Causa de los cuadernos: involucran al primo de Macri y a un exdirectivo de Techint
Calcaterra y otros tres empresarios confesaron ante el juez pagos ilegales
Con el mismo efecto en que caen las fichas de dominó, la causa por los cuadernos de las coimas sumó dos nuevos empresarios arrepentidos que admitieron pagos a funcionarios kirchneristas, una versión que también ratificaron otros dos imputados que declararon ante el juez federal Claudio Bonadio.
Ángelo Calcaterra, exdueño de la constructora Iecsa y primo del presidente Mauricio Macri, y su empleado Javier Sánchez Caballero fueron aceptados como imputados colaboradores, al confesar que realizaron los pagos presionados por el exsubsecretario Roberto Baratta para financiar campañas electorales del kirchnerismo.
Calcaterra se hizo cargo de su responsabilidad para que Sánchez Caballero realizara los pagos en nombre de Iecsa. «Yo le daba la plata a Sánchez Caballero. Él pagaba por orden mía», dijo ante la Justicia, indicaron fuentes judiciales. Fueron 13 encuentros los que se registraron en los cuadernos de Oscar Centeno con movimientos por US$8 millones. Muchos ocurrieron hasta octubre de 2015 en el estacionamiento subterráneo del Hotel Hilton, de Puerto Madero.
La declaración, orquestada durante todo el fin de semana, tuvo su premio: Sánchez Caballero fue liberado al mediodía y Calcaterra -que se había presentado espontáneamente- dejó el juzgado con una eximición de prisión que le asegura que no debería ser detenido hasta el juicio. También se formalizó el acuerdo con Juan Carlos De Goycoechea, extitular de la empresa española Isolux-Corsán, que también fue liberado.
No tenía opciones el primo de Macri. Si Sánchez Caballero quería declarar como arrepentido tenía que apuntar hacia arriba. Sus abogados le dijeron que corría riesgo de ir a prisión, un rumor que se había instalado el fin de semana y que se concretó durante este lunes.
Desde el Gobierno estaban al tanto de la decisión. Incluso, el propio Calcaterra se habría reunido el viernes a solas con el Presidente para informarlo sobre la situación, dijeron fuentes oficiales.
Calcaterra llegó a las 7.20 a Comodoro Py. Pasó seis horas en el juzgado de Bonadio hasta cerrar su acuerdo como colaborador imputado, mientras desfilaban abogados, fiscales, periodistas y curiosos por el tercer piso de los tribunales. «Sí, disculpen…, ¿para arrepentirse es por acá?», bromeó un letrado habitué de esos pasillos.
Calcaterra, Sánchez Caballero y De Goycoechea, representados por el mismo estudio jurídico, plantearon una defensa idéntica: hablaron de presiones de aportes en negro para la campaña, pero no mencionaron los millonarios contratos de obra pública que ganaron con el Estado durante el kirchnerismo.
Los investigadores están atentos a los argumentos que ensayen los próximos empresarios arrepentidos para vislumbrar si el supuesto pago a funcionarios para financiar la campaña electoral es parte de una estrategia en conjunto. El gran temor -admiten en la defensa de Calcaterra- es que se suspendan obras que todavía están en curso.
«Si te dan a elegir entre quedarte preso o irte a tu casa, ¿vos qué elegirías?», desafió uno de los abogados que negocia la figura del arrepentido. Y agregó que uno de sus clientes le recordó que Lázaro Báez lleva más de dos años en el penal de Ezeiza a la espera del juicio oral. El estudio de abogados Landaburu, Feder, Carrió, Mayer & Rosental es el mismo que representa a la familia Macri y a la empresa Socma SA.
La constructora Iecsa funcionó hasta 2007 dentro de Sideco SA, una empresa del grupo Macri. Ese año fue adquirida por Calcaterra y, desde ese momento, multiplicó las obras públicas asignadas por el kirchnerismo. Un ejemplo es el soterramiento del tren Sarmiento, un contrato también investigado por la Justicia ante distintas irregularidades dentro del caso Odebrecht.
En la misma línea que Calcaterra, Alejandro Ivanissevich, exdueño de Emgasud, y Manuel Santos Uribelarrea, extitular de MSU, ratificaron ante la Justicia los pagos anotados por Centeno en su cuaderno. Otra vez, el mismo argumento: Baratta los «apretaba» para realizar los pagos. La maniobra -detallaron- también se ejecutaba con Nelson Lazarte y, en algunos casos, también se entregaba dinero en pesos.
Rodolfo Poblete, extitular del Grupo Romero, en cambio, quedó detenido después de negarse a declarar ante Bonadio. El empresario Raimundo Peduto, de MSU, no declaró y quedó libre.
