El Salvador: empresa constructora privada destruye sitio arqueológico

La iniciativa en la Asamblea apareció, de sorpresa, en la sesión plenaria del jueves 7 de junio, semanas después de que el Ministerio del Medioambiente y un juzgado detuvieran las obras en Tacuscalco debido a la falta de un permiso ambiental de la empresa involucrada, que durante ocho meses trabajó con prisas para intentar terminar una residencial llamada Acrópoli. 

Los diputados, al igual que la Policía Nacional, la Fiscalía y la Presidencia de la República, no le creen a la autoridad encargada de derimir si se ha violado o no la ley de patrimonio cultural. Pone en tela de juicio las resoluciones y las suspensiones de obra ordenadas por la Dirección de Patrimonio Cultural, y le da a la constructora Inversiones Fénix -vinculada al grupo Salazar Romero y encargada de la construcción- el beneficio de la duda.

Tacuscalco es el lugar donde Pedro de Alvarado llegó herido después de la batalla de Acajutla. Y desde una de las estructuras del lugar observó la batalla de sus hombres contra los pipiles. Lo describe en sus cartas de relación. Lo describen también los códices de tlaxcaltecas que acompañaron a los españoles en la conquista. La Asamblea, sin embargo, duda.

La moción para la investigación fue propuesta por el jefe de la bancada del PCN, Antonio Almendáriz, quien pidió modificación de agenda para incluir una pieza de correspondencia. La propuesta no estaba en la agenda original entregada a diputados y a la prensa en la mañana. La solicitud ingresó por dispensa de trámite con 71 votos y la aprobación de la conformación de la comisión con 78. “Que, según lo que hemos tenido conocimiento, ambas partes, instituciones gubernamentales y afectados, presentan sustentaciones para la motivación de sus derechos”, dice el documento presentado.

La pieza señala que una parte argumenta que “las motivaciones son la protección del patrimonio cultural y el medio ambiente”, y la otra “la generación de la inseguridad jurídica que desmotiva la inversión y la creación de fuentes de trabajo, que tanto se necesitan y están afectando grandemente el desarrollo y seguridad”. Para los diputados, en este caso se está “ante el retardamiento de la justicia” y por ello hay que “actuar para que una vez por toda se resuelva”.

La constitución y el reglamento interior facultan a la Asamblea para crear comisiones especiales de investigación sobre asuntos de interés nacional. Estas pueden convocar de forma obligatoria a los actores públicos y privados que considere necesarios, y recomendar a la presidencia de la República la destitución de cualquier funcionario que tenga responsabilidad en los hechos. Las conclusiones de estas comisiones pueden ser trasladadas a la Fiscalía General de la República, pero no son de carácter vinculante.

“A través de los medios de comunicación me he enterado de todos los alegatos de ambas partes. Lo mismo que los otros diputados de Sonsonate como Silvia (Ostorga), Javier (Valdez), que nos hemos reunido y dijimos que se debe saber quién dice la verdad”, dijo a El Faro el diputado Almendáriz, minutos después de ingresar la pieza de correspondencia.

Según él, la comisión especial intervendrá para que, como si se tratara de un proceso judicial, se esclarezcan los hechos: “Aquí no damos un veredicto sobre lo que hay que hacer, hágase esto o no. Nosotros enviamos a las instituciones recomendaciones. Lo único que es que se sabe la verdad”. Aseguró que la propuesta había sido respaldada por todas las fracciones, incluyendo el diputado no partidario. Sin embargo, declaraciones de otros legisladores apuntan a que la iniciativa de la propuesta fue del propio Almendáriz y su partido PCN, y no se compartió previamente con todos.

“Tengo conocimiento de lo que pasa, pero no cuáles son los aspectos de esta comisión ni cuál es su filosofía. O sea, no hubo una explicación previa a la plenaria ya que fue una pieza con dispensa de trámite. Y esas piezas no me generan confianza porque no sé si pueden estar en positivo o negativo”. Las frases corresponden al diputado de Arena, Mauricio “El Chato” Vargas, quien se abstuvo de votar por la conformación de la comisión y aseguró que desconocía la propuesta. Mayteé Iraheta y Ricardo Godoy, también de Arena y ambos de la comisión de ambiente y cambio climático, tampoco votaron. La integrante de la bancada del FMLN Rina Araujo también se guardó su voto.

