¿Cuáles son las principales reformas de Raúl Castro?
Durante diez años de gobierno, el presidente Raúl Castro impulsó “sin prisas pero sin pausas” un paquete de transformaciones que definió como “estructurales y de conceptos”. El objetivo declarado del llamado proceso de actualización del modelo económico y social cubano de desarrollo apunta a construir un socialismo “próspero y sostenible”.
El programa de reformas con las que el mandatario abrió las puertas del cambio en Cuba inició en 2008, se agilizó a partir de 2010 y se oficializó en el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC), el 18 de abril de 2011, bajo el nombre de Lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución.
La crisis económica de Venezuela, su principal aliado y proveedor de petróleo; la falta de liquidez financiera; los efectos del embargo estadounidense, recrudecido por el presidente Donald Trump; los daños por huracanes y la insuficiente inversión extranjera se perfilaban, al iniciar 2018, entre los obstáculos más visibles para la ejecución de las transformaciones.
Los avances han sido más lentos de lo deseado, lastrados también por la falta de productividad laboral, los bajos salarios, la circulación de dos monedas y distintas tasas cambiarias, la obsolescencia tecnológica y la impericia de muchos dirigentes empresariales.
Según analistas, las trabas de un sector de la burocracia gubernamental, donde existe preocupación sobre cómo la afectaría el resultado de las reformas, están ralentizando una adecuada y aconsejable fluidez en el proceso, en momentos en que el país sigue inmerso en una crisis económica de más de dos décadas.
En respuesta a quienes piden transformaciones rápidas y de mayor calado, el gobernante cubano advirtió, en julio de 2017, ante el Parlamento que su profundidad y ritmo “deben estar condicionados por la capacidad de hacer las cosas bien y rectificar oportunamente ante cualquier desviación”.
Poco más de un año antes, en abril de 2016, dijo ante el VII Congreso del PCC: “proseguiremos a paso firme, sin prisas, pero sin pausas, teniendo muy presente que el ritmo dependerá del consenso que seamos capaces de forjar al interior de nuestra sociedad y de la capacidad organizativa que alcancemos”.
El gobernante añadió que desde la aprobación de los Lineamientos en 2011 quedaba claro que su implementación “no constituiría un camino fácil, libre de obstáculos y contradicciones, así como que las transformaciones fundamentales requeridas para la actualización del modelo nos tomarían más de un quinquenio. La práctica ha confirmado la justeza de aquella apreciación”.
Castro advirtió que el principal obstáculo radica en “el lastre de una mentalidad obsoleta, que conforma una actitud de inercia o de ausencia de confianza en el futuro”.
“No han faltado, como era lógico esperar, sentimientos de nostalgia hacia otros momentos menos complejos del proceso revolucionario, cuando existían la Unión Soviética y el campo socialista. En el otro extremo han estado presentes aspiraciones enmascaradas de restauración del capitalismo como solución a nuestros problemas”, aseguró en su discurso de apertura del VII Congreso del PCC.
No obstante las dificultades, afirmó, “se ha trabajado con sistematicidad e intensidad en la implementación de los Lineamientos, habiéndose implantado totalmente el 21 por ciento de los 313 aprobados. Se encuentran en la fase de implementación el 77 por ciento de ellos, mientras que no se ha iniciado en el dos por ciento.
“Estas cifras no logran mostrar con toda claridad cuánto se ha trabajado y avanzado en el proceso, que no es poco ni mucho menos, y encuentran su reflejo en la aprobación de 130 políticas y la emisión de 344 nuevas normas legales de diferentes rangos, la modificación de 55 y la derogación de 684. Sin embargo, la lenta puesta en práctica de las regulaciones jurídicas y su asimilación, sobre todo, ha dilatado la implantación de las políticas aprobadas”, indicó.
La VII cita del Partido Comunista de Cuba aprobó una versión actualizada de los Lineamientos para el período 2016-2021, con un total de 268 lineamientos, de ellos 31 conservan la redacción original, 193 se modifican y se agregan 44 nuevos. Se aclaró oficialmente que se trata de un programa ajeno a cualquier vocación de economía de mercado o un abandono de preceptos socialistas.
En ese sentido se propone “actualizar” el modelo socialista, abandonando viejos esquemas copiados de su relación de más de tres décadas con la desaparecida Unión Soviética, su soporte financiero y el ex bloque socialista europeo oriental.
Defiende la supremacía de la planificación centralizada sobre el mercado y de la empresa estatal socialista, aunque admite el accionar, con ciertas limitaciones, de “formas no estatales” de gestión, es decir privadas.
Pero, según el vicepresidente del Consejo de ministros Marino Murillo, jefe de la Comisión para la aplicación de las reformas, “no se permitirá la concentración de la propiedad y la riqueza (…) aun cuando se promueva la existencia de formas privadas de gestión”.
