Diputados rechaza recusar a jueces de la Corte que liberaron a represores
Cámara rechaza acusación constitucional contra supremos y deja atrás inédito conflicto
Tras un tenso debate, la Cámara de Diputados rechazó este jueves acusar constitucionalmente a tres jueces de la Corte Suprema, que en julio liberaron a siete condenados por crímenes de lesa humanidad en un inédito conflicto entre poderes.
La Cámara rechazó por 73 votos -del oficialismo y de la oposición- contra 64 el proceso de inhabilitación de los tres magistrados, después de que en una votación previa se había producido un empate a 69 votos.
Tal como se esperaba, los votos de la Democracia Cristiana fueron decisivos a la hora de rechazar la cuestión previa y luego al rechazar la acusación propiamente tal.
Desde Chile Vamos, los diputados Juan Antonio Coloma, de la UDI y Gonzalo Fuenzalida de RN, aplaudieron el rechazo y junto con afirmar que hay que ofrecer disculpas a los jueces que fueron acusados, también esperan que esta situación no condicione futuros fallos judiciales en materia de libertades condicionales.
Recordemos que un grupo de parlamentarios de izquierda, encabezados por la diputada Carmen Hertz, habían presentado una acusación constitucional destinada a inhabilitar a los magistrados Carlos Künsemüller, Hugo Dolmestch y Manuel Valderrama, de la Corte Suprema, por decretar libertad condicional para seis militares y un policía retirados, entre ellos un excoronel responsable de la muerte de tres uruguayos.
En un país donde siguen abiertas las heridas que dejó el golpe militar del 11 de septiembre de 1973, el grupo de legisladores del Frente Amplio y de la extinta coalición que apoyó en el poder a la expresidenta socialista Michelle Bachelet, consideraban que la decisión de los jueces viola la legislación internacional, en particular el Estatuto de Roma que dio origen a la Corte Penal Internacional (CPI) en materia de crímenes de lesa humanidad.
Sin embargo, los jueces aseguraron que su decisión cumple todos los requisitos previstos por la ley chilena ya que los reos habían purgado gran parte de sus condenas y no existían impedimentos para otorgarles dicho derecho.
En la bancada de la izquierda, los diputados enarbolaron fotos de desaparecidos de la dictadura de Augusto Pinochet.
El primer paso hacia la inhabilitación lo había dado en la mañana una comisión de cinco parlamentarios que resolvió por 4 votos contra 1 recomendar al plenario la aprobación de la acción presentada por el grupo de legisladores.
Una primera votación sobre la admisibilidad de la causa constitucional en el plenario concluyó en un empate a 69 votos por lo que fue necesaria una segunda votación. En caso de que la moción hubiera prosperado, el Senado hubiera tenido la última palabra.
Supremos descartan roces con el Congreso
En el palacio de los tribunales en Santiago, en sus respectivos despachos, los tres supremos acusados esperaron la votación de la Cámara de Diputados.
Junto a ellos, estuvieron el presidente del tribunal máximo del país, Haroldo Brito, dirigentes de la Asociación Nacional de Magistrados y funcionarios del poder judicial.
Conocido el resultado, uno de los supremos acusados, Hugo Dolmestch, manifestó que seguirá fallando igual y dijo sentirse sometido a un juicio.
En tanto, Brito destacó que el final del proceso fue tranquilizador y descartó que se produzcan roces con el legislativo en lo sucesivo.
Conflicto de poderes
Se trata de un conflicto sin precedentes entre los poderes judicial y legislativo, que considera que lo que está en juego es “la vigencia del Estado de Derecho” y la autonomía de la judicatura, aseguran analistas.
Desde la llegada de la democracia, sólo un juez, Hernán Cereceda, fue destituido en 1992 por negarse a investigar la desaparición del militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) Alfonso Chanfreau.
Uno de los liberados, el coronel retirado Moisés Retamal, cumplía una condena de seis años de cárcel por el secuestro calificado de tres ciudadanos uruguayos a pocos días del golpe de Estado que encabezó Pinochet para derrocar al gobierno del socialista Salvador Allende.
