincuentes comunes, ahora en prisión, para secuestrar al exlegislador.
En torno a este caso, la justicia también mantiene pendiente desde inicio de julio una orden de prisión para Correa, quien tras terminar su mandato vive en Bélgica junto a su familia desde mayo del 2017.
Rafael Correa se quedó sin grupo para elecciones
El expresidente Rafael Correa y sus seguidores no cuentan con partido político para las elecciones seccionales 2019.
“Y la Revolución Ciudadana, el movimiento político más grande y exitoso de la historia del país, no tiene organización política, por la sinvergüencería del CNE y del Gobierno (…)”, tuiteó Correa tras la aprobación de 276 organizaciones políticas para los próximos comicios.
Diana Atamaint, vicepresidenta del CNE transitorio, dijo que ni MANA ni ningún otro movimiento (Revolución Ciudadana) han presentado firmas para analizar y aprobar o desechar si fuera el caso. “Tenemos 276 organizaciones que no las hemos clasificado si son correístas o no, (porque) todas tienen derecho a participar”.
Virgilio Hernández, exasambleísta de PAIS, dijo que son víctimas de un bloqueo político porque el Tribunal Contencioso aún no resuelve el conflicto interno del movimiento. Añadió que se presentaron como RC y luego como Revolución Alfarista, pero se les negó la autorización para recoger firmas. Señaló que en alianza con MANA recogieron 500 mil firmas, pero no las pudieron presentar porque el CNE argumentó disputa por la representación legal de este movimiento.
CNE y Registro Civil avanzan con depuración del padrón electoral
El Consejo Nacional Electoral (CNE) temporal junto con el Registro Civil (RC) realizan la depuración del padrón electoral y hasta el momento han dado de baja 71.662 registros que constaban de manera irregular. El consejero José Cabrera indicó que hasta la fecha, luego del retiro de las inconsistencias, el padrón está conformado por 13’272.130 votantes habilitados para que puedan ejercer su derecho al sufragio en las próximas elecciones.
El funcionario señaló, durante un taller con representantes de partidos políticos, que seguirán trabajando coordinadamente con equipos técnicos del RC para mantener actualizado el padrón que se utilizará en las próximas elecciones. Hizo un llamado a la ciudadanía para que reporte fallecimientos o cambios a tiempo, de manera que se pueda contar con un registro íntegro.
El director del Registro Civil, Claudio Prieto, indicó que el proceso de entrega de información por parte de la entidad al CNE, se lo realiza desde las elecciones anteriores. «Este mecanismo de consulta permite la entrega de información directa y continúa de la base de datos del Registro Civil hasta el corte y entrega formal».
El funcionario explicó que el CNE solicita el registro de personas, por lo general tres meses antes de los comicios. «En este sentido es necesario precisar que la responsabilidad de la construcción del padrón electoral es del ente electoral».
Pietro puntualizó que desde la fecha de corte establecido por el organismo electoral hasta el día de los comicios se registran en la dirección más de 5.000 defunciones por mes, por eso ninguna actualización posterior a la fecha de corte se refleja en el padrón electoral, ya que los listados y formularios se elaboran con antelación por el CNE.
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