Argentina: crearán un registro de mujeres muertas por abortos clandestinos
Crearán un registro de mujeres muertas por abortos clandestinos
Luego de haberse conocido la muerte de R, la mujer que llegó al hospital de Pilar luego de haberse practicado un aborto clandestino, el Observatorio de la Violencia contra las mujeres Ni Un Menos creará un registro nacional de mujeres muertas por este motivo.
“Desde el Observatorio venimos relevando los asesinatos de las mujeres por violencia de género desde junio de 2015. Venimos visibilizando los asesinatos de las mujeres por su condición de género y a partir del rechazo del Senado a la ley por la interrupción voluntaria del aborto, entendemos que es importante registrar todos y cada uno las muertes por abortos clandestinos gracias a que el debate se instaló fuertemente a la sociedad. Y a que la demanda de una ley por la legalización del aborto es masiva”, expresa Raquel Vivanco, coordinadora nacional de MuMaLá (Mujeres de la Matria Latinoamericana) y Presidenta del Observatorio Ni Una Menos. “No casual que en menos de un mes, durante las plenarias y luego del rechazo del proyecto en esa cámara, nos encontremos con tres mujeres muertas como consecuencia de los abortos clandestinos”, expresó Vivanco.
El domingo 5 de agosto, tres antes de que se realizara la sesión en el Senado de la Nación, se conoció la muerte de Liliana Herrera, una joven de 22 años que tenía dos hijos. Herrera llegó desde Loreto al Hospital Regional de Santiago del Estero donde no pudieron salvarla.
A la semana de este hecho y cuando ya había sido rechazada la media sanción en el Senado, Elizabeth, de 34 años ingresó al Hospital Belgrano, de San Martín con una infección provocada por un aborto clandestino. Veintiocho horas después del ingreso, murió. Dos después, el jueves se supo de la muerte de otra mujer en Pilar.
“Vamos a apelar a las mismas fuentes que usamos para los registros de femicidios y son los medios gráficos y digitales, el análisis de ellos para un registro que dé cuenta de la vida de estas mujeres que ya están pero que tuvieron una muerte totalmente evitable, por lo que podemos denominarlas femicidios de Estado”, afirma Vivanco. “A la par exigir la aprobación urgente de la ley de interrupción voluntaria del embarazo”.
“Seguramente no va a dar cuenta de la realidad total, será un sub registro como todo lo que tiene que ver con esta temática. Nosotras la visibilidad y la exigencia de la ley la hacemos en tanto un reclamo político de la sociedad civil para con un Estado que le niega a las mujeres el derecho de acceder a estas prácticas que pone en riesgo su salud y su vida”, agrega la coordinarora del Observatorio.
Vivanco quien había participado de las exposiciones en el anexo de Diputados se refirió a lo que pasó meses después en el Senado. “Son 40 senadores que le dieron la espalda al reclamo masivo de las mujeres y del conjunto de la sociedad en nuestro país. Cuarenta senadores en contra de millones de personas movilizadas en todo el país y pidiendo por el derecho de no morir por abortos clandestinos. Esos senadores firmaron su acta de defunción política en esos días”, comentó. “Los hacemos cargo de cada muerte de aquí en más”.
“Estamos gestando un cambio cultural que todavía no dimensionamos, las generaciones más jóvenes lo entienden perfectamente y vienen movilizándose para conquistar esos derechos. Esos senadores no representan ese reclamo masivo, confío que más temprano que tarde será ley porque ya conquistamos la despenalización social en la Argentina”.
La clandestinidad sigue matando
Una joven murió en una cama del Hospital Juan C. Sanguinetti de Pilar por haber intentado interrumpir su embarazo. Se trata de una mujer de 30 años, madre de cuatro hijos. El hecho ocurrió el lunes, el mismo día en el que Elizabeth fallecía en San Martín por las complicaciones tras realizarse un aborto clandestino con un perejil.
Esteban Sieling, director ejecutivo del hospital, confirmó la noticia a la mañana y aclaró que el caso está “relacionado con un aborto provocado, no espontáneo”. “Provocado por ella misma”, agregó.
“No tenemos permiso de los familiares para dar información, es un tema legal”, sostuvo Sieling y explicó: “Cuando la Justicia toma conocimiento se intenta proteger la historia clínica y no podemos brindar información del paciente ni de hechos de la historia clínica”. El médico sí desmintió los rumores que hablaban de que la víctima era menor de edad.