Los uruguayos fueron detenidos por la policía cuando estaban escondidos en una mina abandonada cerca de la localidad de San José de Maipo, en el este de Santiago, cuando intentaban cruzar la cordillera de Los Andes para escapar a Argentina. Fueron torturados y luego desaparecidos.
Otro de los favorecidos por la decisión de los jueces fue el expolicía Gamaliel Soto, condenado como cómplice del secuestro de un médico que permanece desaparecido desde 1973, y el exmiembro del Ejército chileno, Manuel Pérez, condenado como cómplice del secuestro del exquímico de los servicios secretos de la dictadura Eugenio Berríos, en 1991.
También se beneficiaron el exbrigadier del Ejército, Emilio de la Mahotiere, condenado a tres años y un día como cómplice y encubridor de asesinatos, así como otros cuatro exoficiales.
Unos 122 condenados cumplían condena en la cárcel especial para represores de Punta Peuco a julio de 2017, según un Informe de Derechos Humanos de 2017 de la Universidad Diego Portales.
Al menos 31 exagentes de la dictadura de Pinochet acudieron a el año pasado a los tribunales buscando revertir las condenas en su contra, conseguir la libertad condicional o alegar inconstitucionalidad en sus casos.
Durante la dictadura de Pinochet unas 3.200 personas murieron o desaparecieron, mientras que unas 38.000 fueron torturadas, según datos oficiales.
Divide para gobernar: acusación contra supremos fue rechazada con tensión en la Cámara al límite
Era la prueba de fuego para la oposición y no la pasaron. Es que la acusación constitucional en contra de los ministros de la Sala Penal de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller y Manuel Valderrama, por otorgar libertad condicional a siete condenados por violación de los Derechos Humanos en dictadura, tocaba en el corazón del único tema que aún logra unificar a la oposición. Pero tras nueve horas y media de discusión, fue inevitable que el gusto amargo quedara impregnado entre las filas de la ex Nueva Mayoría y el Frente Amplio, después que por 73 votos en contra y solo 64 a favor el libelo no lograra ser aprobado y pasar al Senado, debido al desmarque en las propias huestes opositoras, con los diputados radicales y de la Democracia Cristiana que, junto a las bancadas de Chile Vamos, la rechazaron.
De esta forma, la oposición se quedó solo con el tibio y reñido triunfo de haber pasado la cuestión previa, en un empate por 69 votos a favor y 69 en contra, que desató varias tensiones internas en partidos de todas las veredas.
La jornada en Valparaíso fue tensa, sobre todo por el público y reiterado choque que el libelo y su tramitación generaron entre los tres poderes del Estado, mejor dicho, de dos de ellos, el Judicial y el Ejecutivo, contra uno, el Legislativo.
Hoy todos tenían sus ojos puestos en la acusación firmada por diez parlamentarios de oposición y liderada por la diputada Carmen Hertz (PC). Sin embargo, La Moneda fue una protagonistas clave de la jornada, ya que autoridades de gobierno monitorearon y operaron directamente durante todo el día para evitar que el libelo fuera aprobado.
El encargado de llevar las negociaciones fue el ministro de la Segpres, Gonzalo Blumel. Sus gestiones no solamente incluyeron a los parlamentarios oficialistas, sino que apuntaron también directamente a votos claves en la oposición. Un intervencionismo que fue criticado por parte del sector opositor, que acusó al Gobierno de operar abiertamente en favor de los tres ministros de la Corte Suprema.
“Hay que hacerle un llamado al Gobierno a no intervenir en esta situación. Seamos francos, el Gobierno no vota, pero interviene (…) hay que dejar que la autonomía del Parlamento se mantenga”, declaró Manuel Monsalve, jefe de la bancada socialista. No solo él, la diputada Hertz en el hemiciclo habló directamente de «colusión» entre La Moneda y la Corte Suprema y sacó a colación la polémica reunión entre el Presidente Sebastián Piñera y la cabeza del máximo tribunal, Haroldo Brito.
