La ejecución política de Marielle Franco
Marielle «La primera ejecución política de la intervención militar en Rio»
Por Leonardo Fernandes
Podría haber sido un caso más de violencia del Estado en Rio de Janeiro. Marielle Franco tenía el mismo perfil que la mayoría de las jóvenes asesinadas por las fuerzas de seguridad en el país: joven, negra y moradora de periferia. Pero la brutal ejecución de la concejala de apenas 38 años no entrará sólo en las estadísticas de violencia. Ella había osado llegar al Concejo de Rio de Janeiro con más de 40 mil votos, siendo la quinta más votada en las últimas elecciones. El crimen tuvo fuerte repercusión en los medios nacionales e internacionales, además de grandes movilizaciones por el país.
Hizo de la tribuna una importante palestra de denuncia de la masacre cotidiana de la juventud de las favelas cariocas. Para Marcia Tiburi, filósofa, escritora y amiga de Marielle, no hay dudas sobre los motivos del crimen, ocurrido en la noche del miércoles último (14), en la región central de Rio de Janeiro.
“El crimen es político. Marielle hizo denuncias que la volvieron una persona ‘peligrosa’ para muchos. Ella está entre los indeseables para el sistema de opresión y privilegios. Su ejecución es un mensaje que los ejecutores dan a los cariocas, a los activistas, a los luchadores. Se trata de un evidente silenciamiento en función de su voz. La voz de todas nosotras y la voz de las mujeres negras, de las favelas, de la comunidad que es masacrada por el racismo”, afirma.
Tiburi dijo estar choqueada con el crimen, así como todo Brasil. “Marielle era una de las personas más queridas, una compañera para toda hora. Yo la admiraba inmensamente. Por su inteligencia, su coraje y también por su potencia. Marielle era una amiga, además de ser una compañera de lucha”.
El crimen
Marielle Franco fue asesinada a tiros en la noche del miércoles último (14), alrededor de las 21h, en el barrio Estácio, región central de Rio de Janeiro. Anderson Pedro Gomes, conductor de la concejala, también murió.
La concejala salía de una actividad con activistas negras. Un día antes del crimen, ella había publicado en redes sociales otra grave denuncia sobre la actuación de la Policía Militar (PM) en la comunidad de Acari, en la zona norte de la capital fluminense. “Otro homicidio de un joven que puede entrar en la cuenta de la PM. Matheus Melo estaba saliendo de la iglesia. ¿Cuántos más necesitan morir para que esta guerra acabe?”, decía el mensaje.
En otro post del día 10 de marzo, Marielle llamó al 41° BPM «Batallón de la muerte». «Lo que está sucediendo ahora en Acari es un absurdo! ¡Y sucede desde siempre! El 41° batallón de la PM es conocido como Batallón de la muerte. ¡Basta de agredir a la población! Basta de matar a nuestros jóvenes», escribió. El batallón es el mismo de los policías involucrados en la muerte de la jovencita Eduarda, también en la comunidad de Acari, hecho que ganó gran repercusión nacional. El próximo 30 de marzo se cumplirá un año de la muerte de la adolescente de 13 años.
La principal línea de investigación de las autoridades es la de ejecución, ya que los criminales huyeron sin llevarse nada. Testigos ya declararon ante la policía, entre ellos, una asesora de la concejala que estaba presente en el momento del crimen. Ella fue alcanzada por esquirlas y tuvo heridas leves. La concejala Marielle Franco recibió nueve tiros, cuatro en la cabeza; el conductor, Anderson Gomes, recibió tres tiros.
Reacciones
Partidos políticos y movimientos sociales de los más variados matices ideológicos divulgaron comunicados solidarizándose con los familiares, amigos y compañeros de militancia de la concejala Marielle Franco.
El partido de Marielle, el PSOL (Partido Socialismo y Libertad) afirmó en nota que no es posible “descartar la hipótesis de crimen político, o sea, una ejecución. Marielle había acabado de denunciar la acción brutal y truculenta de la PM en la región de Irajá, en la comunidad de Acari. Además de eso, las características del crimen con un automóvil emparejándose con el vehículo donde estaba la concejala, efectuando muchos disparos y huyendo enseguida refuerzan esa posibilidad. Por eso, exigimos investigación inmediata y rigurosa de este crimen atroz”.
La ex-presidenta Dilma Rousseff también divulgó una nota, en la cual se dice “choqueada, aterrorizada e indignada” con el asesinato de la concejala y su conductor. “Espero que las investigaciones señalen a los responsables por este crimen abominable. Las muertes violentas de Marielle y de Anderson necesitan ser investigadas con el rigor de la ley. Tristes días para el país donde una defensora de los derechos humanos es brutalmente asesinada”, afirmó.
Entidades de defensa de los Derechos Humanos también emitieron notas sobre el caso. La ONG internacional Human Rights Watch defendió que haya una ‘investigación rápida, rigurosa e imparcial’, ‘responsabilizando a todos los involucrados’. El Grupo Tortura Nunca Más afirma que considera el asesinato de Marielle es “la primera ejecución política de la intervención militar en el Estado de Rio de Janeiro”. Según la organización, “el país está bajo un Estado de Excepción en que las fuerzas fascistas están actuando sin ningún limite y avanzando sobre nuestra sociedad”.