La hoja de ruta hacia ese objetivo intenta lograr una agricultura fuerte y eficiente, sustituir importaciones, aumentar las exportaciones, atraer inversiones extranjeras, detener las ilegalidades, frenar la corrupción, desinflar las plantillas laborales e impulsar el trabajo por cuenta propia.
Para analistas como Arturo López-Levy, académico cubano residente en Estados Unidos, las “reformas de Raúl Castro han provocado cambios relevantes en la sociedad cubana y en su relación con el Estado. Las expansiones de las libertades religiosas y de viaje, el derecho a tener propiedad privada y el acceso incremental a Internet han desatado dinámicas de empoderamiento y pluralización en la sociedad que no son reversibles”, señala.
Las principales transformaciones
En lo fundamental, los ejes principales de las transformaciones incluyen los cambios en la agricultura, la inversión extranjera y la apertura del sector privado. Estos se traducen en:
– Entrega de tierras en usufructo a campesinos privados y cooperativas;
– Aprobación de “formas no estatales de producción” o “trabajo por cuenta propia” (negocios privados), lo que suprime el monopolio estatal sobre el empleo;
– Autorización de la compra-venta de inmuebles, automóviles y otros bienes, así como del hospedaje de nacionales en los hoteles e instalaciones turísticas en divisas;
– Autorización a la libre contratación de la telefonía celular y de las conexiones a Internet; venta, en las tiendas recaudadoras de divisas, de computadoras, impresoras y otros implementos;
– La reforma de la Ley Migratoria, una de las transformaciones más radicales al eliminar la “autorización” a los cubanos para la entrada y salida del país y extender la permanencia en el extranjero hasta 24 meses;
– Nueva Ley de la Inversión Extranjera, que flexibiliza algunas limitaciones de la anterior legislación, establecida en la década de los noventa, aunque conserva otras que motivan quejas de empresarios foráneos.
– Creación de un mercado mayorista destinado inicialmente a las cooperativas no agropecuarias en La Habana, con intención de expandirlo a otras regiones del país en la medida de las posibilidades.
Habla el zar de las reformas
Murillo ha ofrecido detalles sobre la marcha de las reformas, en varias ocasiones, entre 2017 e inicios de 2018.
El 24 de febrero, en un intercambio con directivos y especialistas del sector médico farmacéutico que asistieron a un Seminario sobre normas jurídicas del Sistema Empresarial del país, insistió en que del centenar de políticas aprobadas por el Gobierno hasta el presente hay algunos resultados que se alejaron de sus principales objetivos y están en proceso de revisión.
Señaló que la causa radica en la “insuficiente capacitación” de las personas que las implementan. La capacitación se ha hecho, pero la calidad no ha sido buena, indicó.
Murillo había ofrecido, el 21 de diciembre de 2017, una actualización del complejo proceso, en una intervención ante la segunda y última sesión anual de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral). En esa ocasión, reconoció que los problemas enfrentados en la actualización del modelo “son más complejos y más profundos que lo que habíamos pensado”.
Comentó cuatro de las ocho “prioridades estratégicas” de su Comisión: el ordenamiento monetario del país (eliminar la circulación de dos monedas); el desarrollo de la Empresa Estatal Socialista; la revisión y perfeccionamiento de las formas no estatales de producción y cómo lograr mayor inversión extranjera en Cuba.
UNIFICACIÓN MONETARIA: Expertos advierten que la dualidad monetaria ha tenido y seguirá teniendo una presencia constante en el debate político y económico en todos los espacios de la vida nacional. Economistas sostienen que es una de las reformas más importantes e ineludibles.
Al respecto, en su discurso ante el parlamento en diciembre de 2017, Castro puso énfasis en que la reforma monetaria “nos ha tomado demasiado tiempo y no puede dilatarse más su solución”.
La unificación está anunciada desde 2013, pero no se han divulgado fechas para acometer el cronograma.
En Cuba operan dos monedas: el peso cubano (CUP) y el peso convertible en divisa (CUC, divisa local equiparada al dólar y que vale 24 CUP).
El CUP paga los salarios estatales que la población usa para comprar bienes y servicios subsidiados, como la canasta básica. El sueldo promedio es de unos 672 pesos cubanos (equivalentes a unos 28 dólares).
El CUC, una divisa local equiparada al dólar que vale 24 veces más que el CUP, permite adquirir bienes como carne de res, ropas, zapatos, electrodomésticos y otros bienes importados, a los que se aplica un elevado impuesto.
Este sistema dual erosiona la capacidad competitiva de las empresas estatales, mantiene los salarios en el sector estatal a niveles insuficientes para la subsistencia y distorsiona los precios en toda la economía.