El objetivo de La Moneda fue siempre, como en otras ocasiones, obtener los votos de la DC. Y lo logró. Durante toda la tarde se habló de una división de 7 votos a favor y 7 en contra de la acusación, un complejo equilibrio que llevó a que el ministro Blumel se concentrara en romperlo, puesto que los votos radicales de rechazo ya estaban garantizados.
Según lo que rondaba anoche en los pasillos del Congreso y los entornos del hemiciclo, lo que se ofreció, negoció y acordó entre el Ejecutivo y parte de la bancada DC osciló desde algunos puntos de la Reforma Tributaria, pasando por la Reforma al Sistema de Pensiones, hasta el sondeo de la permanencia del subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo, en su cargo, cuestionado hace semanas por la falange por su vinculación con el magnicidio del ex Presidente Eduardo Frei Montalva.
Las gestiones de Blumel fueron eficientes, el equilibrio inicial en la DC de 7 y 7 se rompió y, pasada la medianoche, solo cuatro diputados de la falange votaron a favor de la acusación: Víctor Torres, Raúl Soto, Mario Venegas y Gabriel Ascencio, quienes dijeron que se cuadraron con la línea de “la defensa de los Derechos Humanos”. A diferencia de ellos, los diputados DC y PR, que rechazaron la acusación, fueron los siguientes: Matías Walker, Gabriel Silber, Jorge Sabag, Johana Pérez, José Miguel Ortiz, Manuel José Matta, Iván Flores, Miguel Ángel Calisto y Daniel Verdessi, por parte de la DC; y Fernando Meza y José Pérez, del Partido Radical.
Desde la falange se defendieron afirmando que, para este tipo de temas, priorizan la libertad de conciencia, mientras que desde el Partido Radical, su timonel, Carlos Maldonado, recordó que “dijimos desde el día uno que no compartíamos el criterio utilizado por la Sala Penal de la Corte Suprema en esos fallos y, por cierto, no nos parece que personas que cometieron este tipo de crímenes estén libres. Por eso, y para evitar aquello, es necesario modificar la legislación».
El factor Macaya
La acusación no solo generó críticas y problemas en la oposición, sino también en la derecha. Una vez consumado el empate sobre la cuestión previa en la Sala, al interior de la UDI ardió Troya. Una molestia que se hizo sentir fuerte anoche, por la ausencia del jefe de la bancada gremialista, el diputado Javier Macaya, quien salió de Chile rumbo a España a unas vacaciones con su familia.
En la UDI criticaron con dureza la ausencia de quien, además, quiere postular a la presidencia de la colectividad a fin de año, pues entienden que, dado el cargo que tiene como jefe de bancada, su prioridad era precisamente coordinar a los diputados, chequear los votos y prever escenarios, como el que se dio anoche con la cuestión previa, que, al empatar 69 a 69 en el hemiciclo, permitió que la acusación avanzara a su discusión de fondo. Lo que más molestó en la UDI, confesaron, es que con un solo voto se pudo haber evitado eso.
No solo en los rincones de Congreso se hizo ver y sentir la molestia, sino también en los chats del gremialismo, que se incendiaron de forma inmediata. Si bien fueron cuatro los diputados de la UDI que estuvieron ausentes, la furia se concentró en Macaya, a quienes sus pares –trascendió– acusaron de falta de responsabilidad.
Para el gremialismo el tema de la acusación contra los tres supremos era de suma importancia, sobre todo para la vieja guardia de la UDI, porque involucraba a los intereses de uniformados presos en el penal de Punta Peuco, un asunto sensible para las bases del partido y que la propia presidenta de la colectividad, Jacqueline van Rysselberghe, no ha dudado en respaldar y defender tajantemente.
No solo eso, en la UDI anoche estaban seguros que, de haber permanecido en Chile el diputado Macaya, ejerciendo su cargo de jefe de bancada, el escenario con la cuestión previa hubiese sido diferente y la acusación se habría frenado temprano. “Cuando están los jefes de bancada se coordina, no se queda a la deriva”, apuntó un diputado gremialista.
