Costa Rica: inicia la tercera semana de huelga contra la reforma fiscal
Reforma fiscal, el “trago amargo” que levantó a los sindicatos en Costa Rica
Calificada por el propio presidente Carlos Alvarado como “un trago amargo” necesario para evitar una crisis económica, la reforma fiscal que impulsa el Gobierno de Costa Rica levantó a los sindicatos que este lunes entrarán en su tercera semana de huelga indefinida.
“Estoy convencido que la aprobación de este proyecto de ley es la única forma de evitar una inminente crisis. Su aprobación no sólo es necesaria, sino que también es urgente”, dijo Alvarado en un mensaje al país el 9 de septiembre, un día antes del inicio de la huelga sindical.
“La reforma fiscal es un trago amargo, soy el primero en reconocerlo, pero es la única forma que tenemos a la mano para salvar este país”, añadió.
El proyecto tiene como principal iniciativa la conversión del impuesto de ventas del 13 % al IVA de la misma tasa, pero que aumentará la cantidad de productos y servicios por gravar, con exenciones en servicios como electricidad y agua, dependiendo del consumo.
También contiene incrementos en renta de capital y la creación de la renta global, entre otros.
Los sindicatos afirman que hace meses acudieron a mesas de diálogo con el Gobierno y que no fue tomado en cuenta un documento que presentaron con 39 iniciativas fiscales, que no incluyen recortes en gastos y sí aumentos de impuestos a las empresas.
Los gremios decidieron irse a huelga a partir del 10 de septiembre pasado, un movimiento que ha tenido impacto principalmente en el sector salud con la cancelación de unas 2.000 cirugías, y en el de educación, con más de la mitad de los centros educativos cerrados.
Los huelguistas también han bloqueado carreteras y las entradas a los puertos y planteles de distribución de combustibles, pero la policía ha intervenido para mantener libres las vías y activas las operaciones.
Gobierno y sindicatos han efectuado cuatro jornadas de diálogo “preliminar” con la mediación de la Iglesia Católica, en busca de sentar las bases para una mesa de negociación multisectorial, sin embargo no ha habido aún un acuerdo.
Los sindicatos exigen que en esa mesa se elabore un nuevo proyecto de ley “justo y solidario” que sustituya a la reforma tributaria que estudian los diputados, mientras el Gobierno insiste en que se debe deponer la huelga para establecer la mesa de negociación.
El presidente Alvarado ha sido claro en que las propuestas sindicales pueden ser “complementarias” a la reforma fiscal y no sustitutivas, pues el objetivo del Gobierno es que el Congreso apruebe la ley en octubre próximo.
Al principio la reforma pretendía recaudar cerca del 2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en recursos frescos, pero los diputados aplicaron una serie de exenciones en la comisión que estudió el proyecto antes de que subiera al Plenario.
Con los cambios la reforma recaudaría cerca del 1,2 % del PIB.
Costa Rica viene registrando un déficit fiscal creciente desde el 2008 y un aumento constante de la deuda, pues para cubrir sus gastos el Gobierno ha estado financiando con deuda más de la mitad de sus presupuestos anuales.
En 2017, el déficit cerró en un 6,2 % del PIB y para 2018 las previsiones oficiales lo sitúan en al menos un 7,1 %, mientras la deuda superará el 50 % del PIB.
Las condiciones en que Costa Rica conseguía financiación hace algunos años han cambiado, pues ya no obtiene plazos tan amplios ni tasas de interés cómodas, ha explicado el Ministerio de Hacienda.
El Gobierno confía en que con la reforma aprobada se estabilicen las finanzas y mejoren las notas de las calificadoras de riesgo para así acceder a mejores condiciones de crédito en los mercados.
La reforma fiscal avanzó en el Congreso mediante un acuerdo multipartidario pero no se logró votar en el Gobierno de Luis Guillermo Solís, por lo que la responsabilidad recayó en su sucesor, Carlos Alvarado, quien asumió el poder el pasado 8 de mayo.
En sus primeros meses Alvarado presentó planes para recortar gastos y reactivar la economía, en busca de ganar credibilidad frente a la sociedad y el Congreso para el trámite de la reforma tributaria.
Los sindicatos rechazan el proyecto llamado Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas porque consideran que afectará en mayor medida a las clases media y baja, y además están en contra de una serie de recortes a pluses salariales en el sector público.
El Gobierno afirma que el 82 % del dinero que pretende recaudar con la reforma provendrán del 30 % de la población con mayores ingresos, y solo el 4,8 por ciento se recargará al 30 % de la población más pobre.
El sector empresarial se ha pronunciado en reiteradas ocasiones en contra de la huelga y de los sindicatos, a los que causa de defender “privilegios salariales” que favorecen el déficit.
Conversaciones seguirán el lunes y se mantiene huelga en Costa Rica
El Ministro de Trabajo Steven Núñez Rímola y los dirigentes sindicales de la huelga para rechazar una reforma fiscal, que afecta a Costa Rica en servicios públicos anunciaron que entrarán en una pausa y continuarán el diálogo el próximo lunes en la Casa Arzobispal de San José.
Núñez dijo que las conversaciones se han dado en un marco de respeto, y las partes analizarán las propuestas y los temas tratados durante la reunión que inició el sábado a las 3 de la tarde y que concluyó pasada la medianoche.
Según informaron, ambas partes se comprometieron a analizar los detalles de las propuestas presentadas, a efecto de continuar las conversaciones el lunes a las 3 de la tarde.
Además, la Unidad Sindical anunció la programación para la tercera semana de huelga, que continuará con actividades regionalizadas.
Igualmente, convocaron a una nueva gran marcha nacional, denominada “marcha de los gatos”, que se realizará el próximo miércoles 26 de setiembre saliendo de la estatua de León Cortés en La Sabana, rumbo a la Asamblea Legislativa en San José.
Esta cuarta jornada de acercamiento se instaló al mismo tiempo que un juzgado de Trabajo declaró ilegal el paro que mantienen los trabajadores del Consejo Nacional de Producción en el marco de la huelga nacional sindical indefinida.
Ese dictamen fue recibido con beneplácito por el Gobierno, porque “sustenta los argumentos” señalados por una treintena de instituciones que también solicitaron la declaratoria de ilegalidad de la huelga sindical.
Por su parte, la presidenta de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza APSE, Mélida Cedeño, expresó en unas declaraciones que la huelga sigue “en pie de lucha, porque rechazamos enérgicamente el proyecto, hoy más que nunca seguimos fortalecidos y fuertes, ¡No aflojaremos!”.
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