Para Rose Nogueira, integrante del grupo de derechos humanos, el asesinato de la concejala carioca es un efecto más de la intervención militar en el estado. “Todo lleva a creer que se trata de una ejecución política porque dos días antes ella había denunciado los crímenes que ocurren contra la población negra, pobre, de la periferia, de la favela”. “La intervención militar acaba llevando a esa sensación de ‘todo se puede’. Es una guerra contra los pobres. Hasta ahora fue sólo contra pobres, el ejército sólo actuó en las favelas”.
Se convocaron movilizaciones en todo el país para rendir homenaje a Marielle Franco y Anderson Gomes y exigir la indagación rigurosa del crimen y responsabilizar a los criminales.
Abusos e truculência marcam um mês de intervenção no RJ
A intervenção federal militar no Rio de Janeiro completa um mês nesta sexta-feira (16), apenas dois dias após o assassinato da vereadora Marielle Franco (Psol). Cenas como crianças tendo suas mochilas revistadas antes de entrarem na escola e moradores das favelas serem fotografados segurando a identidade para circular pela cidade se tornaram corriqueiras e exemplificam a arbitrariedade da ações militares desde a intervenção.
Para Filipe dos Anjos, secretário geral da Federação das Associações de Favelas do Estado do Rio de Janeiro (Farferj), essas mudanças na rotina das favelas mostram que o principal interesse do Estado com a intervenção não é a garantia da segurança da população.
«É uma intervenção política, de um governo impopular, inimigo do povo, que não passou pelas urnas. Um governo que está no poder sobre um golpe, que usa os militares porque setores da sociedade acreditam que a raiz da insegurança pública está nas favelas. Nós denunciamos o contrário. Para muitos políticos, a questão da violência gera capital político, a violência sempre foi uma forma de dominação nas favelas, essa violência que compra mais armas, viaturas, policiais… E o social está ficando de lado», denunciou.
O propósito da intervenção também é questionado pelo Deputado Federal Wadih Damous (PT-RJ), que destacou um recrudescimento da violência no estado no último mês.
«Não se sabe qual é o objetivo estratégico [da intervenção]. Se era para substituir a polícia no combate à insegurança, ela é um fracasso total. Porque na semana passada pessoas foram metralhadas na Praça São Salvador, por exemplo. Vem se sucedendo episódios de assassinatos, mortes por bala perdida, enfim, o cotidiano que todo mundo conhece no Rio de Janeiro. Acho até que se agravou depois da intervenção», opinou.
Levantamento
A plataforma Fogo Cruzado, desenvolvida como uma ferramenta de mapeamento coletivo de tiroteios e disparos de armas de fogo no Rio de Janeiro, apontou, em relatório divulgado nesta quinta-feira (15), um aumento nos homicídios a tiros desde que o governo do presidente golpista Michel Temer (MDB) decretou a intervenção.
Os dados, uma compilação de levantamentos de usuários da plataforma, da imprensa e dos canais oficiais da Polícia Militar, mostra que foram 149 assassinatos em tiroteios no último mês, contra 126 entre 15 de janeiro e 16 de fevereiro deste ano. Os tiroteios com a presença de um agente de segurança representam 133 do número total deste mês. Entre janeiro e fevereiro, o número foi 106.
Para Paula Napolião, analista de dados do Fogo Cruzado, ainda é cedo para tirar conclusões sobre o aumento da violência armada, no entanto, ela destaca os casos de violações de direitos dos moradores de favelas como consequência da intervenção.
«A gente vai ter que aguardar um pouco mais para conseguir falar algo de concreto sobre a consequência da intervenção para a violência armada, mas o que a gente vê de cara são os casos, como o na Vila Kennedy, em que a população tem o direito de ir e vir, de circular, afetado, por conta dessa operações militarizadas e não preparadas para lidar com a sociedade civil. O que precisamos fazer como sociedade civil é acompanhar essas situações de perto para que não haja nenhuma violação dos direitos dos moradores nessas áreas», afirmou.
Segundo Filipe dos Anjos, a atuação da Polícia Militar como um braço armado do Estado para realizar extermínios sempre aconteceu nas favelas. Ele acredita, porém, que a intervenção federal traz mais impunidade a essa realidade.
«[A favela de] Acari, por exemplo, como Mariella denunciou [dias antes de ser assassinada], está sendo alvo de muitas operações que o próprio batalhão da área não reconhece, operações ilegais, e os moradores questionam essa mudança da intervenção federal para a polícia, porque não vêem muita mudança. Mas a gente vê sim mudança, porque é uma intervenção que vem e passou pelo crivo do Senado e da Câmara, direcionada às favelas, depois de não cumprir uma agenda de reforma da Previdência, de um governo que tem a pior aprovação da história do Brasil. Tudo isso está ligado, e a gente está muito preocupado», apontou.
Contatada pelo Brasil de Fato, a assessoria de imprensa do Instituto de Segurança Pública da Secretaria de Segurança do Estado do Rio de Janeiro, responsável pelos mapeamento de dados sobre a violência no estado, afirmou que ainda não possui estatísticas atualizadas do último mês.