El próximo arrepentido podría ser Francisco Valenti, exvicepresidente de Industrias Metalúrgicas Pescarmona (Impsa), que negociaba hasta el cierre de esta edición la posibilidad de ser un colaborador en la causa y, de esta manera, conseguir su libertad.
No será el único que pasará por Comodoro Py. Héctor Zabaleta, el exempleado de Techint que fue detenido, deberá dar explicaciones de sus menciones en los cuadernos. Hoy, en tanto, se presentarán a declaración indagatoria el operador judicial Javier Fernández; Rudy Ulloa, exchofer de Néstor Kirchner; el exsubsecretario de Vivienda Germán Nivello, y el exsecretario de Minería Jorge Mayoral.
Thomas pide no ir a prisión
«Mi cliente va a presentarse en el momento en que se le acuerde la eximición de prisión», afirmó el doctor José Manuel Ubeira, abogado de Oscar Thomas, el exdirector de la Entidad Binacional Yacyretá, que permanece prófugo. El letrado presentó el pedido de eximición de prisión al juez Bonadio y está a la espera de la decisión del magistrado.
Ubeira reveló que su cliente le dijo: «No tengo nada de que arrepentirme, porque para arrepentirme tendría que haber cometido un delito». Y aseguró que Thomas «quiere entrar dentro del expediente, la única condición es que no lo quiere hacer detenido».
Detuvieron a exdirectivo de Techint por la causa de los cuadernos
El empresario Héctor Alberto Zabaleta, ex directivo de Techint, fue detenido esta tarde en el marco de la causa por los cuadernos sobre las supuestas coimas en la obra pública durante el kirchnerismo.
El hombre, de 72 años, era uno de los principales colaboradores de Paolo Rocca, dueño de la firma internacional, y figuraría en los escritos de Oscar Centeno, ex chofer de Roberto Baratta. Según trascendió, Zabaleta fue detenido por efectivos de la Policía Federal en una vivienda ubicada en la calle Pareja al 4375, en el barrio porteño de Villa Devoto.
Diferencias por el desafuero para el allanamiento
El presidente Mauricio Macri criticó la demora en tratar el desafuero de la senadora Cristina Fernández de Kirchner (que posibilitaría el allanamiento de su domicilio y también su detención). Macri le enrostró la decisión al bloque que conduce Miguel Angel Pichetto. “Eso lo va a decidir el peronismo que tiene mayoría en el Senado. Estamos todos a la espera de esa posición. En principio han dicho que ‘no’. Insisten en una posición que a muchos nos cuesta entender”, indicó. Sin embargo, en una entrevista, Pichetto se mostró favorable a habilitar el desafuero, pero sólo para los allanamientos. Es conocida su postura contra las detenciones de senadores hasta que no haya sentencia firme. En tanto, el Senado es un hervidero. Mientras se define qué día la vicepresidenta Gabriela Michetti citará a tratar el tema, se abrió una discusión reglamentaria sobre si el allanamiento de tres propiedades de la senadora debe ser tratado por el cuerpo del Senado o no.
El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Dalmacio Mera, sostuvo que “si le pudiéramos dar dictamen en virtud de la naturaleza de la medida, que supone cierta urgencia, le daremos”. No obstante, remarcó que en la Ley de Fueros “no está reglamentado” la firma o no de un dictamen al pedido de allanamiento, como sí sucede en el caso del pedido de desafuero. “La ley lo único que dice es autorización de la Cámara”, indicó. Esto podría, según algunas interpretaciones, permitirle a Michetti que, como presidenta del cuerpo, responda afirmativamente al juez Claudio Bonadio, sin que haya una votación. Según Mera, no habría senadores que se opongan a los allanamientos, salvo al despacho de CFK en el Senado dado que “no pareciera tener ningún vínculo con la investigación que se está llevando adelante”.
Un amigo en las buenas y en las malas
El presidente Mauricio Macri defendió ayer a su amigo, el jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, denunciado por recibir 600 mil dólares de Leonardo Meirelles, un cambista brasileño condenado en su país por el pago de coimas. Macri repitió la versión difundida por Arribas y negó que el representante de jugadores de fútbol tuviera vinculación alguna con la empresa Odebrecht, centro del complejo entramado de corrupción investigado en la causa Lava Jato, en Brasil. “No entiendo cómo se relaciona Arribas con Odebrecht”, afirmó el Presidente, quien adelantó que “el día 23” el director de la AFI presentaría documentación aclaratoria del caso. Pese a los reclamos tanto de la oposición como de sus propios socios de la UCR y la Coalición Cívica, Macri no dio señales de apartar al funcionario, tal como había hecho con el titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, primero denunciado y luego repuesto en el cargo meses después.
