Marchan en Argentina contra la participación de las FFAA en seguridad interior
Marcha contra la participación de Fuerzas Armadas en seguridad interior
Organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y políticas se movilizarán hoy en todo el país para repudiar el decreto de Mauricio Macri que pretende habilitar la militarización de la seguridad interior. Abuelas de Plaza de Mayo, Madres Línea Fundadora e Hijos, entre otros, convocan a concentrarse a las 17 en Paseo Colón y Alsina, frente al Ministerio de Defensa, con la consigna “Fuerzas Armadas represivas ¡Nunca más!”. “Queremos seguir viviendo en democracia, sin militares en la calle”, destacó Carlos Pisoni, de Hijos. El Encuentro Memoria, Verdad y Justicia (EMVyJ) se sumará a la ronda de las Madres en la plaza a las 15.30.
El comunicado de los organismos repudia la decisión de “reformar el sistema de defensa nacional, habilitando a las Fuerzas Armadas a intervenir en cuestiones de seguridad interior”, según destaca el comunicado que suscriben también la Liga por los Derechos del Hombre, el CELS, la APDH, Familiares y el MEDH. El objetivo de la reforma es “incrementar los niveles de represión interna con el falso argumento de ‘proteger objetivos estratégicos’, construir un ‘enemigo interno’, acallar las protestas sociales y contener las crecientes movilizaciones que, a lo largo y a lo ancho de nuestro país, enfrentan hoy las políticas de hambre y miseria que el gobierno de Cambiemos lleva adelante”, advierten. Entre los convocantes están también fuerzas políticas como Nuevo Encuentro, Patria Grande, Miles y La Cámpora.
La CTA de los Trabajadores se concentra a las 16.30 en Paseo Colón y Belgrano. Los trabajadores de prensa saldrán desde la agencia Télam, donde resisten 357 despidos.
El decreto de Macri significa “un retroceso a los derechos conquistados en los últimos 35 años”, resumió Pisoni, quien remarcó la importancia de que “seamos millones” en el rechazo. “No creo que estemos viviendo en una dictadura, tenemos una democracia imperfecta y las Fuerzas Armadas no son las mismas que en dictadura. Estamos viviendo un récord democrático pero el aparato represivo siguió intacto. En 2003 los genocidas seguían en las calles y con Néstor Kirchner se empezó con una nueva política, pero evidentemente no alcanzó y hace falta un cambio más estructural de las fuerzas de seguridad”, explicó.
“Esto ya lo vivimos y por eso lo rechazamos rotundamente”, señaló Adolfo Pérez Esquivel, al portal Info Región. “Somos sobrevivientes de la intervención de las Fuerzas Armadas en la política interna”, recordó el presidente de la Comisión Provincial por la Memoria, quien enmarcó el decreto de Macri como “parte de una política represiva para capitalizar el ajuste y llevar adelante las medidas del FMI”.
“La convocatoria será masiva y representativa del sentimiento nacional y popular que ve en este decreto no sólo la figura de permitirles a las Fuerzas Armadas que actúen en conflictos internos, sino que no se respeta la institucionalidad de la que hace bandera el Gobierno”, destacó el diputado José Luis Gioja, presidente del PJ. “Macri y su gobierno parecen estar decididos a hacer estallar los cimientos de la democracia”, afirmó por su parte Claudio Lozano, de Unidad Popular. “Estamos frente a una combinación perversa de ajuste, saqueo y amenaza de militarización”, advirtió.
El EMVyJ convoca con las consignas “No a los militares en las calles” y “Basta de ajuste y represión de Macri y el FMI”. El decreto, consideró, “es un salto represivo que busca la reubicación de Gendarmería y Prefectura para intensificar la represión y el control social en todo el territorio”, señaló. “Así como derrotamos el nefasto 2×1 a los genocidas, llamamos a la mayor unidad de acción en las calles”, destacó. “Macri nos quiere hacer retroceder décadas en materia de derechos democráticos”, señaló Alejandro Bodart, del MST.