Según Murillo, se crearon 13 subgrupos de trabajo con más de 200 personas, quienes “están laborando con toda intencionalidad en este tema”.
EMPRESA ESTATAL: Respecto a la empresa estatal socialista, a la que el gobierno intenta otorgar más independencia y autonomía, Murillo explicó que se han tomado una serie de medidas, citó que se cambiaron las relaciones de las empresas con el Presupuesto y se definió que pueden retener 50 por ciento de las utilidades después de pagados los impuestos.
El funcionario anunció también la creación de Juntas de Gobierno, las cuales son los representantes del Estado ante el sistema empresarial para “maximizar los resultados”.
Estas Juntas, tuteladas por el Consejo de Ministros, definirán la proyección estratégica y la distribución de utilidades de las empresas, valorarán la pertinencia del plan y analizaran trimestralmente el cumplimiento de los indicadores directivos.
TRABAJO PRIVADO: Los Lineamientos incluyen un reconocimiento explícito de la importancia de la actividad privada en la esfera productiva del país, pero hasta ahora se mantienen regulaciones y elevados tributos, así como restricciones para la apertura de pequeñas y medianas empresas.
En torno a las fórmulas no estatales, particularmente las cooperativas no agropecuarias (CNA) y los trabajadores por cuenta propia (TCP), Murillo dijo que hubo desviaciones de la idea inicial para lo que fueron diseñadas.
Argumentó que, por tal motivo, el Consejo de Ministros aprobó una nueva política para este sector, “lo cual no quiere decir que se retrocede en el reconocimiento de estos actores de la economía”. Y anunció que las nuevas normas tendrán como objetivo rectificar las indisciplinas y la corrupción.
Desde el primero de agosto del año pasado fue paralizada “momentáneamente” la entrega de licencias a restaurantes privados y a casas de renta turística, entre otras actividades, con el fin de regular y ordenar el trabajo por cuenta propia (TCP), en un intento por ampliar el control del Estado sobre el sector privado.
Según informó Marta Elena Feitó, viceministra primera de Trabajo y Seguridad Social de la isla, la medida forma parte de “un proceso sistemático de revisión y perfeccionamiento, encaminado a corregir deficiencias”.
A juicio de la viceministra, esas medidas “no constituyen un retroceso en el desarrollo de la actividad”, pues “con ellas se pretende consolidar la organización y el control del trabajo por cuenta propia, de manera tal que este continúe avanzando de manera ordenada y eficiente”.
Al respecto, en el V Pleno del Comité Central del PCC, celebrado la última semana de marzo, se informó que ya han sido firmadas las normas jurídicas de mayor rango (sin especificar cuáles son) y debe desplegarse a continuación un proceso de capacitación que incluirá a los 580.000 trabajadores por cuenta propia y a más de 30.000 funcionarios públicos.
Aunque preocupados por la naturaleza de las nuevas normativas, emprendedores consultados por la Redacción IPS Cuba recordaron que Raúl Castro ha dicho en más de una ocasión que “las formas de gestión no estatales no retrocederán, ni se paralizarán”.
Según Murillo, los trabajadores por cuenta propia podrán tener solo una autorización, pues hay licencias que se integran; se redefinen los alcances de las actividades y las cargas tributarias. En la gastronomía se reconocen los bares y se va a autorizar a los arrendadores a prestar servicios a las personas jurídicas.
Cifras oficiales estiman que los trabajadores independientes del Estado pasaron de 157.731 en 2010 a más de 567.982 en el primer semestre de 2017.
Los TCP, que representan 12 por ciento de los empleados del país, se quejan de la falta de acceso a mercados mayoristas, prohibición de importar o exportar, los elevados impuestos, la escasez de materias primas y el exceso de regulaciones.
TIERRAS OCIOSAS: El gobierno anunció en 2008 la entrega de tierras ociosas -de propiedad estatal- en usufructo a personas naturales y jurídicas, bajo el compromiso de hacerlas producir. Había llegado a la conclusión de que la mitad de las áreas cultivables del país se encontraban inactivas o mal atendidas.
Murillo anunció que el usufructo de los terrenos ociosos, que al inicio era de solo 10 años, será ahora por 20 años prorrogables, según el Decreto Ley 300 de agosto de 2017, que derogó el 259, de julio de 2008.
La entrega de predios improductivos a campesinos privados y cooperativas hasta ahora no ha repercutido en un impulso a la deficitaria producción agrícola, en un país que importa cerca del 80 por ciento de los alimentos que consume.
En enero pasado, el ministerio de Finanzas y Precios informó que, a partir del segundo semestre de este año, comenzará la aplicación, en las provincias de Pinar del Río y Cienfuegos, del impuesto sobre la ociosidad de tierras agrícolas y forestales, con el propósito de estimular la explotación eficiente de los suelos del país.