En su primer contacto con la prensa luego de sus vacaciones en el sur, Macri respondió sobre los conflictos que rodean a sus amigos y socios. Los defendió a todos. Además de Arribas, justificó al magnate Joe Lewis por los manejos con sus tierras en la Patagonia y también al gobernador Gerardo Morales por la detención arbitraria de Milagro Sala, quien el lunes cumplió un año en prisión preventiva.
“Es muy claro que acá lo que manifiesta Arribas es que vendió un departamento y que un señor, que le pagó un saldo de precio, usó un cambista importante; cambista que tiene miles de clientes, no uno… miles; entre los cuáles ha estado Odebrecht. Por eso el cambista está investigado por haber sido vehículo para pagos de Odebrecht. Es como cualquiera de los cambistas argentinos, en los cuales mucha gente gira plata, a través de él”, respondió ayer Macri en la conferencia de prensa convocada para hablar de las inundaciones sufridas en el interior del país.
El cambista en cuestión no es cualquier cambista. Leonardo Meirelles está condenado a cinco años de prisión por el pago de coimas. Se acogió al régimen de delación premiada en Brasil, donde en el marco de la causa Lava Jato aportó información sobre las operaciones ilegales que hacía para la empresa Odebrecht.
Según una nota publicada por el diario La Nación, en colaboración con el consorcio internacional de periodistas IDL Reporteros, el cambista brasileño utilizó una cuenta en Hong Kong de la “empresa de fachada” RFY Import & Export Limited para realizar cinco transferencias a la cuenta de Arribas en la sucursal de Zurich del Credit Suisse.
El monto total fue de 594.518 dólares, girados en septiembre de 2013. La fecha coincide con el anuncio del relanzamiento de la obra del soterramiento del tren Sarmiento por parte de un consorcio de empresas encabezado por Odebrecht e integrado también por Iecsa –propiedad de Angelo Calcaterra, primo de Macri–.
La respuesta ofrecida por Arribas mediante un breve comunicado incluyó descalificaciones al medio y al periodista que publicó la información, Hugo Alconada Mon. El jefe de Inteligencia negó haber recibido ese dinero y aseguró que sólo recibió un giro de 70.475 dólares como parte de pago de un departamento. Fue exactamente la misma explicación que dio ayer el Presidente. “Arribas va a traer los papeles, el día 23, cuando el brasileño (el supuesto comprador) vuelva de sus vacaciones, demostrando que él compró un departamento y le giró ese dinero, vía Meirelles, que es como creo que se llama; lo cual no entiendo cómo se relaciona Arribas con Odebrecht, ese link todavía yo no lo entendí y mucho menos cómo se relaciona Arribas con Meirelles y con el soterramiento del Sarmiento, obra que entre septiembre y el siguiente año estuvo parada, o sea no hubo tal reactivación de la obra”, insistió Macri, quien además deslizó una queja por el momento en que se difundió la información: “No entiendo dónde está el tema, en una época del año en el cual, lamentablemente, todos estos actores están fuera del hábitat (SIC) porque es época de vacaciones”.
La defensa de Macri a quien le alquila su departamento de Avenida Libertador implica un rechazo a los distintos planteos que surgieron incluso desde el oficialismo. Elisa Carrió había presentado una denuncia penal para que se lo investigue mientras que desde la UCR adoptaron distintas posturas. El jefe del bloque de diputados radicales, Mario Negri, reclamó que Arribas se presente en la Justicia para dar explicaciones. El senador Julio Cobos reclamó que sea apartado hasta que aclare su situación, como había ocurrido con el jefe de la Aduana. Otro diputado radical, Héctor “Cachi” Gutiérrez, reclamó que Arribas asista a la comisión bicameral de fiscalización de los organismos de inteligencia para responder preguntas de los legisladores.
La oposición compartió alguna de estas posiciones y fue un poco más allá. Un grupo de diputados encabezado por el jefe de la bancada del FpV, Héctor Recalde, presentó otra una denuncia penal, que recayó en el juez Sebastian Casanello. Y además de pedir su apartamiento, la diputada kirchnerista Teresa García presentó una nota en la bicameral de inteligencia pidiendo que se lo convoque. Por otro lado, Margarita Stolbizer y Graciela Ocaña también pidieron que el funcionario deje el cargo dado que como jefe de Inteligencia podía obstaculizar la investigación.
Consultado también por las críticas a la Cancillería por obstáculos en la investigación de los Panamá Papers, Macri aseguró que tanto él como el gobierno están cooperando con la Justicia. “Me encantaría que en algún momento dado el juez diga de una vez por todas que toda esas denuncias que me hicieron son mentiras, porque ni era accionista, ni cobré dinero, fui director cuatro meses, con lo cual no tenía por qué haber declarado esa sociedad en mí declaración jurada de qué es lo que yo tenía como Jefe de Gobierno”, sostuvo.
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