El desorden fue mayor, porque quien debía reemplazar a Macaya era el diputado Víctor Barahona, quien tampoco estuvo presente en el Congreso, por lo que al final quedó a cargo María José Hoffmann, de la que no pocos en la colectividad y la bancada dudan respecto de su capacidad de liderazgo y peso político necesario para enfrentar este tipo de situaciones.
Uno de los argumentos que más se escuchó anoche fue que Macaya debió quedarse, retrasar 24 horas su ida a España y encontrarse después con su familia allá y, por lo mismo, no pocos recordaron que el año pasado, cuando se votó el proyecto de aborto en tres causales, el senador RN Manuel José Ossandón se regresó desde Estados Unidos para sumarse al rechazo de la iniciativa.
En el fuego cruzado de los chats gremialistas, también apareció el nombre del ministro de Justicia, Hernán Larraín, a quien algunos fustigaron por considerar que dejó «un vacío» en las gestiones políticas para ordenar a las huestes parlamentarias y asegurar los votos necesarios para que se rechazara el libelo, más aún considerando que se trataba de un tema que involucraba su «campo» de acción.
El lobo estepario
Si las cosas estuvieron tensas en la UDI, en el PS estuvieron peor. La acusación requería mayoría simple, el 50% más 1 de los presentes en la Sala, por lo que la ausencia del diputado socialista Marcelo Díaz y la derrota del libelo, constituyeron el foco de las críticas internas.
Si no hubiera sido porque el diputado René García, de RN, se retiró del Congreso, la acusación habría fracasado en la cuestión previa y por un voto. Fue después de eso que internamente en la bancada se cuestionó con dureza que Díaz optara por irse de vacaciones a Nueva York y no retrasara su viaje un día para quedarse a la votación.
«Yo he estado presente en estas horas, he tenido a mi madre en un grave estado de salud, pero mi compromiso con los Derechos Humanos traspasa incluso el dolor de estar lejos hoy día y no estar acompañándola. No todos en este partido tenemos el mismo compromiso con los Derechos Humanos, ese será un problema que tendrá que asumir Marcelo Díaz con el socialismo chileno en el futuro», dijo molesto anoche el diputado socialista Fidel Espinoza.
En círculos del PS aseguraron que esta «factura» se la van a cobrar a Díaz, no solo por el fracaso final de la acusación, sino por haber puesto en riesgo al partido, ya que de haber fracasado anoche la acusación en la cuestión previa, la responsabilidad de la amarga derrota habría recaído directamente en el Partido Socialista.
Así votaron en la Cámara:
Presidente de la Corte Suprema tras rechazo de acusación constitucional: “Estamos muy conformes”
“Nosotros estamos muy conformes, confiamos plenamente en lo que estaba ocurriendo”, dijo el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, luego de que la Cámara de Diputados rechazara la acusación constitucional contra tres magistrados -Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller y Manuel Antonio Valderrama- por un fallo que otorgó libertad condicional a un grupo de exuniformados condenados por violaciones a los derechos humanos.
“Creo que se culminó un debate, porque en definitiva esto es un debate, que tiene las características jurídicas y la precisión jurídica que nosotros venimos señalando, pero que también revela ese debate otras preocupaciones de nuestra sociedad por estas de los derechos fundamentales”, sostuvo Brito.
Además, añadió que “la cuestión jurídica que se discutía era muy clara. Dice sencillamente relación con la imposibilidad de cuestionar con miras de reforma un fallo. La democracia, la sociedad moderna, entiende como necesaria la discusión sobre los temas que le son importantes. Eso se estaba haciendo, eso nos parece merecedor de todo reconocimiento”.
“Lo que nosotros rechazamos no fue la discusión desde la perspectiva de la crítica, esa que lleva al desarrollo de las ideas, sino la discusión con un afán de generar una descalificación de un proceso judicial debidamente concluido”, finalizó.
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