Secuestran, torturan y amenazan a una maestra en otro día de múltiples protestas
Secuestran y torturan a una maestra de Moreno
Una maestra de la localidad de Moreno fue secuestrada, golpeada y torturada este miércoles por un grupo de desconocidos. Corina De Bonis, trabajadora de la escuela Centro de Educación Complementaria (CEC) 801 del municipio del oeste del GBA, fue abordada violentamente en la calle: le pusieron una bolsa en la cabeza, la obligaron a subir a un vehículo; dentro del auto la golpearon mucho y le escribieron con un punzón sobre el abdomen: “ollas no”. De Bonis era una de las gestoras de la protesta con ollas populares, que permite darle de comer a los alumnos del CEC 801 y al mismo tiempo denuncia el desfinanciamiento educativo que afecta a esa institución, como al resto de las escuelas del municipio. El CEC 801 es una escuela ubicada en el barrio de Villa Anita, en Moreno norte, ubicada a 20 cuadras de la estación de tren del municipio: funciona a contraturno para colaborar con los chicos que tienen problemas educativos.
Al momento del ataque, De Bonis fue increpada y amenazada. El mensaje que le transmitieron fue que tanto ella como sus compañeros de trabajo dejen de organizar las ollas populares, una modalidad de protesta que ya lleva 20 ediciones. La docente denunció el hecho, gravísimo, ante la seccional séptima de la Policía Bonaerense de la jefatura departamental de Moreno, con sede en la localidad de La Reja.
En comunicación con Tiempo Argentino, el secretario general del gremio Sindicato de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA), Roberto Baradel, exigió que el gobierno nacional y la administración bonaerense de María Eugenia Vidal investiguen el episodio, encuentren a los responsables y garanticen la seguridad de los docentes.
“Esto que pasó es gravísimo. Está reñido con lo más básico de la democracia, que es cuidar la vida y garantizar los derechos de protesta. Esperamos el máximo nivel de cuidado de las autoridades políticas, que –le recuerdo- tienen la obligación de cuidar a los docentes, de esclarecer este hecho y de terminar con un conflicto que parece que está detenido en el tiempo. Tienen que dar respuestas a las necesidades de las escuelas. Respecto de lo que le pasó a nuestra compañera (por De Bonis), yo quiero quiero ser prudente. Pero es evidente que esto es mano de obra de alguien. No desocupada, porque evidentemente debe estar ocupada”, aseguró Baradel.
La agresión contra De Bonis impactó mucho a toda la comunidad educativa de Moreno. En ese municipio, desde la muerte de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez, vicedirectora y portero de la Escuela N° 49 de Moreno, se vive un estadio de movilización permanente. La comunidad educativa está organizada y realiza protestas todas las semanas, tanto en las propias escuelas como a través de marchas a las que se suman las familias de los alumnos, los vecinos y los trabajadores de otros sindicatos. El clima, sin embargo, se enrareció en las últimas dos semanas.
De hecho, en la misma escuela en que trabaja De Bonis, el CEC 801 de Villa Anita, ya habían recibido amenazas y mensajes intimidatorios: aparecieron volantes, arrojados al piso y pegados en las paredes, que exigían “basta de ollas” y “vuelvan a trabajar”.
Paro y marcha de los maestros
Antes de la marcha y la huelga nacional que hoy protagonizarán los docentes de todos los niveles educativos, ayer pararon los maestros porteños y bonaerenses. El Frente de Unidad Docente y la Unión de Trabajadores de la Educación aseguraron que la adhesión a la primera jornada de paro de 48 horas tuvo una adhesión mayor al 90 por ciento. “Hay mucha bronca no solo por la situación salarial, sino también por las condiciones de trabajo y el maltrato hacia el sector”, postuló la secretaria adjunta de Suteba, María Laura Torre. Desde UTE analizaron que el alto acatamiento “demuestra que los docentes de la Ciudad no permitiremos los aprietes del (jefe de gobierno, Horacio Rodríguez) Larreta, porque no estamos dispuestos a ser cómplices de sus ajustes”.
Tanto en la provincia gobernada por Vidal como en la Capital, los y las docentes sumaron la jornada de paro de ayer a la huelga nacional de 24 horas convocada hoy por la Ctera, junto a los docentes del sector privado nucleados en Sadop y los profesores universitarios de la Conadu, en reclamo de mayor presupuesto, mejoras salariales y la aprobación de un paquete de leyes protectoras del área. En ese marco, este mediodía habrá una movilización desde el Ministerio de Educación hasta el Congreso.
El eje de la protesta de los y las docentes porteños y bonaerenses se concentra en la negociación paritaria, que en esos distritos aún no está definida, así como en la falta de soluciones a los problemas edilicios que afectan a las escuelas. Los maestros realizaron distintas actividades, como radios abiertas, ruidazos y volanteadas, en plazas y esquinas de la provincia y la ciudad.