Según pudo averiguar Página/12, la paciente ingresó con un diagnóstico de aborto incompleto, por lo que se la trató según el protocolo para estos casos. En un principio la joven evolucionó favorablemente a los antibióticos que le suministraron pero finalmente su cuadro empeoró hasta su muerte.
Se trata de la segunda muerte vinculada a un aborto que alcanza estado público desde que la Cámara de Senadores le dio la espalda al reclamo de millones de mujeres e impidió la sanción del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo. También es el segundo caso en esta semana en territorio bonaerense.
En la provincia de Buenos Aires no se aplica el protocolo nacional de interrupción legal del embarazo. Ayer la diputada Lucía Portos presentó por cuarta vez un proyecto para que se trate el protocolo de acceso y se adapte a lo exigido por la Corte Suprema en 2012 a través del fallo FAL, pero nuevamente la Cámara Baja provincial se niega a dar el debate. Mientras tanto, la Interrupción Legal del Embarazo en caso de riesgo a la salud de la mujer o por embarazos producto de una violación sigue dependiendo de la voluntad de las y los profesionales de los sistemas de salud locales y provinciales.
La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal había anunciado en octubre de 2016 que la provincia se adheriría al protocolo nacional para abortos no punibles, que contempla la legalización de procedimientos quirúrgicos en los casos previstos en el Código Penal. Una semana le bastó para cambiar de opinión y echar para atrás la resolución firmada por la entonces ministra de Salud, Zulma Ortiz. La medida disponía que el protocolo nacional sea de “aplicación obligatoria” en la red sanitaria provincial, borrando así los obstáculos al aborto legal para las causales previstas.
A pesar de la discusión que se dio en el Congreso nacional respecto del Proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo, la decisión de la gobernadora no cambió. Vidal llegó a decir incluso que se sentiría “aliviada” en caso de que el proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto legal no se aprobara.
El texto que presentó Portos, que no fue tratado en comisión y, sin dictamen, no contaría con los dos tercios de la Cámara para poder ser discutido, establece la regulación del acceso a la interrupción del embarazo en los supuestos del artículo 86 del Código Penal y estipula el cumplimiento obligatorio en todos los centros de salud de la provincia.
También instituye que cualquier penalización a la mujer va en contra de la ley, en tanto considera ilegal los pedidos de “autorización a directivos, la denuncia policial o judicial, la intervención de comités de ética, la consulta obligatoria a terceros y la imposición de pedidos de espera”. Asegura, por otro lado, el resguardo de la intimidad de la persona solicitante y obliga a la Provincia a informar sobre este derecho, realizar los estudios necesarios, ofrecer asesoramiento legal y una consejería en salud posterior.
“Nos parecía que era importante visibilizarlo y trabajarlo a pesar de la negativa”, resaltó a PáginaI12 Portos, que sin embargo aclaró que lo presentará nuevamente a pesar del rechazo “cada vez que pueda”. La diputada destacó que hay una “doble responsabilidad” por parte de las autoridades provinciales que se niegan a abrir la discusión. “Primero, institucional, por no tomar las medidas necesarias para las mujeres tengamos más acceso efectivo a la salud pública, y también política por sus dichos del día anterior a la sesión del Senado”. “Queremos que explique ese alivio a las familias de las mujeres que mueren por abortos clandestinos en la provincia”, concluyó.
Desde la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir habían señalado la importancia que tenía este debate. Destacaron que el proyecto “cumple con los estándares exigidos, que los miles de profesionales de la provincia necesitamos, pero sobre todo que necesitan las mujeres y las personas con capacidad de gestar en la provincia” y exhortaron tanto a la gobernadora como a los diputados a aprobar la iniciativa.
Ana Paula Fagioli, miembro de la Red, explicó a este diario que la falta de homologación del protocolo nacional “afecta en la garantía de derechos de forma masiva” porque es el protocolo el que ordena las practicas sanitarias según las intervenciones de mejor calidad, tal cual recomienda la OMS. Pero muchos médicos no conocen su existencia. “Esto hace que sólo aquellos que somos feministas o activistas llevemos adelante el acceso a abortos legales por nuestras convicciones”, puntualizó. Destacó que el problema es que “El Estado, además de no estar legalizando las prácticas, no está acompañando a los profesionales de la salud con información de calidad, sobre cuáles son las mejores prácticas para acompañar a las personas gestantes”.
