El Estado recibe 105 demandas por la falta de protección a líderes sociales
Contraloría pide replantear medidas de protección de líderes sociales
Un estudio de la Contraloría General de la República concluyó que a pesar de que el Gobierno Nacional destina un importante monto para proteger la vida de líderes sociales, las acciones han sido insuficientes para brindar esquemas de protección a personas amenazadas.
De acuerdo al análisis elaborado por la Contraloría Delegada para el Sector de Defensa, Justicia y Seguridad, entre el 2015 y el 2017 el Estado destinó $1.71 billones para la implementación de esquemas de protección.
De ese total, el 61 % de los recursos, es decir más de $978 mil millones, fueron destinados a medidas en pro de personas amenazadas.
Sin embargo, durante dicho periodo se presentaron 24 atentados que produjeron 13 muertos y 8 personas heridas, sin contar con los líderes y activistas que no contaron con algún tipo de protección, señaló el organismo de control.
Debido a la falta de protección, hay 105 demandas contra el Estado que ascienden a los $206 mil 463 millones, derivadas de posible omisión estatal en la protección de la vida e integridad de los amenazados.
Además, se impusieron 403 acciones de tutela, de las cuales 176 fueron falladas a favor de las víctimas que recibieron $19 mil 164 millones, que representan 2 % del total de los recursos de la Unidad Nacional de Protección (UNP).
“Los atentados contra líderes y activistas sociales no solo truncan sus vidas sino que afectan de manera grave los intereses patrimoniales del Estado”, manifestó la Contraloría.
Para la protección de miembros de la desmovilizada guerrilla de las Farc, el Gobierno ha destinado más de $4 mil millones, es decir que mensualmente se giran $39 millones para los esquemas de seguridad.
Según el ente de control es necesario que en los próximos años la Nación aumente los recursos para la protección de líderes sociales.
Dos líderes sociales asesinados durante el 20 de julio
El viernes 20 de julio, mientras se conmemoraba la independencia de Colombia, fueron asesinados dos líderes sociales: José Osvaldo Taquez Taquez, presidente de una Junta de Acción Comunal (JAC) en Orito, Putumayo y Horacio Triana Parra, presidente de otra JAC en Otanche, Boyacá.
Según Timaco de la Cruz, líder social de Orito, Osvaldo Taquez era presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Remolinos, Putumayo, y se había destacado por su liderazgo en la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito. Precisamente, su asesinato tuvo lugar tras una reunión en la que se evaluaban los avances de esos procesos.
De la Cruz añadió que en el sector en el que vivía Taquez, había llegado una amenaza que intimidaba con desplazar a todas las personas que se habían sumado al proceso de sustitución y el líder asesinado le había expresado su temor por la seguridad de la gente.
De acuerdo con Timaco de la Cruz, en Orito hay cerca de 3 mil familias inscritas en el proceso de sustitución voluntaria, y todas ya cumplieron con la primera etapa que corresponde a erradicar los cultivos de coca. Sobre este proceso, el líder asegura que ya hubo verificación de las Naciones Unidas, pero falta el cumplimiento de parte del Gobierno Nacional.
Para el líder, esto demuestra que las personas han tenido la voluntad de sustituir los cultivos, pero el gobierno no tiene voluntad política para solucionar ese problema; y concluye al señalar que «el problema no es la coca, es el abandono de la gente de parte del Estado».
ASESINADO DEFENSOR DEL PARQUE REGIONAL NATURAL SERRANÍA DE LAS QUINCHAS
Horacio Triana Parra también fue asesinado el viernes 20 de julio. Triana era presidente de la JAC de la vereda El Carmen, en el municipio de Otanche, Boyacá, y era reconocido en la región por su defensa de la Serranía de las Quinchas.
Las autoridades no se han referido sobre los posibles autores materiales o intelectuales de la muerte de Triana o de Taquez; sin embargo como lo resalta Timaco de la Cruz, hay una sensación de miedo en diferentes sectores del país, pues de acuerdo con información brindada por el Centro Nacional de Consultoría (CNC) y la Consultoría para los derechos humanos y el desplazamiento (CODHES), en Colombia han sido asesinados 311 líderes sociales entre enero de 2016 y Junio del 2018.
De acuerdo con este estudio, de los 311 reportados, 45% eran líderes comunitarios o presidentes de JAC, 2% eran líderes de restitución de tierras y 5% eran líderes juveniles, de mujeres, ambientalistas o mineros. Mientras tanto, el Gobierno Nacional insiste en que los asesinatos contra líderes sociales no son sistematicos, ni obedecen a patrones que se pueden trazar en el tiempo.