En el Congreso, los bloques opositores buscan impedir la reforma militar decretada por Macri
El decreto del presidente Mauricio Macri que involucra a las Fuerzas Armadas en temas de seguridad interior tiene otra trinchera de resistencia en el Congreso. Diputados del Frente para la Victoria (FpV-PJ) y el Movimiento Evita presentaron un proyecto para derogar el decreto presidencial que consideran “inconstitucional” y que “rompe el consenso político y social” logrado en democracia sobre el propio “concepto de Defensa, a su estricta separación con la seguridad interior, a la plena subordinación de las Fuerzas Armadas a las autoridades constitucionales civiles”. El Frente Renovador, en tanto, presentó un proyecto de resolución para rechazar el decreto y reclamar que sea enviado en formato de proyecto de ley porque “el Presidente pasó por alto al Congreso”. No obstante, algunos de sus diputados se pronunciaron por la derogación junto al interbloque del Evita y Libres del Sur. Desde el Frente de Izquierda también reclamaron la derogación del decreto presidencial.
“El Presidente de la Nación, a partir de un simple decreto reglamentario –que modifica otro– intenta cambiar las bases sobre las que está estructurado nuestro sistema de defensa nacional, construido desde la recuperación democrática, expresado básicamente en las leyes de Defensa Nacional, de Seguridad Interior y de Inteligencia Nacional”, dice en sus fundamentos el proyecto de Agustín Rossi para derogar el decreto presidencial, que acompañan sus compañeros de bancada Cristina Alvarez Rodríguez, Máximo Kirchner, Nilda Garré, José Luis Gioja, Eduardo De Pedro, Horacio Pietragalla y Mónica Macha, además de Lucila De Ponti, del Evita.
Allí, los legisladores señalan que con el Decreto 683/18 el Gobierno intenta legitimar la intervención militar en las llamadas “nuevas amenazas”, como el narcotráfico y el terrorismo, lo cual resulta “absolutamente inconstitucional, ya que nunca un decreto reglamentario puede modificar el texto de una ley”, que en el caso la Ley de Seguridad Interior (24.059) establece los excepcionales supuestos en los que las FF.AA. pueden intervenir.
Por la derogación del decreto presidencial también se pronunciaron las diputadas Victoria Donda (LdS) y Araceli Ferreyra (Evita), junto al massista Daniel Arroyo. “El Decreto 683/2018 que dispone la participación de las FF.AA. en temas de seguridad interior no solo viola las leyes que regulan las materias de defensa nacional y seguridad interior; sino que además rompe en forma flagrante el amplio acuerdo democrático que desde la recuperación del Estado de Derecho rige sobre el papel que deben cumplir las FF.AA. en nuestro país”, dice el comunicado en que anuncian el acompañamiento al reclamo de organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y ONG.
“Rechazamos este enorme salto represivo que implica la intervención de las Fuerzas Armadas en seguridad interior: quieren tenerlas a mano para utilizarlas en la represión a la protesta social que se multiplicará para enfrentar el duro ajuste que exige el FMI”, sostuvo el diputado Nicolás del Caño (FIT-PTS), en el anuncio de la presentación del proyecto propio que exige derogación del decreto y pide informes sobre “cuántos militares que provienen de la dictadura siguen en funciones”. “No sólo habilitan la intervención militar en materia de seguridad interior, sino que le asignan la custodia de ‘objetivos estratégicos’ políticos y económicos. Esto es, las represas hidroeléctricas y las centrales nucleares, áreas mineras y petroleras. Tendremos a las FF.AA. custodiando por ejemplo Vaca Muerta, no para protegerla del saqueo de los grupos capitalistas, sino ¡contra quienes luchan contra la depredación ambiental, por el salario o por el derecho a tierras ancestrales!”, sumó la diputada Romina Del Plá (FIT-PO).
Desde el Frente Renovador eligieron otra estrategia. “El Presidente de la Nación quiso usar un artilugio, como mínimo desprolijo, para pasar por alto a este Congreso y así modificar sustancialmente las funciones que les competen a las Fuerzas Armadas, otorgándoles así, a través del decreto 683/2018, misiones de seguridad interior. Esta medida, innecesaria a nuestro criterio, solo nos trae reminiscencias del pasado reciente más oscuro de nuestro país”, sostuvo Graciela Camaño. La jefa de los diputados massistas también envió una carta al presidente de la Cámara baja, Emilio Monzó, acompañada por un proyecto de resolución para que “la propuesta del Ejecutivo sea remitida al Legislativo como proyecto de ley”.