Por el aborto, el Gobierno decidió postergar otra vez la presentación del nuevo Código Penal
Por la discusión por el aborto, el Gobierno decidió postergar “hasta fin de año” la presentación de la reforma del Código Penal, prevista para el próximo martes. Así lo confirmaron a Clarín altas fuentes oficiales, que argumentaron que Mauricio Macri decidió tomarse “tiempo” para analizar si incluye la despenalización de la mujer que decide someterse a la interrupción de un embarazo, mientras baja el clima de tensión que generó el proyecto de legalización que terminó rechazando el Senado la semana pasada.
No es la primera vez que el Gobierno decide postergar el anuncio: en junio, «por cuestiones de agenda», había decidido aplazar el acto de lanzamiento en el Centro Cultural Kirchner. En aquella ocasión, la explicación extraoficial fue similar: los funcionarios explicaban que, dado que ya se había instalado el debate por el aborto en el Congreso, el nuevo Código Penal iba a quedar en un segundo plano.
El Presidente tomó la decisión este jueves, al cabo de una reunión que encabezó en su despacho de Casa Rosada.
Allí confluyeron, además del jefe de Gabinete Marcos Peña, los ministros Germán Garavano (Justicia), Patricia Bullrich (Seguridad), Carolina Stanley (Desarrollo Social) y Rogelio Frigerio (Interior); y el secretario de Legal y Técnica Pablo Clusellas, entre otros funcionarios.
La recomendación que recibió Macri fue esperar que pase el clima de tensión que dejó el acalorado debate en el Congreso por la legalización del aborto.
“Si lo mandamos ahora, la discusión del nuevo Código, tan trascendental para una sociedad porque atraviesa muchos temas; va a quedar tapada por la despenalización del aborto”, argumentaron en Casa Rosada, fuentes que participaron de la reunión.
Clarín ya había anticipado que grupos que se pronunciaron a favor de «las dos vidas» habían decidido presentar un recurso de amparo ante la Justicia Federal, por entender que la Constitución Nacional prohíbe el tratamiento de un proyecto ya fue rechazado dentro del año calendario.
“Nos vamos a tomar más tiempo para analizar”, completaron las fuentes oficiales.
En simultáneo, esta medida de Macri coincide con el deseo de un sector importante del Gobierno que impulsa la idea de «pinchar» la agenda de gestión ante el impacto del escándalo de los cuadernos de las coimas. «El interés que despierta este tema se lleva puesto todo lo bueno que anuncies», indican. En todo caso, también las malas noticias, excepto la crisis de los mercados que esta semana volvió generar preocupación puertas adentro del Gobierno.
Lo concreto es que los artículos sobre el aborto son los únicos que están “abiertos”, ya que el Presidente todavía no definió qué hacer. Tal como anticipó Clarín días atrás, la idea de las espadas judiciales del Gobierno, incluidos Garavano y el asesor Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, es despenalizar “por completo” a la mujer que decide someterse a un aborto. Esto es: mantener al aborto como delito pero sin una pena. “No es posible que una mujer vaya presa por un aborto”, sostienen.
Otros funcionarios, más ambiciosos, quieren incluir la despenalización para los médicos que realizan el aborto. Aunque esta opción “no tiene consenso”, aseguran en Balcarce 50. Al menos por ahora.
El Presidente, sin embargo, todavía no tomó la decisión de cambiar el texto que recibió de la Comisión de Reforma del Código Penal que presidió el juez de Casación Mariano Borinsky.
Ese anteproyecto que ya tiene Macri prevé, además de incorporar el fallo F.A.L, bajar de 1 a 3 años la pena de prisión (es decir, que no es cumplimiento efectivo si no tiene antecedentes) para la mujer que aborta; y le da la posibilidad al juez “de disponer eximirla de ella teniendo en cuenta los motivos que impulsaron a la mujer a cometer el hecho, su actitud posterior, la naturaleza del hecho y las circunstancias que demuestren la inconveniencia de aplicar pena privativa de la libertad”.
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