El Salvador: juez admite procesar al expresidente Mauricio Funes y piden su extradición desde Nicaragua

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Juez admite procesar a Mauricio Funes bajo reserva

El juez Quinto de Paz de San Salvador, Salomón Landaverde, resolvió ayer en audiencia mantener en reserva el proceso judicial que se sigue en contra del expresidente de la república Mauricio Funes, y otras 31 personas vinculadas a una presunta red de lavado de dinero que saqueó $351 millones de las cuentas públicas.

La reserva judicial implica que únicamente las partes, abogados defensores y fiscales, pueden tener acceso a los elementos del caso. Y además, no se permite la divulgación de las pruebas que se ventilarán en una posible etapa de instrucción.

Landaverde resolvió en función de la reserva parcial del expediente solicitada por la Fiscalía General de la República (FGR). Fuentes oficiales confirmaron que una de las razones por la que la Fiscalía solicitó mantener la reserva fue en función de proteger el testimonio completo de dos personas y los datos privados de algunas mencionadas el requerimiento fiscal.

Ayer se instaló la audiencia inicial del proceso penal y terminó cerca de las 2:00 a.m. de este lunes. Se espera que el juez decida si el caso pasa a la etapa de instrucción y si mantiene o no la detención provisional de las seis personas capturadas durante el período de instrucción. El fallo será dado a conocer a las 3:00 de la tarde.

Abogados defensores informaron que al inicio de la audiencia se plantearon incidentes como la nulidad del proceso penal en contra de los exempleados de Casa Presidencial: Francisco Rodríguez Arteaga, Pablo Gómez y Jorge Herrera. La defensa técnica de estas personas planteó que habían sido llamados a declarar ante la Fiscalía y luego de tomarles la declaración, las autoridades procedieron a detenerlos en el caso de corrupción vinculado al expresidente Elías Antonio Saca.

Los defensores también señalaron ante el juez detalles sobre algunos elementos de prueba que solo habían sido indicados en el requerimiento fiscal, pero no han sido añadidos al expediente. Según los litigantes, el juez decidió diferir los incidentes y resolverlos en el fallo final de la audiencia inicial que comenzó ayer.

Fuentes oficiales confirmaron que el juez dio seis horas a la Fiscalía para presentar las imputaciones puntuales que hace a cada procesado. Además, decidió dar el mismo tiempo a la representación de los imputados para que muestre las pruebas de arraigo por las que no se debería decretar la medida cautelar de detención.

La Fiscalía giró la semana pasada órdenes de captura en contra de 31 personas, entre ellas el expresidente Funes y su actual pareja. Sin embargo, la Policía Nacional Civil (PNC) únicamente hizo efectivas las detenciones de seis personas, entre ellas el expresidente del Banco Hipotecario, Manuel Rivera; y el empresario amigo del expresidente Funes, Miguel Menéndez, conocido como “Mecafé”.

Sin Funes

Abogados defensores y fuentes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) confirmaron que de los 32 acusados, únicamente 26 acreditaron a abogados defensores de algunos imputados.

Según fuentes de la Corte, el expresidente, su pareja y la familia de esta última no presentaron abogados defensores ante el Juzgado Quinto de Paz, por lo que su situación jurídica será discutida en una audiencia especial durante esta semana.

“Puede ser parte de su estrategia”, dijo uno de los abogados defensores del caso sobre la ausencia de representación legal de Funes.

El fiscal general, Douglas Meléndez, informó la semana pasada que iniciarán el proceso de solicitud de extradición de Funes y su familia, quienes viven en Nicaragua desde el 1.º de septiembre de 2016.

Meléndez señaló que ya enviaron el reporte oficial a la Policía Internacional (INTERPOL) para que emita la orden de captura internacional en contra de Funes. Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aseguraron que conocerán sobre la extradición en los próximos días.

Una fiscal del caso afirmó que en la audiencia también se incluyó como imputada a la ex primera dama Vanda Pignato; contra quien la Fiscalía no giró orden de captura y piden que sea procesada en libertad.

La Prensa Gráfica

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