La Asamblea votó para que Almendáriz y José Serafín Orantes (también pecenista) asumieran la presidencia de la comisión como propietario y suplente; y que de la misma manera lo hicieran los areneros Silvia Ostorga y Emilio Corea con la secretaría. En la relatoría, quedaron los efemelenistas Javier Valdez (propietario) y Jaime Sandoval (suplente). Asumirán como vocales los diputados Rigoberto Soto (GANA), Rodolfo Parker (PDC), Juan José Martel (CD) y Leonardo Bonilla (no partidario). Los suplentes serán Adelmo Rivas (GANA) y José Mazariego (PDC). Algunos de ellos forman parte de las comisiones de medio ambiente y cambio climático, cultura y educación, y obras públicas.

“Este día se conformó la comisión para que podamos analizar qué es lo que sucedió porque, me parece, que la Secretaría de Cultura (hoy ministerio) ha emitido resoluciones sobre dicho lugar, pero la construcción ha continuado. Eso de primera mano. Tengo que ver los documentos, las resoluciones, si se emitieron en qué momento, quién las emitió y verificar…Ver qué es lo que ha sucedido. Tengo entendido que detuvieron, pero también salieron a manifestar unos trabajadores”, dijo Javier Valdez del FMLN a El Faro después de la votación. El diputado asegura que defenderán la protección del patrimonio, pero todavía deja margen de dudas sobre cuál de las partes tiene la razón. “Hay que defender el derecho de la protección de nuestra cultura, pero también tenemos que ir a ver el derecho de los demás”. Según Valdez fue Almendáriz quien se acercó a la jefa de fracción del FMLN, Nidia Díaz, para presentar la propuesta.

Este periódico buscó acercarse a la diputada Silvia Ostorga a través de una persona con la que estaba conversando en su curul. El hombre nos comunicó que quien acababa de ser nombrada secretaria de la comisión no daría declaraciones porque debía empaparse más sobre el tema. Que por el momento ella sólo había sido convocada a participar en la comisión. Eso de empaparse sobre el tema no sólo fue un comentario de Ostorga, sino también de “El Chato” Vargas y Javier Valdez. Incluso, durante la votación, algunos de los diputados que votaron a favor desconocían a qué se refería la palabra Tacuscalco. Uno de los técnicos de Arena se acercó a la bancada a explicarles de qué iba la votación: “Es sobre la construcción en Tacuscalco, en Sonsonate”. El diputado David Reyes replicó: “Pues sí, pero qué es”. El hombre amplió y enlistó detalles sobre el caso. Un vez finalizada la explicación, el diputado, notablemente sorprendido, reaccionó: “¡¿Y ya construyeron?!”.

Según verificó este periódico en una visita en abril, cerca del 98% de la construcción de más de 600 casas ya ha sido levantada sobre el sitio arqueológico.

En qué se centrará la investigación de la Asamblea y qué defenderá cada partido son preguntas que todavía no se pueden responder. Pero unos diputados ya han apuntado hacia dónde podría dar la balanza. “Para la amortización de tres manzanas del verdadero sitio arqueológico, según la investigación que yo he hecho, abrieron más de 250 pozos de un metro para ver si habían restos del sitio arqueológico y no los encontraron. Una inversión de 20 millones de dólares que está parada (…) Qué hay detrás de todo esto: parar una inversión cuando ya todo estaba autorizado y no encontraron nada. Por eso le digo, me alegra en el caso de…respetar a los inversionistas”, dijo el diputado del PCN Raúl Beltrán Bonilla en la entrevista Frente a Frente de este viernes 8 de junio en la mañana. El viernes 8, el diputado Mauricio Vargas también apareció en televisión visitando el terreno, y al lado de él estaban presentes representantes de la constructora. En teoría, Tacuscalco está bajo custodia de la Policía. «Creo que hay una sobredimensión de situación», fue una de las frases que apuntó.

Un comisionado presidencial para un asunto de patrimonio cultural

Durante la intervención del diputado Almendáriz en la plenaria -cuando solicitó la modificación de agenda-, el vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, arribó a la sesión plenaria, pero no por ese tema. El funcionario llegó con otros representantes del tren ejecutivo para terminar de dar los toques finales a la negociación de los 170 millones de dólares de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo para el sector salud, que terminó aprobado por unanimidad. Parte de ese dinero se usará para construir el segundo hospital Rosales. Diputados del Frente y miembros del gabinete de gobierno se vanagloriaron de que era un logro de la actual presidencia, pero puede que esta obra finalice durante una nueva administración en manos del partido Arena, en 2022.

Después de tres intentos de este periódico por hablar con el vicepresidente y terminada la rueda de prensa, pasadas las 9 de la noche, el funcionario accedió a responder las preguntas de El Faro mientras caminaba para abandonar el recinto legislativo.

