Justicia chilena a la medida de cómplices y encubridores – Por Juan Pablo Cárdenas S.

Por Juan Pablo Cárdenas S.

Aunque las condenas a presidio perpetuo contra los comuneros mapuche  José y Luis Tralcal pueden ser revertidas,  todavía, en las instancias superiores de la Justicia, varios dirigentes políticos y empresariales, como el mismísimo Ministro del Interior, que se han adelantado a celebrar tal sentencia, ya que, según ellos, los acusados son terroristas y a éstos hay que castigarlos con todo el peso de la Ley.

Se sabe que el  Caso Luchsinger Mckay ha estado cargado de irregularidades procesales y de inculpados que luego han resultado inocentes, sin embargo las opiniones temerarias sobre esta última resolución por un tribunal oral de Temuco parece dejar conformes a quienes se empeñan desacreditar a nuestra etnia mapuche,  que lucha por derechos ancestrales y legales conculcados por los grandes empresarios de la Araucanía y los agentes del propio estado chileno.

Lo que más se celebra por los medios de comunicación hegemónicos es el hecho que a los veinte años de presidio, estos condenados en primera instancia no podrían acogerse a ningún beneficio, por lo que muy probablemente, la muerte los encuentre confinados en un penal en la miseria y las más precarias condiciones de vida.

Se hace, así, justicia a la medida de los más probados cómplices y encubridores de los crímenes cometidos por la Dictadura de Pinochet y por la acción de las policías en la zona sur del país o en otros puntos de nuestro territorio hasta hoy mismo, en lo que se reconoce universalmente como terrorismo de Estado. Miles de muertos, torturados, exiliados, detenidos desaparecidos y otras víctimas de un régimen que violara sistemáticamente los derechos humanos, con la complacencia de muchos jueces y tribunales abyectos.

Con razón se dice que la muerte del matrimonio Luchsinger fue un acto atroz, pero por lo mismo hay que reconocer que los tres profesores degollados por Carabineros, la muerte de un periodista como José Carrasco y el haber quemado cruel y deliberadamente a dos estudiantes universitarios, entre miles y miles de otros actos cometidos con premeditación y alevosía, son despropósitos aun de mayor perversidad cuando los hechores eran instigados y protegidos por las autoridades políticas y judiciales. Más aun cuando sus cuerpos fueran arrojados al mar o a los cráteres de los volcanes,  estuvieran vivos o muertos después de los tormentos ya constatados y atestiguados en los numerosos campos de concentración administrados por los tribunales,  y que hoy son un testimonio vivo del horror.

Vaya qué vergüenza para un país que presume vivir en estado de derecho y en democracia, cuando se tiene tan bochornoso doble estándar en relación al crimen. No deja de llamarnos la atención que las mismas autoridades y cúpulas patronales que nos piden clemencia para los pocos y feroces uniformados que se encuentran en un penal de lujo, respecto de estos presuntos hechores celebren la cárcel perpetua, sin atenuantes y otros derechos reconocidos universalmente, también,  para los condenados por los tribunales. Peor aun cuando quienes abogan por su libertad saben que la Tiranía cívico militar y los gobiernos de la Posdictadura les ha mantenido sus grados militares, así como sus millonarias pensiones, en un país en que el sector castrense mantiene irritantes privilegios respecto de la sociedad civil en materia de jubilaciones, salud y otros derechos. Cuando sus condenas, además, han sido más bien tenues en relación a la gravedad y reiteración de sus crímenes. Cuando, para colmo, sus inculpados se han negado a reconocer sus delitos, pedir perdón o ayudar a esclarecer otros múltiples crímenes, ya sea en mérito de la verdad que el país se merece, pese a las prescripciones que favorecen a muchos de estos delincuentes.

De alguna forma se entiende, aunque para nada se justifique, que un ministro como el jefe del gabinete Presidencial y el representante de la patronal de los agricultores canten victoria por la sentencia a los hermanos Tralcal, aunque todavía puede ser muy probable que otros jueces desbaraten lo acordado por un tribunal de primera instancia. Son tantos los errores y los actos de lenidad judicial que han afectado a los mapuches detenidos y procesados que de nuevo los que brindan por sus condenas, así como lo hicieran el 11 de septiembre de 1973,puedan verse frustrados en bien de la justa causa de nuestro pueblo originario y fundacional que, con sentencias como ésta, ganan legitimidad en su lucha y deben animarnos a todos a alentar su descontento y rebelión.

Así como llamar la atención del mundo respecto de un régimen que mucho más se parece al de Pinochet y su Constitución todavía vigente que al orden republicano prometido y alardeado por nuestra corrupta política. Cuando, incluso, uno de los horripilantes criminales de un connotado dirigente sindical fuera indultado por un presidente autodefinido como socialista.