La herencia agraria de Mario Abdo Benitez, hijo de la dictadura – Por Gustavo Setrini
La herencia agraria de Mario Abdo Benitez, hijo de la dictadura
Por Gustavo Setrini*
El gobierno entrante de Mario Abdo Benítez hereda un conjunto de antiguos problemas en el campo como consecuencia de las fallidas e insuficientes políticas agrarias de gobiernos anteriores. Si bien el desarrollo de los agronegocios aporta al crecimiento de la macroeconomía, el modelo paraguayo de desarrollo agrícola produce una alta concentración de riqueza, dislocación y exclusión social, y alto daño ambiental.
Paraguay mantiene la distribución de tierra más inequitativa de Latinoamérica, que a su vez es la región con la peor distribución de tierra del mundo. Además, se ubica entre los países con la mayor deforestación del planeta. El despojo cada vez más violento de comunidades campesinas e indígenas, la eliminación casi total del bosque atlántico y la acelerada destrucción del bosque chaqueño, han sido el costo de la expansión dramática de la producción y exportación de soja y carne vacuna. En años de buena cosecha y altos precios internacionales, este milagro agro-empresarial sostiene cifras de crecimiento económico delirante de 14%. Sin embargo, las cifras del 29% de la población que sigue bajo la línea de pobreza y del 12% que carece de nutrición adecuada demuestran el poco alcance de este milagro.
Estos perjuicios del modelo agroexportador dan impulso a las reivindicaciones de los movimientos campesinos y se convierten en los principales desafíos políticos para el nuevo gobierno. Las organizaciones campesinas, junto con los gremios del agro-negocio, son los únicos actores colectivos de la sociedad paraguaya con capacidad disruptiva. Ambos se han manifestado para vetar políticas que van en contra de sus intereses y ningún gobierno puede desatender las demandas de estos dos sectores polarizados.
El gobierno de Horacio Cartes dio tres respuestas principales a esta problemática agraria: la continuación de políticas de desregulación económica y ambiental; el intento de regularizar la titulación de tierras administradas por el estado en asentamientos de reforma agraria; y el programa de alivio de pobreza, sembrando oportunidades. Las tres iniciativas se pensaron como medidas para consolidar el modelo agroexportador—las primeras dos asegurando las condiciones regulatorias y legales requeridas para inversiones multinacionales y la tercera convirtiendo campesinos en pequeños agro-empresarios vinculados a los mismos mercados primarios. Esto fue acompañado por la represión y la criminalización de la organización política y reivindicativa del campesinado y el pago de beneficios puntuales a grupos dispuestos a negociar con el gobierno. Un estudio de Base Investigaciones Sociales destaca que entre 2013-2015, una comunidad campesina fue criminalizada cada 15 días.
La campaña de Mario Abdo Benitez expresó elementos de continuidad y cambio con las políticas agrarias del gobierno anterior. Por un lado, declaró que durante su gobierno no permitirá la aplicación de ningún impuesto a la exportación de soja. Además, reivindicó abierta y persistentemente el legado de la dictadura de Alfredo Streossner, por ejemplo en el día de las elecciones visitando la tumba de su padre, secretario privado del dictador y responsable de atrocidades que aún quedan impunes. El discurso neo-stronista de Abdo Benítez presagia la profundización de la criminalización del movimiento campesino y la militarización de las fuerzas policiales. Por otro lado, las declaraciones del presidente electo recuerdan el agrarismo del régimen Stronista y buscan rehabilitar la base popular rural del Partido Colorado con promesas de resucitar rubros de renta tradicionales como el algodón y de priorizar la recuperación de la agricultura familiar. Sin embargo, la formula stronista de asegurar el apoyo del campesinado se respaldaba en la distribución de tierras fiscales en zonas remotas del país. El agotamiento de la frontera agrícola y la monopolización de la tierra por empresas agroexportadoras poderosas no permite un retorno a esta estrategia.
Por ende, cualquier solución requiere una reforma, al menos parcial, de la tenencia de tierra, además de una reforma profunda de las instituciones de desarrollo agrícola para generar capacidad estatal de responder a las reivindicaciones de los campesinos más pobres. Teodolina Villalba, Secretaria General de la Federación Nacional Campesina, señala tres prioridades de su organización durante el próximo gobierno: garantizar la seguridad y la viabilidad de asentamientos campesinos que existen actualmente en tierras de reforma agraria, ganar nuevos asentamientos para campesinos sin tierra, y fortalecer la producción y organización de las comunidades campesinas para la venta de alimentos sanos para el mercado nacional.
El estado paraguayo no ha sido capaz de proveer infraestructura básica como calles, puentes, electricidad, escuelas y puestos de salud en estos asentamientos y menos aún apoyar el mejoramiento productivo e inserción comercial de estas comunidades. Perla Álvarez, de la Coordinadora Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, señala, “las políticas públicas en este momento del gobierno actual y del que está entrando, van en la línea de responder a urgencias, pero para poder calmar la movilización . . . pero no resuelven las raíces de los problemas, las causas de los problemas, . . . [que] son las inmensas desigualdades generadas por el poder económico.”
Lo más probable es que el próximo gobierno siga respondiendo a los conflictos en el campo de una forma improvisada y parcial. Así podrá quizás frenar el ritmo de las movilizaciones campesinas. Sin embargo, una verdadera solución a los problemas agrarios en Paraguay requiere la implementación de las reformas tributarias, ambientales, y agrarias que son antagónicas a los intereses que residen en el seno de este gobierno y de todo el régimen colorado.
*Gustavo Setrini es Ph.D. en Economía Política, profesor de estudios alimentarios e investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos y Caribeños de la New York University.