—¿El comisionado Tharsis Salomón López ha sido nombrado responsable para manejar el caso? -preguntó El Faro.
—Sí, él está procesando el tema -respondió Ortiz.
—¿La empresa constructora ha solicitado una audiencia con el comisionado?
—Sí, él está intercambiando con los distintos actores públicos y privados sobre el tema.
—¿Con quiénes se ha reunido?
—No, ahorita no, voy a recibir el informe hasta mañana.
—¿Por qué la PNC no acató las órdenes de suspensión de obra solicitada por la Secretaría de Cultura?
—No, ese tema no es así -fue lo último que dijo Ortiz, antes de que uno de sus asistentes interrumpiera la entrevista.

El Faro confirmó que dos instancias del Ejecutivo –Ministerio de Cultura y el MARN- ordenaron a Fénix parar las obras en septiembre de 2017. Dos juezas – la jueza ambiental de Santa Ana y la jueza de Paz de Nahulingo- reconocieron la autoridad del Ministerio de Cultura para emitir esa orden; y la fiscalía, en su requerimiento, reconoció la comisión de delitos en la construcción. Pero ni la Fiscalía ni la Policía ejecutaron el paro de obra.  Fue nueve meses después, en abril de 2018, cuando otro juez ambiental pidió frenar la construcción pero no por daño patrimonial sino por la falta de un permiso. Un elemento meramente administrativo.

Antes de que fuera interrumpida la entrevista, El Faro intentaba preguntarle a Ortiz varias cosas: ¿Por qué nombrar a un comisionado para la inversión encargado de un asunto de patrimonio cultural que, según la ley de patrimonio, sólo le compete a la Secretaría de Cultura, hoy ministerio? ¿Por qué no confiar en su propio gabinete, específicamente en su ministra de Cultura, Silvia Elena Regalado, que pidió frenar los trabajos en ese terreno? ¿Por qué no incluir a Regalado y a otras instancias en la discusión?

Tharsis Salomón López fue ministro de Economía desde el inicio del gobierno de Salvador Sánchez Cerén hasta 15 días después de las elecciones del 4 de marzo. Fue sustituido por la viceministra de Economía, Luz Estrella Rodríguez, quien asumió la dirección de la cartera. López pasó entonces a ejercer como el Comisionado Presidencial para la Promoción y Desarrollo de la Inversión Privada.

De empresa denunciada a empresa demandante

Hasta la fecha, la pugna por la construcción en Tacuscalco ha tocado tres sedes judiciales distintas: el juzgado de paz de Nahulingo, el juzgado contencioso administrativo y el juzgado ambiental de Santa Ana. En Nahulingo y Santa Ana, la empresa Fénix-Salazar Romero es la acusada; en el caso contencioso, los demandados son tres funcionarios del Ministerio de Cultura. En este último proceso, que inició el lunes 4 de junio, la constructora considera que el paro es ilegal.

En septiembre de 2017, la Secretaría de Cultura –ahora ministerio– informó a la Fiscalía que la construcción ya había empezado y suponía riesgos de destrucción al patrimonio nacional. Solo había tres casas construidas cuando un arquéologo del Ministerio de Cultura ordenó el primer paro de obra. Cuatro meses después, en enero de 2018, la jueza de Santa Ana reconoció la facultad de la Secretaría para ordenar que la destrucción se detuviera. Sin embargo, durante casi siete meses, ninguna autoridad ejecutó esa orden. La obra fue detenida el 16 de abril de este año, tras una inspección in situ de la jueza ambiental.

La Fiscalía también se tardó siete meses, tras la advertencia del Ministerio de Cultura, para presentar un requerimiento fiscal, algo que sucedió el 23 de marzo de este año. Ese requerimiento acusa al propietario de la empresa de construcción y al jefe del proyecto por cuatro delitos. Los cargos son: construcción no autorizada, daños agravados, desobediencia a particulares e infracción contra las medidas de registro, control y circulación. Aunque los acusados son procesados en libertad, podrían enfrentar el pago de millones de dólares en concepto de responsabilidad civil, si son hallados culpables. Ese caso está actualmente en fase de instrucción, antes de llegar a una audiencia preliminar.

El pasado 25 de abril, durante la inauguración de una exposición en el Museo Nacional de Antropología, la ministra de Cultura, Silvia Elena Regalado, conversó con El Faro. Dijo que el proceso de investigación de lo ocurrido en Tacuscalco ha sido «una situación difícil para toda la institución» y que ha tenido que soportar «la presión que ha habido de las instituciones» y «la presión de la empresa por los permisos». De hecho, la empresa Fénix acusó a la directora de Patrimonio Cultural de actos arbitrarios ante la Fiscalía, pero esa denuncia no ha sido llevada a tribunales.

Con reportes de María Luz Nóchez, Nelson Rauda y Manuel Talavera.

El Faro