“La seguridad ampliada sirve para combatir los grandes delitos, como narcotráfico, terrorismo y trata de personas. Los ejércitos ya no son los mismos y las batallas no son las mismas que en el siglo XX, cuando se crearon y se pensaron las leyes de defensa nacional. No se combate contra otro país, se combate contra la sofisticación logística y armamentística que tienen los cárteles de la droga y el terrorismo internacional”, agregó Camaño, en sintonía con algunas posturas del oficialismo, para luego diferenciarse del kirchnerismo y de Cambiemos: “No queremos el ejército de Milani con carta blanca para hacer espionaje, pero tampoco queremos el ejército de Macri que queda indefinido”, se justificó.
Otros diputados massistas tomaron caminos diferentes. Arroyo se sumó a la derogación del decreto presidencial, Felipe Solá se reunió con el ex jefe del Ejército, Martín Balza, para cuestionar la medida de Macri (ver página 7) y Cecilia Moreau le apuntó al radicalismo: “Una de las medidas más importantes del gobierno de Raúl Alfonsín fue la sanción de la Ley de Defensa Nacional, que separa a la misma de la seguridad interior. Es difícil ver que los radicales en el PRO silenciosamente aceptan modificar esto vía decreto, una vergüenza más”.
Rechazo de defensores del pueblo a decreto que habilita uso de FFAA en seguridad interior
La Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), manifestó su «profunda preocupación» por el decreto 683/2018 anunciado por el Gobierno que permite la intervención de las Fuerzas Armadas en Seguridad Interior y planteó su «inconstitucionalidad» mediante un comunicado.
«Conforme se desprende de la Ley de Defensa Nacional, la función de las Fuerzas Armadas reside en la defensa de la Nación ante el ataque exterior, guerra o conflicto armado internacional, teniendo por finalidad garantizar la soberanía e independencia de la República», explican los diferentes Defensores del Pueblo del país.
En este sentido, ratificaron que es la Ley 24.059 la que entiende que la Seguridad Interior, «debe propender a que el Estado Nacional garantice la plena vigencia de los derechos a la vida, a la libertad, y al patrimonio de los ciudadanos» y que la garantía de esa seguridad debe estar a cargo de fuerzas tales como «la Policía Federal, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Policía de los Estados Provinciales adherentes a la mentada norma, la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval Argentina».
«Así pues, en este marco, se desarrollarán los medios necesarios para el control y vigilancia de las fronteras, aguas jurisdiccionales de la Nación y custodia de objetivos estratégicos», continúa el comunicado.
En este sentido, cuestionaron que una modificación de los «mencionados principios emanados de la Constitución Nacional» se haya establecido por decreto, «toda vez, que por la materia resulta ser competencia exclusiva del Congreso de la Nación».
Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora: “Son las órdenes del FMI al Gobierno para redondear este ajuste brutal”
Siguen las repercusiones con respecto al anuncio del presidente Mauricio Macri sobre la habilitación de las Fuerzas Armadas en seguridad interior. Una palabra autorizada es la de Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, quien en declaraciones radiales a www.futurock.fm, analizó la situación y contó la preocupación de Madres.
«Esto preocupa mucho. Son las órdenes del FMI al Gobierno para redondear este ajuste brutal que ya empezó. Todo esto trae aún más hambre, malestar y deterioro. Repudiamos completamente que volvamos atrás en hechos en los que este país estaba avanzando para el bienestar del pueblo», dijo.
Además, agregó este martes mañana que «cada día más atrás, cada día más hambre, cada día más gente en la calle al desamparo. No nos merecemos eso. Para mí es un error que la movilización sea en el Ministerio de Defensa. El lugar donde tenemos que ir a manifestarnos no es ese, es la Casa de Gobierno. El decreto lo firmó el Presidente».
«Volvemos al pasado cuando Alfonsín ya había encajonado las Fuerzas Armadas. Necesitamos que el pueblo tenga vida digna, no que vivamos todos desesperados. Las Fuerzas Armadas en la calle son una amenaza y un peligro», analizó.
Para finalizar, Cortiñas agregó que «Macri y el Fondo han coincidido en programar esto que nos hace retroceder y hace peligrar la seguridad del pueblo. Este pueblo no es un pueblo que tenga que pasar hambre calladito la boca, no servimos para eso. Hay una resistencia a morir de hambre».
