Investigación, desarrollo y tecnología en el agro
No es ningún secreto que la innovación tecnológica es el sustento del crecimiento económico en el largo plazo y sobre todo para un sector de las economías latinoamericanas como lo es la producción agropecuaria.
El proceso de modernización de la agricultura y de la producción de alimentos incluye la generación interna de innovaciones y la incorporación de tecnologías desarrolladas en otros sectores, particularmente en las industrias química y mecánica, la microelectrónica, la biotecnología, y actualmente, las tecnologías de la información y comunicación.
Dichas interacciones han permitido un enorme incremento productivo. Según datos de la FAO (Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación), entre 1961 y 2003 la producción neta de bienes agrícolas tuvo un aumento del 150%.
Las mejoras tecnológicas aplicadas incrementaron la productividad de los recursos, y por ende de los saldos exportables de commodities, lo que significó mayores ingresos de divisas para los países exportadores de materias primas y alimentos, independientemente de quienes se apropiaran en última instancia de dichas riquezas.
El financiamiento de la investigación, desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías varía en cuanto a su origen y en cuanto a los porcentajes medidos en términos del PBI, según se trate de países desarrollados o en vías de desarrollo.
Retomando datos de la FAO, las inversiones públicas y privadas en América Latina y el Caribe en Investigación y Desarrollo de tecnologías agrícolas representan en promedio aproximadamente el 0.5% del PBI agrícola de la región. Este indicador contrasta fuertemente con la intensidad de la investigación agrícola en los países desarrollados, en donde este coeficiente es de 2.5%.
Para poner de ejemplo, las inversiones en biotecnologías vegetales y obtención de semillas mejoradas que realizan las grandes corporaciones de la industria en países de América Latina y el Caribe (ALyC) representan menos de 10% del gasto global en investigación en la mayoría de los países.
En cambio, en los países desarrollados de la OECD (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) las inversiones privadas en tecnologías agrícolas significan en promedio casi el 47% del gasto en investigación agrícola, en tanto en países como Estados Unidos y Reino Unido superan el 50%.
Otro dato que resalta es que las inversiones privadas dejan de lado la investigación y aplicación de tecnologías en ramas de la actividad de gran importancia para productores considerados marginales pero de suma importancia para la soberanía alimentaria de la región.
Un ejemplo es la producción caprina. La mejora y la aplicación de nuevos desarrollos en ganadería caprina prácticamente no es objetivo de ninguna corporación, sin embargo es medio de subsistencia, desarrollo y arraigo en muchas regiones de Suramérica.
En contraste, gran parte de la investigación en nuestras naciones se financian desde el Estado central y organismos descentralizados; principalmente en los países del Cono Sur: Brasil invierte alrededor de 2.700 millones de dólares por año y la Argentina poco más de 2.000 millones (datos de 2016).
El 61% de los investigadores pertenecen a entidades gubernamentales específicas del sector: Embrapa del Brasil, INTA y CONICET en la Argentina, INIA en Perú, Uruguay, Chile, Venezuela. Un 35% del personal proviene del sistema educativo superior o de grado; un 4% dedicado a la investigación proviene de agencias u organizaciones sin fines de lucro.
Según un estudio de ASTI (Indicadores de Ciencia y Tecnología Agrícola), realizado en 2006, el total de investigadores de 15 países de ALyC, que eran financiados por el Estado, sólo el 33% alcanzó niveles de doctorado, un 32% maestrías, y un 34% licenciaturas.
El presupuesto total de Inversión y Desarrollo (IyD) es aportado en un 83% por los gobiernos nacionales, un 8% proviene de recursos internos, un 5% lo aportan asociaciones de productores y sólo el 3% de donantes extranjeros y bancos de desarrollo.
Con estos datos se puede afirmar que la inversión privada en investigación para el sector primario de producción por parte de las grandes corporaciones se concentra en los países que tienen altos niveles de industrialización, que pueden explotar un mercado con grandes tasas de crecimiento, alta disponibilidad de recursos humanos calificados y leyes de protección a la propiedad intelectual sumamente beneficiosas para las corporaciones multinacionales, como las impuestas a través de los Tratados de Libre Comercio o Bilaterales de Inversión.
En los casos de los países de la región latinoamericana que no reúnen estos requisitos, la inversión privada es casi insignificante: en cambio, la comercialización de dichos desarrollos es alta en nuestra región. La generación de conocimiento estratégico se realiza en los países centrales y los productos de estos se comercializan en todo el mundo.
En Sudamérica, es el Estado, durante procesos políticos progresistas, el que invirtió en investigación y desarrollo para la producción de alimentos, a través de organismos descentralizados, universidades públicas y asociaciones de productores.
Aunque los Estados destinen recursos para el desarrollo de las diferentes producciones pecuarias regionales, los mismos no son suficientes y muchas veces terminan sirviendo de soporte a los capitales privados, en desarrollos cuyo knowhow es propiedad de corporaciones transnacionales, lo que significan el pago de derechos de uso de propiedad intelectual de ese conocimiento estratégico.
Por ello, es fundamental para el desarrollo sustentable y sostenible de nuestros pueblos poner al sistema educativo al servicio de la generación de conocimiento estratégico técnico, fomentar la inversión en IyD de los capitales privados nacionales a través de incentivos fiscales y financieros.
Es necesario generar los ámbitos de discusión y las acciones consensuadas, sinérgicas entre los diferentes actores del sector, asociaciones de productores, cámaras empresariales, gremios de trabajadores rurales, universidades, organismos de investigación, asociaciones de consumidores, entes estatales de control de sanidad agroalimentaria, etc., que lleven a transformar los escasos recursos financieros de que disponen los estados en conocimiento altamente productivo de libre disponibilidad para productores agropecuarios de nuestras naciones.