El ministro de Educación nacional, Alejandro Finocchiaro, criticó los paros en declaraciones que realizó a la prensa a la salida de la reunión de Gabinete que compartió ayer. “No sirve de nada generar malestar”, sostuvo. “El ‘malestar’ en la sociedad no es con los docentes que reclaman mejoras educativas, sino con el macrismo que ataca a la educación”, le respondió el secretario general de UTE, Eduardo López. “Eso es lo que reflejan la calle y todas las encuestas. ¿La solución? Escuchar a la comunidad educativa y no atacarla”, propuso.
“El eje es la paritaria, con sueldos congelados desde noviembre de 2017, y la Ley de Emergencia Edilicia, que no sólo deben sancionar, sino también financiar, asignando los recursos necesarios para ejecutarla”, puntualizó en ese sentido Torre, quien recordó que las muertes de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez por la explosión de la escuela 49 de Moreno “tienen que ver con la desidia”.
En la última mesa de negociaciones, el Ejecutivo bonaerense propuso un aumento salarial del 19 por ciento con el sueldo de septiembre, cuatro puntos más que en la oferta anterior, más un plus no remunerativo a partir del mismo mes, de 210 pesos, muy lejos de las previsiones inflacionarias oficiales, que ya reconocen que la inflación de 2018 será superior al 42 por ciento. En cuanto a la exigencia de un plan que atienda la “crisis de infraestructura” que atraviesan las escuelas provinciales –más de 800 permanecen cerradas por problemas con las instalaciones de electricidad o gas, o por la caída de techos–, la respuesta oficial es nula.
Ayer circuló la versión de que el gobierno de Vidal extendería el calendario académico debido a los días de clase perdidos por medidas de fuerza, algo que fuentes de la cartera educativa bonaerense consideraron una “posibilidad”. Desde Suteba desestimaron la iniciativa y advirtieron que detrás de ella se esconde el objetivo de “desviar el eje de la discusión” y eludir los reclamos que motivaron el paro en marcha: la discusión salarial y la infraestructura de las escuelas. “Lo hacen para hacernos creer que la gobernadora garantiza la recuperación de los días de clase perdidos, cuando debería estar más preocupada en garantizar las clases en las 853 escuelas cerradas desde hace cinco semanas”, insistió a PáginaI12 la docente.
Organizaciones sociales, trabajadores estatales y docentes llevaron su reclamo a las calles
Despedidos, integrantes de comedores populares, estatales, jubilados y docentes coparon las calles del centro porteño contra el gobierno nacional. En reclamo de trabajo y alimentos, también en rechazo al Presupuesto 2019 ajustado a la medida del FMI, durante siete horas la avenida 9 de Julio fue el escenario de estas protestas que reflejaron la gravedad de la crisis. Como se trata de demandas sin respuesta, en la mayoría de ellas se anunciaron nuevas medidas para las próximas semanas.
La concentración de mayor volumen sobre la 9 de Julio fue la de los movimientos sociales, que reclamaron la declaración de la emergencia alimentaria, con la advertencia de que los sectores populares “no dan más”.
“Estamos al borde de la cornisa y los responsables de gobernar traen al FMI para que determine las políticas económicas. Todos sabemos que la situación va a empeorar. Lo que le advertimos al Gobierno es que ya no puede empeorar, porque en los barrios no lo resisten. Necesitamos que los pibes tengan garantizada la comida. En un país que produce alimentos para 400 millones de habitantes, ¿hay que ser tan inútil y tan cínico para tomar medidas que instalen el hambre?”, preguntó Daniel Menéndez, de Barrios de Pie, al hablar a los reunidos a los costados del Metrobus.
En simultáneo con la concentración, se instalaron mil ollas populares a lo largo de todo el país. La protesta fue convocada por las organizaciones de San Cayetano (CTEP, Barrios de Pie y la Corriente Clasista Combativa), más el Frente Darío Santillán, el Frente de Organizaciones en Lucha, la Asociación de Trabajadores del Estado (que hizo un paro de 24 horas contra los despidos), y la CTA Perón. A este conjunto, que viene coordinando acciones desde hace tiempo, se sumaron otras agrupaciones como Barrios Peronistas y Venceremos. Para los dirigentes es una muestra de cómo la crisis económica saca a la calle cada vez a más personas y sectores empujando a una actuación en conjunto.
El reclamo de la emergencia alimentaria busca que el Estado triplique el envío de comida a los comedores populares, que están sobredemandados.
Cualquiera con tiempo para recorrer la manifestación podía descubrir que las razones van mucho más allá de la suba de los precios:
Celeste Ortiz, de San Miguel (BdP) contó que en su distrito hay 53 escuelas cerradas por falta de mantenimiento. “Por ejemplo, esta semana en una de las escuelas estalló el tubo de luz en un aula de segundo grado. Los chicos por suerte estaban en recreo, porque el estallido prendió fuego el escritorio docente. Por supuesto que ante estas situaciones las escuelas no pueden abrir. Al no a ir a clases, muchos chicos se quedan sin comer y vienen a los comedores”.