La superficie total de Cuba asciende a 10.988.401 hectáreas, de las cuales la porción agrícola representa 6.300.176 hectáreas, y la no agrícola 4.688.225 hectáreas, de acuerdo a datos oficiales.
El total de tierras ociosas se calculó en 917.299 hectáreas. De ellas, 544.427 hectáreas, que representan el nueve por ciento del área agrícola, están protegidas y no se ponen a disposición del fondo de tierra ociosa.
INVERSIÓN EXTRANJERA: La Asamblea Nacional aprobó el 29 de marzo de 2014 la Ley de Inversión Extranjera, que estableció beneficios y exenciones fiscales y tributarias para el capital foráneo y abrió las posibilidades de participación foránea en casi todos los sectores económicos de interés para el Gobierno.
En pronunciamientos posteriores a la aprobación de la ley, voceros del gobierno abandonaron la descripción de la inversión extranjera como “un complemento” para los esfuerzos del país y comenzaron a considerarla como uno de los pilares para el desarrollo económico.
De acuerdo con el ministro de Comercio Exterior e Inversiones Extranjeras, Rodrigo Malmierca, La Habana logró atraer en 2017 un capital foráneo superior a los 2.000 millones de dólares.
Por su parte, Deborah Rivas, directora general de esa cartera, informó que “son negocios ya aprobados y que comienzan su preparación para el proceso inversionista”. Pero aclaró que se trata de capitales comprometidos que llegan “de manera escalonada, conforme al cronograma de la inversión”.
Según una versión de medios oficiales locales, Rivas indicó que un total de 80 proyectos inversionistas con participación extranjera están en negociaciones y existen posibilidades reales para su concreción durante 2018.
Confirmó, además, que la cartera de negocios 2017-2018 propone al capital foráneo 456 proyectos por un valor estimado de inversión de 10.700 millones de dólares.
Las autoridades han señalado que se necesitan al menos 2.500 millones de dólares anuales en inversión extranjera directa para estabilizar una tasa de acumulación de entre 20 y 25 por ciento y alcanzar una tasa de crecimiento estable superior a cinco por ciento.
Han insistido en priorizar 11 sectores: agricultura, forestal, las industrias alimentarias, azucarera, sideromecánica, industria ligera, farmacéutica y biotecnológica, energía y minas, comercio mayorista, turismo, construcción y transporte.
Inversionistas extranjeros interesados en la seguridad jurídica en sus inversiones, rápidas ganancias y en recuperar, en el menor tiempo posible, el capital invertido, se han quejado de demoras en la aprobación de proyectos, trabas burocráticas y la imposibilidad, hasta ahora, de contratar directamente a su personal.
En este sentido, Castro ha aconsejado a sus colaboradores despojarse de “falsos temores hacia el capital externo; no vamos ni iremos al capitalismo, eso está totalmente descartado, así lo recoge nuestra Constitución y lo mantendrá”.
Y a renglón seguido precisó: “pero no debemos cogerle miedo y ponerle trabas a lo que podemos hacer en el marco de las leyes vigentes”.
En resumen, Cuba mantiene su estrategia encaminada a consolidar un modelo económico con énfasis en la empresa estatal socialista y desarrollo del sector de servicios. Aunque reconoce a un sector no estatal (privado), todavía pequeño, y la necesidad del mercado, su modelo nada tiene que ver con las sociedades del resto de América Latina y el Caribe.
Pero investigadores alertan que los Lineamientos se han concentrado en lo económico y dejado atrás los no menos necesarios cambios sociales.
Entre los especialistas que más han abordado el tema, figura la socióloga Mayra Espina, quien ha abogado por políticas públicas que mitiguen la pobreza dentro del proceso de “actualización” económica de la isla caribeña y que garanticen o complementen el ascenso social de grupos minoritarios.
En su opinión, los cambios impulsados ahondan las brechas de desigualdad, que ya eran muy visibles por la crisis económica local provocada por el colapso del campo socialista de Europa del Este (1989) y la desaparición de la Unión Soviética (1991).
Al hablar ante el VI Encuentro de Crítica e Investigación Joven, la especialista lamentó que las reformas han sido diseñadas de manera universal, central y verticalista, “desde arriba”, sin estimular el empoderamiento de los individuos, lo cual resulta una postura limitada.
Los pobres están en desventaja para aprovechar las oportunidades de cambios, pues por lo general se encuentran menos capacitados, carecen de recursos para ejercer un trabajo por cuenta propia y no reciben remesas de sus familiares desde el exterior.
Espina y otros expertos y expertas alertan que el programa de transformaciones aprobado en abril de 2011 subvalora lo social, omite el tema de la pobreza y la desigualdad y contiene muy débiles instrumentos de equidad.(2018)