Mari Batallán, de 65 años, vecina de José C. Paz, explicó que está cobrando unos seis mil pesos por la aplicación de descuentos sobre la jubilación mínima (que actualmente, con el último aumento por movilidad pasó a 8637 pesos). “Todos los meses tengo que ir a reclamar por malas liquidaciones: este mes, por ejemplo, me acreditaron sólo 2500 pesos. Me ayudaba arreglando ropa en casa, pero los encargues bajaron porque nadie tiene con qué pagar. Lo único que entra es el cartoneo.”
Andrea Velázquez, de La Matanza (CCC) también se quejó de una jubilación neta de 6500 pesos. “Lo que estoy cobrando no es la plata que yo aporté. Descaradamente van a hablar a la televisión sobre el adulto mayor… como si además de vieja fuera estúpida. Nos están sacando los médicos de cabecera. Por eso ando como puedo, pero lucho, porque si no salgo, me matan a mí y mis nietas se quedan sin futuro. Si es por ellos, terminan como prostitutas, como hembra del tipo que tenga más dinero porque en el barrio lo único que aumenta es el tráfico de drogas”.
María Almirón, también de La Matanza, contó que las cooperativas del plan Agua + Trabajo de su organización, encargadas de hacer el tendido de la red a las manzanas sin agua potable, de 15 (en el 2015) a apenas 4. “Otras cooperativas de construcción hacían arreglos en las escuelas , refacciones. Hoy no hacemos esos trabajos porque el Gobierno recortó los fondos; al mismo tiempo, tenemos 70 escuelas cerradas por falta de refacción. Hay mucho trabajo que estamos capacitados para hacer y las escuelas necesitan, pero el Estado tiene que financiarlo.”
Otros consultados hablaron sobre la pérdida de trabajos como el cuidado de niños y ancianos, empleos que dependen sobre todo los hogares de clase media. La caída en los ingresos por jubilaciones, planes sociales o de trabajo se acumulan al aumento del desempleo y el abandono de las políticas públicas que movían la actividad económica informal.
“No hay política social que aguante cuando el modelo económico es una fábrica de pobres”, definió Gildo Onorato dirigente del Movimiento Evita.
Del escenario fue colgada una bandera contra el FMI. En sus intervenciones, los oradores rechazaron el proyecto de Presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso con el ajuste de 400 mil millones, comprometido por Cambiemos con el organismo, y adelantaron que cuando los diputados y senadores lo debatan habrá una movilización masiva frente al Congreso para oponerse a su sanción.
“Dicen que quieren diálogo… No nos den diálogo con Lexotanil porque los tiempos se agotaron. No somos mansos, no somos fáciles de domar. Si este Gobierno no nos escucha, así como (la ministra de Seguridad) Patricia Bullrich dijo que se va a endurecer, nosotros les decimos que estamos dispuestos a dar la lucha, porque queremos otros país”, advirtió Juan Carlos Alderete.
El grueso de las organizaciones sociales y gremiales habían ingresado a la 9 de Julio por el Puente Pueyrredón donde hubo momentos de tensión con las policías Bonaerense y Federal que fueron desplegadas en el acceso.
Otro de los epicentros de la protesta fue la sede de la ahora secretaría de Agroindustria. Allí, la administración de Luis Miguel Etchevehere despidió hace menos de un mes a casi 600 trabajadores. Desde entonces, los empleados mantienen una permanencia pacífica de la sede de esa cartera. Para el titular de ATE Nacional, Hugo “Cachorro” Godoy, “si 18 gobernadores pidieron la reincorporación de los trabajadores de Agroindustria es por la visibilidad que tuvieron estos 13 días de lucha”.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE Verde y Blanca) se movilizó al Ministerio de Hacienda contra los despidos y el achicamiento del Estado.
El vallado policial no permitió que llegaran hasta la puerta: “Otro día de movilización, otro día de lucha. Otro día en que los distintas reparticiones y juntas de ATE nos dan un ejemplo. No importa que pongan vallas pero los que están allí adentro no van a llegar muy lejos con las políticas que aplican porque el pueblo en las calles les dice basta”, aseguró Hugo Yasky desde un escenario montado en avenida Paseo Colón.
Además, la Unión de Empleados de Justicia de la Nación (UEJN) se movilizó a la Plaza Lavalle, frente al Palacio de Tribunales, para repudiar “el recorte al Presupuesto de la Justicia”. También los trabajadores del Inti se movilizaron en defensa de la ciencia y la tecnología, de la producción nacional y del salario. Realizaron un corte momentáneo en Constituyentes y General Paz y luego se movilizaron hasta los distintos puntos de protesta.
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